Arañando

La crisis política actual tuvo su conato más violento en la noche del viernes 31 de marzo al sábado 1 de abril. A la quema del Congreso Nacional siguió una de las más cruentas represiones que hemos visto en manifestantes en la ciudad en los últimos años. La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) caracterizó la situación como “terrorismo de Estado”, considerando no sólo la ejecución extrajudicial del dirigente liberal Rodrigo Quintana, sino las masivas detenciones arbitrarias, el uso excesivo de la fuerza pública, robos de parte de policías a ciudadanos y ciudadanas, torturas y malos tratos a personas detenidas, entre otras. Cuando el Estado utiliza su poder para sembrar el terror entre la ciudadanía hablamos de terrorismo de estado.

En estos contextos, la discriminación y el odio afloran de manera más violenta. La violencia hacia mujeres y personas lesbianas, gays, personas trans, bisexuales e intersexuales (LGTBI) tuvo características muy particulares. Varias mujeres manifestantes fueron agredidas de manera desproporcionada. Mujeres de menos de 50 kilos que sin oponer resistencia fueron levantadas del cabello y tiradas al suelo por policías que les doblaban en número, peso y estatura. Otras mujeres que fueron aprehendidas, fueron trasladadas a la Agrupación Especializada. De acuerdo a la denuncia presentada por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), al menos 21 mujeres fueron sometidas a requisas vejatorias. La denuncia penal presentada señala que

“En grupos de a tres mujeres ingresaban a un pequeño espacio de 2 x 1 m. (según el testimonio de las mujeres aprehendidas) donde se encontraban uniformadas femeninas que les exigían que se saquen las prendas de vestir, incluida la ropa interior y les entreguen, hasta quedar totalmente desnudas. Una vez desnudas les obligaban a hacer una sentadilla para realizar una verificación vaginal/anal. Las ropas eran cuidadosamente inspeccionadas para ser devueltas posteriormente. Ninguna de las mujeres fue inspeccionada por personal de blanco al momento del ingreso y varias sufrieron golpes en igual medida que los varones”.

Por otra parte, personas que se encontraban en una discoteca frecuentada por la comunidad LGTBI fueron víctimas de la ferocidad policial. El lugar señalado se encuentra bastante lejos del epicentro de las manifestaciones. De acuerdo a información proporcionada por una persona trans presente en ese momento, la policía llegó a la zona alrededor de las 23.30 horas del viernes 31 de marzo, con un carro hidrante y empezó a mojar a todas las personas. Posteriormente se acercaron 5 policías y acorralaron a un grupo de entre 15 y 20 personas, mayoritariamente trans y gays. Uno de los policías tomó del cabello a una mujer trans y le dijo: “Mba’epa nde, kuña terapa kuimba’e? (¿Qué sos, hombre o mujer?)”, la tiró al suelo y empezó a patearle la cabeza. Posteriormente empezaron a disparar balines de goma a muy corta distancia y a golpearles con cachiporras mientras les gritan: “inútiles”, “parásitos de la sociedad”, “mal de la sociedad”, “no sirven para nada”, “¿qué creen? ¿Qué se van a burlar de nosotros? Estamos cansados de ustedes”. Luego de alrededor de 10 minutos de golpes, balines e insultos y tras la intervención de una persona encargada de la discoteca, a quien el policía le dijo “cállese, puto de mierda”, las personas logran entrar a refugiarse a la discoteca. Mientras corrían para entrar, la policía disparó balines de goma a la espalda de las personas y por la puerta y las paredes del local. Las personas esperaron varias horas antes de salir del lugar, porque percibieron que los agentes policiales seguían rondando el lugar.

La violencia de género y los crímenes de odio estuvieron a la orden del día y la policía tuvo toda la libertad de dar rienda suelta a las más crueles expresiones de discriminación contra mujeres y personas LGTBI. Los agentes responsables de estos hechos deben recibir la sanción correspondiente, pero no debemos olvidar que la responsabilidad última es del Estado. Un Estado que hace mucho viene violando la Constitución por acción y omisión. Las muertes de mujeres por causa de violencia de género, la falta de políticas integrales contra la discriminación (como una ley contra toda forma de discriminación), son apenas dos ejemplos de lo mucho que falta por hacer. Conocer estos hechos y exigir justicia es un inicio para una larga cadena de reparaciones que deben recibir tanto las mujeres como las personas LGTBI en Paraguay.

Foto: Natalia Godoy