Espinas y algo más

Por Clyde Soto y Rocco Carbone //  Se sabe: el juicio acerca de los hechos de Curuguaty (aún en desarrollo) es una aberración del Derecho y del sistema judicial paraguayo. Lo es en tanto esas instituciones –formalizadas en la Corte, los abogados, la Fiscalía, entre otras– no saben ni pueden encontrar una solución satisfactoria para los verdaderamente afectados por el juicio, los campesinos. Los elementos y las “pruebas” que se han acumulado en estos casi cuatro años –todas más que discutibles– han sido repetidamente señaladas como inciertas e improbables, cuando no inexistentes, por las diversas organizaciones que acompañan el caso y por los abogados que se han hecho cargo de la defensa en varios tramos de este proceso infinito. El Estado paraguayo es incapaz de resolver este caso con justicia, en abierto atentado a los derechos humanos no solo de los campesinos imputados, sino también de quienes nos solidarizamos con la causa Curuguaty y con otras causas similares activas en América Latina.

Jalil Rachid: en este contexto, el exfiscal del caso Curuguaty asumió el pasado 20 de enero su nuevo cargo de Viceministro de Seguridad del Ministerio del Interior. Con esa promoción –¡en general se nos promueve cuando hay un buen desempeño frente a las cosas!– abandonó su cuestionado rol como fiscal del caso. Esto ocurría durante el pleno desarrollo del juicio oral y público que se sigue a un conjunto de 11 campesinas y campesinos sobrevivientes de la masacre de Marina Kue, acusados de haber sido responsables de los hechos. Sentarlos al banquillo de acusados es menos una paradoja que una infamia, ya que son las víctimas de esos hechos políticos.

¿Qué sentido tiene la promoción de Rachid? Situemos esta pregunta en el contexto de lo que pasó en Paraguay desde el día de la masacre: golpe parlamentario, destitución presidencial de Lugo, elecciones de 2013, asunción como presidente de la República de Horacio Cartes y retorno del Partido Colorado al poder, luego de una brevísima pausa que duró menos de cuatro años. Aparentemente, se trata de una salida limpia y elegante de Rachid del caso Curuguaty, porque se va con un alto cargo como promoción por su “trabajo bien hecho”. La asignación de ese nuevo cargo es una manera enfatizar que Rachid tiene el pleno apoyo y la confianza del gobierno, que no lo dejará caer en el descrédito. ¿Por qué? Porque el gobierno de Franco, antes, como el de Cartes, después, son deudores de sus labores. Con este nombramiento se está saldando una deuda política con la escasa institucionalidad de la (in)justicia paraguaya, pues el ejercicio sesgado del Derecho por parte del fiscal fue una pieza necesaria en el rompecabezas del operativo retorno e impunidad.

En segundo lugar, se trata de un nombramiento que abona la injusticia del proceso y que confirma la sentencia previa pergeñada desde incluso antes de que ocurriera la masacre. Si Rachid es promovido en vez de ser investigado y sancionado, cabe conjeturar que es altamente probable, cuando no plenamente cierto, que se verificará la culpabilidad campesina que el fiscal ha intentado instalar sin pruebas. Hasta ahora el juicio se ha desarrollado –luego de un largo periodo de sucesivas suspensiones– con los testigos de la acusación –policías, funcionarios judiciales, médicos, peritos– y sin que se haya aportado ninguna prueba o testimonio fehaciente acerca de la culpabilidad campesina. Numerosas perspectivas de los hechos, datos, detalles y suposiciones han desfilado frente al tribunal y a nosotros como observadores, pero ninguno sirve para sostener que los campesinos procesados son los responsables de la matanza, salvo por el mero hecho de haber estado ahí en el momento de la masacre de Marina Kue. Por ser parte del grupo de personas que reivindican esas tierras para la reforma agraria. Como estaba previsto, el juicio marcha según el libreto premeditado que dio origen a la masacre, pero sobre todo a la vuelta del Partido Colorado, encarnado ahora en el gobierno Cartes.

En tercer lugar se trata de consolidar un modelo. No pasó siquiera un mes del nombramiento para que el Paraguay estuviera de nuevo en vilo ante un desalojo de otra ocupación campesina en las mismas tierras de la empresa Campos Morombí. El operativo fue largamente anunciado como una lucha en contra de “campesinos invasores” de la propiedad. El propio Rachid encabezó la incursión, que se llevó a cabo el 10 de febrero de 2016 por un contingente de 1.300 policías, con el anuncio de que esperaban no tener que recurrir a las armas. El desalojo terminó sin víctimas, no por suerte ni por los celos policiales, sino porque ya no había nadie en el lugar. Obviamente, la amenaza había sido enunciada. ¿Cómo quedarse a esperar a que te maten?

Campos Morombí es la empresa (de un poderoso grupo empresarial fundado por el fallecido dirigente colorado y exsenador: Blas N. Riquelme) que se atribuyó la titularidad de las tierras estatales de Marina Kue, que movilizó el desalojo que terminó en masacre en 2012 y que consiguió se le reconozca de manera indirecta la propiedad al lograr la aprobación de una ley de supuesta donación de las tierras al Estado. Marina Kue (de aproximadamente 2.000 hectáreas) es apenas una pequeña proporción de las tierras de Campos Morombí, de unas 30.000 hectáreas en total. Con la ley de falsa donación, en términos materiales la empresa perdía poco pero ganaba en impunidad. Y los símbolos son siempre aleccionadores. Tan aleccionadores que la versión oficial –emitida por el ministro del Interior, Francisco de Vargas, acerca de este operativo– fue que quienes ocupaban la reserva de Campos Morombí eran rollotraficantes, “depredadores, ladrones de madera”, “de una de las reservas naturales más importantes del territorio nacional” (http://www.ultimahora.com/ministro-del-interior-llama-ladrones-madera-y-depredadores-campesinos-morombi-n966200.html). La asociación que se pretende instalar entre campesinos sin tierra, ocupantes, invasores y depredadores no es casual: se intenta poner a todos bajo el mismo rótulo para facilitar las represiones y la criminalización del movimiento campesino.

Pero hay más. Con la promoción de Rachid al Viceministerio de Seguridad se ganó aún más: disponer sin ninguna reserva del aparato estatal y de sus fuerzas represivas para proteger los negocios de tal o cual privado, librándose incluso de las acusaciones de apropiación ilegal de tierras estatales que esgrimen los sectores campesinos pauperizados y sin tierras cuando proceden a ocupaciones que son necesarias para su proyección de la vida. Recuérdese que la ocupación pacífica de tierras ha sido un método largamente usado por el campesinado sin tierra para presionar al Estado paraguayo con el fin de que se reconozca su derecho a la tierra/su derecho a la vida, que se cumplan los mandatos relativos a la reforma agraria e incluso para recuperar tierras malhabidas, apropiadas por poderosos vinculados al régimen dictatorial y a los sucesivos gobiernos colorados del periodo posdictatorial.

El Paraguay sigue sujeto a una trama donde los actores con poder –Rachid, Francisco de Vargas, los camaristas que votaron a favor del juicio político, Franco, Cartes, el Partido Colorado y algunas que otras adyacencias– demuestran un sentido convergente: el dominio autoritario basado en la represión, los abusos y el miedo, lejos de los cánones del buen gobierno, la democracia, la justicia y los derechos humanos.

Artículo publicado en E’a el 15 de febrero de 2016.