Espinas y algo más

* Se prohíbe la educación en sexualidad y con enfoque de igualdad de género porque esa educación permite a las personas que ejerzan su autonomía.

* Hay quienes quieren vía libre para el abuso. Si niñas, niños y adolescentes tienen educación en sexualidad pueden defenderse del abuso sexual, identificarlo, pedir ayuda.

* A las niñas abusadas que quedan embarazadas por ese acto de violencia se las obliga a llegar a término y parir, pese al alto riesgo que ello implica, a que sus cuerpos no están preparados, a que es algo inhumano y cruel (hoy una niña de 11 años ha sido obligada a parir luego de un embarazo forzado). Estas niñas deberían acceder en primer lugar a un aborto temprano y seguro, porque el embarazo las pone en riesgo de muerte.

* Los abusadores operan libremente, en las familias e incluso en colegios, escuelas e instituciones religiosas, protegidos por jerarquías religiosas anquilosadas y retrógradas y por un sistema de justicia inoperante y a veces hasta cómplice. Solo en esta semana vemos casos que involucran a un líder religioso y a un sacerdote que trabajan con jóvenes.

* Fundamentalistas religiosos y de ultraderecha se tiran en contra del feminismo y del enfoque de género porque no les conviene que la gente tenga elementos ni fuerzas para defenderse. Pero no pasarán: cada vez somos más. Ahí están, desgañitándose e inventando fantasmas para cultivar el miedo y el terror.

Así estamos. Aquí no “se defiende la vida”. Nada de “provida” ni “profamilia” el Paraguay. Es bien “promuerte”, diría yo.

Quienes defendemos la vida somos quienes pensamos, proponemos y trabajamos para cambiar todo esto. Desde el feminismo cuidamos la vida, creamos libertad, buscamos justicia para las mujeres, construimos sociedades con igualdad.

#NiñasNoMadres
#IgualdadDeGéneroSí
#MujeresLibresDeViolencia
#CheReteCheMbaeCheRekove
#MiCuerpoMiVidaMiTerritorio

Me indigna que el Instituto de Previsión Social (IP)S esté en campaña de atribuir un posible crecimiento de la informalidad laboral del trabajo doméstico a la equiparación del salario mínimo. Sobre eso, algunas puntualizaciones:

1. Hasta 2015, cuando las trabajadoras ganaban el 40% del salario mínimo, IPS indica que había unas 27.000 trabajadoras afiliadas al sistema. Esto representaba apenas un aproximado del 12% del total del sector “formalizado”. Cuando el salario subió al 60% (Ley de 5.407/2015), IPS dice que la afiliación cayó a unas 16.000 trabajadoras; es decir, aproximadamente a un 8% del sector.

2. Ergo: estamos ante un caso escandaloso de informalidad laboral. Nunca se ha llegado siquiera al 80% del sector doméstico bajo condiciones formales, incluso cuando el salario estaba en menos de la mitad del mínimo. No es cierto que con menos derechos habrá más formalidad. La variación de +- 4 o 5 por ciento no una catástrofe para el sector: lo catastrófico es que no se tenga una política de formalización seria para el trabajo doméstico.

3. IPS debería analizar cuántas de las 10.000 desafiliaciones ocurridas luego del aumento del 40 al 60% del salario mínimo son efectivamente de trabajadoras domésticas y cuántas de personas que, aprovechando el bajo nivel de cotización previamente vigente, se afiliaban para obtener la cobertura del seguro médico a bajo costo. No es un dato que difundan, posiblemente porque ni siquiera tienen ni han tenido nunca un adecuado control sobre esto.

4. Detalle: el pago a IPS antes de la ley 2015 era mucho menor, debido a que las trabajadoras solo tenían derecho a la atención en salud, no así a la jubilación, lo que quedó incluido en 2015, generándose así un alza en el monto total del aporte. Sí: las trabajadoras domésticas ni siquiera se jubilaban antes de 2015… se suponía que seguirían trabajando por un salario miserable hasta la propia muerte.

5. La ley 5.407/2015 del trabajo doméstico establece en su artículo 20 que la cuota mensual a cubrir por la persona empleadora de una trabajadora doméstica a IPS será a prorrata en los casos de pluriempleo. Sin embargo, actualmente el ente no ha establecido un sistema sencillo que permita cumplir la ley y acceder al derecho a la seguridad social. Es decir: si alguien quiere asegurar a la trabajadora doméstica pluriempleada, lo tiene que hacer por el total del salario mínimo ya vigente, y en todo caso acordar de buena voluntad entre diversxs patronxs la distribución del costo. Esto complica las cosas, y obviamente mucha gente opta por la informalidad antes que meterse en posibles problemas o tener que cargar con el total del costo del seguro social.

6. Es decir: el sistema que IPS mantiene en vigencia para asegurar a las personas trabajadoras no es apto para que la ley se cumpla. En vez de trabajar para que esto cambie y para facilitar la afiliación al sistema de seguridad social (lo que es perfectamente factible, con la tecnología apropiada), voceros de IPS optan por culpar a la eventual mejora en los derechos laborales del posible crecimiento de la informalidad. Esto es, como mínimo, un uso distorsionado de la evidencia numérica.

Me gustaría escuchar alguna vez un discurso de IPS que diga algo así como: “Sí, es un gran cambio y nos va a costar, pero trabajaremos para lograr que la ley se cumpla, para que las trabajadoras domésticas se formalicen y para que ninguna persona trabajadora quede fuera del derecho a la seguridad social”.

#IgualValorIgualesDerechos
#IgualdadSalarialYa

Kelli Agüero, histórica lider del Sindicato de Trabajadoras del Empleo Doméstico de Paraguay (SINTRADESPY), al salir de la sesión del 19 de junio de 2019 en la que el Congreso de Diputados aprobó el salario mínimo del 100% para ellas. Foto: Sandra Bosch

por Clyde Soto // Un fantasma alumbrado por el fundamentalismo religioso recorre el mundo[1] y ha cobrado formas muy vistosas en Paraguay. Se trata de la muy nombrada “ideología de género”: un poderoso y bien financiado escudo conceptual esgrimido por los sectores anti-derechos para oponerse a la transformación y erradicación de las discriminaciones basadas en el género. A las complejas y potentes reflexiones y propuestas que elaboran una crítica sobre el lugar y los derechos que se reserva a las personas según su ubicación en el aparataje de sentidos y normas que tienen relación con el dato (biológico) de la sexuación de la especie humana, los conservadores de la tradición discriminadora dicen: “eso es ideología de género”.

Precisamente, el género es un concepto usado para significar que a partir del sexo se producen construcciones sociales y culturales que históricamente han resultado en merma de derechos y en discriminación para una parte importante de la humanidad. La comprensión del género nos permite entender que no es natural que –por ejemplo– las mujeres sufran violencia o mueran asesinadas por sus parejas debido a  razones tan aparentemente nimias como “no tenía la cena preparada” o “me sacó de mis casillas” o “decidió que ya no quería seguir la relación”. No es natural, sino que es el producto retorcido de sociedades que se han constituido sobre la base de un poder masculino que cuando se ve desafiado puede llegar a “romper todo” como grito desesperado de impotencia y con ánimo de reafirmar su amenazado lugar en el mundo. Claro, no todo hombre se comporta de esta manera: son algunos, pero ponen en escena de manera brutal el mismo libreto que una gran mayoría social está interpretando, quizás con mayor sutileza o siguiendo un guión invisible, escrito por tradiciones inmemoriales y ratificado por leyes, costumbres e instituciones. Es un libreto generizado, donde cada persona debe ubicarse en el sitial que le ha sido reservado: las mujeres como seres dependientes ante el poder masculino, los hombres como seres dominantes, cada quien según la asignación que se le hizo al nacer y poniendo en acto los contenidos otorgados a su ser sexuado.

Las rebeliones son sancionadas: con marginación, con soledad, con exclusión, con estigmas, con pérdida de derechos o discriminaciones. Aquí vemos a las mujeres que no se adecuan a los roles que les han sido establecidos (por ejemplo, las que no son madres, las de carácter fuerte, las lesbianas, las que realizan tareas tradicionalmente masculinas), a los hombres que no son “suficientemente hombres” (como los débiles, los que lloran, los que no son buenos proveedores, los poco dominantes), a quienes como mujeres o como hombres dan contenidos novedosos a su masculinidad o a su feminidad, a las personas trans que transitan entre lo que se les asignó y lo que son (su identidad), a las personas intersex que no se ajustan a los polos binarios del sexo, a quienes resisten el mandato de generizarse según lo establecido.

El concepto de género (surgido en el cuarto final del siglo XX) es una herramienta de análisis que ha permitido el frondoso desarrollo de una teoría crítica frente a las tradiciones sociales y académicas que han tratado a este tema como si no existiera, naturalizando las discriminaciones y ejerciendo de numerosas formas su poder represivo y normalizador, desde increíbles olas de violencia genocida (como la caza de brujas desatada por la Santa Inquisición católica medieval, que mató a unas nueve millones de mujeres en Europa y en América), hasta rituales consolidados o “inocentes” modas. Es decir, son los mandatos tradicionales de género, instalados a sangre, hoguera y leyes en el imaginario colectivo, los que constituyen una auténtica ideología, que para mayor precisión debería nominarse como “ideología de la discriminación de género”. Sin embargo, la operación en espejo –el llamar “ideología de género” justamente al análisis que desnuda el carácter ideológico y desnaturaliza la discriminación basada en el género– es una proyección de las responsabilidades propias en esta materia.

En todo caso, y pues la ideología es finalmente un conjunto de interpretaciones que permite otorgar sentidos a hechos y aspectos de la realidad, podríamos asumir que hay una ideología que propugna discriminación de género, adoptada y difundida por  fundamentalistas y conservadores, y otra que defiende la igualdad de género, como camino para instituir bases más justas de convivencia social. Y ya que estamos, es importante también cuestionar la ideologización como mecanismo de desprestigio de los sectores oponentes. Es una operación que funciona así: se adjudica ideología a quienes se pretende cuestionar, al tiempo que se reserva “la verdad objetiva”, despasionada y desideologizada para el propio sector y las propias posturas. Es por eso común que quienes son de izquierda sean acusados de “ideologizados” por una derecha que no se reconoce como portadora de ideología. Ahora hacen lo mismo con la cuestionada “ideología de género”, y lo hacen quienes no concuerdan con la idea de que la discriminación de género existe y puede ser modificada.

Todo esto podría ser nada más que un interesante debate social si es que no estuvieran en juego los derechos de las personas. En estos días en el Paraguay está tratándose el proyecto de la ley integral contra la violencia hacia las mujeres, una ley por demás necesaria, dada la gravedad y frecuencia de los hechos violentos que sufren las mujeres debido a ánimos trastornados por los mandatos tradicionales de género, visibles sobre todo en las agresiones sexuales y en las ocurridas en el marco de relaciones de pareja, en las familias y en los hogares. El proyecto original fue gravemente recortado en la Cámara de Diputados, llegando así al Senado donde por el momento tiene una aprobación en general con importantes restituciones, según el dictamen de la Comisión de Equidad de Género. ¿Y cuál es uno de los asuntos controvertidos? Sí: el género.

Hay una onda antiderechos que prosperó en el Congreso Nacional, convenciendo a varias autoridades parlamentarias de que la palabra “género” es mala y, por tanto, en Diputados decidieron eliminarla de todo el texto del proyecto. En el Senado, luego de la aprobación en general, se hará una discusión de cada artículo el jueves 17 de noviembre. Pero ya se anticipa la oposición de ciertos parlamentarios al término que nos ocupa. El argumento que esgrimen es que “el género no es una construcción social, sino que se trae con el nacimiento” (esto se lo escuchamos a la senadora colorada Blanca Ovelar). Es decir, naturalizan las discriminaciones que pesan sobre las mujeres y sobre quienes no se adecuan a los mandatos de género. Y niegan que exista la identidad de género, con lo que buscan impedir que las mujeres trans sean alcanzadas por lo que sea dicho en el proyecto. En síntesis, pretenden quedar bien aprobando la muy reclamada ley de violencia, pero despojándola de su contenido más relevante: que existen violencias dirigidas hacia las mujeres justamente por ser mujeres, basadas en construcciones culturales y orientadas a preservar los mandatos sociales de género.

Estamos hablando apenas de uno de los casos donde el fundamentalismo conservador y antiderechos está haciendo de las suyas, intentando frenar o retroceder en cuanto a logros. Hay muchos más, en Paraguay y también a nivel internacional. Es la reacción virulenta a los avances de las mujeres y de los grupos que luchan por el reconocimiento de la diversidad sexual. Y es que, en general, ningún sector con privilegios acepta así nomás despojarse de ellos para reconfigurar los poderes sociales en igualdad.

[1] Con permiso para el fraseo.

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Por Clyde Soto y Rocco Carbone // Paraguay se convirtió en modelo para los golpes institucionales de la derecha. El golpe aún en proceso en Brasil despertó las heridas que hace cuatro años marcaron y dividieron a Paraguay. El golpe paraguayo fue señalado como el modelo seguido ahora por los sectores de una derecha neoliberal corrupta brasileña, empecinada en bajar del poder a un gobierno democráticamente electo, utilizando el mecanismo constitucional del juicio político. Muy parecido, pero muy diferente. Es que el llamado “golpe a la paraguaia”, tal como lo nombró la misma presidenta del Brasil, Dilma Rousseff –ahora apartada del ejercicio mientras se verifica el juicio–, es parte de una familia de operaciones políticas –que ya va configurando toda una genealogía– sobre los gobiernos de izquierdas en América Latina.

El de Paraguay fue el segundo de los llamados “golpes blandos” con éxito desde el inicio de este siglo. El primero fue en Honduras en 2009. Fueron los primeros golpes exitosos, pues ya antes había habido otros no exitosos: en Venezuela en 2002 y en Bolivia en 2008, así como hubo después en Ecuador en 2010. En cambio, en Argentina el caso Nisman dio lugar a veladas amenazas que no llegaron a concretarse, hasta que en 2015 se produjo el cambio de gobierno en dirección de derecha por vía electoral. Y una apostilla: los golpes no siempre han sido golpes tan “blandos”. En varios de estos episodios hubo fuerzas armadas y policiales entremedio, actuando. Y en Paraguay hasta hubo una masacre –la de Curuguaty–: dato nada “blando”. No obstante, a diferencia de los golpes de la generación pasada, el protagonismo político fue siempre de civiles.

El primer golpe “exitoso”, de Honduras, fue un auténtico desastre que generó el repudio unánime internacional, puesto que los golpistas capturaron al presidente y lo sacaron del país en piyama (detalle que recuerda a otro presidente golpeado y en piyama: Salvador Allende). Pero el objetivo fue logrado, a expensas de una institucionalidad débil, incapaz de resistir el ataque y pese a las movilizaciones sociales de protesta que sacudieron al país en aquellas jornadas. En Paraguay, en 2012 se logró un mayor refinamiento: el uso de los mecanismos institucionales para destituir con visos de supuesta legalidad al presidente electo, y con un ingrediente previo: la masacre que al conmocionar al país dejó virtualmente sin capacidad de reacción a la ciudadanía democrática y dio elementos de justificación al proceso destituyente. Pero en lo institucional hubo tanta desprolijidad que lo acontecido fue objeto de interminables debates acerca de la cualidad golpista o legítima del proceso. En el Congreso paraguayo, los partidos y sectores tradicionales –incluso aquellos que habían sido aliados de Lugo– se tomaron menos de una semana para concretar la destitución y apenas 48 horas en el juicio político propiamente dicho, echando por tierra todo atisbo de debido proceso y sin preocuparse de dar un cierto lustre a las argumentaciones. Las movilizaciones fueron totalmente insuficientes para conmover el camino del golpe.

El golpe brasileño es “a la paraguaia” por una cuestión central: el uso desvirtuado de un mecanismo constitucionalmente previsto a fin de conseguir un objetivo que no posee fundamentos. Sin embargo, en Brasil han refinado aún más el proceso: pues lo realizan con toda parsimonia, siguiendo las etapas previstas y haciendo una especie de parodia de los debates que se supone deberían dar sustento al impeachment. El problema aquí no son las formas ni los tiempos, pero el resultado es lamentablemente parecido: se trata de un proceso viciado, pues la presidenta de Brasil no está acusada de nada que sea considerado un crimen y que amerite su enjuiciamiento, mientras quienes la acusan e impulsan el juzgamiento están dirigidos por personajes acusados de corruptos (Panamá papers) y protegidos por sus fueros parlamentarios. La otra cuestión, lateral, si se quiere, que lo hace “a la paraguaia” son los fundamentos (su falta más bien) del impeachment. En la sesión de la Cámara de Diputados las “interpelaciones argumentales” para votar por el “sí” eran tres instituciones en nombre de las cuales se implementaron un sinnúmero de aberraciones en la historia de la humanidad: Dios, patria y familia. Por si fuera poco, hubo un diputado que dedicó su voto a un torturador de los tiempos dictatoriales. Y ni bien concretado el apartamiento provisorio de la Presidenta, Temer conformó un gabinete blanco y totalmente excluyente: sin mujeres ni negrxs. Es el síntoma de la exclusión social. Además, degradó el Ministerio de Cultura al rango de Secretaría. Emergentes que en la Argentina encuentran varios correlatos, como el “sarcasmómetro” que la jueza Susana Nóvile interpuso entre la revista Barcelona y Cecilia Pando, y otras muchas des-políticas culturales de cuño macrista.

Detrás de este entramado hay una derecha en movimiento, en proceso de rearticulación continental/mundial y de retorno. Derecha que se posiciona en contra de la pérdida de privilegios, que ve como amenaza hasta la más mínima redistribución de la riqueza y que desea plena liberalidad para hacer sus negocios sin las irritaciones que conlleva el aumento de derechos para las grandes mayorías latinoamericanas. Los discursos y las resoluciones son asombrosamente similares. Tanto en Brasil como en la Argentina hay un embate contra el sistema de educación superior que se está verificando a través de una crisis presupuestaria generalizada, que implica el cierre de programas e investigaciones, disminución y cese de becas, desmantelamiento de proyectos educativos en curso, aumentos indiscriminados de tarifas, paritarias no resueltas. Hay más: cercos mediáticos que silencian, sobre todo ante movilizaciones como las que recientemente en Paraguay han protagonizado los sectores campesino y estudiantil, cambiando la correlación de las fuerzas sociales frente al gobierno.

Estos procesos de restauración conservadora, negadores seriales de derechos, implican también y quizás sobre todo, una vuelta hacia atrás en términos históricos. Hacia una etapa mucho más remota que los cercanos años neoliberales. De hecho, todos estos ademanes reactualizan la vuelta de los dueños de la Casa Grande, quienes al retornar pretenden expulsar al Pueblo y arrinconarlo de nuevo en la Senzala. Con un matiz: el contrafrente ya no supone ninguna “sacarocracia”, sino la reducción de nuestros países al tamaño del mercado.

Artículo publicado en Página 12 el 21 de mayo de 2016.

Por Clyde Soto y Rocco Carbone //  Se sabe: el juicio acerca de los hechos de Curuguaty (aún en desarrollo) es una aberración del Derecho y del sistema judicial paraguayo. Lo es en tanto esas instituciones –formalizadas en la Corte, los abogados, la Fiscalía, entre otras– no saben ni pueden encontrar una solución satisfactoria para los verdaderamente afectados por el juicio, los campesinos. Los elementos y las “pruebas” que se han acumulado en estos casi cuatro años –todas más que discutibles– han sido repetidamente señaladas como inciertas e improbables, cuando no inexistentes, por las diversas organizaciones que acompañan el caso y por los abogados que se han hecho cargo de la defensa en varios tramos de este proceso infinito. El Estado paraguayo es incapaz de resolver este caso con justicia, en abierto atentado a los derechos humanos no solo de los campesinos imputados, sino también de quienes nos solidarizamos con la causa Curuguaty y con otras causas similares activas en América Latina.

Jalil Rachid: en este contexto, el exfiscal del caso Curuguaty asumió el pasado 20 de enero su nuevo cargo de Viceministro de Seguridad del Ministerio del Interior. Con esa promoción –¡en general se nos promueve cuando hay un buen desempeño frente a las cosas!– abandonó su cuestionado rol como fiscal del caso. Esto ocurría durante el pleno desarrollo del juicio oral y público que se sigue a un conjunto de 11 campesinas y campesinos sobrevivientes de la masacre de Marina Kue, acusados de haber sido responsables de los hechos. Sentarlos al banquillo de acusados es menos una paradoja que una infamia, ya que son las víctimas de esos hechos políticos.

¿Qué sentido tiene la promoción de Rachid? Situemos esta pregunta en el contexto de lo que pasó en Paraguay desde el día de la masacre: golpe parlamentario, destitución presidencial de Lugo, elecciones de 2013, asunción como presidente de la República de Horacio Cartes y retorno del Partido Colorado al poder, luego de una brevísima pausa que duró menos de cuatro años. Aparentemente, se trata de una salida limpia y elegante de Rachid del caso Curuguaty, porque se va con un alto cargo como promoción por su “trabajo bien hecho”. La asignación de ese nuevo cargo es una manera enfatizar que Rachid tiene el pleno apoyo y la confianza del gobierno, que no lo dejará caer en el descrédito. ¿Por qué? Porque el gobierno de Franco, antes, como el de Cartes, después, son deudores de sus labores. Con este nombramiento se está saldando una deuda política con la escasa institucionalidad de la (in)justicia paraguaya, pues el ejercicio sesgado del Derecho por parte del fiscal fue una pieza necesaria en el rompecabezas del operativo retorno e impunidad.

En segundo lugar, se trata de un nombramiento que abona la injusticia del proceso y que confirma la sentencia previa pergeñada desde incluso antes de que ocurriera la masacre. Si Rachid es promovido en vez de ser investigado y sancionado, cabe conjeturar que es altamente probable, cuando no plenamente cierto, que se verificará la culpabilidad campesina que el fiscal ha intentado instalar sin pruebas. Hasta ahora el juicio se ha desarrollado –luego de un largo periodo de sucesivas suspensiones– con los testigos de la acusación –policías, funcionarios judiciales, médicos, peritos– y sin que se haya aportado ninguna prueba o testimonio fehaciente acerca de la culpabilidad campesina. Numerosas perspectivas de los hechos, datos, detalles y suposiciones han desfilado frente al tribunal y a nosotros como observadores, pero ninguno sirve para sostener que los campesinos procesados son los responsables de la matanza, salvo por el mero hecho de haber estado ahí en el momento de la masacre de Marina Kue. Por ser parte del grupo de personas que reivindican esas tierras para la reforma agraria. Como estaba previsto, el juicio marcha según el libreto premeditado que dio origen a la masacre, pero sobre todo a la vuelta del Partido Colorado, encarnado ahora en el gobierno Cartes.

En tercer lugar se trata de consolidar un modelo. No pasó siquiera un mes del nombramiento para que el Paraguay estuviera de nuevo en vilo ante un desalojo de otra ocupación campesina en las mismas tierras de la empresa Campos Morombí. El operativo fue largamente anunciado como una lucha en contra de “campesinos invasores” de la propiedad. El propio Rachid encabezó la incursión, que se llevó a cabo el 10 de febrero de 2016 por un contingente de 1.300 policías, con el anuncio de que esperaban no tener que recurrir a las armas. El desalojo terminó sin víctimas, no por suerte ni por los celos policiales, sino porque ya no había nadie en el lugar. Obviamente, la amenaza había sido enunciada. ¿Cómo quedarse a esperar a que te maten?

Campos Morombí es la empresa (de un poderoso grupo empresarial fundado por el fallecido dirigente colorado y exsenador: Blas N. Riquelme) que se atribuyó la titularidad de las tierras estatales de Marina Kue, que movilizó el desalojo que terminó en masacre en 2012 y que consiguió se le reconozca de manera indirecta la propiedad al lograr la aprobación de una ley de supuesta donación de las tierras al Estado. Marina Kue (de aproximadamente 2.000 hectáreas) es apenas una pequeña proporción de las tierras de Campos Morombí, de unas 30.000 hectáreas en total. Con la ley de falsa donación, en términos materiales la empresa perdía poco pero ganaba en impunidad. Y los símbolos son siempre aleccionadores. Tan aleccionadores que la versión oficial –emitida por el ministro del Interior, Francisco de Vargas, acerca de este operativo– fue que quienes ocupaban la reserva de Campos Morombí eran rollotraficantes, “depredadores, ladrones de madera”, “de una de las reservas naturales más importantes del territorio nacional” (http://www.ultimahora.com/ministro-del-interior-llama-ladrones-madera-y-depredadores-campesinos-morombi-n966200.html). La asociación que se pretende instalar entre campesinos sin tierra, ocupantes, invasores y depredadores no es casual: se intenta poner a todos bajo el mismo rótulo para facilitar las represiones y la criminalización del movimiento campesino.

Pero hay más. Con la promoción de Rachid al Viceministerio de Seguridad se ganó aún más: disponer sin ninguna reserva del aparato estatal y de sus fuerzas represivas para proteger los negocios de tal o cual privado, librándose incluso de las acusaciones de apropiación ilegal de tierras estatales que esgrimen los sectores campesinos pauperizados y sin tierras cuando proceden a ocupaciones que son necesarias para su proyección de la vida. Recuérdese que la ocupación pacífica de tierras ha sido un método largamente usado por el campesinado sin tierra para presionar al Estado paraguayo con el fin de que se reconozca su derecho a la tierra/su derecho a la vida, que se cumplan los mandatos relativos a la reforma agraria e incluso para recuperar tierras malhabidas, apropiadas por poderosos vinculados al régimen dictatorial y a los sucesivos gobiernos colorados del periodo posdictatorial.

El Paraguay sigue sujeto a una trama donde los actores con poder –Rachid, Francisco de Vargas, los camaristas que votaron a favor del juicio político, Franco, Cartes, el Partido Colorado y algunas que otras adyacencias– demuestran un sentido convergente: el dominio autoritario basado en la represión, los abusos y el miedo, lejos de los cánones del buen gobierno, la democracia, la justicia y los derechos humanos.

Artículo publicado en E’a el 15 de febrero de 2016.

por Clyde Soto y Rocco Carbone

Hace falta observar detenidamente el proceso judicial al caso Curuguaty para entender lo que está pasando. El caso Curuguaty condensa la historia política del Paraguay, su coloniaje, su modelo económico dependiente y concentrador de las riquezas, su política corrupta, su matriz autoritaria. Es un caso que habla con detalles sobre el principal problema del país, el de las tierras concentradas y malhabidas, a costa de la expulsión del campesinado dedicado a la agricultura a escala humana (no la sojera y agroexportadora). Y su proceso judicial, el que está siendo desarrollado, dice todo sobre cómo funciona el sistema de (in)justicia en Paraguay.

Primero: dice sobre el uso del sistema penal de manera perversa, para perseguir a quienes molestan, sin que importen en absoluto culpabilidades o inocencias. El proceso al caso Curuguaty fue armado porque así convenía a quienes idearon la masacre de Marina Kue y su desenlace político. Necesitaban culpables, y los campesinos y campesinas presentes en el lugar de la masacre (o apenas con nombres borrosos en una lista anotada a lápiz en un cuaderno que se cayó al agua y se perdió, por lo que ya ni siquiera existe como supuesta prueba) eran las víctimas propicias. Esto que pasa con ellos, es un patrón de actuación estatal en Paraguay que funciona siempre de la misma manera: a quien molesta –o si conviene a alguien con poder– se le manda a proceso penal para taparle la boca. Y el sistema de (in)justicia no hace nada para evitarlo. No hace nada porque es cómplice y operador; porque ideológica/sicológicamente responde a una articulación social en la que el campesinado está situado fuera de los márgenes ciudadanos: si te despojo o te niego tu ciudadanía o tu humanidad, puedo hacerte lo que quiero; sobre todo si soy el poder. Lo mismo pasa con el mundo indígena: basta ver el degrado del Instituto Paraguayo del Indígena para entender esto que señalamos. Entonces: la matriz del sistema judicial paraguayo es un sistema de injusticia, pues la justicia vale sólo para algunos. Ahí está una marca nítida del autoritarismo de “antaño”. En Paraguay el poder del Estado aún no se ha democratizado. No hay políticas públicas centradas en los derechos sino en los privilegios. El Estado –sobre todo, pero no solamente, cuando es operado por gobiernos colorados– no es una máquina para servir sino una máquina para matar: real o simbólicamente.

Segundo: este proceso muestra cómo el sistema judicial está preso de un conjunto de actores que van cambiando de roles para asegurar la impunidad y la injusticia, en vinculación con intereses políticos. Y aquí recordemos a Jalil Rachid, fiscal de la causa, hijo de uno de los máximos dirigentes del Partido Colorado y con cercanía a otro líder del mismo partido, Blas N. Riquelme, ya fallecido, dueño de la empresa Campos Morombí –la que usurpa y pretende quedarse con las tierras de Marina Kue, donde ocurrió la masacre que da origen al caso Curuguaty–. Nunca se aceptó su recusación como responsable de investigar la masacre de Marina Kue. Y también recordemos a José Dolores Benítez, el primer juez de garantías que debía decidir si mandaba o no a juicio a lxs campesinxs, quien fue apartado de la causa debido a que ya antes tomó parte en el proceso que permitió la usurpación de Marina Kue. Es decir, fue uno de los que tejió el ropaje legal para que Campos Morombí se apropie indebidamente de las tierras donde ocurrió la masacre. Para terminar su obra, entró luego al ruedo como juez de garantías, y fue suplantado por Janine Ríos, jueza que simplemente se dedicó a concluir el trabajo iniciado por (José) Dolores: en octubre de 2013 envió la causa en contra de los campesinos a juicio oral y público.

Como piezas de ajedrez, entran al campo de juego diferentes actores con cargos judiciales que aseguran la injusticia. El tribunal que juzga el caso Curuguaty está constituido por Ramón Trinidad Zelaya, Samuel Silvero y Benito Ramón González. Vaya casualidad: dos de ellos, junto con Arminda Alfonso, quien es suplente para el juicio actual, integraron el tribunal que en 2014 condenó a Rubén Villalba a siete años de prisión, en otro proceso injusto y arbitrario, cuyo objetivo fue dejar a Villalba en Tacumbú, como sigue hasta ahora mientras se le juzga por el caso Curuguaty. Cuatro de sus compañeros obtuvieron arresto domiciliario luego de una huelga de hambre de dos meses, pero a Rubén lo llevaron de vuelta a Tacumbú y le resucitaron una causa dormida, llevada de manera exprés por los jueces mencionados. En fin: lo exprés en Paraguay para ciertos acontecimientos es una constante: golpe exprés, causa exprés. Pero: Curuguaty no exprés.

Hay más: una de las juezas que constituyó el tribunal de apelación que denegó la primera recusación al tribunal de Curuguaty (interpuesta por el abogado Víctor Azuaga) fue Silvia Cuevas Ovelar, también recusada –recusación también denegada– por haber sido parte de la orden de arrasamiento de la comunidad indígena Y’apo, en mayo de 2014, para favorecer a otra empresa privada (Laguna S.A.) que se apropió del territorio ancestral del pueblo Ava Guaraní. ¿No es por lo menos sospechoso que jueguen los mismos actores en el despojo de las tierras y en la criminalización y expulsión de campesinos e indígenas de sus tierras? Es sospechoso: sí. Y por eso hay un patrón. Subjetividades que funcionan sistemáticamente frente a escenarios parecidos y que tienen libretos confeccionados que en realidad son manuales de operaciones.

Y más: una nueva recusación al tribunal, esta vez del abogado Pablo Aguayo, fue rechazada con velocidad exprés, apenas en horas, por un tribunal de apelación constituido en tiempo récord e integrado por Carlos Domínguez, Guillermo Zillich y María Belén Agüero. Pues bien, el juez Guillermo Zillich ya había actuado en la causa al caso Curuguaty desde el mismo 15 de junio de 2012, día de la matanza, como agente fiscal coadyuvante de la entonces fiscala Ninfa Aguilar. Ésta fue responsable de la orden de allanamiento que dio origen a la masacre de Marina Kue y, además, la primera fiscala encargada de la investigación, luego apartada de la causa y remplazada por Jalil Rachid. Zillich, obviamente, niega que el haber sido antes acusador le inhabilite hoy como juez (ver hoy: http://www.ultimahora.com/zillich-alega-que-no-tiene-causales-inhibicion-n928264.html).

Es un vaivén: aparecen las mismas piezas, pero no siempre las reconocemos, porque cambian de posición. Se borran como peones y al rato vuelven como alfiles. Pero siempre apuntan a lo mismo: a favor de quienes usurpan tierras y en contra de las personas pobres sometidas de manera arbitraria a procesos penales. Apuntan hacia la injusticia. Lo que decíamos antes: ideológica/sicológicamente responden a una articulación social en la que el campesinado está situado fuera de los márgenes ciudadanos.

Tercero: el proceso al caso Curuguaty muestra al sistema de (in)justicia como una herramienta de dominación cultural y política, heredera del coloniaje del que es fruto el Paraguay. Por eso el juicio es en castellano, por eso no se cumple la ley de procedimientos penales asignando un intérprete. Por eso el juez Ramón Trinidad Zelaya, presidente del Tribunal, minimizó el problema que representa para campesinos paraguayos ser juzgados en castellano y pretendió que continúe el juicio por no considerar grave la falta procesal. Por eso dos de los medios de comunicación empresariales (ABC y Última Hora) calificaron de simple “chicana” la solicitud de que se cumpla la disposición del propio juez –a solicitud de la defensa– sobre la inclusión de intérpretes en el juicio. Que el juicio se realice en guaraní es un derecho fundamental básico: expresa el derecho a entender de qué se te acusa y a defenderte de esas acusaciones. De todos modos, aunque el juicio se realizara el guaraní no garantizaría de por sí otra cosa, totalmente central: que el Derecho, dentro de sí mismo, tiene cifrada una posición de clase e ideológica de esos mismos sectores –o sus herederos por asimilación y aculturación– que vienen perjudicando al campesinado paraguayo, desde antes de la propia constitución del Paraguay como país independiente. Que son los mismos sectores que se atribuyen el derecho a decodificar el Derecho –porque finalmente lo escribieron–, que es interpretarlo.

El proceso judicial al caso Curuguaty se suspende reiteradamente –siete veces hasta la fecha– porque hay gente –campesina, ciudadana– que resiste ante la emboscada de la injusticia: que no se resigna a ser condenada desde la lógica de la arbitrariedad.

Foto: http://www.pj.gov.py

“Si fuera necesario para proteger de un peligro serio la vida”. Así dice el Código Penal cuando se refiere al único supuesto despenalizado de interrupción del embarazo en Paraguay. ¿Qué significa esto? ¿Que la mujer debe estar ya en proceso de riesgo inminente, de casi empezar a morirse, antes de que se ponga a su disposición la posibilidad de un aborto? Considero que no, que la ley habilita a impedir que la mujer llegue a verse en ese serio peligro: que su vida sea protegida de ese riesgo. Cada quien debería poder asumir hasta qué punto desea acercarse al peligro de perder la vida. La ciencia médica tiene la obligación de proporcionar información sólida que permita valorar el riesgo e impedirlo. El Estado paraguayo debe obrar para que ninguna mujer (y menos aún una niña) se vea obligada a arriesgar su vida por proseguir con un embarazo.

Clyde Soto// Parecía que un rayo de luz y sabiduría había finalmente descendido sobre la Cámara de Diputados: primero rechazaron la ley pyrawebs y, luego, empezó el debate sobre la ley del trabajo doméstico. Ante nuestros ojos y oídos atónitos desfiló una decena de oradoras y oradores (de todos los partidos), quienes ardientemente defendieron el fin de la discriminación a las trabajadoras domésticas, recitaron artículos constitucionales que impiden discriminar, alegaron mil y un motivos por los cuales no se puede aprobar apenas el 60% del salario, indicaron que no se puede admitir que trabajen menores de edad al ser un tipo de trabajo que implica peligros, recordaron que esta es una discriminación que afecta a todas las mujeres; en fin… parecía que soñábamos, pero lo estábamos oyendo.

Hasta que: ¡dejaron sin quórum la sesión! Habían comenzado 73 y terminaron apenas 39.

El tema es que si no tratan el proyecto y modifican las discriminaciones aprobadas por la Cámara de Senadores, la ley tendrá sanción ficta el 18 de marzo. Convocaron a una sesión extraordinaria para el martes 17, pero podrían haber concluido hoy.

Aun así, hay una oportunidad de impedir que siga adelante la discriminación. Así que vamos.

En la sesión de la Cámara de Diputados. Foto de la página “Igual valor, iguales derechos” https://www.facebook.com/Igualvalorigualesderechos

Clyde Soto y Rocco Carbone // Mientras las redes sociales se sacudían con las noticias referidas al Cerro León y los periódicos se saturaban con las cuentas secretas de Horacio Cartes en Suiza, la Larga Marcha campesina llegaba a Asunción el 10 de febrero, concluyendo su potente desfile de seis días, formulando sueños y vientos de cambio en el Paraguay. Gran marcha, enorme discursividad plebeya que traza una escritura, acompañada del peso de cuerpos portadores de una frase política poderosa: “Paraguay se pone de pie por una Patria nueva”. Patria –nos los enseñó Podemos desde España, recuperando la experiencia griega de Syriza; aventuras, ambas, que aprendieron mucho de la América Latina del siglo XXI–: “esa comunidad que asegura que se protege a todos los ciudadanos, que nos permite soñar un país mejor, creyendo seriamente en nuestros sueños” (Pablo Iglesias, dirigente de Podemos, discurso en Madrid, 31/01/2015).

Cuerpos a borbotones fueron saliendo desde diversos puntos del país para unirse a las dos columnas organizadas por el Partido Paraguay Pyahurã, agrupación política de izquierda, de mayoría campesina, surgida como movimiento en 1996 y constituida como partido en 2012. La demanda fue y es que renuncien Cartes y su gabinete y se instale en el país un gobierno patriótico y democrático, porque el actual gobierno paraguayo representa la apropiación del país para la minoría de siempre, beneficiada con privilegios ganados y sostenidos sobre la masacre de derechos de las grandes mayorías paraguayas/latinoamericanas. Las mismas mayorías relegadas por la configuración de los Estados nación y aun antes, desde la Conquista y la colonización de estos territorios. La proclama de la Larga Marcha explica como razones de tal demanda al conjunto de cuestiones que sacuden al país desde antaño y se profundizan desde el golpe de 2012 y el posterior regreso del coloradismo al poder en 2013 (remozado con su proyecto de reestructuración capitalista): la modificación de la ley de defensa, la privatización encubierta por la Ley de alianza público-privada, la desigual política fiscal, la persecución a los pobres, a sus dirigentes y organizaciones, la narcopolítica, la incapacidad de los partidos tradicionales de enfrentar estos flagelos.

El Cerro León está ubicado en el norte del Chaco, en el área protegida del Parque Nacional Defensores del Chaco, y forma parte del territorio ancestral del pueblo Ayoreo. En esa región habitan los últimos núcleos de ayoreos en aislamiento voluntario, sin contacto con la sociedad circundante pero permanentemente amenazados por su avance. El Cerro León está en la mira de la voluntad de exploración y posterior explotación manifestada por el gobierno nacional. Quieren hacer de él una cantera para sacar piedras y realizar caminos en el Chaco paraguayo. Un juez dio curso a un amparo que prohíbe tales acciones, pero un tribunal de apelación aceptó la apelación de la propia Secretaría del Ambiente, eliminando el eventual obstáculo judicial a la pretensión de avanzar sobre el Cerro.

El caso Cerro León es la expresión del patrón de actuaciones gubernamentales, vía alianza nefasta de los tres poderes estatales, para instalar un modelo económico basado en la ideología desarrollista, que propicia la sobreexplotación de la naturaleza sin contemplaciones ni del equilibrio ambiental ni de los derechos de las personas, donde la ley es el retorno y beneficio privado de los inversores. Las palabras del ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (Ramón Jiménez Gaona) fueron nítidas: “hoy no sabemos si tenemos piedras que sirvan para alguna cosa que no sea simplemente estar ahí” (ABC, 10/02/2015). Desde esta visión, el Cerro León “no sirve” porque simplemente “está ahí” sin que se lo explote. El pueblo Ayoreo, habitante ancestral de ese territorio, no existe como preocupación gubernamental, pueblo integrado por subjetividades y no piedras.

Entretanto, el caso Curuguaty sigue su complejo camino hacia la impunidad con el juicio-farsa a Rubén Villalba, iniciado el 11 de febrero en Salto del Guairá. Se trata de uno de los campesinos injustamente acusados en la causa de la masacre de Marina Kue (que dio pie al golpe de 2012). Lo procesan por otro caso ya extinto: el conflicto de Pindó (2008), cuando pobladores de la comunidad resistieron a que una comitiva fiscal habilitara la fumigación sojera cerca del tanque de agua y en las inmediaciones de la escuela básica de la zona. La causa estuvo suspendida por siete años hasta que al sistema le convino resucitarla para sostener la prisión ilegal de Rubén; que lleva 28 meses, incluidas dos huelgas de hambre de 60 días cada una.

¿Qué representan estas cuestiones en la vida política y simbólica del Paraguay? Rubén Villalba: la resistencia ante la injusticia operada desde el sistema judicial. El Cerro León: la angurria capitalista, el olvido indígena por parte del Estado y una ciudadanía que podría hacer de la indignación un acto político. La Larga Marcha campesina: una gran expresión de que, pese a todo, el Paraguay se mueve, resiste y también se piensa desde otras perspectivas que provienen de los sectores arrasados por el mismo modelo depredador que pretende hacerse con el Cerro León.

Parece que el Paraguay está profundamente dividido entre quienes gustan y quienes no gustan o rechazan esto de los derechos humanos. La conmoción ante crímenes horrendos y la percepción de amenaza generada por el miedo, profundizan esta segregación, que además se traduce en oleadas de injurias hacia quienes se manifiestan a favor de los derechos humanos, y más aún si actúan en defensa de ellos.

La negación de los derechos humanos, o la pretensión de adjudicarlos sólo a determinadas personas o colectivos –lo que equivale a su negación– es altamente indeseable y peligrosa: es la antesala de la permisividad ante su violación y constituye el elemento ideológico fundante de la impunidad de quienes son responsables del irrespeto de estos derechos. Por ello, este escrito pretende sistematizar algunas ideas básicas sobre los derechos humanos, con la esperanza de que cada persona de este país y de cualquier lugar del mundo busque comprender lo que son y se sienta titular de estos derechos, como parte irreductible de lo que entendemos como humanidad.

1. Los derechos humanos son atribuciones (libertades, potestades, capacidades) que corresponden a todos los seres humanos sin excepción, por el sólo hecho de serlo. No son personas u organizaciones concretas; ergo, no debemos usar la frase “derechos humanos” como si fuera equivalente a alguna organización o algunas personas (ejemplos: “¿Dónde están los derechos humanos que no vienen?”, “Ya otra vez los derechos humanos defendiendo a los delincuentes”), puesto que es una deformación conceptual que impide visualizar lo esencial de la idea: se trata de derechos que corresponden a todas y cada una de las personas, sin excepción: jueces y ladrones, delincuentes y personas honradas, autoridades y funcionarios/as o ciudadanas y ciudadanos sin cargas públicas, campesinos y terratenientes, gente urbana, gente rural, y todas las categorías que se quieran aplicar. Los derechos humanos corresponden a todas las personas y son irrenunciables, además de universales, indivisibles e interdependientes.

2. Las organizaciones y personas que defienden derechos humanos no “son derechos humanos” sino que son “organizaciones/personas defensoras de derechos humanos”. Todos/todas tenemos derechos humanos. Hay organizaciones y personas que los defienden, o intentan hacerlo, y que se encuentran identificadas con esa labor. No obstante, la defensa de derechos humanos es una responsabilidad de todas y cada una de las personas, pues si dejáramos ese campo sólo a cierta gente, estaríamos restándole efectividad a la idea.

3. Si los derechos humanos nos corresponden a todos los seres humanos, su vigencia es dependiente de un complejo juego de reconocimiento normativo y aplicación institucional, es decir de acuerdos, leyes y responsabilidades que corresponden al ámbito del derecho, tanto nacional como internacional. Los estados nacionales, como entidades centrales para la organización de la convivencia humana, son así los llamados a traducir los derechos humanos en sus leyes y en sus actuaciones, y sobre esto deben dar cuenta a una comunidad internacional que ha construido sistemas para instituir instrumentos y mecanismos con el objetivo de garantizar, defender y promover la vigencia los derechos humanos.

4. Así, los estados son responsables (por vía de sus leyes y compromisos internacionales) de que los derechos humanos tengan vigencia. Esto significa que estos aparatos institucionales, bajo cuyas reglas y modos de funcionamiento convivimos, deben respetar irrestrictamente los derechos humanos, deben proteger el goce de los mismos, deben garantizarlos para todo ser humano bajo su jurisdicción, deben impedir que sucedan violaciones a estos derechos y deben promover su vigencia efectiva.

5. Por lo tanto, lo que comúnmente llamamos violaciones a los derechos humanos son aquellas faltas a las obligaciones antes señaladas, cometidas por los estados. Y se producen de diversas maneras: por falta de suficiente reconocimiento en las leyes, por ausencia de políticas aptas para hacer efectivas las leyes, por políticas contraproducentes para los derechos, por violaciones de las leyes por parte del mismo Estado a través de sus agentes (personas con responsabilidades o cargas públicas), o por permisividad o insuficiente protección y defensa de ciudadanas/os o colectivos ante la violación de derechos causadas por particulares (no agentes estatales).

6. Entonces, las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos enfocan su acción ante el Estado, para controlar, exigir y promover que cumpla sus responsabilidades relacionadas con los derechos humanos. Por ello, están preocupadas y ocupadas ante las leyes, políticas y actuaciones estatales, en tanto éstas pueden implicar una merma para la vigencia de los derechos humanos y para su disfrute efectivo por parte de cualquier persona.

7. El Estado debe actuar para impedir que personas particulares u organizaciones privadas cometan actos que atentan en contra de algún derecho humano (por ejemplo, asesinatos, secuestros, trata de personas, entre muchos otros). Además, debe prevenir que sucedan y, cuando suceden, debe castigar estas acciones y velar por la reparación del daño. No son las organizaciones o personas defensoras de los derechos humanos las que deben actuar ante este tipo de sucesos, sino el Estado. Si el Estado no actúa, o actúa mal, se pasa al campo de interés de la defensa de los derechos humanos desde la sociedad civil.

8. Por eso, es equivocado saltar ante crímenes que sacuden a la sociedad para preguntarse: “¿Dónde están los derechos humanos, que no dicen nada?”, pues las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos están pendientes no de los hechos punibles cometidos por particulares, sino de lo que el Estado hace, de cómo lo hace y de lo que no hace el respecto. Además, están preocupadas de que no sea el mismo Estado, a través de sus agentes y de sus normas, el que viola los derechos humanos.

9. Por todo esto, veremos a las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos preocuparse y movilizarse ante las leyes y acciones que impliquen un abuso de poder estatal, o una actuación inadecuada o insuficiente del Estado. Y cuando hay una falta o una irregularidad en este sentido, es imprescindible una ciudadanía atenta que pida la intervención de quienes defienden los derechos humanos.

10. Y también debido a todo esto, debemos preocuparnos como sociedad de que existan organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, capaces de interactuar y de exigir al Estado, y de que puedan hacer su trabajo con plenas garantías: sin amedrentamientos, persecuciones o impedimentos. Cuando las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos son amenazadas por el Estado, posiblemente estemos ante serias posibilidades de merma en cuanto a los derechos de toda la ciudadanía.

Mientras no entendamos qué implican los derechos humanos y su marco institucional de respeto, protección, garantía y promoción, vamos a tener una sociedad profundamente dividida, incapaz de proteger sus derechos y de exigir su cumplimiento.

Clyde Soto es feminista y activista de derechos humanos. Investigadora del Centro de Documentación y Estudios (CDE), representante institucional ante la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy).

*Artículo escrito por Clyde Soto en agosto de 2013, recuperado para el 10 de diciembre de 2014 por su vigencia.