Espinas y algo más

por Clyde Soto  //   Hoy se cumplen cinco años de la masacre de Marina Kue, Curuguaty. Recuerdo que en horas de la mañana llegaban hasta Asunción las confusas noticias acerca del episodio, que ya la prensa narraba como un enfrentamiento iniciado por los campesinos que ocupaban las tierras del empresario y líder colorado Blas N. Riquelme. Campos Morombí  era como se identificaba a estas tierras, el nombre de la empresa del mencionado político, ya fallecido. Hasta el día siguiente no supimos cuántos muertos de verdad hubo, puesto que dos cuerpos fueron encontrados por campesinos que entraron a los campos a buscar a sus familiares y vecinos, desafiando el ambiente represivo que se vivía. En medio de dudas, se fue alzando la cifra de 17 muertos: 6 policías y 11 campesinos. Y también se alzó una pregunta-letanía: ¿qué pasó en Curuguaty?

De a poco fuimos sabiendo más: que las tierras se llamaban Marina Kue y estaban en disputa entre el Estado paraguayo y la empresa Campos Morombí, que eran tierras que debían haber sido destinadas a la reforma agraria, que los campesinos no eran una “asociación criminal” sino que incluso tenían una comisión reconocida por el Indert, que había una orden de allanamiento y no de desalojo, que hubo parlamentarios que presionaron para que esta orden fuera emitida, que eran más de 300 policías y apenas 60 campesinos, que hubo armas de grueso calibre que luego no aparecieron, que había evidencias de ejecuciones de campesinos, que se había imputado a mansalva a los presentes en el asentamiento, que hubo casos de tortura, que hubo pruebas desaparecidas… y mucho más. El libreto oficial se desmoronaba sobre sus falacias, pero nada de esto importó para que las consecuencias políticas del caso Curuguaty se hicieran realidad: el golpe parlamentario destituyente de un gobierno disfuncional a los poderes fácticos que operan en Paraguay, la criminalización y sanción jurídica de quienes resultan molestos para esos poderes y el retorno al poder político del Partido Colorado, con un intermedio vergonzoso y de facto del Partido Liberal.

A cinco años, se ven consolidadas las consecuencias de Curuguaty en Paraguay. Fueron condenados por vía de un juicio infame 11 campesinas y campesinos. Guardan injusta reclusión con penas carcelarias desaforadas (30 a 18 años) cuatro de ellos, la muerte de los campesinos nunca fue objeto de investigación, el fiscal que llevó adelante el proceso obtuvo de premio el viceministerio del Interior y ahora aspira nada menos que a Fiscal General. Quienes se aliaron para destituir a un gobierno democrático hoy son perseguidos por el mismo aparataje político-judicial al que ayudaron en su retorno al poder, porque así funcionan los procesos autoritarios: quienes no resultan de utilidad o de servicio al poder, y más quienes molestan, son radiados o eliminados. Con mayor publicidad y respaldo que en su momento los campesinos de Curuguaty, hoy cuatro militantes liberales solicitaron y obtuvieron refugio en Uruguay. Otro guarda una prisión preventiva desproporcionada. Los desalojos y la criminalización del campesinado pobre y de los pueblos indígenas prosiguen, pero cada vez más descarados, más impunes. Yva Poty, Guahory, Itakyry… suman nombres de los perseguidos y crece la injusticia. Hoy mismo, como “regalo de conmemoración”, la fiscalía allanó el local de la más emblemática organización de mujeres campesinas e indígenas del Paraguay, Conamuri, por un proceso en contra de la escuela agroecológica IALA Guaraní. No tenemos aún mayor información al respecto, pero lamentablemente prima la desconfianza y casi la certeza de que se trata de una persecución más, de motivaciones políticas, que ratifica la criminalización del campesinado. Es el patrón sistemático de actuaciones del aparato policial y judicial: cancerberos de un régimen autoritario y no defensores de la institucionalidad jurídica y democrática de una república.

La institucionalidad estatal se volvió algo así como un maleable material al que se puede moldear según la conveniencia de los poderosos: cuando una regla no conviene para el interés coyuntural o de fondo, se la modifica sin que importe mayormente la validez formal, ni mucho menos legitimidad de las actuaciones. No es extraño, puesto que el golpe parlamentario funcionó de esa manera, sin que importaran ni las formas ni el sentido de las normas. Y han entrado en este juego ya prácticamente todos los actores del sistema político.

Curuguaty produjo una re-normalización de la injusticia en Paraguay, solo posible porque la hemos admitido como parte ineludible de nuestra existencia como país, como estado-nación fallido instalado a fuego sobre el exterminio indígena, sobre el desplazamiento campesino, sobre la pérdida o entrega de recursos naturales colectivos, sobre la consolidación de una dominación basada en la posesión de tierras y bienes, la explotación de los seres humanos y de la naturaleza, y también del crimen, la corrupción y los negocios ilegales. Curuguaty fue una recaptura de tierras campesinas, pero también una reapropiación de territorio-estado.

Y Curuguaty derivó en un terrible estallido de las alternativas y de una visión colectiva de futuro que represente alguna forma de esperanza. Es aquí donde tenemos el mayor desafío, sobre todo si se quiere reconstituir un futuro democrático, con igualdad y justicia social. Levantar de nuevo al país, desde las ruinas que deja la injusticia.

Foto: Clyde Soto

Por Clyde Soto  //  Llega a su final el juicio al caso Curuguaty. El tribunal dará su sentencia el lunes 11 de julio de 2016 a las 13:00. Se trata de un proceso penal histórico, por la relevancia del caso tratado –la masacre de Marina Kue, origen del golpe parlamentario de 2012–, por la posibilidad de absolución o de injusta condena a 11 campesinas y campesinos procesados, y porque el Paraguay se juega demasiado, tanto como su futuro. Es que el futuro, por definición inasible y por naturaleza incierto, puede cobrar cierta nitidez solo en términos de proyecto: lo que queremos para nuestras vidas y para las de las generaciones futuras.

El caso Curuguaty representa una encrucijada, desde donde podemos imaginar al Paraguay prisionero de poderes tenebrosos e impunes, capaces no solo de asesinar sin ser por ello castigados, sino además de endilgar el crimen a otros, a quienes más a mano se encuentran debido a la desprotección causada por los efectos de una larga expoliación: hoy los 11 campesinos, como ayer fueron otros (durante la dictadura, en el Marzo Paraguayo, entre muchos casos) y como mañana podrá ser cualquiera. O también puede representar un momento paradigmático de cambio, gracias a una resistencia de potencia inaudita y pese a la gran disparidad de fuerzas: pues se trata de enfrentar a quienes tienen para sí a todo el aparato y a los poderes del Estado. En este juicio se juega la consolidación de la impunidad como sistema o se abre el camino para seguir  avanzando hacia un país con real democracia y con justicia.

El resultado del juicio nos enfrenta a una posibilidad aterradora: la victoria de lo irracional y absurdo sobre lo coherente y sensato. Y es que estamos ante una farsa que si no fuera por sus consecuencias tan trágicas, podría movernos a la risa: los sinsentidos y contradicciones expuestos por la Fiscalía han sido tantos que hasta parece mentira que este proceso haya sucedido tal como lo escuchamos y leímos. En su alegato final, la Fiscalía se atrevió a cuestionar que los campesinos usaran la frase “Vencer o morir” en sus movilizaciones. Imaginen tamaña afrenta: en un país superviviente de una guerra genocida, precisamente por la convicción de su irreductible derecho a ser, se animan a cuestionar que sus ciudadanos, herederos de quienes no se rindieron, usen en sus luchas sociales esa frase con la que hemos crecido y nos logramos sentir parte de un colectivo con una historia digna, pese a la tragedia.

Increíble es que pidan 40 años (¡sí, 40!) de cárcel para Rubén Villalba, alegando que él tenía un gran liderazgo en el grupo (¿ser líder una culpa?) y que supuestamente es peligroso según un informe psicológico que jamás apareció, cuando no existe una sola prueba contundente ni testimonio firme y creíble de que haya siquiera disparado un arma el día de la masacre. Que quieran privar de libertad por 25 años a Luis Olmedo porque según la fiscalía él y Rubén mataron a Erven Lovera, cuando el forense dijo que los tiros provenían de lejos, siendo que ambos acusados estaban en el espacio más cercano al sitio donde cayó el comisario. Que les hayan cambiado la acusación de “tentativa de homicidio doloso” a “homicidio doloso” consumado. ¡Sin pruebas! Que pidan 20 años de prisión para Arnaldo Quintana y Néstor Castro, ¿por qué?: porque estaban ahí. Pero nadie ha podido decir y probar que hayan sido causantes de alguna de las muertes de los seis policías fallecidos. No solo eso: han hecho un embrollo patético con los calibres y tipos de armas y, además, los proyectiles que entregaron a Rachid el día de la masacre (lo vimos porque fue filmado en el momento) nunca aparecieron. Ni las filmaciones del helicóptero. Las autopsias fueron superficiales, ni siquiera extrajeron todas las balas de los cuerpos, ni hicieron autopsias a los cuerpos de todos los campesinos asesinados. No investigaron cómo fue que murieron los campesinos y quiénes los mataron, pese a que hay testimonios impactantes de ejecuciones: algunos campesinos heridos llamaron a sus familiares y luego aparecieron muertos, con balazos en la cabeza. Agregaron pruebas que la defensa no había podido revisar. Entre sus supuestas pruebas hay una lista de elementos cotidianos (quepis, botellas de refresco) que nunca explicaron por qué eran importantes para demostrar algo. En fin, un desastre de parcialidad manifiesta y de mentira evidente.

Por si fuera poco, la Fiscalía pidió ocho años de prisión para Lucía Agüero, Fani Olmedo y Dolores López, las tres mujeres ahora procesadas por “haber generado un ambiente de confianza” para que los policías entren confiados en que nada sucedería. ¿Cómo es que lo hicieron?: simplemente porque eran mujeres y estaban en ese momento con sus hijos en el lugar de la masacre. Sí: ¡por ser mujeres y estar ahí! No se puede creer. Y para completar el cuadro, los fiscales solicitaron cinco años de cárcel para Felipe Benítez Balmori, Adalberto Castro, Alcides Ramírez y Juan Carlos Tillería, también por haber estado en el lugar, lo que dicen demuestra que alguna responsabilidad tuvieron y eran partícipes del tal complot, porque recuérdese que desde un inicio la Fiscalía dijo (y repitieron los medios) que en Marina Kue los campesinos emboscaron a los policías desarmados para luego matarlos. 60 campesinos con escopetas viejas (varias inservibles, la mayoría nunca disparadas) ante 300 policías, estos últimos sí fuertemente armados, como se pudo ver en fotos y testimonios… pero eso nadie investigó. A los poderes tenebrosos les conviene una condena, porque les ayuda a poner un punto final forzado al caso, e incluso obliga a la ciudadanía a enfocarse en la defensa de los campesinos, porque de esa manera se evaporan cada vez más las posibilidades de saber quiénes fueron culpables.

Si una Fiscalía imparcial o una comisión independiente hubieran indagado, habríamos sabido no solo quiénes iniciaron y ejecutaron la masacre, sino además al servicio de quiénes y ante qué órdenes actuaron. Por las consecuencias políticas de lo ocurrido y por el itinerario de las tierras de Marina Kue, sabemos qué sectores y quiénes se beneficiaron. También conocemos quiénes formaron parte de la cadena de acontecimientos que derivaron en la orden de allanamiento, puntapié inicial de los sucesos. Pero aquí falta conocer los nombres de los autores morales de los hechos de Marina Kue y los de los operadores reales, y se precisa no solo saber, sino además procesar y juzgar a este conjunto de personas, para que no vuelvan a repetir impunemente este tipo de operaciones políticas sangrientas.

Mientras esperamos la sentencia, varios hechos confirman por qué la pretensión de estas irracionales “sentencias ejemplificadoras”, como afirmó la Fiscalía en sus alegatos: porque quieren impunidad para seguir actuando de la misma manera. Quieren impedir que el campesinado siga en la lucha por la tierra y quieren vía libre para que la policía use la violencia en los desalojos y para usar el castigo penal como disuasorio. Es lo que está pasando en Remansito (Villa Hayes), en Pastoreo (Caaguazú), en Primero de Marzo (Yvyra Rovana), entre otros muchos lugares en el Paraguay. La amenaza de “otro Curuguaty” sobrevuela el país cada vez que la ciudadanía –y en especial el campesinado– se moviliza por sus derechos.

Todavía falta conocer la sentencia, que podría encaminarse hacia la justicia si fuera de absolución (podría ser, aún estamos a tiempo), pese a que ya son cuatro años de calvario judicial y de injustificada privación de libertad de las personas acusadas. Pero incluso antes de la sentencia ya ganamos algo, de manera real aunque aún insuficiente para generar justicia: que se sepa, porque lo sabe todo el mundo –en Paraguay y afuera–, que en Curuguaty pasó la injusticia, que no sucedió lo que querían creyéramos que ocurrió, que las campesinas y los campesinos son inocentes. El discurso prefabricado fue desmontado por la defensa jurídica, por los campesinos, por militantes de organizaciones, por activistas, por quienes escriben, por quienes difunden buscando verdad. Ya no pueden sostener sus mentiras con un mínimo de credibilidad. Nadie (salvo stronistas anhelantes de autoritarismo y “opinadores” contratados) confía en la parodia de proceso penal que montaron. Logramos todo esto con la palabra, pacífica, y con la sostenida e incansable movilización ciudadana. Y si conseguimos esto, también podremos alcanzar justicia.

por Clyde Soto // Entre el 15 y el 19 de junio de 2016, el Paraguay lució sus verdaderas caras. Como pocas veces, en una sola semana el país exhibió varias de sus facetas frecuentemente escondidas bajo las máscaras de un “como si” se tratara de un país democrático.

Una de estas máscaras es la de la institucionalidad estatal, desvirtuada mediante usos discrecionales, corruptos e ilegales. El 15 de junio, la Fiscalía finalizó su alegato final en contra de los 11 campesinas y campesinos procesados por la masacre de Marina Kue, ocurrida hacía exactamente cuatro años (2012), solicitando penas de prisión de hasta 40 años, en un ademán exagerado de burla hacia la justicia. El caso Curuguaty expone la ficción que esconde la supuesta institucionalidad estatal democrática de tres poderes equilibrados e independientes que gobiernan al país apegados a la ley, la exhibe como apenas una mascarada para preservar los privilegios de la clase dominante. De este caso se sirvieron operadores de las tinieblas para devolver el Poder Ejecutivo a los beneficiarios de la dominación, usando a las fuerzas públicas –que ya no respondían al entonces aún gobierno de Fernando Lugo– para la vil masacre. El Poder Legislativo fue utilizado para instigar a la orden de allanamiento y luego para ejecutar el golpe parlamentario. El Poder Judicial desató el proceso penal que, acusando a los campesinos de ser responsables de la masacre, con un libreto prefabricado, hoy amenaza concluir dejando instalados los más nefastos precedentes para cualquier país que se precie de democrático: sin debido proceso, sin investigación real, sin argumentos, sin pruebas, el sistema de justicia paraguayo se encamina hacia la condena de personas que son inocentes en tanto no se demuestre la culpa, por conveniencia de los poderosos que se beneficiaron de la masacre. El caso Curuguaty nos muestra a los tres poderes estatales coaligados, cual asociación criminal, para concretar y concluir un plan macabro de apropiación del poder e injusticia.

Otra máscara es la de la legalidad, que en realidad oculta a un país gravemente afectado por los negocios ilícitos, desde hace mucho tiempo: demasiado. La guerra narco desatada en Pedro Juan Caballero (capital departamental del Amambay), con la espectacularidad de un atentado con ametralladora antiaérea y la seguidilla de balaceras en las calles, entre el 15 y el 19 de junio, apenas debería servirnos para recordar que ya bajo la dictadura de Stroessner y en los años setenta del siglo XX, con la participación de capitostes del régimen, el Paraguay caía de lleno bajo las garras del crimen organizado para el lucrativo negocio del narcotráfico. Es decir, esto no es nuevo para nadie, o no debería serlo apenas con hacer un simple ejercicio de memoria, un repaso por varios de los crímenes más sonados del historial local (ejemplo: Ramón Rosa Rodríguez) o una mirada a personajes encumbrados por varios de los gobiernos pos-dictatoriales del Paraguay: desde el primero hasta el último aún vigente. ¿Acaso alguien pensaba que se podía dar tanto poder a las mafias y tener un país donde podamos convivir en paz?

Y otra máscara más: la de los derechos humanos. El Paraguay es un país que hasta se jacta de pertenecer al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pero actúa según patrones consolidados de terrorismo de Estado; es decir, del uso sistemático de medios ilegales y violentos para controlar y reprimir a la población, infundiendo miedo y terror. Esto tampoco es nuevo: es lo que viene haciendo la Fuerza de Tareas Conjuntas (FTC) en el norte del país, bajo la excusa del combate al terrorismo, y lo que muestra la actuación de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) con el pretexto de perseguir al narcotráfico. Estas instituciones son apenas una fachada para las actuaciones terroristas del propio Estado. Lo hemos podido constatar el sábado 18 de junio, cuando agentes de la Senad en camionetas sin chapa persiguieron y acribillaron a toda una familia, matando a una niña de apenas tres años en el regazo de su propia abuela y dejando malherido a un joven de 30 años. Podría calificarse al dramático suceso como un error si el operativo hubiese estado apegado a la ley y si no fuera una repetición de otras muchas actuaciones gravísimas e impunes, con ejecución de ciudadanos. Hay datos sobre todos estos casos, para quien quiera investigar apenas con una simple búsqueda en Internet. Lo cierto es que un Estado que organiza escuadrones paramilitares (pues la Senad no es una fuerza pública constitucional, por lo que no debería tener agentes armados que operan directamente para capturar supuestos  criminales) y que permite que sus fuerzas armadas y policiales actúen discrecionalmente y sin un estricto apego a los límites que les establece la ley, es un Estado terrorista, que usa la ilegalidad, el miedo y el terror para controlar a sus ciudadanos.

Si entendemos como país democrático a aquel que, además de gobernarse bajo la voluntad libremente expresada de la mayoría, lo hace bajo reglas institucionales claras, igualitarias y respetadas por la ciudadanía, y orienta su quehacer y sus políticas hacia el bienestar individual y colectivo de quienes habitan su territorio, el Paraguay actual niega a la democracia. Se trata de un país que, por el contrario de las premisas democráticas, incumple su propia normativa por actuación de sus autoridades, tolera la ilegalidad y actúa bajo patrones que sistemáticamente violan los derechos humanos de la población.

La ciudadanía democrática debe despojar al Paraguay de sus máscaras, para mirar de frente a sus caras reales y para construir un país democrático de verdad.

Publicado en E’a el 22 de junio de 2016.

por Clyde Soto // El juicio por el caso Curuguaty ingresa a su etapa final y el sistema de justicia paraguayo enfrenta una encrucijada de fuego: todavía puede intentar revertir los gravísimos vicios que han dañado al proceso judicial o puede ratificar la sentencia previa que ha estado sobrevolando al caso desde la misma masacre de Marina Kue, ocurrida el 15 de junio de 2012. Esta sentencia posiblemente ha sido dictada incluso antes del suceso, por quienes lo planificaron y, además, previeron y prepararon sus consecuencias políticas: un golpe destituyente –presentado bajo la forma de un juicio político pleno de irregularidades– para un gobierno democráticamente instituido.

La sentencia previa fue declarada y vociferada desde el día cero por actores policiales, fiscales, políticos y periodísticos: que los campesinos asentados en Marina Kue (que reclamaban esas tierras fiscales para la reforma agraria) emboscaron a la policía durante la operación de allanamiento, e iniciaron la balacera que concluyó en masacre. Dicha versión inverosímil y prefabricada de los hechos fue sistemáticamente desmentida por numerosos testimonios e investigaciones independientes, y claramente fue destruida durante el juicio, por las contradicciones entre testigos y por la falta de elementos de prueba que pudieran sustentarla. Por el contrario, lo que se está viendo ahora de manera nítida, es que posiblemente una parte de los comandos policiales (de las Fuerzas de Operaciones de la Policía Especializada – FOPE) tuvo un activo rol en el inicio y desarrollo de la masacre^[1]. Esto, que debería ser suficiente para absolver y liberar a los campesinos e iniciar una nueva investigación, no fue hasta ahora contemplado porque a los actores fiscales, judiciales y estatales no les ha importado que de verdad se sepa qué pasó en Curuguaty.

Lo que suceda como conclusión del juicio no devolverá la vida a los once campesinos y seis policías muertos en la masacre, ni tendrá por sí solo el efecto de resarcir a los campesinos que han soportado el injusto proceso y una privación de libertad que ya dura cuatro años.  Sin embargo, en cualquier caso será un hito para el futuro del país: la señal que marcaría vía libre para futuras acciones similares signadas por la impunidad, o un avance de gran magnitud en la posibilidad de exigir justicia ante el abuso del poder estatal en Paraguay.

La masacre de Marina Kue, la posterior imputación al azar de más de 60 campesinas y campesinos sin tierras por haber supuestamente tenido responsabilidad sobre los crímenes –eran apenas integrantes de la comisión de sin tierras y aspirantes a beneficiarios en la distribución de las tierras fiscales, objeto de una larga disputa con el Estado por acción de la empresa privada Campos Morombí, y algunos ni siquiera estaban presentes–, la acusación de 14 de los imputados y el actual juicio a 11 de ellos, constituyen un compendio paradigmático sobre cómo ha operado históricamente y sigue actuando el proceso de apropiación del territorio campesino e indígena del Paraguay, mediante la expulsión y el progresivo exterminio de sus habitantes^[2].

Las tierras ancestrales indígenas y las pobladas de manera tradicional por campesinos, han sido ocupadas y explotadas por empresas privadas nacionales, extranjeras y trasnacionales, por vía de procedimientos gestionados, ratificados o al menos tolerados por el Estado paraguayo: la venta de tierras fiscales, como ocurrió luego de la Guerra Guazú, incluyendo a sus habitantes y poblados, quienes pasaron a ser menos ciudadanos libres que población sujeta a regímenes análogos a la esclavitud (como los mensú de los grandes emporios yerbateros); o la apropiación de lo que hoy llamamos “tierras malhabidas” por parte de personajes beneficiados por la larga dictadura stronista. La explotación, la pobreza obligada, el cambio en los modos de producción a favor de la agricultura extensiva y mecanizada, la invasión de agrotóxicos, e incluso la violencia por parte de los terratenientes y del Estado, han ido expulsando a la población indígena y campesina, para configurar progresivamente un Paraguay menos rural, más urbano, donde una proporción relevante del antiguo campesinado se convirtió en habitante de los cinturones de pobreza (por ejemplo, los bañados de Asunción), cuando no en integrante del conjunto de emigrantes obligados por la ausencia de oportunidades en el propio país.

Los campesinos hoy procesados por el caso Curuguaty son parte de quienes han sufrido este despojo progresivo, portadores de una cultura y una lengua discriminadas. Son protagonistas de la última resistencia a un Estado poscolonial, configurado sobre la base del exterminio de los habitantes nativos y de sus herederos más directos: un Estado que además prosigue su existencia como organización funcional a intereses particulares, más que como proyecto colectivo de coexistencia en un territorio bajo premisas netamente democráticas. Y el sistema de justicia que tiene sometido a este grupo de campesinos al injusto proceso penal próximo a concluir, representa de manera cabal al Estado constituido sobre una dominación de larga data, de cuyos efectos no puede librarse, cuyos ejecutores son los funcionarios policiales, fiscales y judiciales, y cuyos beneficiarios son los grandes capitales que se mueven detrás de la explotación de las tierras y de la corrupción estatal.

El proceso judicial al caso Curuguaty desnuda el modus operandi de la gavilla de operadores que se precisa para sostener el rumbo histórico que ha seguido el Paraguay, hoy disfrazado de “nuevo rumbo”. Aquí todo el mundo sabe que en Marina Kue no ocurrió lo que dice la fiscalía. Se conocen las irregularidades del proceso. Se sabe además cómo han tomado parte de diversas maneras personas con cargos (desde los más elevados hasta los menores, con nombres y apellidos concretos) de los tres poderes del Estado (legislativo, ejecutivo y judicial). Los testimonios del juicio han mostrado las mentiras y contradicciones en la versión sostenida por la fiscalía. Pero, pese a saberse todo esto, también se enfrenta al cinismo de un sistema que sigue firme en su farsa, como si realmente estuviera juzgando para encontrar la verdad y para hacer justicia.

La encrucijada de Curuguaty tiene solo un camino coherente con la justicia: el de la absolución de los acusados, su inmediata liberación y un nuevo proceso, esta vez para investigar y juzgar a quienes han cometido los crímenes y fabricado el engaño, impidiéndoles la impunidad. Y la ciudadanía democrática del Paraguay seguirá trabajando arduamente para que esto alguna vez sea la realidad.

Notas:

^[1] Al respecto, ver la exposición realizada por Darío Aguayo, uno de los abogados defensores de los campesinos, en el artículo “Confusión y terror sembrado por agentes de la FOPE”, publicado por E’a el 9 de junio de 2016. Disponible en: http://ea.com.py/v2/blogs/confusion-y-terror-sembrado-por-agentes-de-la-fope/. Última consulta: 9 de junio de 2016.

^[2] Ver Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), Informe Chokokue 1989-2013. El plan sistemático de ejecuciones en la lucha por el territorio campesino, Asunción, Codehupy, 2014. Disponible en: http://www.serpajpy.org.py/wp-content/uploads/2014/08/Informe-Chokokue-1989-2013-versi%C3%B3n-web.pdf. Última consulta: 9 de junio de 2016.

Publicado en E’a el 10 de junio de 2016.

Campaña del Colectivo Absolución Ya

Conmemoración convocada por la Articulación por Curuguaty (AxC)

Campaña Somos Observadores de Curuguaty

Por Clyde Soto y Rocco Carbone //  Se sabe: el juicio acerca de los hechos de Curuguaty (aún en desarrollo) es una aberración del Derecho y del sistema judicial paraguayo. Lo es en tanto esas instituciones –formalizadas en la Corte, los abogados, la Fiscalía, entre otras– no saben ni pueden encontrar una solución satisfactoria para los verdaderamente afectados por el juicio, los campesinos. Los elementos y las “pruebas” que se han acumulado en estos casi cuatro años –todas más que discutibles– han sido repetidamente señaladas como inciertas e improbables, cuando no inexistentes, por las diversas organizaciones que acompañan el caso y por los abogados que se han hecho cargo de la defensa en varios tramos de este proceso infinito. El Estado paraguayo es incapaz de resolver este caso con justicia, en abierto atentado a los derechos humanos no solo de los campesinos imputados, sino también de quienes nos solidarizamos con la causa Curuguaty y con otras causas similares activas en América Latina.

Jalil Rachid: en este contexto, el exfiscal del caso Curuguaty asumió el pasado 20 de enero su nuevo cargo de Viceministro de Seguridad del Ministerio del Interior. Con esa promoción –¡en general se nos promueve cuando hay un buen desempeño frente a las cosas!– abandonó su cuestionado rol como fiscal del caso. Esto ocurría durante el pleno desarrollo del juicio oral y público que se sigue a un conjunto de 11 campesinas y campesinos sobrevivientes de la masacre de Marina Kue, acusados de haber sido responsables de los hechos. Sentarlos al banquillo de acusados es menos una paradoja que una infamia, ya que son las víctimas de esos hechos políticos.

¿Qué sentido tiene la promoción de Rachid? Situemos esta pregunta en el contexto de lo que pasó en Paraguay desde el día de la masacre: golpe parlamentario, destitución presidencial de Lugo, elecciones de 2013, asunción como presidente de la República de Horacio Cartes y retorno del Partido Colorado al poder, luego de una brevísima pausa que duró menos de cuatro años. Aparentemente, se trata de una salida limpia y elegante de Rachid del caso Curuguaty, porque se va con un alto cargo como promoción por su “trabajo bien hecho”. La asignación de ese nuevo cargo es una manera enfatizar que Rachid tiene el pleno apoyo y la confianza del gobierno, que no lo dejará caer en el descrédito. ¿Por qué? Porque el gobierno de Franco, antes, como el de Cartes, después, son deudores de sus labores. Con este nombramiento se está saldando una deuda política con la escasa institucionalidad de la (in)justicia paraguaya, pues el ejercicio sesgado del Derecho por parte del fiscal fue una pieza necesaria en el rompecabezas del operativo retorno e impunidad.

En segundo lugar, se trata de un nombramiento que abona la injusticia del proceso y que confirma la sentencia previa pergeñada desde incluso antes de que ocurriera la masacre. Si Rachid es promovido en vez de ser investigado y sancionado, cabe conjeturar que es altamente probable, cuando no plenamente cierto, que se verificará la culpabilidad campesina que el fiscal ha intentado instalar sin pruebas. Hasta ahora el juicio se ha desarrollado –luego de un largo periodo de sucesivas suspensiones– con los testigos de la acusación –policías, funcionarios judiciales, médicos, peritos– y sin que se haya aportado ninguna prueba o testimonio fehaciente acerca de la culpabilidad campesina. Numerosas perspectivas de los hechos, datos, detalles y suposiciones han desfilado frente al tribunal y a nosotros como observadores, pero ninguno sirve para sostener que los campesinos procesados son los responsables de la matanza, salvo por el mero hecho de haber estado ahí en el momento de la masacre de Marina Kue. Por ser parte del grupo de personas que reivindican esas tierras para la reforma agraria. Como estaba previsto, el juicio marcha según el libreto premeditado que dio origen a la masacre, pero sobre todo a la vuelta del Partido Colorado, encarnado ahora en el gobierno Cartes.

En tercer lugar se trata de consolidar un modelo. No pasó siquiera un mes del nombramiento para que el Paraguay estuviera de nuevo en vilo ante un desalojo de otra ocupación campesina en las mismas tierras de la empresa Campos Morombí. El operativo fue largamente anunciado como una lucha en contra de “campesinos invasores” de la propiedad. El propio Rachid encabezó la incursión, que se llevó a cabo el 10 de febrero de 2016 por un contingente de 1.300 policías, con el anuncio de que esperaban no tener que recurrir a las armas. El desalojo terminó sin víctimas, no por suerte ni por los celos policiales, sino porque ya no había nadie en el lugar. Obviamente, la amenaza había sido enunciada. ¿Cómo quedarse a esperar a que te maten?

Campos Morombí es la empresa (de un poderoso grupo empresarial fundado por el fallecido dirigente colorado y exsenador: Blas N. Riquelme) que se atribuyó la titularidad de las tierras estatales de Marina Kue, que movilizó el desalojo que terminó en masacre en 2012 y que consiguió se le reconozca de manera indirecta la propiedad al lograr la aprobación de una ley de supuesta donación de las tierras al Estado. Marina Kue (de aproximadamente 2.000 hectáreas) es apenas una pequeña proporción de las tierras de Campos Morombí, de unas 30.000 hectáreas en total. Con la ley de falsa donación, en términos materiales la empresa perdía poco pero ganaba en impunidad. Y los símbolos son siempre aleccionadores. Tan aleccionadores que la versión oficial –emitida por el ministro del Interior, Francisco de Vargas, acerca de este operativo– fue que quienes ocupaban la reserva de Campos Morombí eran rollotraficantes, “depredadores, ladrones de madera”, “de una de las reservas naturales más importantes del territorio nacional” (http://www.ultimahora.com/ministro-del-interior-llama-ladrones-madera-y-depredadores-campesinos-morombi-n966200.html). La asociación que se pretende instalar entre campesinos sin tierra, ocupantes, invasores y depredadores no es casual: se intenta poner a todos bajo el mismo rótulo para facilitar las represiones y la criminalización del movimiento campesino.

Pero hay más. Con la promoción de Rachid al Viceministerio de Seguridad se ganó aún más: disponer sin ninguna reserva del aparato estatal y de sus fuerzas represivas para proteger los negocios de tal o cual privado, librándose incluso de las acusaciones de apropiación ilegal de tierras estatales que esgrimen los sectores campesinos pauperizados y sin tierras cuando proceden a ocupaciones que son necesarias para su proyección de la vida. Recuérdese que la ocupación pacífica de tierras ha sido un método largamente usado por el campesinado sin tierra para presionar al Estado paraguayo con el fin de que se reconozca su derecho a la tierra/su derecho a la vida, que se cumplan los mandatos relativos a la reforma agraria e incluso para recuperar tierras malhabidas, apropiadas por poderosos vinculados al régimen dictatorial y a los sucesivos gobiernos colorados del periodo posdictatorial.

El Paraguay sigue sujeto a una trama donde los actores con poder –Rachid, Francisco de Vargas, los camaristas que votaron a favor del juicio político, Franco, Cartes, el Partido Colorado y algunas que otras adyacencias– demuestran un sentido convergente: el dominio autoritario basado en la represión, los abusos y el miedo, lejos de los cánones del buen gobierno, la democracia, la justicia y los derechos humanos.

Artículo publicado en E’a el 15 de febrero de 2016.

Por Clyde Soto y Rocco Carbone // El 21 de diciembre el recientemente electo presidente de Argentina, Mauricio Macri, participó por primera vez en la Cumbre del Mercosur en Asunción del Paraguay, donde se reunieron ocho jefes de Estado de la región. Al Presidente argentino lo vimos sentado a la derecha de Cartes. En una arenga leída no sin inseguridades –y que en muchos pasajes nos recordó las dificultades de Cartes con el teleprompter en Nueva York– enfatizó los pasajes relativos a Venezuela y a cuestiones relativas a los derechos humanos. Habló de la pronta liberación de los presos políticos en Venezuela, un país en el que habría persecuciones políticas por razones ideológicas que redundaron en privación ilegítima de la libertad para pensar distinto. E invitó a los Estados del Mercosur a trabajar para consolidar “una verdadera cultura democrática en la región”. Cómo estar en desacuerdo con estos universales: a menos que se conozcan las inconsistencias entre apelaciones y realidades.

Quien se ocupó de ponerle nombres a las cosas fue la canciller venezolana Delcy Rodríguez. Recordó que el presidente Macri se refería a Leopoldo López, cuya señora esposa –Lilian Tintori– celebró la victoria de Cambiemos en la Argentina, hace poco, en el comando de campaña de Macri. Y pocas horas después, vimos a esa embajadora por los derechos humanos (menos colectivos que personales) sacarse una foto en Paraguay con el expresidente paraguayo golpista: Federico Franco. Ambos salieron sonrientes y haciendo dos L con los dedos, como para indicar ¿Leopoldo libre, quizás?

El presidente Macri habla de derechos humanos en un país donde hace apenas tres años fueron usurpadas las reglas de la democracia y de los derechos humanos, porque así convino a una parte importante de actores estatales, partidarios y ciudadanos. Hechos de los que la primera magistratura del Presidente Cartes es subsidiaria y cómplice, vía su partido: el Partido Colorado. Esa usurpación se basó en la muerte de 17 personas en la masacre de Marina Kue, en la injusticia que reina hoy sobre los campesinos de Curuguaty, sobrevivientes y víctimas de esa masacre, presos e injustamente procesados, y sobre las políticas públicas impopulares de Cartes, resistidas por una huelga general de dos días y alto acatamiento.

A partir de 2012 en Paraguay se ha puesto en marcha una ofensiva en contra de la democratización y una reacción para obturar toda posible ampliación de derechos. Ofensiva que en realidad es el retorno hacia rumbos ya transitados de la mano de un autoritarismo de larga data. Paraguay, entonces, “avanza” hacia políticas neoliberales –que hoy son post-neo-liberales– ordenadas alrededor de un poco luminoso personaje de la política paraguaya, señalado no solo por actos de gobierno presentes, sino también por supuestos vínculos con negocios ilícitos subyacentes a su imagen de empresario exitoso. Entonces, hablar en Paraguay de derechos humanos, de narcotráfico y de cláusula democrática, es cuando menos pernicioso si se habla desde el desconocimiento o el silencio cómplice ante las realidades locales.

Es pernicioso, además, porque pareciera que en la última larga década no hubiera pasado nada en la región en materia de ampliación de derechos, y concretamente en derechos humanos y memoria, verdad y justicia. Y porque precisamente en Argentina es donde ha habido importantes avances al respecto. Es perjudicial hablar de derechos humanos, sentado a la derecha de Cartes y señalando solo a los vecinos más lejanos, cuando el presidente paraguayo intentó nombrar al nieto homónimo de Alfredo Stroessner como embajador del país ante la ONU. Tuvo que bajar la designación por las críticas recibidas desde el propio país y desde todo el mundo. El mismo Macri, hace pocos días, como repitiendo historias, tuvo que declinar el nombramiento de Carlos Manfroni como funcionario del Ministerio de Seguridad por sus posiciones antiderechos y anti rock en tiempos de la dictadura, criticadas duramente por Charly García. Son silencios que van construyendo impunidades mayúsculas.

Cabe recordarlo con énfasis: ninguna restauración conservadora o ningún modelo liberal-conservador cierra sin abrir la posibilidad de reprimir la protesta social. Cartes asumió el 15 de agosto de 2013. El 19 del mismo mes presentó un proyecto que modificaba la ley de defensa, dándose como presidente facultades inconstitucionales para decidir sobre el uso de las fuerzas militares en operaciones de seguridad interna. Una semana después de haber asumido, el nuevo presidente paraguayo tenía aprobada esta ley. En cuanto a la Argentina, no hacen dos semanas que asumió el presidente Macri y en las manifestaciones que hubo desde entonces pudimos apreciar que volvieron a aparecer los carros hidrantes y la policía; por ahora al margen, pero a metros de los manifestantes. Se trata de una forma de amedrentar sencilla y eficaz, por las memorias cicatriciales que portan esos ademanes. Y como garante está la ministra Patricia Bullrich, quien entre sus galones cuenta con vínculos estrechos con varias centrales de inteligencia estadounidenses. La ministra se reunió con los ministros de seguridad de todo el país y, por unanimidad, avalaron la emergencia de seguridad a nivel nacional. Para luchar en contra del “narcotráfico y delitos complejos”, pero abarcando también áreas que tienen que ver con “lo social, lo educativo y la Justicia”. En definitiva, “matices” autoritarios propios del liberalismo del siglo XX.

Para defender auténticamente los derechos humanos y apelar a una verdadera cultura democrática en la región, el Presidente argentino debería haber empezado por pedir la pronta liberación en Paraguay de los presos políticos de Curuguaty. Los dobles discursos, como el doble estándar, nunca faltan.

Artículo publicado el 23 de diciembre de 2015 en Página 12 con el título de “El doble discurso con los derechos humanos” y en E’a el 24 diciembre de 2015.

Clyde Soto
Observadora de Curuguaty

 

La mentira Morombí se tiñe de verde para ocultar el rojo de la sangre derramada en Marina Kue.

La empresa privada Campos Morombí está haciendo circular un video engañoso mediante el que criminaliza a los campesinos sin tierra. Bajo el ropaje del conservacionismo ambiental, expone la alarmante deforestación que sufre el Paraguay para luego responsabilizar de la misma a los sin tierra. A continuación, la transcripción textual de una parte del audio del video:

“Esta deforestación es llevada a cabo por un grupo de personas que bajo el título de ‘campesinos sin tierra’ se dedican a la tala indiscriminada para el rollo-tráfico, a la quema de bosques vírgenes para producción de carbón y al desmonte para el cultivo de hierbas prohibidas. Nada ni nadie los detiene y en su destrucción criminal violan todo tipo de leyes. No valoran ni respetan la naturaleza, no les importa su propio futuro ni el de sus familias, ni mucho menos el de nuestro medio ambiente. En manos de estos criminales la destrucción de bosques no se detendrá y la Reserva Natural Morombí podría llegar en muy poco tiempo a desaparecer para siempre bajo cenizas de carbón y drogas”¹.

Mientras propagan estas mentiras, se intenta acallar lo siguiente:

1. Campos Morombí es la empresa privada que tiene una larga disputa con el Estado paraguayo por las tierras conocidas como Marina Kue, de unas 2.000 hectáreas. En el marco de esa disputa, propició el allanamiento que dio lugar a la llamada Masacre de Curuguaty, en junio de 2012, y al posterior golpe parlamentario².

2. En la masacre fueron asesinados 11 campesinos y 6 policías. Varios campesinos y campesinas soportan hasta hoy una persecución penal injusta, basada en un libreto prefabricado que los presenta como atacantes y en una sentencia previa, instalada como versión oficial desde el momento de la masacre³. El juicio oral para 12 de ellos se está realizando, aunque fue reiteradamente suspendido por las irregularidades del sistema judicial.

3. Los campesinos ocupaban las tierras de Marina Kue en demanda de su devolución para fines de la reforma agraria, como fue determinado antes de la apropiación privada.

4. Campos Morombí dividió sus tierras, de aproximadamente 30.000 hectáreas, en un establecimiento agroganadero y en la Reserva Natural Morombí, como consta en la página web de la empresa:

“La propiedad conocida como ‘Campos Morombí’ está conformada por la Estancia Golondrina, donde se realizan actividades agrícolas y ganaderas, y por la Reserva Natural Morombí, destinada a la conservación de la naturaleza”.

“La Reserva Natural Morombí es una iniciativa privada de la empresa Campos Morombí S.A.C.A., empresa del Grupo Riquelme. Como parte de su estrategia de uso sostenible y conservación de los recursos naturales, y de su responsabilidad social empresarial, la empresa gestionó la declaración oficial como área silvestre protegida de una amplia extensión de bosques de su propiedad”⁴.

5. Es conocida la estrategia de declarar parte de los latifundios como reservas naturales, a fin de eludir la ley y el control estatal y social, y como forma de apropiación del territorio campesino e indígena⁵.

6. La deforestación del Paraguay está causada principalmente por la actividad agrícola extensiva, intensiva y expansiva, principalmente la soja. Esto, a su vez, genera la expulsión del campesinado pobre, por mecanismos de apropiación de la tierra, a veces revestidos de legalidad, por las fumigaciones con agrotóxicos, por falta de apoyo estatal a los pequeños agricultores, e incluso por la violencia ejercida por parte de los latifundistas y por los responsables de cultivos y tráficos ilícitos.

7. Desconociendo el litigio aún vigente sobre Marina Kue, actualmente la empresa Campos Morombí propicia una ley por la cual pretende “donar” al Estado paraguayo la propiedad de esas tierras (Finca Nº 30), con la finalidad de que sea parte de la reserva natural. Si el Estado paraguayo aceptara esto, estaría reconociendo la supuesta propiedad privada de esas tierras, y eliminando la posibilidad de pedir cuentas a los responsables de la usurpación y de la masacre. Esta empresa no puede donar lo que no le pertenece. Es un intento de punto final al litigio. La ley ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y aún tiene pendiente su tratamiento en la Cámara de Senadores. Sólo una decidida oposición ciudadana podrá frenar esto⁶.

En síntesis, estamos ante el escenario final de la impunidad en torno al caso Marina Kue: apropiación de las tierras, expulsión campesina, masacre y criminalización del campesinado. Y ante un proyecto político que sostiene estas mentiras.

El videíto de la empresa privada Campos Morombí es la propaganda montada para que el plan macabro obtenga apoyo ciudadano. La mentira Morombí se tiñe de verde para ocultar el rojo de la sangre derramada en Marina Kue.

Notas:

¹ Video Reserva Natural Morombí

² Una revisión rápida sobre la situación de las tierras mencionadas puede verse en el video del Servicio Paz y Justicia (Serpaj) Paraguay: La historia de las tierras de Marina Cue en 6 minutos

³ Al respecto ver los informes de la Plataforma de Estudio e Investigación de Conflictos Campesinos (PEICC), Informe Masacre de Curuguaty, Asunción: PEICC, 2012, y de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), Informe de derechos humanos sobre el caso Marina Kue, Asunción, Codehupy, 2012. Ver también Rocco Carbone y Clyde Soto (ed.), Curuguaty: pueblo mba’e, Asunción, Arandurã, 2014.

⁴ Página web de la Reserva Natural Morombí.

⁵ Ver al respecto la investigación de Mirta Barreto, La lucha por la tierra frente a las corporaciones y el mercado, Asunción, Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL) y Centro de Servicios y Estudios Rurales (CSER), 2013.

⁶ El proyecto de ley actualmente está en estudio de comisiones en la Cámara de Senadores. Ver el texto del proyecto y su estado de tramitación en el Sistema de Información Legislativa (Silpy), Proyecto de ley propiciado por Campos Morombí.

por Clyde Soto y Rocco Carbone

Hace falta observar detenidamente el proceso judicial al caso Curuguaty para entender lo que está pasando. El caso Curuguaty condensa la historia política del Paraguay, su coloniaje, su modelo económico dependiente y concentrador de las riquezas, su política corrupta, su matriz autoritaria. Es un caso que habla con detalles sobre el principal problema del país, el de las tierras concentradas y malhabidas, a costa de la expulsión del campesinado dedicado a la agricultura a escala humana (no la sojera y agroexportadora). Y su proceso judicial, el que está siendo desarrollado, dice todo sobre cómo funciona el sistema de (in)justicia en Paraguay.

Primero: dice sobre el uso del sistema penal de manera perversa, para perseguir a quienes molestan, sin que importen en absoluto culpabilidades o inocencias. El proceso al caso Curuguaty fue armado porque así convenía a quienes idearon la masacre de Marina Kue y su desenlace político. Necesitaban culpables, y los campesinos y campesinas presentes en el lugar de la masacre (o apenas con nombres borrosos en una lista anotada a lápiz en un cuaderno que se cayó al agua y se perdió, por lo que ya ni siquiera existe como supuesta prueba) eran las víctimas propicias. Esto que pasa con ellos, es un patrón de actuación estatal en Paraguay que funciona siempre de la misma manera: a quien molesta –o si conviene a alguien con poder– se le manda a proceso penal para taparle la boca. Y el sistema de (in)justicia no hace nada para evitarlo. No hace nada porque es cómplice y operador; porque ideológica/sicológicamente responde a una articulación social en la que el campesinado está situado fuera de los márgenes ciudadanos: si te despojo o te niego tu ciudadanía o tu humanidad, puedo hacerte lo que quiero; sobre todo si soy el poder. Lo mismo pasa con el mundo indígena: basta ver el degrado del Instituto Paraguayo del Indígena para entender esto que señalamos. Entonces: la matriz del sistema judicial paraguayo es un sistema de injusticia, pues la justicia vale sólo para algunos. Ahí está una marca nítida del autoritarismo de “antaño”. En Paraguay el poder del Estado aún no se ha democratizado. No hay políticas públicas centradas en los derechos sino en los privilegios. El Estado –sobre todo, pero no solamente, cuando es operado por gobiernos colorados– no es una máquina para servir sino una máquina para matar: real o simbólicamente.

Segundo: este proceso muestra cómo el sistema judicial está preso de un conjunto de actores que van cambiando de roles para asegurar la impunidad y la injusticia, en vinculación con intereses políticos. Y aquí recordemos a Jalil Rachid, fiscal de la causa, hijo de uno de los máximos dirigentes del Partido Colorado y con cercanía a otro líder del mismo partido, Blas N. Riquelme, ya fallecido, dueño de la empresa Campos Morombí –la que usurpa y pretende quedarse con las tierras de Marina Kue, donde ocurrió la masacre que da origen al caso Curuguaty–. Nunca se aceptó su recusación como responsable de investigar la masacre de Marina Kue. Y también recordemos a José Dolores Benítez, el primer juez de garantías que debía decidir si mandaba o no a juicio a lxs campesinxs, quien fue apartado de la causa debido a que ya antes tomó parte en el proceso que permitió la usurpación de Marina Kue. Es decir, fue uno de los que tejió el ropaje legal para que Campos Morombí se apropie indebidamente de las tierras donde ocurrió la masacre. Para terminar su obra, entró luego al ruedo como juez de garantías, y fue suplantado por Janine Ríos, jueza que simplemente se dedicó a concluir el trabajo iniciado por (José) Dolores: en octubre de 2013 envió la causa en contra de los campesinos a juicio oral y público.

Como piezas de ajedrez, entran al campo de juego diferentes actores con cargos judiciales que aseguran la injusticia. El tribunal que juzga el caso Curuguaty está constituido por Ramón Trinidad Zelaya, Samuel Silvero y Benito Ramón González. Vaya casualidad: dos de ellos, junto con Arminda Alfonso, quien es suplente para el juicio actual, integraron el tribunal que en 2014 condenó a Rubén Villalba a siete años de prisión, en otro proceso injusto y arbitrario, cuyo objetivo fue dejar a Villalba en Tacumbú, como sigue hasta ahora mientras se le juzga por el caso Curuguaty. Cuatro de sus compañeros obtuvieron arresto domiciliario luego de una huelga de hambre de dos meses, pero a Rubén lo llevaron de vuelta a Tacumbú y le resucitaron una causa dormida, llevada de manera exprés por los jueces mencionados. En fin: lo exprés en Paraguay para ciertos acontecimientos es una constante: golpe exprés, causa exprés. Pero: Curuguaty no exprés.

Hay más: una de las juezas que constituyó el tribunal de apelación que denegó la primera recusación al tribunal de Curuguaty (interpuesta por el abogado Víctor Azuaga) fue Silvia Cuevas Ovelar, también recusada –recusación también denegada– por haber sido parte de la orden de arrasamiento de la comunidad indígena Y’apo, en mayo de 2014, para favorecer a otra empresa privada (Laguna S.A.) que se apropió del territorio ancestral del pueblo Ava Guaraní. ¿No es por lo menos sospechoso que jueguen los mismos actores en el despojo de las tierras y en la criminalización y expulsión de campesinos e indígenas de sus tierras? Es sospechoso: sí. Y por eso hay un patrón. Subjetividades que funcionan sistemáticamente frente a escenarios parecidos y que tienen libretos confeccionados que en realidad son manuales de operaciones.

Y más: una nueva recusación al tribunal, esta vez del abogado Pablo Aguayo, fue rechazada con velocidad exprés, apenas en horas, por un tribunal de apelación constituido en tiempo récord e integrado por Carlos Domínguez, Guillermo Zillich y María Belén Agüero. Pues bien, el juez Guillermo Zillich ya había actuado en la causa al caso Curuguaty desde el mismo 15 de junio de 2012, día de la matanza, como agente fiscal coadyuvante de la entonces fiscala Ninfa Aguilar. Ésta fue responsable de la orden de allanamiento que dio origen a la masacre de Marina Kue y, además, la primera fiscala encargada de la investigación, luego apartada de la causa y remplazada por Jalil Rachid. Zillich, obviamente, niega que el haber sido antes acusador le inhabilite hoy como juez (ver hoy: http://www.ultimahora.com/zillich-alega-que-no-tiene-causales-inhibicion-n928264.html).

Es un vaivén: aparecen las mismas piezas, pero no siempre las reconocemos, porque cambian de posición. Se borran como peones y al rato vuelven como alfiles. Pero siempre apuntan a lo mismo: a favor de quienes usurpan tierras y en contra de las personas pobres sometidas de manera arbitraria a procesos penales. Apuntan hacia la injusticia. Lo que decíamos antes: ideológica/sicológicamente responden a una articulación social en la que el campesinado está situado fuera de los márgenes ciudadanos.

Tercero: el proceso al caso Curuguaty muestra al sistema de (in)justicia como una herramienta de dominación cultural y política, heredera del coloniaje del que es fruto el Paraguay. Por eso el juicio es en castellano, por eso no se cumple la ley de procedimientos penales asignando un intérprete. Por eso el juez Ramón Trinidad Zelaya, presidente del Tribunal, minimizó el problema que representa para campesinos paraguayos ser juzgados en castellano y pretendió que continúe el juicio por no considerar grave la falta procesal. Por eso dos de los medios de comunicación empresariales (ABC y Última Hora) calificaron de simple “chicana” la solicitud de que se cumpla la disposición del propio juez –a solicitud de la defensa– sobre la inclusión de intérpretes en el juicio. Que el juicio se realice en guaraní es un derecho fundamental básico: expresa el derecho a entender de qué se te acusa y a defenderte de esas acusaciones. De todos modos, aunque el juicio se realizara el guaraní no garantizaría de por sí otra cosa, totalmente central: que el Derecho, dentro de sí mismo, tiene cifrada una posición de clase e ideológica de esos mismos sectores –o sus herederos por asimilación y aculturación– que vienen perjudicando al campesinado paraguayo, desde antes de la propia constitución del Paraguay como país independiente. Que son los mismos sectores que se atribuyen el derecho a decodificar el Derecho –porque finalmente lo escribieron–, que es interpretarlo.

El proceso judicial al caso Curuguaty se suspende reiteradamente –siete veces hasta la fecha– porque hay gente –campesina, ciudadana– que resiste ante la emboscada de la injusticia: que no se resigna a ser condenada desde la lógica de la arbitrariedad.

por Clyde Soto – Rocco Carbone
Militantes. Resistentes.

Curuguaty, en Paraguay, es la tierra del curuguá –una fruta de sabor penetrante–, pero en la historia política reciente de América Latina es el territorio donde en 2012 ocurrió una masacre de campesinos y policías, que dio pie al golpe de Estado a un gobierno progresista que había roto una larga hegemonía autoritaria. Desde entonces, hay 13 personas, todas campesinas, imputadas de manera harto arbitraria, a la espera de un juicio que reúne todas las condiciones básicas de la injusticia, que desde hace tres años guardan arresto: este es el escenario y el primer pantallazo.

El sábado 27 de junio pasado, justo un mes antes de que se inicie el juicio al caso Curuguaty –suspendido por tercera vez, por obra de un sistema que sabe administrar injusticia– un grupo de campesinas y campesinos de la zona ingresó nuevamente a Marina Kue, al lugar donde sucedió la masacre del 15 de junio de 2012. Reocuparon las tierras. Esas tierras cuya disputa está en el origen de la masacre y en el foco de la crisis que desembocó en el golpe parlamentario.

Élida Benítez de Castro es la vocera de la reocupación. Es madre de Adolfo (muerto en la masacre) y de Néstor y Adalberto, ambos privados de libertad desde hace tres años y dos de quienes enfrentarán juicio oral y público desde el 27 de julio, bajo la acusación de haber tenido responsabilidad en la muerte de los policías. “Entramos para exigir las tierras por las que tanto han luchado nuestros hijos hasta costarles la vida; por eso estamos aquí y permaneceremos hasta que nos hagan caso”, dijo Élida a la prensa el día de la ocupación. Su esposo, Adolfo Castro –una figura indeclinable de esta lucha: enjuto, empedernido, de ademanes adustos, duro– , tiene una prohibición judicial de cruzar la ruta y acercarse siquiera a Marina Kue desde que en 2014, junto con otros campesinos, realizó una ocupación simbólica de una parcela de esas tierras. Entonces, plantaron maíz, porotos, frutas: elementos de lucha peligrosos. Estas dos personas son todo un símbolo de lo que significa ocupar, reocupar y preocuparse por las tierras de Marina Kue. Símbolos de quiénes las ocupan, por qué las ocupan y por eso mismo por qué se les persigue, procesa y mata por ocupar.

Paraguay es un país expropiado de sí mismo: un Estado-nación surgido –hace poco más de 200 años– de un proyecto colonial de largo alcance, donde los pueblos indígenas y el campesinado representan el último orejón de un sistema de vida que ha sido progresivamente destruido: por el exterminio, por la absorción cultural, por la expulsión y desplazamiento, por las tierras malhabidas, por la soja, por los brasiguayos. El campesinado pobre del Paraguay –el que aun resiste– habita tierras donde, en general, no se cuenta con las legalidades formales exigidas por el Estado: sin títulos, sucesivamente pertenecientes al Estado, a empresas extranjeras, a corruptos que se las apropiaron durante la dictadura de Stroessner, a la milicia, a una reforma agraria farsada por poderosos, como es el caso de Marina Kue. El campesinado es un colectivo resistente: heredero de un modo de vivir y producir disfuncional con respecto al capitalismo depredador, que en varias latitudes de América Latina se verifica bajo forma de soja. Colectivo portador, además, de una resistencia (que es victoria) cultural y simbólica: hablan guaraní, la lengua nativa que no pudo ser destruida y que aún sigue hablando a las mayorías paraguayas.

El campesinado paraguayo que lucha por la tierra ocupa parcelas porque es la única manera de lograr que el Estado responda: a veces tienen éxito y se inicia un proceso de reconocimiento y legalización de los asentamientos. Otras veces (las más) no lo tienen. El poder de los terratenientes amparados por el Estado es mayor, y entonces les persiguen, apresan, imputan, procesan o matan. Siempre: se los despoja de su peso ontológico. Son campesinas y campesinos despojados de la tierra, que es lo mismo que decir: sin ser. Por eso ocurrió la masacre de Marina Kue. Porque esos poderes querían recuperar el Estado para sí, para seguir actuando en el sentido de la apropiación y de la impunidad.

De esto deriva la sentencia: ocupar y reocupar las tierras para el campesinado es habitar de manera persistente un territorio indeclinable: El de la dignidad.

Unite a la campaña “Somos Observadores de Curuguaty”: http://www.somosobservadores.org/

Imagen de la campaña “Somos Observadores de Curuguaty”

Clyde Soto y Rocco Carbone // Mientras las redes sociales se sacudían con las noticias referidas al Cerro León y los periódicos se saturaban con las cuentas secretas de Horacio Cartes en Suiza, la Larga Marcha campesina llegaba a Asunción el 10 de febrero, concluyendo su potente desfile de seis días, formulando sueños y vientos de cambio en el Paraguay. Gran marcha, enorme discursividad plebeya que traza una escritura, acompañada del peso de cuerpos portadores de una frase política poderosa: “Paraguay se pone de pie por una Patria nueva”. Patria –nos los enseñó Podemos desde España, recuperando la experiencia griega de Syriza; aventuras, ambas, que aprendieron mucho de la América Latina del siglo XXI–: “esa comunidad que asegura que se protege a todos los ciudadanos, que nos permite soñar un país mejor, creyendo seriamente en nuestros sueños” (Pablo Iglesias, dirigente de Podemos, discurso en Madrid, 31/01/2015).

Cuerpos a borbotones fueron saliendo desde diversos puntos del país para unirse a las dos columnas organizadas por el Partido Paraguay Pyahurã, agrupación política de izquierda, de mayoría campesina, surgida como movimiento en 1996 y constituida como partido en 2012. La demanda fue y es que renuncien Cartes y su gabinete y se instale en el país un gobierno patriótico y democrático, porque el actual gobierno paraguayo representa la apropiación del país para la minoría de siempre, beneficiada con privilegios ganados y sostenidos sobre la masacre de derechos de las grandes mayorías paraguayas/latinoamericanas. Las mismas mayorías relegadas por la configuración de los Estados nación y aun antes, desde la Conquista y la colonización de estos territorios. La proclama de la Larga Marcha explica como razones de tal demanda al conjunto de cuestiones que sacuden al país desde antaño y se profundizan desde el golpe de 2012 y el posterior regreso del coloradismo al poder en 2013 (remozado con su proyecto de reestructuración capitalista): la modificación de la ley de defensa, la privatización encubierta por la Ley de alianza público-privada, la desigual política fiscal, la persecución a los pobres, a sus dirigentes y organizaciones, la narcopolítica, la incapacidad de los partidos tradicionales de enfrentar estos flagelos.

El Cerro León está ubicado en el norte del Chaco, en el área protegida del Parque Nacional Defensores del Chaco, y forma parte del territorio ancestral del pueblo Ayoreo. En esa región habitan los últimos núcleos de ayoreos en aislamiento voluntario, sin contacto con la sociedad circundante pero permanentemente amenazados por su avance. El Cerro León está en la mira de la voluntad de exploración y posterior explotación manifestada por el gobierno nacional. Quieren hacer de él una cantera para sacar piedras y realizar caminos en el Chaco paraguayo. Un juez dio curso a un amparo que prohíbe tales acciones, pero un tribunal de apelación aceptó la apelación de la propia Secretaría del Ambiente, eliminando el eventual obstáculo judicial a la pretensión de avanzar sobre el Cerro.

El caso Cerro León es la expresión del patrón de actuaciones gubernamentales, vía alianza nefasta de los tres poderes estatales, para instalar un modelo económico basado en la ideología desarrollista, que propicia la sobreexplotación de la naturaleza sin contemplaciones ni del equilibrio ambiental ni de los derechos de las personas, donde la ley es el retorno y beneficio privado de los inversores. Las palabras del ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (Ramón Jiménez Gaona) fueron nítidas: “hoy no sabemos si tenemos piedras que sirvan para alguna cosa que no sea simplemente estar ahí” (ABC, 10/02/2015). Desde esta visión, el Cerro León “no sirve” porque simplemente “está ahí” sin que se lo explote. El pueblo Ayoreo, habitante ancestral de ese territorio, no existe como preocupación gubernamental, pueblo integrado por subjetividades y no piedras.

Entretanto, el caso Curuguaty sigue su complejo camino hacia la impunidad con el juicio-farsa a Rubén Villalba, iniciado el 11 de febrero en Salto del Guairá. Se trata de uno de los campesinos injustamente acusados en la causa de la masacre de Marina Kue (que dio pie al golpe de 2012). Lo procesan por otro caso ya extinto: el conflicto de Pindó (2008), cuando pobladores de la comunidad resistieron a que una comitiva fiscal habilitara la fumigación sojera cerca del tanque de agua y en las inmediaciones de la escuela básica de la zona. La causa estuvo suspendida por siete años hasta que al sistema le convino resucitarla para sostener la prisión ilegal de Rubén; que lleva 28 meses, incluidas dos huelgas de hambre de 60 días cada una.

¿Qué representan estas cuestiones en la vida política y simbólica del Paraguay? Rubén Villalba: la resistencia ante la injusticia operada desde el sistema judicial. El Cerro León: la angurria capitalista, el olvido indígena por parte del Estado y una ciudadanía que podría hacer de la indignación un acto político. La Larga Marcha campesina: una gran expresión de que, pese a todo, el Paraguay se mueve, resiste y también se piensa desde otras perspectivas que provienen de los sectores arrasados por el mismo modelo depredador que pretende hacerse con el Cerro León.