Espinas y algo más

por Clyde Soto // Entre el 15 y el 19 de junio de 2016, el Paraguay lució sus verdaderas caras. Como pocas veces, en una sola semana el país exhibió varias de sus facetas frecuentemente escondidas bajo las máscaras de un “como si” se tratara de un país democrático.

Una de estas máscaras es la de la institucionalidad estatal, desvirtuada mediante usos discrecionales, corruptos e ilegales. El 15 de junio, la Fiscalía finalizó su alegato final en contra de los 11 campesinas y campesinos procesados por la masacre de Marina Kue, ocurrida hacía exactamente cuatro años (2012), solicitando penas de prisión de hasta 40 años, en un ademán exagerado de burla hacia la justicia. El caso Curuguaty expone la ficción que esconde la supuesta institucionalidad estatal democrática de tres poderes equilibrados e independientes que gobiernan al país apegados a la ley, la exhibe como apenas una mascarada para preservar los privilegios de la clase dominante. De este caso se sirvieron operadores de las tinieblas para devolver el Poder Ejecutivo a los beneficiarios de la dominación, usando a las fuerzas públicas –que ya no respondían al entonces aún gobierno de Fernando Lugo– para la vil masacre. El Poder Legislativo fue utilizado para instigar a la orden de allanamiento y luego para ejecutar el golpe parlamentario. El Poder Judicial desató el proceso penal que, acusando a los campesinos de ser responsables de la masacre, con un libreto prefabricado, hoy amenaza concluir dejando instalados los más nefastos precedentes para cualquier país que se precie de democrático: sin debido proceso, sin investigación real, sin argumentos, sin pruebas, el sistema de justicia paraguayo se encamina hacia la condena de personas que son inocentes en tanto no se demuestre la culpa, por conveniencia de los poderosos que se beneficiaron de la masacre. El caso Curuguaty nos muestra a los tres poderes estatales coaligados, cual asociación criminal, para concretar y concluir un plan macabro de apropiación del poder e injusticia.

Otra máscara es la de la legalidad, que en realidad oculta a un país gravemente afectado por los negocios ilícitos, desde hace mucho tiempo: demasiado. La guerra narco desatada en Pedro Juan Caballero (capital departamental del Amambay), con la espectacularidad de un atentado con ametralladora antiaérea y la seguidilla de balaceras en las calles, entre el 15 y el 19 de junio, apenas debería servirnos para recordar que ya bajo la dictadura de Stroessner y en los años setenta del siglo XX, con la participación de capitostes del régimen, el Paraguay caía de lleno bajo las garras del crimen organizado para el lucrativo negocio del narcotráfico. Es decir, esto no es nuevo para nadie, o no debería serlo apenas con hacer un simple ejercicio de memoria, un repaso por varios de los crímenes más sonados del historial local (ejemplo: Ramón Rosa Rodríguez) o una mirada a personajes encumbrados por varios de los gobiernos pos-dictatoriales del Paraguay: desde el primero hasta el último aún vigente. ¿Acaso alguien pensaba que se podía dar tanto poder a las mafias y tener un país donde podamos convivir en paz?

Y otra máscara más: la de los derechos humanos. El Paraguay es un país que hasta se jacta de pertenecer al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pero actúa según patrones consolidados de terrorismo de Estado; es decir, del uso sistemático de medios ilegales y violentos para controlar y reprimir a la población, infundiendo miedo y terror. Esto tampoco es nuevo: es lo que viene haciendo la Fuerza de Tareas Conjuntas (FTC) en el norte del país, bajo la excusa del combate al terrorismo, y lo que muestra la actuación de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) con el pretexto de perseguir al narcotráfico. Estas instituciones son apenas una fachada para las actuaciones terroristas del propio Estado. Lo hemos podido constatar el sábado 18 de junio, cuando agentes de la Senad en camionetas sin chapa persiguieron y acribillaron a toda una familia, matando a una niña de apenas tres años en el regazo de su propia abuela y dejando malherido a un joven de 30 años. Podría calificarse al dramático suceso como un error si el operativo hubiese estado apegado a la ley y si no fuera una repetición de otras muchas actuaciones gravísimas e impunes, con ejecución de ciudadanos. Hay datos sobre todos estos casos, para quien quiera investigar apenas con una simple búsqueda en Internet. Lo cierto es que un Estado que organiza escuadrones paramilitares (pues la Senad no es una fuerza pública constitucional, por lo que no debería tener agentes armados que operan directamente para capturar supuestos  criminales) y que permite que sus fuerzas armadas y policiales actúen discrecionalmente y sin un estricto apego a los límites que les establece la ley, es un Estado terrorista, que usa la ilegalidad, el miedo y el terror para controlar a sus ciudadanos.

Si entendemos como país democrático a aquel que, además de gobernarse bajo la voluntad libremente expresada de la mayoría, lo hace bajo reglas institucionales claras, igualitarias y respetadas por la ciudadanía, y orienta su quehacer y sus políticas hacia el bienestar individual y colectivo de quienes habitan su territorio, el Paraguay actual niega a la democracia. Se trata de un país que, por el contrario de las premisas democráticas, incumple su propia normativa por actuación de sus autoridades, tolera la ilegalidad y actúa bajo patrones que sistemáticamente violan los derechos humanos de la población.

La ciudadanía democrática debe despojar al Paraguay de sus máscaras, para mirar de frente a sus caras reales y para construir un país democrático de verdad.

Publicado en E’a el 22 de junio de 2016.

por Clyde Soto // El juicio por el caso Curuguaty ingresa a su etapa final y el sistema de justicia paraguayo enfrenta una encrucijada de fuego: todavía puede intentar revertir los gravísimos vicios que han dañado al proceso judicial o puede ratificar la sentencia previa que ha estado sobrevolando al caso desde la misma masacre de Marina Kue, ocurrida el 15 de junio de 2012. Esta sentencia posiblemente ha sido dictada incluso antes del suceso, por quienes lo planificaron y, además, previeron y prepararon sus consecuencias políticas: un golpe destituyente –presentado bajo la forma de un juicio político pleno de irregularidades– para un gobierno democráticamente instituido.

La sentencia previa fue declarada y vociferada desde el día cero por actores policiales, fiscales, políticos y periodísticos: que los campesinos asentados en Marina Kue (que reclamaban esas tierras fiscales para la reforma agraria) emboscaron a la policía durante la operación de allanamiento, e iniciaron la balacera que concluyó en masacre. Dicha versión inverosímil y prefabricada de los hechos fue sistemáticamente desmentida por numerosos testimonios e investigaciones independientes, y claramente fue destruida durante el juicio, por las contradicciones entre testigos y por la falta de elementos de prueba que pudieran sustentarla. Por el contrario, lo que se está viendo ahora de manera nítida, es que posiblemente una parte de los comandos policiales (de las Fuerzas de Operaciones de la Policía Especializada – FOPE) tuvo un activo rol en el inicio y desarrollo de la masacre^[1]. Esto, que debería ser suficiente para absolver y liberar a los campesinos e iniciar una nueva investigación, no fue hasta ahora contemplado porque a los actores fiscales, judiciales y estatales no les ha importado que de verdad se sepa qué pasó en Curuguaty.

Lo que suceda como conclusión del juicio no devolverá la vida a los once campesinos y seis policías muertos en la masacre, ni tendrá por sí solo el efecto de resarcir a los campesinos que han soportado el injusto proceso y una privación de libertad que ya dura cuatro años.  Sin embargo, en cualquier caso será un hito para el futuro del país: la señal que marcaría vía libre para futuras acciones similares signadas por la impunidad, o un avance de gran magnitud en la posibilidad de exigir justicia ante el abuso del poder estatal en Paraguay.

La masacre de Marina Kue, la posterior imputación al azar de más de 60 campesinas y campesinos sin tierras por haber supuestamente tenido responsabilidad sobre los crímenes –eran apenas integrantes de la comisión de sin tierras y aspirantes a beneficiarios en la distribución de las tierras fiscales, objeto de una larga disputa con el Estado por acción de la empresa privada Campos Morombí, y algunos ni siquiera estaban presentes–, la acusación de 14 de los imputados y el actual juicio a 11 de ellos, constituyen un compendio paradigmático sobre cómo ha operado históricamente y sigue actuando el proceso de apropiación del territorio campesino e indígena del Paraguay, mediante la expulsión y el progresivo exterminio de sus habitantes^[2].

Las tierras ancestrales indígenas y las pobladas de manera tradicional por campesinos, han sido ocupadas y explotadas por empresas privadas nacionales, extranjeras y trasnacionales, por vía de procedimientos gestionados, ratificados o al menos tolerados por el Estado paraguayo: la venta de tierras fiscales, como ocurrió luego de la Guerra Guazú, incluyendo a sus habitantes y poblados, quienes pasaron a ser menos ciudadanos libres que población sujeta a regímenes análogos a la esclavitud (como los mensú de los grandes emporios yerbateros); o la apropiación de lo que hoy llamamos “tierras malhabidas” por parte de personajes beneficiados por la larga dictadura stronista. La explotación, la pobreza obligada, el cambio en los modos de producción a favor de la agricultura extensiva y mecanizada, la invasión de agrotóxicos, e incluso la violencia por parte de los terratenientes y del Estado, han ido expulsando a la población indígena y campesina, para configurar progresivamente un Paraguay menos rural, más urbano, donde una proporción relevante del antiguo campesinado se convirtió en habitante de los cinturones de pobreza (por ejemplo, los bañados de Asunción), cuando no en integrante del conjunto de emigrantes obligados por la ausencia de oportunidades en el propio país.

Los campesinos hoy procesados por el caso Curuguaty son parte de quienes han sufrido este despojo progresivo, portadores de una cultura y una lengua discriminadas. Son protagonistas de la última resistencia a un Estado poscolonial, configurado sobre la base del exterminio de los habitantes nativos y de sus herederos más directos: un Estado que además prosigue su existencia como organización funcional a intereses particulares, más que como proyecto colectivo de coexistencia en un territorio bajo premisas netamente democráticas. Y el sistema de justicia que tiene sometido a este grupo de campesinos al injusto proceso penal próximo a concluir, representa de manera cabal al Estado constituido sobre una dominación de larga data, de cuyos efectos no puede librarse, cuyos ejecutores son los funcionarios policiales, fiscales y judiciales, y cuyos beneficiarios son los grandes capitales que se mueven detrás de la explotación de las tierras y de la corrupción estatal.

El proceso judicial al caso Curuguaty desnuda el modus operandi de la gavilla de operadores que se precisa para sostener el rumbo histórico que ha seguido el Paraguay, hoy disfrazado de “nuevo rumbo”. Aquí todo el mundo sabe que en Marina Kue no ocurrió lo que dice la fiscalía. Se conocen las irregularidades del proceso. Se sabe además cómo han tomado parte de diversas maneras personas con cargos (desde los más elevados hasta los menores, con nombres y apellidos concretos) de los tres poderes del Estado (legislativo, ejecutivo y judicial). Los testimonios del juicio han mostrado las mentiras y contradicciones en la versión sostenida por la fiscalía. Pero, pese a saberse todo esto, también se enfrenta al cinismo de un sistema que sigue firme en su farsa, como si realmente estuviera juzgando para encontrar la verdad y para hacer justicia.

La encrucijada de Curuguaty tiene solo un camino coherente con la justicia: el de la absolución de los acusados, su inmediata liberación y un nuevo proceso, esta vez para investigar y juzgar a quienes han cometido los crímenes y fabricado el engaño, impidiéndoles la impunidad. Y la ciudadanía democrática del Paraguay seguirá trabajando arduamente para que esto alguna vez sea la realidad.

Notas:

^[1] Al respecto, ver la exposición realizada por Darío Aguayo, uno de los abogados defensores de los campesinos, en el artículo “Confusión y terror sembrado por agentes de la FOPE”, publicado por E’a el 9 de junio de 2016. Disponible en: http://ea.com.py/v2/blogs/confusion-y-terror-sembrado-por-agentes-de-la-fope/. Última consulta: 9 de junio de 2016.

^[2] Ver Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), Informe Chokokue 1989-2013. El plan sistemático de ejecuciones en la lucha por el territorio campesino, Asunción, Codehupy, 2014. Disponible en: http://www.serpajpy.org.py/wp-content/uploads/2014/08/Informe-Chokokue-1989-2013-versi%C3%B3n-web.pdf. Última consulta: 9 de junio de 2016.

Publicado en E’a el 10 de junio de 2016.

Campaña del Colectivo Absolución Ya

Conmemoración convocada por la Articulación por Curuguaty (AxC)

Campaña Somos Observadores de Curuguaty

Por Clyde Soto y Rocco Carbone //  Se sabe: el juicio acerca de los hechos de Curuguaty (aún en desarrollo) es una aberración del Derecho y del sistema judicial paraguayo. Lo es en tanto esas instituciones –formalizadas en la Corte, los abogados, la Fiscalía, entre otras– no saben ni pueden encontrar una solución satisfactoria para los verdaderamente afectados por el juicio, los campesinos. Los elementos y las “pruebas” que se han acumulado en estos casi cuatro años –todas más que discutibles– han sido repetidamente señaladas como inciertas e improbables, cuando no inexistentes, por las diversas organizaciones que acompañan el caso y por los abogados que se han hecho cargo de la defensa en varios tramos de este proceso infinito. El Estado paraguayo es incapaz de resolver este caso con justicia, en abierto atentado a los derechos humanos no solo de los campesinos imputados, sino también de quienes nos solidarizamos con la causa Curuguaty y con otras causas similares activas en América Latina.

Jalil Rachid: en este contexto, el exfiscal del caso Curuguaty asumió el pasado 20 de enero su nuevo cargo de Viceministro de Seguridad del Ministerio del Interior. Con esa promoción –¡en general se nos promueve cuando hay un buen desempeño frente a las cosas!– abandonó su cuestionado rol como fiscal del caso. Esto ocurría durante el pleno desarrollo del juicio oral y público que se sigue a un conjunto de 11 campesinas y campesinos sobrevivientes de la masacre de Marina Kue, acusados de haber sido responsables de los hechos. Sentarlos al banquillo de acusados es menos una paradoja que una infamia, ya que son las víctimas de esos hechos políticos.

¿Qué sentido tiene la promoción de Rachid? Situemos esta pregunta en el contexto de lo que pasó en Paraguay desde el día de la masacre: golpe parlamentario, destitución presidencial de Lugo, elecciones de 2013, asunción como presidente de la República de Horacio Cartes y retorno del Partido Colorado al poder, luego de una brevísima pausa que duró menos de cuatro años. Aparentemente, se trata de una salida limpia y elegante de Rachid del caso Curuguaty, porque se va con un alto cargo como promoción por su “trabajo bien hecho”. La asignación de ese nuevo cargo es una manera enfatizar que Rachid tiene el pleno apoyo y la confianza del gobierno, que no lo dejará caer en el descrédito. ¿Por qué? Porque el gobierno de Franco, antes, como el de Cartes, después, son deudores de sus labores. Con este nombramiento se está saldando una deuda política con la escasa institucionalidad de la (in)justicia paraguaya, pues el ejercicio sesgado del Derecho por parte del fiscal fue una pieza necesaria en el rompecabezas del operativo retorno e impunidad.

En segundo lugar, se trata de un nombramiento que abona la injusticia del proceso y que confirma la sentencia previa pergeñada desde incluso antes de que ocurriera la masacre. Si Rachid es promovido en vez de ser investigado y sancionado, cabe conjeturar que es altamente probable, cuando no plenamente cierto, que se verificará la culpabilidad campesina que el fiscal ha intentado instalar sin pruebas. Hasta ahora el juicio se ha desarrollado –luego de un largo periodo de sucesivas suspensiones– con los testigos de la acusación –policías, funcionarios judiciales, médicos, peritos– y sin que se haya aportado ninguna prueba o testimonio fehaciente acerca de la culpabilidad campesina. Numerosas perspectivas de los hechos, datos, detalles y suposiciones han desfilado frente al tribunal y a nosotros como observadores, pero ninguno sirve para sostener que los campesinos procesados son los responsables de la matanza, salvo por el mero hecho de haber estado ahí en el momento de la masacre de Marina Kue. Por ser parte del grupo de personas que reivindican esas tierras para la reforma agraria. Como estaba previsto, el juicio marcha según el libreto premeditado que dio origen a la masacre, pero sobre todo a la vuelta del Partido Colorado, encarnado ahora en el gobierno Cartes.

En tercer lugar se trata de consolidar un modelo. No pasó siquiera un mes del nombramiento para que el Paraguay estuviera de nuevo en vilo ante un desalojo de otra ocupación campesina en las mismas tierras de la empresa Campos Morombí. El operativo fue largamente anunciado como una lucha en contra de “campesinos invasores” de la propiedad. El propio Rachid encabezó la incursión, que se llevó a cabo el 10 de febrero de 2016 por un contingente de 1.300 policías, con el anuncio de que esperaban no tener que recurrir a las armas. El desalojo terminó sin víctimas, no por suerte ni por los celos policiales, sino porque ya no había nadie en el lugar. Obviamente, la amenaza había sido enunciada. ¿Cómo quedarse a esperar a que te maten?

Campos Morombí es la empresa (de un poderoso grupo empresarial fundado por el fallecido dirigente colorado y exsenador: Blas N. Riquelme) que se atribuyó la titularidad de las tierras estatales de Marina Kue, que movilizó el desalojo que terminó en masacre en 2012 y que consiguió se le reconozca de manera indirecta la propiedad al lograr la aprobación de una ley de supuesta donación de las tierras al Estado. Marina Kue (de aproximadamente 2.000 hectáreas) es apenas una pequeña proporción de las tierras de Campos Morombí, de unas 30.000 hectáreas en total. Con la ley de falsa donación, en términos materiales la empresa perdía poco pero ganaba en impunidad. Y los símbolos son siempre aleccionadores. Tan aleccionadores que la versión oficial –emitida por el ministro del Interior, Francisco de Vargas, acerca de este operativo– fue que quienes ocupaban la reserva de Campos Morombí eran rollotraficantes, “depredadores, ladrones de madera”, “de una de las reservas naturales más importantes del territorio nacional” (http://www.ultimahora.com/ministro-del-interior-llama-ladrones-madera-y-depredadores-campesinos-morombi-n966200.html). La asociación que se pretende instalar entre campesinos sin tierra, ocupantes, invasores y depredadores no es casual: se intenta poner a todos bajo el mismo rótulo para facilitar las represiones y la criminalización del movimiento campesino.

Pero hay más. Con la promoción de Rachid al Viceministerio de Seguridad se ganó aún más: disponer sin ninguna reserva del aparato estatal y de sus fuerzas represivas para proteger los negocios de tal o cual privado, librándose incluso de las acusaciones de apropiación ilegal de tierras estatales que esgrimen los sectores campesinos pauperizados y sin tierras cuando proceden a ocupaciones que son necesarias para su proyección de la vida. Recuérdese que la ocupación pacífica de tierras ha sido un método largamente usado por el campesinado sin tierra para presionar al Estado paraguayo con el fin de que se reconozca su derecho a la tierra/su derecho a la vida, que se cumplan los mandatos relativos a la reforma agraria e incluso para recuperar tierras malhabidas, apropiadas por poderosos vinculados al régimen dictatorial y a los sucesivos gobiernos colorados del periodo posdictatorial.

El Paraguay sigue sujeto a una trama donde los actores con poder –Rachid, Francisco de Vargas, los camaristas que votaron a favor del juicio político, Franco, Cartes, el Partido Colorado y algunas que otras adyacencias– demuestran un sentido convergente: el dominio autoritario basado en la represión, los abusos y el miedo, lejos de los cánones del buen gobierno, la democracia, la justicia y los derechos humanos.

Artículo publicado en E’a el 15 de febrero de 2016.

Por Clyde Soto y Rocco Carbone // El 21 de diciembre el recientemente electo presidente de Argentina, Mauricio Macri, participó por primera vez en la Cumbre del Mercosur en Asunción del Paraguay, donde se reunieron ocho jefes de Estado de la región. Al Presidente argentino lo vimos sentado a la derecha de Cartes. En una arenga leída no sin inseguridades –y que en muchos pasajes nos recordó las dificultades de Cartes con el teleprompter en Nueva York– enfatizó los pasajes relativos a Venezuela y a cuestiones relativas a los derechos humanos. Habló de la pronta liberación de los presos políticos en Venezuela, un país en el que habría persecuciones políticas por razones ideológicas que redundaron en privación ilegítima de la libertad para pensar distinto. E invitó a los Estados del Mercosur a trabajar para consolidar “una verdadera cultura democrática en la región”. Cómo estar en desacuerdo con estos universales: a menos que se conozcan las inconsistencias entre apelaciones y realidades.

Quien se ocupó de ponerle nombres a las cosas fue la canciller venezolana Delcy Rodríguez. Recordó que el presidente Macri se refería a Leopoldo López, cuya señora esposa –Lilian Tintori– celebró la victoria de Cambiemos en la Argentina, hace poco, en el comando de campaña de Macri. Y pocas horas después, vimos a esa embajadora por los derechos humanos (menos colectivos que personales) sacarse una foto en Paraguay con el expresidente paraguayo golpista: Federico Franco. Ambos salieron sonrientes y haciendo dos L con los dedos, como para indicar ¿Leopoldo libre, quizás?

El presidente Macri habla de derechos humanos en un país donde hace apenas tres años fueron usurpadas las reglas de la democracia y de los derechos humanos, porque así convino a una parte importante de actores estatales, partidarios y ciudadanos. Hechos de los que la primera magistratura del Presidente Cartes es subsidiaria y cómplice, vía su partido: el Partido Colorado. Esa usurpación se basó en la muerte de 17 personas en la masacre de Marina Kue, en la injusticia que reina hoy sobre los campesinos de Curuguaty, sobrevivientes y víctimas de esa masacre, presos e injustamente procesados, y sobre las políticas públicas impopulares de Cartes, resistidas por una huelga general de dos días y alto acatamiento.

A partir de 2012 en Paraguay se ha puesto en marcha una ofensiva en contra de la democratización y una reacción para obturar toda posible ampliación de derechos. Ofensiva que en realidad es el retorno hacia rumbos ya transitados de la mano de un autoritarismo de larga data. Paraguay, entonces, “avanza” hacia políticas neoliberales –que hoy son post-neo-liberales– ordenadas alrededor de un poco luminoso personaje de la política paraguaya, señalado no solo por actos de gobierno presentes, sino también por supuestos vínculos con negocios ilícitos subyacentes a su imagen de empresario exitoso. Entonces, hablar en Paraguay de derechos humanos, de narcotráfico y de cláusula democrática, es cuando menos pernicioso si se habla desde el desconocimiento o el silencio cómplice ante las realidades locales.

Es pernicioso, además, porque pareciera que en la última larga década no hubiera pasado nada en la región en materia de ampliación de derechos, y concretamente en derechos humanos y memoria, verdad y justicia. Y porque precisamente en Argentina es donde ha habido importantes avances al respecto. Es perjudicial hablar de derechos humanos, sentado a la derecha de Cartes y señalando solo a los vecinos más lejanos, cuando el presidente paraguayo intentó nombrar al nieto homónimo de Alfredo Stroessner como embajador del país ante la ONU. Tuvo que bajar la designación por las críticas recibidas desde el propio país y desde todo el mundo. El mismo Macri, hace pocos días, como repitiendo historias, tuvo que declinar el nombramiento de Carlos Manfroni como funcionario del Ministerio de Seguridad por sus posiciones antiderechos y anti rock en tiempos de la dictadura, criticadas duramente por Charly García. Son silencios que van construyendo impunidades mayúsculas.

Cabe recordarlo con énfasis: ninguna restauración conservadora o ningún modelo liberal-conservador cierra sin abrir la posibilidad de reprimir la protesta social. Cartes asumió el 15 de agosto de 2013. El 19 del mismo mes presentó un proyecto que modificaba la ley de defensa, dándose como presidente facultades inconstitucionales para decidir sobre el uso de las fuerzas militares en operaciones de seguridad interna. Una semana después de haber asumido, el nuevo presidente paraguayo tenía aprobada esta ley. En cuanto a la Argentina, no hacen dos semanas que asumió el presidente Macri y en las manifestaciones que hubo desde entonces pudimos apreciar que volvieron a aparecer los carros hidrantes y la policía; por ahora al margen, pero a metros de los manifestantes. Se trata de una forma de amedrentar sencilla y eficaz, por las memorias cicatriciales que portan esos ademanes. Y como garante está la ministra Patricia Bullrich, quien entre sus galones cuenta con vínculos estrechos con varias centrales de inteligencia estadounidenses. La ministra se reunió con los ministros de seguridad de todo el país y, por unanimidad, avalaron la emergencia de seguridad a nivel nacional. Para luchar en contra del “narcotráfico y delitos complejos”, pero abarcando también áreas que tienen que ver con “lo social, lo educativo y la Justicia”. En definitiva, “matices” autoritarios propios del liberalismo del siglo XX.

Para defender auténticamente los derechos humanos y apelar a una verdadera cultura democrática en la región, el Presidente argentino debería haber empezado por pedir la pronta liberación en Paraguay de los presos políticos de Curuguaty. Los dobles discursos, como el doble estándar, nunca faltan.

Artículo publicado el 23 de diciembre de 2015 en Página 12 con el título de “El doble discurso con los derechos humanos” y en E’a el 24 diciembre de 2015.

Parece que el Paraguay está profundamente dividido entre quienes gustan y quienes no gustan o rechazan esto de los derechos humanos. La conmoción ante crímenes horrendos y la percepción de amenaza generada por el miedo, profundizan esta segregación, que además se traduce en oleadas de injurias hacia quienes se manifiestan a favor de los derechos humanos, y más aún si actúan en defensa de ellos.

La negación de los derechos humanos, o la pretensión de adjudicarlos sólo a determinadas personas o colectivos –lo que equivale a su negación– es altamente indeseable y peligrosa: es la antesala de la permisividad ante su violación y constituye el elemento ideológico fundante de la impunidad de quienes son responsables del irrespeto de estos derechos. Por ello, este escrito pretende sistematizar algunas ideas básicas sobre los derechos humanos, con la esperanza de que cada persona de este país y de cualquier lugar del mundo busque comprender lo que son y se sienta titular de estos derechos, como parte irreductible de lo que entendemos como humanidad.

1. Los derechos humanos son atribuciones (libertades, potestades, capacidades) que corresponden a todos los seres humanos sin excepción, por el sólo hecho de serlo. No son personas u organizaciones concretas; ergo, no debemos usar la frase “derechos humanos” como si fuera equivalente a alguna organización o algunas personas (ejemplos: “¿Dónde están los derechos humanos que no vienen?”, “Ya otra vez los derechos humanos defendiendo a los delincuentes”), puesto que es una deformación conceptual que impide visualizar lo esencial de la idea: se trata de derechos que corresponden a todas y cada una de las personas, sin excepción: jueces y ladrones, delincuentes y personas honradas, autoridades y funcionarios/as o ciudadanas y ciudadanos sin cargas públicas, campesinos y terratenientes, gente urbana, gente rural, y todas las categorías que se quieran aplicar. Los derechos humanos corresponden a todas las personas y son irrenunciables, además de universales, indivisibles e interdependientes.

2. Las organizaciones y personas que defienden derechos humanos no “son derechos humanos” sino que son “organizaciones/personas defensoras de derechos humanos”. Todos/todas tenemos derechos humanos. Hay organizaciones y personas que los defienden, o intentan hacerlo, y que se encuentran identificadas con esa labor. No obstante, la defensa de derechos humanos es una responsabilidad de todas y cada una de las personas, pues si dejáramos ese campo sólo a cierta gente, estaríamos restándole efectividad a la idea.

3. Si los derechos humanos nos corresponden a todos los seres humanos, su vigencia es dependiente de un complejo juego de reconocimiento normativo y aplicación institucional, es decir de acuerdos, leyes y responsabilidades que corresponden al ámbito del derecho, tanto nacional como internacional. Los estados nacionales, como entidades centrales para la organización de la convivencia humana, son así los llamados a traducir los derechos humanos en sus leyes y en sus actuaciones, y sobre esto deben dar cuenta a una comunidad internacional que ha construido sistemas para instituir instrumentos y mecanismos con el objetivo de garantizar, defender y promover la vigencia los derechos humanos.

4. Así, los estados son responsables (por vía de sus leyes y compromisos internacionales) de que los derechos humanos tengan vigencia. Esto significa que estos aparatos institucionales, bajo cuyas reglas y modos de funcionamiento convivimos, deben respetar irrestrictamente los derechos humanos, deben proteger el goce de los mismos, deben garantizarlos para todo ser humano bajo su jurisdicción, deben impedir que sucedan violaciones a estos derechos y deben promover su vigencia efectiva.

5. Por lo tanto, lo que comúnmente llamamos violaciones a los derechos humanos son aquellas faltas a las obligaciones antes señaladas, cometidas por los estados. Y se producen de diversas maneras: por falta de suficiente reconocimiento en las leyes, por ausencia de políticas aptas para hacer efectivas las leyes, por políticas contraproducentes para los derechos, por violaciones de las leyes por parte del mismo Estado a través de sus agentes (personas con responsabilidades o cargas públicas), o por permisividad o insuficiente protección y defensa de ciudadanas/os o colectivos ante la violación de derechos causadas por particulares (no agentes estatales).

6. Entonces, las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos enfocan su acción ante el Estado, para controlar, exigir y promover que cumpla sus responsabilidades relacionadas con los derechos humanos. Por ello, están preocupadas y ocupadas ante las leyes, políticas y actuaciones estatales, en tanto éstas pueden implicar una merma para la vigencia de los derechos humanos y para su disfrute efectivo por parte de cualquier persona.

7. El Estado debe actuar para impedir que personas particulares u organizaciones privadas cometan actos que atentan en contra de algún derecho humano (por ejemplo, asesinatos, secuestros, trata de personas, entre muchos otros). Además, debe prevenir que sucedan y, cuando suceden, debe castigar estas acciones y velar por la reparación del daño. No son las organizaciones o personas defensoras de los derechos humanos las que deben actuar ante este tipo de sucesos, sino el Estado. Si el Estado no actúa, o actúa mal, se pasa al campo de interés de la defensa de los derechos humanos desde la sociedad civil.

8. Por eso, es equivocado saltar ante crímenes que sacuden a la sociedad para preguntarse: “¿Dónde están los derechos humanos, que no dicen nada?”, pues las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos están pendientes no de los hechos punibles cometidos por particulares, sino de lo que el Estado hace, de cómo lo hace y de lo que no hace el respecto. Además, están preocupadas de que no sea el mismo Estado, a través de sus agentes y de sus normas, el que viola los derechos humanos.

9. Por todo esto, veremos a las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos preocuparse y movilizarse ante las leyes y acciones que impliquen un abuso de poder estatal, o una actuación inadecuada o insuficiente del Estado. Y cuando hay una falta o una irregularidad en este sentido, es imprescindible una ciudadanía atenta que pida la intervención de quienes defienden los derechos humanos.

10. Y también debido a todo esto, debemos preocuparnos como sociedad de que existan organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, capaces de interactuar y de exigir al Estado, y de que puedan hacer su trabajo con plenas garantías: sin amedrentamientos, persecuciones o impedimentos. Cuando las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos son amenazadas por el Estado, posiblemente estemos ante serias posibilidades de merma en cuanto a los derechos de toda la ciudadanía.

Mientras no entendamos qué implican los derechos humanos y su marco institucional de respeto, protección, garantía y promoción, vamos a tener una sociedad profundamente dividida, incapaz de proteger sus derechos y de exigir su cumplimiento.

Clyde Soto es feminista y activista de derechos humanos. Investigadora del Centro de Documentación y Estudios (CDE), representante institucional ante la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy).

*Artículo escrito por Clyde Soto en agosto de 2013, recuperado para el 10 de diciembre de 2014 por su vigencia.

El escrito de Lourdes Peralta en su blog de ABC me parece un compendio de las ya típicas expresiones discriminatorias:

– Para comenzar su título… el problema es la homosexualidad, no la discriminación y las personas que discriminan.

– Parece que se dispone a una reflexión profunda, pero sólo termina en una seguidilla de los lugares comunes de la discriminación.

– Sigue con la sospecha de que la eliminación de trabas a la oficialización de las parejas del mismo sexo anticiparía una especie de catástrofe mundial, “un extenso desierto”. Lo mismo se decía en tiempos en que a las mujeres se negaba el voto: “aquí comienza la debacle”. Y todavía hay quien sostiene que la famosa “crisis de la familia” se debe a que las mujeres tienen más derechos, y quieren más, y no a que muchos hombres aún desean como compañeras a personas sin derechos.

– Después adhiere soterradamente a la hipótesis conspiraticia, que coloca a la lucha por más derechos y contra la intolerancia y la discriminación en un plano comercial. Con eso, en vez de en todo caso señalar concretamente los hechos que critica, sólo intenta desprestigiar sin dar mayores argumentos. Es como cuando los sectores providas hablan de “una conspiración impulsada por las Naciones Unidas para instalar la cultura de la muerte”. Muy parecido. También cierra el artículo con esta idea, afirmando que hay aquí un “negocio” que promociona la libertad de elección sexual.

– Luego establece categorías de discriminaciones, para ella las existentes hacia personas homosexuales serían válidas, pero no otras como las que se dan hacia las personas negras. Es lo que se intenta hacer al decir que “todo bien con la ley contra toda forma de discriminación, pero si sacan a las personas homosexuales de la lista”.

– Expone posteriormente su convencimiento de que las personas y las manifestaciones heterosexuales deben gozar de derechos que no deberían extenderse a personas y manifestaciones homosexuales. Algo así como: “No son iguales, así que olviden eso de tener iguales derechos”. Ella está profundamente convencida de la superioridad heterosexual.

– Tira la piedra y esconde la mano. Trata de convencernos de que no quiere tampoco una cacería homosexual. ¿Será que le basta con el escarnio, la humillación y el encierro? Parece que sí, porque le parece genial el sufrimiento solitario y silencioso de su ejemplo. Es la conocida idea de “está bien, que existan, eso ya sabemos, pero de ahí a que quieran visibilidad y derechos…”.

– Trata de aparentar alguna idea profunda refiriéndose a lo político y lo genético, sólo para terminar negando el derecho de las personas a luchar políticamente por el respeto a la diversidad y la libertad sexual. Lo que dice es que no quiere que nadie venga a moverle el piso a una sociedad consevadora, sobre todo a quienes, como ella, están felices en su supuesta adecuación a los parámetros dominantes sobre estos asuntos.

– Cierra el debate sobre cuestiones que han sido de hecho debatidas en toda la historia de la humanidad. Sin embargo, ¿cómo entenderíamos nuestra historia social, política y cultural si no reconocemos en ella el debate sobre ideologías, moral y religiones? Con esto supone la inamovilidad de lo que de hecho siempre se ha movido.

– Después se ubica en el lado de un “todos” homogéneo y poderoso, como si no hubiera criterios e ideas diferentes como respuesta a la pregunta de Rosa Posa. “Todos sabemos la respuesta” niega la diversidad de enfoques y posturas. Quiere dar por cerrado un debate que apenas comienza.

– Encima intenta disfrazar su pensamiento discriminatorio diciendo que cree que el reconocimiento de la homosexualidad es algo sensato. Como si no hubiese dicho todo lo anterior.

– Y, como si fuera poco, se aferra a la naturaleza para justificarse. Con ello, obviamente, tira al plano de lo “antinatural” y “anormal” a las personas homosexuales.

Me espantan sus ideas, y me harta el tufillo cobarde con que se las expresa.