El caso Curuguaty y cómo la actuación del sistema de justicia atenta contra la aspiración de avanzar hacia una democracia de calidad.

Foto: Luis Vera

La fragilidad del sistema de justicia paraguayo (lo cual incluye al Ministerio Público), caracterizado por la corrupción, la influencia indebida de actores político-partidarios y la incapacidad de muchos fiscales y jueces, ha sido y sigue siendo una constante durante la transición democrática, y constituye una continuidad de lo que ha sido dicho sistema durante la dictadura stronista. Contar con un sistema de  justicia independiente, integrado principalmente por fiscales y jueces capaces y sin presiones del poder político es una de las grandes deudas pendientes de esta transición.

La resolución emitida este lunes 11 de julio del cte. año, por el Tribunal de Sentencia del juicio a 11 campesinos/as acusados en el marco del Caso Curuguaty, que impuso condenas a todos/as ellos/as constituye, por un lado una muestra de cómo persiste un sistema de justicia que no actúa según principios de capacidad e imparcialidad, y por otro lado un capítulo más de las muchas violaciones al debido proceso desde el mismo inicio del proceso judicial sobre los lamentables hechos ocurridos el 15 de junio de 2012.

La inadecuada investigación en general por parte del Ministerio Público, que incluye la ausencia de investigación efectiva respecto a la muerte de 11 campesinos; la falta de pruebas válidas que sustenten la acusación de la Fiscalía contra los campesinos/as que fueron condenados; la violación del derecho a la defensa de los procesados en varios momentos del proceso; son tres aspectos que de alguna manera engloban las numerosas irregularidades cometidas por agentes del sistema de justicia, en un proceso que de ninguna manera ha esclarecido los hechos ocurridos.

Lamentablemente, el Estado paraguayo en general y los órganos judiciales intervinientes hasta el momento en este caso han desoído la observación emitida por el Comité de Derechos Humanos de la ONU en marzo de 2013, que señalaba que “… el Comité está preocupado por la información recibida que demuestra falta de imparcialidad e independencia en los procesos de investigación desarrollados…”, y también que “El Estado parte debe asegurar la investigación inmediata, independiente e imparcial de la muerte de 17 personas con ocasión del allanamiento de Curuguaty el 15 de junio de 2012, así como de todos los hechos vinculados que han sido denunciados por las víctimas, en particular torturas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y posibles violaciones del debido proceso…”.

Urge que los hechos sucedidos en Curuguaty el 15 de junio de 2012 sean esclarecidos. Urge esclarecer las muertes de las 17 personas fallecidas en ese lamentable suceso. Urge que todas las víctimas directas e indirectas de aquel hecho sean reparadas. Pero el proceso judicial desarrollado hasta el momento y la sentencia que condena a los 11 campesinos definitivamente no contribuyen a resolver estas urgencias.

Si aspiramos a contar con una democracia de calidad y a un verdadero Estado de Derecho, es también una urgencia que el sistema de justicia sea de calidad, lo que significa apuntar hacia una mayor capacidad e imparcialidad de sus integrantes y hacia una actuación de los mismos que esté libre de influencias de sectores político-partidarios, entre otras condiciones necesarias. Esto requiere una real voluntad política por parte de las autoridades correspondientes, y también que como ciudadanía sigamos reclamando aquellas actuaciones de autoridades e instancias estatales contrarias a principios constitucionales y democráticos.
Decidamos, Campaña por la Expresión Ciudadana
Asunción, 12 de julio de 2016