Desde la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA); DECIDAMOS – Campaña por la expresión ciudadana, y POJOAJU, Asociación de ONGs del Paraguay, coaliciones de diversas organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa, promoción, vigilancia y protección de los derechos humanos, la democracia y desarrollo en el Paraguay, en relación al fallo sobre el caso Curuguaty que condena a 11 campesinos, a sus familias, a sus comunidades y a toda nuestra sociedad, expresamos cuanto sigue:

1. HAN PASADO 4 AÑOS DESDE QUE OCURRIÓ UNA DE LAS PEORES MASACRES EN TIEMPOS DE PAZ Y DEMOCRACIA QUE HA VIVIDO NUESTRA SOCIEDAD. El 15 de junio de 2012, 17 personas (6 policías y 11 campesinos) fueron asesinadas durante una confusa intervención policial en un campo estatal ocupado por un grupo de labriegos; los campesinos, sujetos de la Reforma Agraria, reivindicaban sus derechos  a la tierra¹, a una vida digna para ellos y sus familias.

2. DE UN MODO ABSOLUTAMENTE PARCIAL, LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO/MINISTERIO PÚBLICO, HA REALIZADO LAS INVESTIGACIONES SOBRE LOS HECHOS; extrañamente solo desde la perspectiva de aclarar la muerte de los 6 oficiales de la policía; no así, de los 11 campesinos, de los cuales existen indicios de que al menos 5 de ellos hayan sido ejecutados de modo extrajudicial². Es imposible pensar que 50 personas, entre ellas mujeres, niños, niñas y adolescentes, puedan llevar adelante una emboscada a 324 efectivos de la Policía Nacional.

3. HAN SIDO CONDENADOS 11 CAMPESINOS (HOMBRES Y MUJERES) A UN TOTAL DE 125 AÑOS DE CÁRCEL, A NUESTRO ENTENDER EN AUSENCIA DE PRUEBAS Y MANIPULACIONES DE LAS EVIDENCIAS DEL CASO, por unanimidad del Tribunal de Sentencias en fecha 11 de junio de 2016, conformado por los jueces: Ramón Trinidad Zelaya, Benito González y Samuel Silvero; dando por probada la acusación sustentada por los fiscales Liliana Alcaraz, Nelson Ruiz y Leonardi Guerrero, por los supuestos delitos de: homicidio doloso agravado consumado y homicidio doloso en grado de tentativa acabada, además de asociación criminal e invasión de inmueble ajeno.

4. NO HAN EXISTIDO LAS GARANTÍAS DE UN DEBIDO PROCESO, UNA INVESTIGACIÓN IMPARCIAL Y UN JUICIO JUSTO, que brinden seguridad jurídica y paz a las familias, tanto de los policías como de los campesinos, y toda la sociedad paraguaya. Es necesario aclarar los hechos del 15 de junio de 2012; y que sean tomadas medidas de no repetición en futuros casos de intervención policial en comunidades rurales, donde las vulneraciones de derechos son más evidentes en niños, niñas y adolescentes.

 
5. ADVERTIMOS al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que la deficiente gestión en las investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado y el actuar parcial del Tribunal de Sentencias, hacen pasible al Estado paraguayo a denuncias ante el sistema de justicia interamericano (CIDH/OEA) y el sistema de justicia universal (NNUU), con consecuencias de fuertes sanciones; esta situación debe ser atendida con la debida seriedad por las autoridades nacionales y toda la ciudadanía.

CDIA – DECIDAMOS, Campaña por la expresión ciudadana  – POJOAJU
Asunción, 18 de julio de 2016