OEA, Gobierno nacional y ciudadanía paraguaya:

DEFENDAMOS LA IGUALDAD DE GÉNERO Y LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

Documento de posición de organizaciones paraguayas de mujeres, feministas y de derechos humanos

Ante la realización en Paraguay del QUINCUAGÉSIMO CUARTO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos OEA, las organizaciones que suscribimos este documento hacemos oír nuestra voz en defensa de la igualdad de género, de los derechos de las mujeres en toda su diversidad y de la población LGBTIQ+ en Paraguay.

1. Las mujeres y las personas LGBTIQ+ estamos afectadas por discriminaciones y violencias diarias, interseccionales y limitantes, tales como feminicidios, transfeminicidios, abusos de niñas y adolescentes, trata de niñas, adolescentes y adultas para esclavitud sexual, violencia política, discriminaciones laborales, prácticas como los matrimonios y uniones tempranas o el embarazo de niñas y adolescentes, que perpetúan un ciclo de vulnerabilización y desigualdad, entre muchas otras que impiden nuestras plenas autonomías física, política y económica. Estas violencias tienen como causa construcciones culturales de género que sustentan el machismo y el patriarcado, y que deben ser urgentemente modificadas.  Además, estas violencias son abordadas de forma insuficiente en Paraguay: faltan políticas públicas de prevención, calificación adecuada del funcionariado público y el acceso a la justicia sigue siendo un problema para las mujeres, lo que contribuye a la impunidad de la violencia.

 

2. Las mujeres defensoras de los derechos humanos corremos riesgos específicos, incluida la violencia sexual y la violencia basada en género, y somos afectadas de forma desproporcionada por la violencia política y la persecución por ejercer derechos básicos, como la libertad de expresión o el derecho a la protesta social. Es el caso de Vivian Genes, estudiante perseguida judicialmente de manera injusta por ejercer el derecho a la protesta en 2021, ante la falta de insumos durante la pandemia de COVID 19, quien corre el riesgo de ser recluida en prisión por años debido a su participación en actos de protesta masivos. Además, la violencia en el entorno digital se expande y se la utiliza para buscar acallar las voces de las mujeres y de las personas defensoras de los derechos humanos.

 

3. Los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres son letra muerta en Paraguay: la penalización del aborto impide el pleno ejercicio del derecho a decidir de las mujeres, se obliga a las niñas a parir cuando quedan embarazadas debido a la alta prevalencia de abusos, la violencia obstétrica es una realidad diaria en los servicios de salud del país, la educación integral de la sexualidad en el sistema escolar está vetada por el gobierno, eliminando una herramienta central para la protección de niñas, niños y adolescentes ante los abusos sexuales, mientras en el país existe un promedio diario de 10 denuncias de estos abusos ante el Ministerio Público, el 80% de los cuales se produce en el entorno familiar.

 

4. Las mujeres indígenas y campesinas vivimos formas extremas de discriminación y exclusión, con la invasión y expulsión de nuestros territorios ancestrales a través de desalojos violentos y desplazamientos forzosos, con el uso indiscriminado de agrotóxicos, por las múltiples carencias estructurales en que nos desenvolvemos y, sobre todo, por la negación del derecho a la tierra, que afecta principalmente a las mujeres y que nos impide obtener alimentos sanos y desarrollar nuestras formas de vida en el marco del buen vivir. Sufrimos la denegación de nuestros derechos colectivos, y situaciones alarmantes como la trata, principalmente de mujeres y niñas, el terrorismo, la persecución, la criminalización, el encarcelamiento y los asesinatos por defender derechos. Vemos el avance sistemático de religiones que no respetan los derechos, las identidades, los idiomas y las cosmovisiones de los Pueblos Indígenas, en una suerte de nueva colonización orientada al exterminio cultural. El racismo está muy presente en la sociedad paraguaya, invisibilizando a mujeres afrodescendientes, campesinas e indígenas y a las numerosas formas de discriminación específicas que les afectan. Ante estas y otras múltiples discriminaciones, en Paraguay no tenemos aún aprobada una Ley contra Toda Forma de Discriminación, algo necesario y urgente.

 

5. Denunciamos la desaparición de niñas, posiblemente víctimas de la trata y explotación de personas, y la escasa acción del Estado para encontrarlas. Solo en 2021 hubo 1306 denuncias de desapariciones de niñas, niños y adolescentes, casi el 80% niñas y adolescentes mujeres, sin que el Estado brinde cifras precisas sobre las recuperaciones. Además, está el caso de la niña desaparecida Lichita, insuficientemente buscada y con familiares criminalizados, que sufren la amenaza política y judicial de retirarles la condición de refugiados en Argentina para trasladarlos a Paraguay, evocando así el siniestro Plan Cóndor y perpetuando la represión y el miedo para todas las víctimas de persecución sistemática.

 

6. La igualdad en la participación política está lejos de ser alcanzada, mientras la violencia política es cada vez más fuerte. Un caso claro es el que afecta a la senadora Kattya González, agredida sostenidamente por sus colegas parlamentarios, quienes llegaron al límite de despojarla de su banca a inicios de 2024, sin causal válida e inconstitucionalmente, mientras se mantiene impunes a parlamentarios denunciados por corrupción y vinculación con organizaciones delincuenciales. Y existen otros numerosos casos de violencia política que ni siquiera son denunciados, debido a la impunidad, mientras seguimos sin la aprobación de nuestro proyecto de Ley contra la Violencia Política de Género.

 

7. El acoso a mujeres periodistas y comunicadoras es constante y quienes pretenden ejercer un periodismo con perspectiva de género se encuentran ante innumerables obstáculos. Las denuncias de acoso sexual hechas por mujeres periodistas han llevado a persecuciones y despidos injustos de varias de ellas en medios de comunicación empresariales. La mayoría de estas empresas no poseen protocolos de prevención de la violencia y el acoso, pese a que una resolución del Ministerio del Trabajo obliga a los medios de comunicación a contar con ellos. Estos hechos constituyen ataques a la libertad de prensa y de expresión, así como una amenaza a nuestra democracia.

 

8. Se sigue negando la voz de las mujeres que ejercen el trabajo sexual, sin reconocerles el derecho a la sindicalización, dejándolas desprotegidas ante las múltiples violencias que viven, especialmente las perpetradas por la propia Policía Nacional y otras instituciones del Estado.

 

9. Las mujeres trans continúan viviendo discriminaciones que les impiden su pleno ejercicio del derecho a la educación, a la salud, al empleo digno, a la tierra cuando son campesinas, además de ser permanentemente agredidas en sus identidades, hasta el punto de violencias extremas como el encarcelamiento en penales masculinos y los procedimientos policiales y fiscales arbitrarios. Los asesinatos y crímenes de odio de personas trans quedan en la impunidad y sin investigaciones adecuadas, en una muestra clara de discriminación por parte del Estado, sin que exista aún una Ley Integral Trans.

 

10. Los problemas que viven las mujeres y niñas con discapacidad no son debidamente abordados, por lo que enfrentan dificultades de acceso e impedimentos graves para ejercer todos sus derechos: a la educación, a la salud integral, al trabajo, a la participación social y política, a los derechos sexuales y los derechos reproductivos, a la privacidad y a la autonomía. No se cumple siquiera con el ínfimo porcentaje legal de inclusión laboral para las personas con discapacidad, ni las adecuaciones en la infraestructura edilicia y ciudadana, ni los servicios públicos incluyentes. Es una deuda que existan políticas públicas adecuadas para las personas con discapacidad, que no se limiten a la caridad y la filantropía, sino que se basen en los enfoques de derechos, de inclusión y de género, de manera transversal en todos los ámbitos y en todo el Estado.

 

11. La educación en Paraguay continúa con múltiples obstáculos, como falta de gratuidad, calidad y accesibilidad, bajo presupuesto, infraestructura inadecuada, discriminaciones y barreras culturales y sociales que limitan el acceso a derechos y oportunidades a las mujeres, niñas y adolescentes, así como su participación protagónica y plena en la sociedad. En lugar de promover la erradicación de los estereotipos de género, el gobierno los consolida con materiales educativos como el denominado “12 Ciencias”, acientífico, fundamentalista y patriarcal. Persiste la “Resolución Riera”, que prohíbe la difusión de materiales educativos con enfoque de género, limitándose así la libertad de enseñanza e instalando una suerte de pensamiento único en el sistema educativo formal, en todos los niveles. Tampoco en la educación superior se ha incorporado adecuadamente la perspectiva de género, ni existen apoyos adecuados ni becas suficientes para promover el acceso y permanencia de las mujeres.

 

12. Las mujeres trabajadoras domésticas, que han conquistado la igualdad legal del empleo doméstico después de más de una década de lucha de sus organizaciones, continúan sin poder ejercer plenamente sus derechos. Las entidades estatales responsables obstaculizan su acceso a la seguridad social y a una jubilación digna, no ejercen control sobre el cumplimiento del salario legal, las horas de trabajo y otros derechos que la ley les reconoce plenamente. Los trabajos domésticos y de cuidados no remunerados, desempeñados principalmente por mujeres, no se reconocen ni se abordan adecuadamente en las políticas públicas y en el debate social. El acceso al derecho al cuidado es aún una deuda para toda la población paraguaya.

 

13. El ejercicio del derecho a la salud afronta graves obstáculos para las mujeres. Un ejemplo es el desfinanciamiento de insumos y medicamentos para patologías de elevada prevalencia en la población femenina, como son el cáncer de mama y el cáncer de útero. Hay una alta tasa de mortalidad materna, que afecta más gravemente a las mujeres más cuyos derechos son menos respetados, en especial a las mujeres indígenas. Existe una precarización y un desfinanciamiento sostenidos del sistema de salud, que además está partidizado, opera de forma clientelar y prebendaria, lo que impacta negativamente en los servicios. El desfinanciamiento impide que los escasos avances se hagan realidad, como sucede con la Ley de Salud mental, cuya implementación está limitada por falta de políticas apropiadas y de profesionales con conocimientos necesarios para una atención adecuada. En consecuencia, la salud mental queda desatendida, con graves efectos para las mujeres y para toda la población, llegándose a situaciones extremas, como los suicidios.

 

14. La institucionalidad de género está siendo desmantelada en las entidades públicas, se prohíbe el uso de los enfoques de género, intercultural e interseccional en las políticas públicas y documentos oficiales y se amenaza con desaparecer al Ministerio de la Mujer, logro del movimiento de mujeres paraguayo, para incluirlo dentro de un ministerio de la familia, intentando anular a las mujeres como individualidades y colectivos autónomos. Con un relato que infunde temor y una narrativa que propaga desinformación, el propio gobierno consolida el machismo y el patriarcado.

 

15. Los avances en los derechos de las mujeres están en riesgo y el gobierno paraguayo, en vez de orientar sus acciones y políticas hacia el debate y la educación sobre género, sobre nuevas masculinidades y sobre patriarcado, pretende prohibir la categoría género en todas sus expresiones y erradicarla de la institucionalidad estatal y de las políticas públicas. En Paraguay existe hoy la amenaza de leyes que criminalizarían hablar de igualdad de género. Es fundamental reconocer que el acceso y la garantía de los derechos de las mujeres, las niñas y las adolescentes, en toda nuestra diversidad, son parte de la lucha por la igualdad de género. Es necesario que defendamos la igualdad de género.

 

Debido a estas múltiples violaciones y peligros de más retrocesos en los derechos de las mujeres y de las personas LGBTIQ+, de lo cual es responsable el gobierno paraguayo, las organizaciones firmantes solicitamos a la Organización de Estados Americanos, como entidad que tiene un rol fundamental en la PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS, que incluya en sus resoluciones los siguientes puntos clave para las mujeres de la región y para las mujeres paraguayas en particular:

1. Comprometer a los Estados a contribuir decididamente a la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas, y a la lucha contra la discriminación y la violencia de género.  Este compromiso debe darse incorporando como ejes transversales de su accionar el enfoque de género, la interseccionalidad, la interculturalidad, el antirracismo y la inclusión de las personas con discapacidad, para contemplar las diversas desigualdades y opresiones que afectan a las mujeres diversas en todo el continente.

 

2. Exhortar a los Estados a destinar una mayor inversión pública para el fortalecimiento de instituciones y políticas que aborden la violencia de género, reconociendo la necesidad de trabajar por la eliminación de todas las formas de violencia sexual y de género, especialmente de aquellas que se perpetran contra las adolescentes y las niñas indígenas, afrodescendientes y campesinas en toda su diversidad.

 

3. Instar a los Estados a implementar políticas educativas que erradiquen los estereotipos de género, desmantelen las construcciones culturales de género que sustentan múltiples violencias y discriminaciones y promuevan masculinidades no violentas en todos los niveles y modalidades educativas, promoviendo asimismo universidades libres de violencias y discriminación basada en género mediante la aprobación de protocolos de prevención contra las violencias en el ámbito de la educación superior.

 

4. Recomendar a los Estados que se abstengan de criminalizar los conceptos y enfoques de género, interseccionalidad, interculturalidad, autonomía física, participación protagónica, diversidad, orientación sexual e identidad de género, y derogar instrumentos que impiden el uso de estos conceptos, términos y enfoques, como la Resolución 29.644 del Ministerio de Educación y Ciencias de Paraguay (“Resolución Riera”).

 

5. Instar a los Estados a apoyar medidas para lograr la paridad de género en todos los países, la representación equilibrada en los organismos de Derechos Humanos y establecer una agenda de igualdad en la participación política y de erradicación de la violencia política de género, garantizando la participación plena y significativa de las mujeres en los espacios de toma de decisiones, en igualdad de condiciones y promoviendo las oportunidades de liderazgo para las mujeres, niñas y adolescentes en toda su diversidad.

 

6. Condenar, de conformidad con el derecho internacional, los abusos y las violaciones de los derechos humanos, la discriminación, los discursos y las manifestaciones de odio, la incitación y los actos de violencia motivados por prejuicios en contra de las personas por sus características sexuales, orientación sexual, identidad o expresión de género, así como la discriminación y las prácticas médicas degradantes. Exhortar, asimismo, a los Estados Miembros a que continúen fortaleciendo su legislación, instituciones y políticas públicas para eliminar las barreras que enfrentan las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex (LGBTIQ+) en el goce de los derechos humanos y libertades fundamentales y asegurar los derechos de las madres lesbianas y el cese de la discriminación de sus familias e hijes en las instituciones educativas.

 

7. Exhortar a los Estados a que establezcan medidas para acabar con las discriminaciones en el ámbito laboral, con intervención efectiva y eficiente estatal ante los casos de persecución laboral y sindical en los espacios laborales y en los casos de violencia institucional, garantizando los plenos derechos de las trabajadoras domésticas, el acceso al trabajo de las mujeres con discapacidad, las oportunidades de trabajo digno para mujeres trans, la erradicación de solicitudes de estados serológicos y de test de embarazo para acceder a un puesto de trabajo, el reconocimiento del derecho a la sindicalización de las trabajadoras sexuales y la lucha contra la violencia, el acoso y la discriminación en los lugares de trabajo con la ratificación del Convenio 190 de la OIT.

 

8. Comprometer a los Estados a garantizar el derecho al territorio de los Pueblos Indígenas, las comunidades campesinas y los sectores urbanos populares, respetando las cosmovisiones indígenas, las múltiples identidades culturales y las diversas lenguas que existen en el continente. Cesar la invasión de territorios ancestrales, derogar leyes represivas y criminalizadoras -como la Ley Zavala-Riera de Paraguay- y acabar con el desplazamiento forzado de comunidades urbanas o rurales de sus asentamientos históricos. Frenar los proyectos extractivistas que destruyen esos territorios, los desalojos violentos y los obstáculos para la obtención de alimentos de producción agroecológica, instando a los países a que apoyen los modos de producción campesinos e indígenas, garanticen la soberanía alimentaria y reconozcan el rol de las mujeres campesinas, indígenas y populares para la preservación de los territorios y las culturas.

 

9. Reconocer la necesidad de trabajar por la eliminación de la violencia de género facilitada por la tecnología, con énfasis en la recolección de datos estadísticos para una comprensión mayor de esta problemática, del tipo de tecnología utilizada, las personas afectadas por esta violencia y los daños materiales, económicos, sociales y de salud que derivan de esta violación a los derechos humanos de las mujeres, y particularmente de mujeres defensoras de derechos humanos y periodistas.

 

10. Exigir a los Estados el cese de la persecución a la protesta social y a las defensoras de derechos humanos. La integridad, libertad y respeto a la voz de las personas defensoras de derechos es la garantía para una plena participación social en el quehacer político, social y económico de los países.

 

11. Exigir a los Estados que garanticen el derecho a la salud y los derechos sexuales y derechos reproductivos para las mujeres en toda su diversidad, en el marco de la garantía de acceso universal y gratuito a la salud para toda la población, incluida la población LGTBIQ+. Contemplar la disponibilidad de insumos y medicamentos necesarios, la provisión de antirretrovirales para las personas que viven con VIH, así como la disponibilidad de servicios de salud sexual y reproductiva, sin discriminaciones, con métodos anticonceptivos seguros y modernos, la prevención del embarazo de niñas y adolescentes, la educación integral de la sexualidad desde una perspectiva de género en todas las instituciones educativas, y atención de calidad para todas las personas, incluyendo aquellas que se encuentran en zonas rurales y comunidades indígenas, así como consultorios amigables para adolescentes, protegiendo a la niñez y permitiendo a las niñas ser niñas, no madres.

 

12. Condenar, de conformidad con el derecho internacional, toda forma de acoso y persecución contra las mujeres periodistas y comunicadoras, garantizando la libertad de expresión y de prensa y exhortar a los Estados a promover un periodismo y una comunicación con perspectiva de género, sancionando leyes de protección a las personas defensoras de derechos humanos.

 

13. Exhortar a los Estados a que protejan a las mujeres y niñas de los territorios afectados por organizaciones delincuenciales, como las vinculadas al narco, y evitar la militarización de territorios con uso de poder desmedido por parte de fuerzas armadas y policiales. La presencia excesiva y el control militar en territorios, en lugar del énfasis en políticas públicas que se ocupen de las causas de los conflictos, actúa en contra de la participación ciudadana local, afectando desproporcionadamente a las mujeres. Recomendar a los Estados que fortalezcan el combate a la trata de personas y que busquen, sin excepciones ni discriminaciones, a las niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas, bajo cualquier contexto. Es urgente la protección de la democracia, del derecho a la manifestación y del derecho a la participación política libre de violencias y persecuciones indebidas.

 

14. Promover la corresponsabilidad y la redistribución igualitaria de los cuidados, los derechos plenos de trabajadoras del hogar y de los cuidados; reconocer, reducir, redistribuir y valorar el trabajo no remunerado en los hogares, asignado históricamente a las mujeres. Instar a los Estados a que aprueben leyes y políticas integrales de cuidados.

 

15. Exhortar a los Estados a que preserven y fortalezcan las instituciones orientadas a promover los derechos de las mujeres y la igualdad de género, dotándolas de presupuestos suficientes y capacidades técnicas para el desarrollo de políticas públicas específicas y transversales.

 

Finalmente, nos solidarizamos con el pueblo de Gaza ante los ataques que buscan su exterminio. Instamos a los Estados americanos a que preserven la paz, se opongan firmemente a las guerras y condenen las violaciones de derechos humanos en todos los contextos de conflicto. Expresamos nuestra solidaridad con las víctimas de las guerras, en especial con las mujeres que sufren violencia de género en estos contextos y que enfrentan la destrucción de sus comunidades y modos de vida.

Asunción, 25 de junio de 2024

Posición de mujeres paraguayas ante la OEA

Organizaciones firmantes:

1. Acción Sindical Clasista
2. Acción Cultural
3. Aireana, Grupo por los Derechos de las Lesbianas
4. Articulación Feminista Paraguay
5. Articulación Mujeres Indígenas de Paraguay (Mipy)
6. Asociación Callescuela
7. Asociación de Mujeres Campesinas y Populares de Caaguazú (Amucap-C)
8. Asociación de Mujeres Unidas Bañado Sur
9. Asociación de Tecnología, Educación, Desarrollo, Investigación, Comunicación (Tedic)
10. Asociación Feminista Kuña Poty
11. Asociación Paraguaya de Investigadoras Feministas
12. Asociación para la Educación en Derechos Humanos (ASOEDHU)
13. Asociación de Comités de Productores Agropecuarios de Naranjito (ACPAN)
14. Asociación de Productores Campesinos e Indígenas del Guaira (APCIG)
15. Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna (Anivid)
16. Base Educativa y Comunitaria de Apoyo (Beca)
17. Base Investigaciones Sociales (Base IS)
18. Brazos Unidos
19. Católicas por el Derecho a Decidir (CDD – Paraguay)
20. Casa Diversa
21. CasaFem
22. Centro de Atención Familiar (Cafa), Bañado Sur
23. Centro de Documentación y Estudios (CDE)
24. Colectivo Sorora Música
25. Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem – Paraguay)
26. Consultorio Jurídico Feminista
27. Coordinación de Mujeres Campesina (CMC) del Movimiento Campesino Paraguayo (MCP)
28. Coordinación de Mujeres del Paraguay (CMP)
29. Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy)
30. Coordinadora de los Bañados de Asunción (Cobañados)
31. Coordinadora de Trabajadores Campesinos y Urbanos (CTCU)
32. Cultiva Paraguay
33. Campaña por la Expresión Ciudadana
34. Discas Fem Py – Colectiva de NNA y mujeres con discapacidad
35. Emancipa Paraguay
36. Familias por la Educación Integral en el Paraguay (Feipar)
37. Federación de Mujeres del Paraguay (FMP)
38. Frente Mujer Paraguay Pyahura
39. Fundación Vencer
40. Grupo Impulsor de la Paridad Democrática (GIPD)
41. Kuña Afro
42. Kuña Guaraní Aty
43. Kuña Pyrenda
44. Kuña Róga
45. Kuña Sorora
46. kuña mbarete
47. Movimiento por el Derecho a la Salud «María Rivarola»
48. Mujeres Unidas
49. Ñemoiru Rape
50. Observatorio de Derechos de las Mujeres (ODM), Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Pilar
51. Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas (Conamuri)
52. Organización del Pueblo Guaraní (OPG)
53. Organizadas por un mismo Ideal (OPUMI)
54. Plataforma de Universitarias Feministas
55. Plataforma Feminista Liberal
56. Presencia Joven
57. Psicofem
58. Red de Mujeres de Pilar
59. Red de Mujeres del Sur
60. Red de Mujeres del Sur de Tomás Romero Pereira
61. Red de Mujeres Periodistas y Comunicadoras del Paraguay
62. Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (Redtrasex)
63. Semillas para la Democracia
64. Servicio Paz y Justicia Paraguay (Serpaj – Py)
65. Sindicato de Trabajadoras del Servicio Doméstico del Paraguay (Sintradespy)
66. Sindicato de Trabajadoras Domésticas del Paraguay – Legítimo (Sintradop-L)
67. Sindicato de Trabajadoras Domésticas y Afines de Itapúa (Sintradi)
68. Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Facultad de Ciencias Sociales (Sitrafacso – UNA)
69. Somos Pytyvohára
70. Unidas en la Esperanza (UNES)
71. Unión Juvenil Indígena del Paraguay (UJIP)
72. Universitarias Feministas de Itapúa (UFI)