“Agricultura campesina, agronegocio y migración. El impacto de los modelos de producción en la dinámica de los territorios” es el nombre del libro que será presentado hoy a las 19:00 horas en El Granel, lugar de encuentros, en Juan de Salazar 372, Asunción.

La publicación es obra de los autores Quintín Riquelme y Elsy Vera, investigadores del Centro de Documentación y Estudios (CDE) y pone énfasis en el impacto de los modelos de producción mediante la comparación en departamentos donde hay cultivos de soja- Alto Paraná y Caaguazú,  y dónde aún se mantiene la agricultura familiar campesina, Paraguarí.

La pobreza extrema rural creció del 17, 6% del año 2013 al 19,2% al 2014, según la Encuesta Permanente de Hogares 2014. Frente a este dato, la sociedad paraguaya debería de interpelarse sobre ¿Qué está pasando en el campo? ¿Por qué hay cada vez más población en la ciudad en situaciones precarias?

Paraguay, un país con condiciones climáticas y recursos naturales para producir alimentos, hoy está dejando de lado la apuesta por la agricultura familiar campesina y modificando la estructura económica de la población. Este estudio desgrana  quizá uno de los aspectos importantes de la desigualdad que hoy pesa sobre el Paraguay: su origen.

Según la Encuesta Permanente de Hogares 2014, el 10% más pobre de la población tiene un ingreso promedio mensual per cápita cercano a los G. 183 mil y participa con el 1,3 % del total de los ingresos en el 2014. El 10% más rico, tiene un ingreso medio mensual por persona cercano a los G. 5.852.000 y participa con el 41,3 % del ingreso total.

 

Quintín Riquelme: la esencia rural del Paraguay desde la investigación.

Quintín Riquelme trabaja en el Centro de Documentación de Estudios desde 1988. “En enero de 1988 vine aquí para trabajar en la publicación de una revista que se llama Informativo Campesino. Esa revista tenía como objetivo relevar todas las informaciones que hay sobre la cuestión rural. Está publicada desde enero de 1988 hasta diciembre de 2014, y es una base de datos riquísima sobre la cuestión rural, sobre la problemática campesina, movimientos de sin tierras, organizaciones campesinas, sobre asesinatos de líderes campesinos y campesinas. Incluso tenemos un capítulo que habla de las políticas agrarias: qué plantea el ministerio, qué se dice del campesino, qué dice el sector empresarial del campesino, la iglesia, todos los actores. Inicialmente recogimos todas las voces y publicamos en esa revista. Hasta el año 2006-2007 era mensual. A partir del 2008 estamos publicando cuatro informativos por año”, cuenta.

Por la rapidez y la facilidad con la que se consigue la información hoy y por los recursos cada vez más reducidos, la revista se prepara para estar disponible en versión digital para quienes deseen revisarlo. Quintín Riquelme es sociólogo, egresado de la Universidad Católica de la promoción año 1979. Trabaja en temas campesinos desde 1977. Nacido en Valenzuela, departamento de Cordillera, se abocó a los estudios campesinos y una de sus armas más poderosas como investigador de temas rurales es que su idioma materno es el guaraní. Junto con la investigadora Elsy Vera es autor del libro “Agricultura campesina, agronegocio y migración. El impacto de los modelos de producción en la dinámica de los territorios”.

-¿De qué se trata este trabajo?

-La idea es mostrar qué está pasando con la agricultura campesina y cómo impacta el fenómeno migratorio a las familias campesinas, cuáles son los factores más importantes de expulsión. Sabemos que el agronegocio está generando una masiva expulsión de las familias campesinas en los departamentos y municipios donde este sector está predominando. Pero nos interesaba también conocer qué pasa con la agricultura y con las familias rurales en otros departamentos y distritos donde el agronegocio aún no llegó o no llegó con la fuerza con la que está en otros lugares. Para ello, tomamos tres departamentos: Alto Paraná cuyo territorio tiene una extensión de 1.480.000 hectáreas aproximadamente está cubierto en más del 70% de soja -856.000 hectáreas en 2012-2013 (MAG 2014) y otros cultivos. Caaguazú que cuenta con una extensión aproximada de 1.047.000 hectareas, de esta cantidad un poco más de 400 mil hectáreas en el período agrícola 2012-2013 ya estaba cubierta de soja como de otros cultivos, es un departamento fuertemente presionado por el agronegocio. El otro departamento que tomamos es Paraguarí que no cuenta prácticamente con cultivos de soja, tiene sí caña dulce que no afecta tanto, pero en los dos o tres últimos años la siembra del arroz en las humedales del Lago Ypoa está preocupando a las autoridades locales y a la población de varios distritos, empresas agroindustriales están comprando grandes extensiones de tierras aledañas al Lago.

-En otro estudio, ustedes también tomaron San Pedro. ¿Por qué?

-Caaguazú y San Pedro, históricamente son territorios de campesinos, porque eran los departamentos que mayor cantidad de campesinos absorbió durante toda la etapa migratoria rural-rural que se dio en las décadas de 1960 y 1970. Estudios de otros colegas como Ramón Fogel señalan que, aproximadamente, Caaguazú y otros departamentos absorbieron a unas 100.000 familias en la etapa de mayor flujo migratorio rural-rural. Últimamente, sin embargo, Caaguazú está expulsando población y esa expulsión se da por el avance de la soja y por la ausencia de una estrategia de desarrollo que atienda las necesidades de la agricultura campesina.

-¿Dónde va esa gente?

-A las ciudades y al exterior. El área metropolitana de Asunción está absorbiendo gran cantidad de migrantes del campo, así como ciudades cabeceras de departamentos como ciudad del Este, Encarnación, el propio municipio de Caaguazú que creció mucho. Al exterior van a la Argentina y desde unos años atrás a San Pablo.

-¿Cuál es el impacto que causa eso?

-La migración implica disminución de la población rural y también de fincas. Nosotros encontramos que hay una tendencia muy clara, la disminución de las fincas campesinas y de población sobre todo de jóvenes repercute en la disminución de la producción de alimentos. Datos de una encuesta agropecuaria del MAG en el 2008, comparado con el Censo Agropecuario 2008, encontramos que en ese corto periodo del 2002 -2008, la agricultura campesina perdió 38 mil fincas de hasta 50 hectáras y en términos de hectáreas más de 600. Eso significa una enorme pérdida para la producción de alimentos.

-¿Dónde fueron a parar esas fincas?

-Migración, siempre hubo. La gente deja su familia, pero en años anteriores o décadas anteriores, la migración no necesariamente implicaba la pérdida de la finca. Generalmente se dejaba al vecino o se vendía al vecino o compraba otro campesino, pero en este momento también nosotros decimos que la tierra también ha migrado, en el sentido de que todas esas tierras que pertenecían a familias campesinas pasan a formar parte del agronegocio en los lugares donde predomina este tipo de agricultura. ¿Quiénes compran las tierras actualmente? Compran los sojeros o los ganaderos. Entonces, dejan de ser fincas campesinas y pasan a ser parte del agronegocio. Eso está ocurriendo en muchos asentamientos que anteriormente tenían mucha población, muchos lotes. En algunos distritos varios asentamientos ya han desaparecido, como en Repatriación, por ejemplo.

-¿Qué supone eso en términos de producción de alimentos?

-Eso supone disminución en la producción de alimentos. Gran parte de los alimentos que entran a los mercados nacionales como regionales se producen en las fincas campesinas. Toda la inmensa producción de los mercados viene de las fincas campesinas. Los productores agroindustriales no tienen diversidad productiva y tampoco producen rubros de consumo para el mercado; las grandes fincas producen rubros para la exportación. Entonces, esa tendencia muestra que en el país hay una relación inversa entre crecimiento poblacional y producción de alimentos. Es decir, crece la población que necesita alimentarse pero hay menos producción de alimentos. Eso supone también para el Estado la duplicación de la importación de alimentos desde otros países y mayor dependencia. No hay una política o estrategia de desarrollo para revertir esa situación.

-¿Qué pasa con Sembrando Oportunidades?

-Acá el problema es que nosotros no tenemos una estrategia o una política de desarrollo desde el Estado. Cada gobierno que sube al poder cambia y empieza de nuevo todo. Acá en la época de Lugo (2008-2012) teníamos el Programa de Producción de Alimentos (PPA), que era un programa que tenía como finalidad llegar a la mayor cantidad posible de productores. Sobre todo a los que tenían hasta 20 hectáreas. Según el último censo agropecuario, en el país tenemos aproximadamente 256 mil fincas que forman parte de la agricultura familiar campesina hasta 50 hectáreas. 50 hectáreas de tierra es considerada Agricultura Familiar Campesina, así lo define la REAF, Reunión Especializada de Agricultura Familiar del Mercosur. De esa cantidad aproximadamente, 240 mil familias tienen hasta 20 hectáreas. El objetivo del Programa de Producción de Alimentos era llegar en 3 o 4 años a esas 240 mil familias. Esa meta creo que con el golpe parlamentario quedó truncado. Ahora poco se menciona ese programa. No hay una política de desarrollo desde el estado para los productores de pequeñas y medianas fincas. Sí hay una política favorable a los grandes productores, con incentivos. Todos sabemos que la soja en grano prácticamente no está gravada y que el IVA es el impuesto que mayor recauda. Hay proyectos y programas, pero desvinculados y desarticulados. Hay una descoordinación interinstitucional casi en todos los niveles. El Ministerio de Agricultura tiene la Dirección de Extensión Agraria y los técnicos están en casi todos los municipios, pero no articulan sus intervenciones con otras instituciones y con los gobiernos locales. Uno le pregunta al intendente de las acciones de los técnicos y no sabe lo que hace el técnico en su municipio.

-¿Ayuda a los comité o ayuda universal?

-Otro problema grave que tenemos es que los técnicos intervienen en una comunidad campesina y forman comités de productores. La pregunta que nos hacemos es ¿qué pasa con las demás familias?. El estado no puede hacer ese tipo de trabajo, la obligación del ministerio es trabajar con todas las familias. Además en los comités no están los más necesitados; los de extrema pobreza no tienen tiempo para organizarse o juntarse con otros campesinos. Cuando hicimos el monitoreo del Programa de Producción de Alimentos, en varios asentamientos nos encontramos con ese problema. El Estado no puede formar “comité de productores”. El estado no puede entrar en una comunidad campesina de 100 familias y organizar comités para beneficiar a 10 o 15 familias. El Estado tiene la obligación de trabajar con todas las familias que están en esa comunidad. Eso son los problemas que tenemos.

Sembrando Oportunidades es también otro programa nuevo creado para combatir la pobreza, pero habría que ver cómo está funcionando, porque paradójicamente la pobreza extrema ha aumentado en el 2014. La información que tenemos es que la intención es implantar el modelo de la agricultura empresarial en pequeñas fincas. Nosotros, en otra evaluación que hicimos, encontramos que modificar la cultura productiva de los campesinos con otro modelo de producción no corre. La característica de la agricultura campesina, entre otras, es la diversidad productiva, y pretender modificar esa cultura por el sistema monocultivista es muy difícil. La experiencia que evaluamos tuvo un rotundo fracaso. Muchas familias estaban volviendo a su sistema anterior.