Asunción, 08/07/2025

Las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes expresamos nuestra preocupación ante el Proyecto de Ley N.º 178886/25, “Que crea una Cuenta Única Nacional para la administración de los fondos derivados de las salidas alternativas del proceso penal, y establece su destino específico a programas de deportes, seguridad, educación y salud” (https://silpy.congreso.gov.py/web/expediente/144041)

Si bien valoramos el esfuerzo por transparentar y canalizar recursos hacia áreas sociales prioritarias, consideramos que el proyecto presenta limitaciones significativas que afectan negativamente la participación y el fortalecimiento de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), actores clave en la promoción de derechos, la prevención del delito y la atención a poblaciones vulnerables.

Principales preocupaciones:

1. Exclusión de las OSFL como beneficiarias

El proyecto no contempla a las organizaciones de la sociedad civil como posibles receptoras de los fondos, a pesar de su experiencia y presencia territorial en las áreas de intervención propuestas.

1. Centralización excesiva en instituciones estatales

La distribución de los recursos se limita a cuatro entidades públicas, sin mecanismos de articulación con actores comunitarios ni incentivos para alianzas público-sociales.

1. Ausencia de participación ciudadana

No se prevé la inclusión de representantes de la sociedad civil en los procesos de control, evaluación o planificación del uso de los fondos.

1. Riesgo de duplicación de esfuerzos

Muchas OSFL ya ejecutan programas en deporte comunitario, prevención de adicciones, educación alternativa y salud. Ignorar estas capacidades instaladas puede generar ineficiencias y desaprovechamiento de recursos.

1. Falta de flexibilidad en la asignación de fondos

La distribución porcentual rígida impide adaptarse a necesidades emergentes o a contextos locales donde las OSFL podrían tener mayor impacto. 

Propuestas:

• Incluir a las OSFL como posibles ejecutoras o co-ejecutoras de programas financiados por esta ley.
• Establecer mecanismos de participación ciudadana en la supervisión y evaluación del uso de los fondos.
• Promover la articulación entre el Estado y la sociedad civil para maximizar el impacto social de los recursos.
• Incorporar criterios de eficiencia e innovación social en la asignación de fondos.

Llamado al diálogo

Instamos a los legisladores y autoridades competentes a abrir un espacio de diálogo con la sociedad civil para revisar y enriquecer este proyecto de ley, asegurando que los recursos públicos lleguen de manera efectiva a quienes más lo necesitan, con transparencia, participación y corresponsabilidad.

ORGANIZACIONES QUE SE ADHIEREN:

ACADEI; Aldeas Infantiles SOS Paraguay; Alter Vida; ALVIDA; Asociación Callescuela; Asociación Ciudad ViVa; Asociación civil de Mariano Roque Alonso; Asociación de Micro y Pequeñas Empresas en Paraguay – AMYPE; Asociación para la Protección y Asistencia de los Condenados – APAC ; Asociación Paraguay Orgánico; Asociación Sembrando Conciencia; Asociación ENFOQUE Niñez; AVANZAR; CEAMSO; Centro de Ayuda Mutua Salud para Todos – CAMSAT; Centro de Documentación y Estudios – CDE; Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos – CPES; CODEHUPY; CODES; CONAMURI Paraguay; Contraloría Ciudadana de Luque; DECIDAMOS; ENLACE-CDH; Familias por la educación integral en Paraguay – FEIPAR; FEDEM; Fundación CIRD; Fundación CONIN; Fundación Las Elegidas; Fundación Moises Bertoni; Fundación Tigüiti para el Desarrollo humano y conservación del medio ambiente; geAm Gestion Ambiental; Gestión Local; Global Infancia; Grupo Luna Nueva; Hábitat para la Humanidad Paraguay; Organización SAVIA; Paraguay Educa; Pojoaju; Red de Organizaciones Sociales; Red Rural; Semillas para la Democracia; Sobrevivencia; Sociedad de Estudios Rurales y Cultura Popular – SER