El lunes 20 de marzo se realizó  la Audiencia Pública “Feminicidios y otras formas de violencia contra la Mujer. Abordaje desde el Estado para la prevención, atención y protección”, organizada por las Comisiones de Derechos Humanos y Equidad y Género, con la colaboración de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) en la Sala de Sesiones del Congreso. La violencia basada en género es un problema social que afecta principalmente a mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como a personas en situación de vulnerabilidad y que en general están bajo el contexto de unas relaciones desiguales de poder, en las que rige la supremacía masculina. Se trata de una violación a los derechos humanos que ocurre en todas las sociedades dominadas por el machismo, como lo es Paraguay, donde el Estado no interviene de manera eficaz para garantizar igualdad, no discriminación y el derecho a vivir una vida libre de violencias.totto infantil catene da neve kadjar r17 nike pegasus 37 ekiden la roche posay güneş kremi yorumlar nike presto blancas con celeste bmw 440i xdrive gran coupe amazon balkon tavan çamaşırlığı sublimated jerseys ρομαν κουρτινεσ σκρουτζ natural eyeshadow palette lego princess ariel cheap lace front wigs sublimated baseball jerseys mérleg media markt football jersey maker

Son mujeres, niñas y adolescentes la mayoría de las personas afectadas por algún tipo de violencia basada en género. Es una pandemia, antes silenciada, ocultada, hoy un problema social y compromiso de las más altas esferas del Estado paraguayo. Por eso demandamos en calidad de urgencia que las instituciones públicas encargadas de prevenir, atender, proteger y sancionar esta violencia, actúen y cumplan las leyes, principalmente la Ley N° 5777/2016 De Protección Integral a las Mujeres Contra toda forma de Violencia.

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 DEMANDAS URGENTES AL ESTADO

Para prevenir el feminicidio y otras formas de violencia hacia las mujeres, las niñas y las adolescentes 

Exigimos, controlamos, demandamos

 

Hoy pedimos rendición de cuentas al Estado y desde mañana estaremos monitoreando y dando seguimiento al actuar estatal. Exigimos:

 

1. Articulación eficiente y eficaz de las instituciones públicas, encargadas de implementar las políticas públicas ordenadas por la Ley, así como mayor desconcentración del poder y control de los órganos jerárquicos sobre el funcionamiento de las oficinas locales. Los casos de violencia doméstica y familiar (aproximadamente 80 causas ingresadas diariamente, según datos del Ministerio Público), quedan en la impunidad, lo que ocasiona que  se sigan cometiendo de manera sistemática. El Poder Judicial sigue aplicando criterios estereotipados sobre las mujeres y no aplica los protocolos y guías de intervención que están vigentes. Urge que desde las instituciones del Sistema de Protección (Ministerio Público, Poder Judicial y Ministerio de la Defensa Pública) se capacite de manera constante a las y los funcionarios y se apliquen los instrumentos desarrollados para mejorar y garantizar el acceso a la justicia de las mujeres.

 

1. Ampliación y descentralización de los servicios públicos. Es fundamental que todos los poderes del Estado descentralicen efectivamente sus funciones. Aunque existen en todo el país Juzgados de Paz, Secretarías de la Mujer a nivel local, Comisarías y Puestos de salud, estos espacios están desconectados de las políticas nacionales, no cuentan con recursos, con personal capacitado y comprometido con las funciones que desempeña. Las Gobernaciones y Municipios tienen responsabilidades concretas en el marco de la Ley 5777/2016 y hasta ahora no han asumido un rol activo en la prevención y atención de casos de violencia y vinculación de los casos y las necesidades de las mujeres con otras instancias locales y departamentales.

 

1. Implementación efectiva de un protocolo de actuación docente para la detección temprana de abusos sexuales de niñas, niños y adolescentes que están en etapa escolar. Estos abusos, cometidos mayoritariamente en los hogares y dentro de las familias produce embarazos forzados y en algunos casos, incluso feminicidio de las afectadas. Los datos de abuso sexual en Paraguay son escalofriantes.

 

1. Responsabilidad estatal en el seguimiento, monitoreo y protección efectiva de los casos de violencia denunciados.  Las mujeres son doblemente asesinadas, primero por sus victimarios, pero también por el Estado. La situación cotidiana nos muestra que las denuncias de violencia familiar no son direccionadas de manera correcta, no se adoptan medidas de seguridad ni protección, no hay asistencia médica adecuada para salvar la vida de una mujer que es víctima de violencia, no hay ambulancias, no hay infraestructura, no hay responsabilidad en los funcionarios/as públicas que tienen la obligación de debida diligencia. Es clave que el Estado adopte medidas de responsabilidad estatal frente a los casos de violencia, inicie sumarios administrativos y se responsabilice por las falencias del sistema de protección.

 

1. Creación de albergues y casas de protección y acogida para mujeres en situación de violencia en departamentos y municipios. En una primera etapa al menos una casa albergue en cada capital departamental, y en los distritos, consejos locales de mujeres y autoridades, pero sin tintes políticos ni nombramientos prebendarios. Los albergues deben estar vinculados a programas de empoderamiento económico del Ministerio del Trabajo, SNPP, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de la Mujer, y otros.

 

1. Servicios estatales en las comunidades indígenas, desde una perspectiva intercultural, para el cumplimiento de los derechos y las leyes nacionales en su plena expresión, cuidando el respeto al derecho consuetudinario, pero sin que éste sea justificativo de la violencia y la no intervención. Demasiadas niñas y adolescentes sufren abusos sexuales, discriminaciones e incluso feminicidios. También se precisa contar con un protocolo de intervención para el abordaje y atención a niñas, niños, adolescentes y mujeres indígenas con pertinencia cultural.

 

1. Registro unificado de violencia basada en género. Un registro unificado no es solo para contar casos, es para identificar los tipos de violencia, la situación socioeconómica de las personas afectadas, las zonas que necesitan mayores servicios, la articulación en la atención interinstitucional, las medidas de protección y el seguimiento de los casos para verificar el cumplimiento de las leyes y las sanciones.

 

1.  Programa estatal de protección y acompañamiento a niñas, niños y adolescentes huérfanos. Ni las CODENIs ni el MINNA ofrecen mínimos servicios de atención económica y psicológica a aquellas niñas, niños y adolescentes que tienen que cargar familias y vidas destruidas, en los casos de feminicidio de sus madres. Urge la responsabilidad del Estado para atender a las víctimas indirectas del feminicidio y proteger al grupo familiar, brindando asistencia sicológica y económica.

 

1. Amplia y especial protección a las mujeres sobrevivientes de intentos de feminicidio y otras formas de violencia basada en género. El miedo, los traumas y la desprotección absoluta que sufren las afectadas son solo algunas de las consecuencias del intento de feminicidio. Las redes están inundadas de denuncias anónimas y gritos de auxilio de la afectada, de su familia y amistades que claman por seguridad y protección. El Estado no debe hacer oídos sordos a este clamor.

¡No nos digan que el Estado no tiene presupuestos! 

¡Asignen los recursos necesarios para estas demandas! ¡Cumplan las leyes!

 

Queremos este año, el 25 de noviembre, Día Internacional Contra la Violencia hacia las Mujeres, decir, que el Estado acompaña efectivamente nuestra lucha #Niunamenos #Vivasnosqueremos Para ello vamos a monitorear las acciones estatales durante el año.