El Fiscal General del Estado recibió a representantes de organizaciones de la sociedad civil que solicitan investigación de la actuación de Monalisa Muñoz y Juan Carlos Ruíz Díaz.

Representantes de organizaciones de la sociedad civil se reunieron este jueves 21 de mayo el Fiscal General del Estado, Javier Díaz de Verón para exponer las irregularidades en la actuación del Ministerio Público en caso de la niña embarazada de diez años y solicitar el respeto por el “interés superior del niño” en las investigaciones que involucran a niños, niñas y adolescentes.

“La entrevista con el Fiscal General del Estado se desarrolló con respecto a lo que

consideramos irregularidades en el accionar de la fiscalía en varias de las causas que están alrededor de la niña de diez años y fundamentalmente, relacionadas con el tema de la madre”, explicó Lilian Soto, representante del Movimiento Kuña Pyrenda.

“Por ejemplo, existe una primera denuncia, en dónde no hay una investigación y hay una desestimación. Actualmente, el fiscal Juan Carlos Ruíz Díaz retoma nuevamente esta causa, pero la llama a la madre en carácter de indagada. Por otra parte, la actuación de la fiscala Monalisa Muñoz que pide como primera acción la prisión preventiva y la separa a la niña de la madre”. Las organizaciones sostienen que el sostén emocional y principal de la niña es su madre, por lo que solicitaron a la Fiscalía General del Estado que tengan en cuenta el interés superior de la niña.

“El Fiscal General del Estado se comprometió, por una parte, a hacer una investigación de esas actuaciones que nosotros consideramos irregular y por otra parte, considerar la posibilidad de unificación en una sola causa, de todas las causas vinculadas con la madre”, explica Soto.

El Fiscal General Javier Díaz de Verón se comprometió además de analizar las competencias jurídicas de la fiscalía para solicitar la restitución del vínculo entre madre y niña.

Capacitación de fiscales

Diaz de Verón se comprometió a trabajar en la capacitación de los fiscales y fiscalas para todo lo que se refiere a procedimientos respetuosos en casos de abuso sexual en niño o niñas y a realizar una investigación sobre la existencia o no de un patrón de actuación fiscal en cuanto a someter a las niñas abusadas y embarazadas a instituciones, separándolas de la madre.

Para ello, la Fiscalía General del Estado se comprometió en un trabajo en conjunto para la investigación, el análisis y la elaboración de un protocolo para la actuación fiscal.

 Antecedente

Las representantes del Comité de América Latina para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), de Amnistía Internacional Paraguay, del Centro de Documentación y Estudios (CDE), de Callescuela, del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ-Paraguay) y del Movimiento Kuña Pyrenda, remitieron una nota a Javier Díaz de Verón en donde señalaban que han constatado “numerosas violaciones al debido proceso, incluso percibimos un ensañamiento contra la madre de la niña, violando su derecho a una vida libre de violencia, contemplado en la Constitución Nacional; así como en los instrumentos internacionales ratificados por el Estado tales como la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), y la Convención de Belén Do Pará, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”.

“El Estado, a través del Ministerio Público y otras instancias, tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento del debido proceso, y garantizar que las personas sometidas a un proceso penal del cual pueda derivar una sanción, sean respetadas en todos sus derechos y garantías”, explicaron, citando numerosas irregularidades.