Espinas y algo más

Por Clyde Soto y Rocco Carbone

No hay final feliz cuando campea la injusticia y cuando el Derecho es violencia. Es lo que está pasando con el caso Curuguaty después tres años y casi seis meses de la masacre de Marina Kue, la que dio el cruento toque de diana para el golpe parlamentario disfrazado de juicio político que en junio de 2012 derrumbó a un gobierno electo democráticamente en Paraguay. Y es que se van sucediendo los intentos de poner punto final al grave conflicto desatado, pero las cicatrices no pueden cerrar debido a que cada movimiento reactualiza la herida y revuelca de dolor a un pueblo que sigue resistiendo como puede ante tamaña arbitrariedad.

Desde que aconteció la masacre ha habido varios intentos, estériles por cierto, de cerrar el caso: por la fuerza, el único lenguaje que es capaz de articular la injusticia. Uno de ellos fue, desde el inicio, la identificación arbitraria de supuestos culpables –campesinas y campesinos que ocupaban las tierras– a quienes se atribuyó la masacre, de acuerdo con un libreto preparado de antemano que incluía la sentencia previa a los acusados. Privados de libertad desde hace tres años –vaya oprobio de cualquier civilización–, 11 campesinos hoy están en un juicio oral y público iniciado hace ya más de cuatro meses, que se traba por fallas procesales, por las protestas de la defensa y por el cambio reiterado de abogados. Esos 11 campesinos resisten ante un poder mortífero y desaparecedor –el Poder de (in)Justicia– para que el caso no se cierre con una condena anticipada, aun cuando la reacción del sistema es implacable: el tribunal que juzga el caso ahora sancionó económicamente (con unos 7.000.000 de guaraníes, aproximadamente 1.300 dólares estadounidenses) a uno de los abogados de la defensa por haber hecho uso del recurso de recusación. En un sistema democrático recusamos toda vez que no estamos de acuerdo con las cosas sin esperar que siga una que otra censura o persecución. De esta manera se intenta humillar a la defensa, bloquearla en su trabajo y obligarla a aceptar las irregularidades. Es decir: el tribunal, garante supuesto de la Justicia, pretende que el juicio se haga sin defensa. O, lo que es peor, con una defensa pintada al óleo, de cartón, mero escenario: impedida de actuar sobre las cosas.

Otro intento fue el supuesto establecimiento de un asentamiento campesino para las víctimas de Marina Kue en un sitio distante al lugar de la masacre, al cual trasladaron no a las víctimas sino a otro grupo de campesinos de la zona: “un campesino es siempre igual a otro” desde el discurso de un poder ciego frente a los derechos de los más pobres, de los sectores discriminados, de minorías étnicas o de poblaciones marginalizadas. El día en que esto sucedió el titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), anunció un “final feliz”, inmediatamente desmentido por los sobrevivientes y víctimas de Marina Kue, quienes desde julio de 2015 habían reocupado esas tierras, exigiendo que se les reconozca el asentamiento y se les otorgue la titularidad. La jugada –más que evidente– consistía en hacernos creer a la ciudadanía que ya todo estaba solucionado. Con un final feliz: falso. InJusticia y mentirosa.

Ahora: el tema de la –otra vez supuesta– donación por ley de las tierras de Marina Kue al Estado paraguayo con la finalidad de establecer en ella una reserva natural, incluso con nombre establecido: Yvera (agua brillante). La ley fue impulsada por la empresa privada Campos Morombi S.A. del grupo Riquelme, en disputa desde hace largo tiempo con el Estado por esas mismas tierras. Precisamente esa disputa –sin resolución judicial debido a la demora y desidia de la Corte Suprema de Justicia– dio origen al caso Marina Kue (pueblo mba’e). La incursión policial fue urgida desde la propia Cámara de Diputados del país, por vía de una nota firmada por el diputado Óscar Tuma. Vaya casualidad: el mismo que redactó el vergonzoso libelo acusatorio contra Fernando Lugo en el juicio político, y hoy además el proyectista de la absurda pretensión de donación de Marina Kue. La impunidad no tiene fin. El Congreso paraguayo sancionó la ley, que está ya solo en espera de su promulgación por el Poder Ejecutivo. Es una coalición de los poderes estatales en contra de los derechos. O sea: si un Poder falla –el Judicial– o es incapaz de dar respuestas en función del Derecho, reinterpretándolo como instrumento de tortura, intervienen otros. Y ahora el Ejecutivo tiene opciones: una humanista, liberadora, emancipadora, respetuosa del derecho a la vida, que aplaudiríamos con ganas desde la ciudadanía; o una mortífera, desaparecedora, torturadora, formulada siguiendo los mismos vectores ideológicos del otro Poder.

El tema es simple: Campos Morombí no puede donar unas tierras que no son suyas. Se dona lo propio, por más que parezca una verdad de perogrullo. Hasta la propia Directora de Registros Públicos dijo que la Ley es inaplicable porque las tierras no están tituladas a nombre de Campos Morombi y no podrán ser inscriptas aunque se promulgue la norma. Lo mismo dijo el titular del Indert, Justo Cárdenas, quien reconoce que las tierras son estatales, traspasadas en 1967 al Estado por la empresa latifundista La Industrial Paraguaya S.A., a cambio de impuestos adeudados. El Estado no las inscribió a tiempo, lo que permitió que se inicie el infierno de Marina Kue.

Sin embargo, el presidente Horacio Cartes, en su mejor estilo atropellado, sin precauciones, anunció que promulgaría el proyecto de ley. Su argumento: de esa manera se acabaría el problema. Luego de esa declaración los medios anunciaron que ya había promulgado el proyecto de ley, para después desmentirse la noticia, dándose el nuevo anuncio de que ni promulgaría ni vetaría la ley, dejándola correr hacia la sanción automática. La ley sancionada por el Congreso del Paraguay es ilegal: es obligación de Cartes vetarla y además pelear la titularidad estatal de Marina Kue, pues por inoperancia se permitió que esas tierras fueran apropiadas por la empresa que ahora pretende donarlas.

¿Y por qué ese interés en la “donación”? Pues porque de ese modo se liberan de la investigación y eventual acusación sobre usurpación. Es decir: la ley legitima la usurpación y sanciona la impunidad. Y los campesinos: pagan.

Usted, señor presidente, tiene una opción: cuidar el derecho de los más débiles –los campesinos. Puede, si solo quisiese, formular una opción humanista, que privilegie la vida por sobre la muerte. Y nos sorprendería en el uso de nuestras conjeturas sobre su manera de conducir Paraguay: uno de los países más desiguales de América Latina.

El infierno de Marina Kue solo podrá finalizar cuando el Estado paraguayo reconozca y repare las violaciones de derechos a las campesinas y campesinos hoy procesados, anulando desde ya el juicio absurdo, cuando recupere Marina Kue y destine esas tierras a la reforma agraria, que es lo que debió haber sucedido de no estar el Paraguay bajo el arbitrio de la injusticia.