• 20 Jun 2019

Me indigna que el Instituto de Previsión Social (IP)S esté en campaña de atribuir un posible crecimiento de la informalidad laboral del trabajo doméstico a la equiparación del salario mínimo. Sobre eso, algunas puntualizaciones:

1. Hasta 2015, cuando las trabajadoras ganaban el 40% del salario mínimo, IPS indica que había unas 27.000 trabajadoras afiliadas al sistema. Esto representaba apenas un aproximado del 12% del total del sector “formalizado”. Cuando el salario subió al 60% (Ley de 5.407/2015), IPS dice que la afiliación cayó a unas 16.000 trabajadoras; es decir, aproximadamente a un 8% del sector.

2. Ergo: estamos ante un caso escandaloso de informalidad laboral. Nunca se ha llegado siquiera al 80% del sector doméstico bajo condiciones formales, incluso cuando el salario estaba en menos de la mitad del mínimo. No es cierto que con menos derechos habrá más formalidad. La variación de +- 4 o 5 por ciento no una catástrofe para el sector: lo catastrófico es que no se tenga una política de formalización seria para el trabajo doméstico.

3. IPS debería analizar cuántas de las 10.000 desafiliaciones ocurridas luego del aumento del 40 al 60% del salario mínimo son efectivamente de trabajadoras domésticas y cuántas de personas que, aprovechando el bajo nivel de cotización previamente vigente, se afiliaban para obtener la cobertura del seguro médico a bajo costo. No es un dato que difundan, posiblemente porque ni siquiera tienen ni han tenido nunca un adecuado control sobre esto.

4. Detalle: el pago a IPS antes de la ley 2015 era mucho menor, debido a que las trabajadoras solo tenían derecho a la atención en salud, no así a la jubilación, lo que quedó incluido en 2015, generándose así un alza en el monto total del aporte. Sí: las trabajadoras domésticas ni siquiera se jubilaban antes de 2015… se suponía que seguirían trabajando por un salario miserable hasta la propia muerte.

5. La ley 5.407/2015 del trabajo doméstico establece en su artículo 20 que la cuota mensual a cubrir por la persona empleadora de una trabajadora doméstica a IPS será a prorrata en los casos de pluriempleo. Sin embargo, actualmente el ente no ha establecido un sistema sencillo que permita cumplir la ley y acceder al derecho a la seguridad social. Es decir: si alguien quiere asegurar a la trabajadora doméstica pluriempleada, lo tiene que hacer por el total del salario mínimo ya vigente, y en todo caso acordar de buena voluntad entre diversxs patronxs la distribución del costo. Esto complica las cosas, y obviamente mucha gente opta por la informalidad antes que meterse en posibles problemas o tener que cargar con el total del costo del seguro social.

6. Es decir: el sistema que IPS mantiene en vigencia para asegurar a las personas trabajadoras no es apto para que la ley se cumpla. En vez de trabajar para que esto cambie y para facilitar la afiliación al sistema de seguridad social (lo que es perfectamente factible, con la tecnología apropiada), voceros de IPS optan por culpar a la eventual mejora en los derechos laborales del posible crecimiento de la informalidad. Esto es, como mínimo, un uso distorsionado de la evidencia numérica.

Me gustaría escuchar alguna vez un discurso de IPS que diga algo así como: “Sí, es un gran cambio y nos va a costar, pero trabajaremos para lograr que la ley se cumpla, para que las trabajadoras domésticas se formalicen y para que ninguna persona trabajadora quede fuera del derecho a la seguridad social”.

#IgualValorIgualesDerechos
#IgualdadSalarialYa

 

Kelli Agüero, histórica lider del Sindicato de Trabajadoras del Empleo Doméstico de Paraguay (SINTRADESPY), al salir de la sesión del 19 de junio de 2019 en la que el Congreso de Diputados aprobó el salario mínimo del 100% para ellas. Foto: Sandra Bosch