Hay gente que defiende sus privilegios. Por ejemplo, el privilegio de ser considerada “decente” por responder a determinado estilo de vida, o por tener (creer tener) lo que se considera como una “familia modelo”, o por responder a los estándares más valorizados socialmente, por motivos varios: ideología, religión, identidad de género, aspecto físico, idioma, sexo, etnia, origen socioeconómico, estado de salud, orientación sexual, raza, pertenencia política, entre muchos otros factores que enriquecen y dan diversidad a las sociedades humanas.
Para sostener esto, se precisa ubicar a quienes no responden al estatus valorizado en los sitios de la anormalidad, de la perversidad, de lo indeseable: al sitio de quienes no merecen igualdad de derechos. Discriminar es quitar derechos. Discriminar es ratificar privilegios. La discriminación es lo contrario de la igualdad.
Todas las personas somos iguales en dignidad y en derechos. Por eso es necesario prohibir toda forma de discriminación. Y por eso en Paraguay necesitamos una Ley contra Toda Forma de Discriminación.
Mi feminismo es básicamente antiesencialista: podemos cambiar el lugar de subordinación histórica de las mujeres porque no es esencia ni naturaleza inmutable. Si así no fuera, solo cabría la resignación. El feminismo no es postular que todas las mujeres son “buenas” o “mejores”, sino una crítica profunda al lugar colectivo de las mujeres en la sociedad y en la cultura, y a las construcciones genéricas (elaboraciones culturales y sociales de la diferencia sexual) que lo han posibilitado.
El caso de Lucía Sandoval nos muestra crudamente cómo las mismas mujeres también portan los mandatos patriarcales de la discriminación: la fiscala acusadora es una mujer (María José Pérez de Giamperi), la abogada querellante es otra mujer (María Candia de Hermosilla). Sus argumentos desconocen todo lo que se ha analizado y trabajado para desvelar y desnaturalizar la violencia hacia las mujeres basada en el género y repiten estereotipos discriminantes. ¿Qué decir y hacer ante esto?:
– Que las mujeres no son inmunes al patriarcado, y a veces son además las más férreas portadoras de sus mandatos. Como muchos hombres, como cualquier persona.
Lucía Sandoval está siendo enjuiciada en Paraguay debido a que se la acusa de responsabilidad ante la muerte de su marido a causa de un disparo accidental, realizado con la misma arma con que estaba siendo amenazada de muerte. El hecho ocurrió en medio de un forcejeo, justo cuando ella le comunicaba la medida judicial de exclusión del hogar que consiguió tras denunciar la violencia sistemática de la que era víctima. Lucía logró que se aplique la ley que protege a las personas ante la violencia doméstica, pero esto derivó en más violencia.
Se trata de un caso paradigmático, pues esto que pasa con Lucía lo han sufrido ya muchas mujeres y porque las respuestas del Estado también son tradicionales: culpabilizar a la víctima, desconocer el derecho que tiene una persona a la defensa propia y dar a los hombres violentos el mensaje de que pueden seguir haciendo uso abusivo de la fuerza, pues habrá impunidad y además habrá castigo para las mujeres que se opongan. Y todo este modelo de actuaciones debe ser cambiado. Ya no podemos tolerar ni la violencia machista, ni la impunidad de los hombres agresores, ni la revictimización de las mujeres por el sistema penal.
El jueves 10 de julio de 2014 el Senado paraguayo tratará el Proyecto de Ley sobre Trabajo Doméstico, que contempla numerosos cambios en el régimen legal referido a este sector. Las modificaciones al proyecto original, acordadas por un amplio conjunto de organizaciones de la sociedad civil, representantes de entidades gubernamentales y con participación protagónica de las organizaciones de trabajadoras domésticas, equiparan los derechos de este tipo de trabajo a los que goza cualquier otro trabajo en el Paraguay. Recordemos que hasta ahora, las trabajadoras domésticas no tienen varios de los derechos reconocidos a las demás personas trabajadoras, por ejemplo: no tienen limitada la jornada laboral a ocho horas máximas de trabajo, el piso salarial es del cuarenta por ciento del salario mínimo vigente, no tienen igual régimen de preavisos, ni gozan de igual inclusión ni beneficios ante el sistema de seguridad social, entre muchas discriminaciones más.
De aprobarse el proyecto con estas modificaciones, sería un avance importantísimo para la erradicación de la discriminación, aunque apenas un paso, pues todavía quedarían por delante el largo y a veces enredado proceso parlamentario y, más aún, la aplicación de la ley para que la igualdad sea real y efectiva. Debe recordarse que el Paraguay está obligado –por su Constitución y por numerosos instrumentos internacionales de derechos humanos– a garantizar la igualdad, a no discriminar y a impedir la discriminación. Nuestra Constitución es tajante: “No se admiten discriminaciones” (artículo 46). No hay situación alguna que justifique un trato diferenciado que reste derechos a personas o sectores, para dar privilegios a otros. Si el Senado paraguayo aprobara una nueva ley discriminatoria, actuaría de manera inconstitucional y contraria a los derechos humanos.
Sin embargo, en este tema se siguen escuchando argumentos que pretenden justificar la disminución de la aspiración igualitaria de las trabajadoras domésticas. En particular, la cuestión que saca ronchas al debate gira en torno a la equiparación salarial. Es necesario desmontar la batería argumental discriminatoria y reforzar la que sustenta la igualdad. Por ello, va el retruque de las razones que suelen ser esgrimidas en este debate:
Si quieren ganar igual que se califiquen: Se dice que quienes realizan trabajo doméstico no tienen la calificación suficiente para ganar el salario mínimo. Que deberían estudiar y especializarse si quieren llegar a eso. Sin embargo:
– El salario mínimo legal está establecido como un piso para la generalidad de las personas trabajadoras, sin que se precise calificación alguna para aspirar a este derecho, simplemente se debe realizar el trabajo para el cual se es contratado. A mayor calificación, en todo caso se debería esperar una mejor retribución, por sobre el mínimo legal. Pretender exigir a las trabajadoras domésticas estudios para aspirar al mínimo es ponerles una traba o requisito superior que no se solicita a las demás personas que trabajan. Y con este argumento se corre el riesgo de rebajar los derechos a los demás trabajadores y trabajadoras. Es una distorsión del concepto del salario mínimo y sería un retroceso de un derecho conseguido tras largas luchas de las y los trabajadores del mundo.
– Realizar las tareas del hogar exige una calificación invisible por haber sido atribuida de manera naturalizada a las mujeres, quienes desde pequeñas son enseñadas a ocuparse de las labores domésticas. El problema es que no se reconoce como trabajo digno lo que siempre se entregó de manera gratuita como parte de los arreglos e intercambios familiares.
– Cuidar de un hogar o cuidar de las personas, en especial cuando son niñas, niños o dependientes por cualquier razón, es una tarea muy delicada, que exige dedicación y confiabilidad. ¿Por qué atender papeles, objetos, dinero o lo que sea debería valer más? Hay una atribución de valores bastante retorcida detrás del concepto de que el trabajo doméstico “no vale lo mismo”.
Tienen beneficios adicionales: Se arguye que las trabajadoras domésticas reciben el beneficio de cama y comida como parte de sus retribuciones. Sin embargo:
– Si percibieran el salario mínimo podrían aspirar a tener un espacio propio y a comer en sus propias casas la comida que quieran, con autonomía y sin dependencia de lo que “les dan” sus patronas y patrones.
– Vivir en la casa de quienes les contratan no debería ser considerado un beneficio adicional para las trabajadoras domésticas; más bien, se trata de un extra pretendido por quienes quieren tener a plena disposición y en horarios extraordinarios a otra persona que les presta un servicio. El salario mínimo ubicará a esta situación en su lugar: tener a una persona trabajando de manera extraordinaria debería ser más costoso, caso contrario estaríamos ante un tipo de trabajo bajo condiciones análogas a la esclavitud.
Se van a quedar sin trabajo: Se dice que los hogares ya no podrán pagar a las trabajadoras domésticas y que por tanto muchas mujeres se quedarán sin trabajo. Sin embargo:
– La equiparación del salario mínimo exigirá un reacomodamiento de la situación, para que ya no sea posible que alguna gente pueda gozar de su propio derecho al trabajo, a la vida familiar y al descanso gracias a la explotación de otra persona. Como el trabajo doméstico es imprescindible (alguien lo realiza, sea del propio hogar o como trabajo remunerado), los hogares que no puedan pagar lo justo podrán realizar contratos por días y horas, y deberán redistribuirse internamente el trabajo doméstico restante. Esto exigirá que las mujeres –en especial– negocien dentro de sus hogares el asunto, de manera tal que no terminen siendo las únicas que cargan con todas estas tareas. Y precisará que los hombres dejen de considerarse seres privilegiados a quienes alguien debe servir en el propio hogar.
– El trabajo doméstico remunerado que deberá dejar de existir es el trabajo explotado y bajo condiciones paupérrimas.
– Un trabajo que pueda aspirar a ser reconocido debida e igualitariamente a través del salario, dejará de ser visto como servidumbre y podrá ser reconocido como lo que es: un trabajo digno.
Aumentará la pobreza: En consonancia con el argumento anterior, mucha gente sostiene que habrá más personas pobres en Paraguay, porque mucha gente se quedará sin trabajo. Sin embargo:
– Existen 219.427 mujeres trabajadoras domésticas, según datos de 2013, que representan un 16% de las mujeres ocupadas del país. Si estas personas trabajaran bajo condiciones dignas e igualitarias, podrían salir de la franja de pobreza, de la que casi sin dudas forman parte a causa de la discriminación.
– En el país existen 1.733.294 hogares. Si cada trabajadora doméstica trabajara en un solo hogar y todos los hogares no tuvieran más que una trabajadora contratada, estamos hablando de no más de 13% de los hogares del país, posiblemente concentrados en la franja de hogares de mejores condiciones económicas. Lo que de seguro disminuirá es la ganancia de tiempo y dinero de quienes disfrutan de mayor riqueza y realizan menos trabajo doméstico, debido a que pagan menos del salario mínimo a quienes trabajan en sus hogares. Es decir, antes que una medida de pobreza, esta debería ser considerada como una medida de redistribución del trabajo y de las ganancias percibidas en virtud de su ejecución.
La igualdad para el trabajo doméstico no es una opción para el Paraguay: es una obligación. Es una cuestión de justicia, es un imperativo de la democracia.
Esta presentación tiene el propósito de compartir algunas reflexiones sobre la violencia basada en el género, esa antigua enemiga de las mujeres, desde tres perspectivas: su basamento cultural, sus vínculos con lo estructural y su carácter político. Comprender la violencia de género es el primer paso para combatirla e impedir su impunidad.
Puede parecer algo obvio, pero a veces se nos pierde en el camino esa profunda ligazón que tiene la violencia hacia las mujeres con el lugar en que se ha colocado a nada menos que la mitad de los seres humanos y con la preservación de un orden genérico al que le cuesta aceptar que haya gente moviéndose en los márgenes o saliéndose de ellos. Descontextualizada, la violencia pasa entonces a ser vista y tratada casi como un atributo autonomizado de algunos hombres en tanto victimarios y de algunas mujeres en tanto víctimas. El carácter altamente cultural de los modos en que se expresa y se sufre la violencia debe ser recuperado para ser contestado debidamente.
1. La violencia como fenómeno cultural y manifestación de poder.
La violencia es una expresión exacerbada del poder que una persona o un grupo de personas ejerce o pretende ejercer sobre otra u otras. Cuando alguien ejerce violencia es porque pudo hacerlo. La violencia siempre tiene una intencionalidad: lograr que las personas que reciben el acto violento hagan algo o impedir que lo hagan, hacer que entiendan algo, que reciban una lección destinada a lograr o impedir actuaciones futuras. En muchas ocasiones, es la lección final que recibe la víctima por no haber respondido a la intencionalidad de quien ejerce violencia. Así, la violencia entre los seres humanos debe ser entendida como un mecanismo de control social.
El abordaje de género es indispensable para comprender plenamente la violencia y para actuar frente a ella: no sólo para contabilizar a quienes la sufren y a quienes la perpetran, sino también, y quizás sobre todo, para entender por qué lo hacen y para comprender también los mecanismos de su impunidad. El género, como elemento que estructura las relaciones sociales, influye decididamente en:
– La gama de respuestas conductuales disponibles en un determinado contexto social, entre ellas, las conductas violentas.
– La gama de conductas asociadas a uno u otro sexo, y también las que se desvían de la norma.
– La identificación de situaciones y sucesos que podrían provocar reacciones violentas.
Así, es común que se ejerza violencia para:
– Preservar y sostener los mandatos de género prevalecientes en la sociedad.
– Expresar el lugar que cada quien ocupa en las relaciones de poder determinadas por el género.
– Castigar a quienes se desvían de los mandatos de género aceptados socialmente, así como de las asignaciones de género que les estaban previstas.
El género es la fina trama donde se teje la mayor parte de la violencia sufrida por las mujeres y desde donde se debe intentar comprender cómo es que los hombres se convierten tan frecuentemente en victimarios, e incluso qué formas de violencia sufren ellos mismos. La asociación de lo masculino con el poder está detrás de la violencia de género y la fundamenta, pues frecuentemente deriva en actos de apropiación de los cuerpos y vidas de las mujeres, en sanción a las mujeres que de alguna manera escapan a ese poder, o en una lucha entre hombres por el dominio social o por la reafirmación de la propia masculinidad. De manera similar, esto se relaciona con la posición atribuida a las mujeres en un sistema basado en relaciones asimétricas de poder. La inferiorización de las mujeres, la falta de autonomía económica, la asignación predominante de roles domésticos, la sexualidad femenina vista como funcional a los deseos masculinos, son las raíces presentes en gran parte de los casos de violencia hacia las mujeres.
A qué nos lleva esto:
– El combate contra la impunidad de la violencia nunca puede ser tan sólo un asunto técnico y su éxito depende del desmantelamiento de los pilares que la sostienen. La impunidad de la violencia está en directa relación con su tolerancia social, basada en la transmisión de modelos de género tradicionales que son funcionales a la violencia.
– La erradicación de la violencia debe ser una empresa colectiva que involucre a toda la sociedad, porque las construcciones culturales de género impregnan a todas y a todos, y a todo lo que hacemos.
– Es necesario identificar los nichos de transmisión de la cultura patriarcal para modificar profundamente la magnitud y las características de la violencia de género.
2. Los vínculos estructurales de la violencia de género.
No puede entenderse el grave impacto que la violencia hacia las mujeres tiene en nuestras sociedades sin visualizar algunos elementos del escenario que actúan como facilitadores. Por ejemplo:
La pobreza, no desde la perspectiva que ve a las personas pobres como un peligro en sí o como proclives al comportamiento violento (lo que sería una premisa falsa), sino a partir de la comprensión de que la pobreza deriva en una grave pérdida de capacidad para defenderse ante la violencia. La pobreza, en especial para las mujeres, no siempre es falta de recursos, sino también falta de disponibilidad sobre ellos. La posibilidad de pérdida de un hogar y de apoyo económico para mantener a los hijos es una limitante para la autonomía de las mujeres y uno de los factores recurrentes en la espiral de la violencia.
La migración, que si bien puede ser vista como el ejercicio de un derecho que tienen las personas a trasladarse y a construirse un proyecto de vida propio, cuando tiene como trasfondo a la pobreza es un caldo de cultivo para situaciones de violencia: no podemos olvidar que detrás de la mayor parte de los casos de trata hay mujeres que querían trabajar en el país de destino, que eran pobres y que no tenían suficiente información debido sobre todo a que se preparaban para ir de “ilegales”. Esta ilegalidad, presupuesta por parte importante de las mujeres migrantes, facilita el contacto con las redes de tráfico y trata, que están al acecho de este perfil de víctimas.
La falta de autonomía sobre el cuerpo. Mujeres sin derechos sexuales y sin capacidad de decisión reproductiva tendrán mayores dificultades de construir el propio proyecto de vida, y la violencia se instala con toda facilidad ahí donde hay mujeres sin derechos. La maternidad como imposición, que en gran parte de Latinoamérica se traduce en criminalización del aborto, en oposición a la procreación voluntaria, es el más grave ejemplo de violación legalizada a la autonomía de las mujeres. Si una sociedad cree que puede imponer la maternidad a las mujeres, ¿cómo no creería que puede disponer del resto de sus cuerpos a través de la violencia?
A qué nos lleva esto:
– La erradicación de la violencia está íntimamente ligada con la capacidad de las mujeres de construir sus proyectos de vida con autonomía.
– Los impedimentos a las decisiones reproductivas, a la maternidad voluntaria, a la posibilidad de estudiar, de trabajar con dignidad, de tener ingresos propios, de trasladarse bajo condiciones seguras, son los eslabones que sostienen la violencia.
3. La violencia de género como un asunto político.
El famoso lema de “lo personal es político” ha alentado a que feministas de todo el mundo trabajemos para desvelar a la violencia de género. Hoy más que nunca podemos decir que éste y otros temas, antes vedados al debate colectivo, han ingresado (aunque a veces tímidamente) a la agenda pública. Posiblemente uno de los temas más legitimados socialmente, de entre los que se trabajan desde el feminismo, sea justamente el de la violencia de género.
Sólo como ejemplos, la OEA tiene una Convención específica dirigida a prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres, la Convención de Belem do Pará. En la mayor parte de los países de América Latina tenemos leyes sobre violencia doméstica e intrafamiliar, y estamos ahora en una ola expansiva para el estudio de leyes que reconozcan y traten la violencia hacia las mujeres de manera integral. Los organismos internacionales, las agencias de cooperación y numerosos actores no gubernamentales han reconocido el problema y han elaborado planes de acción. Parece ser que hemos llegado a amplios consensos públicos internacionales, y a también a nivel nacional, con variaciones, sobre el flagelo de la violencia y lo que ésta implica.
Sin embargo, persisten numerosas limitaciones en la práctica, por ejemplo:
– La dificultad de una correcta evaluación de la magnitud de los hechos y de su evolución, que permita también visibilizarlos de manera adecuada.
– La falta de aplicación plena de las normas jurídicas existentes.
– La necesidad de revisión de las normas penales que siguen sosteniendo visiones patriarcales y limitadas. Por ejemplo, las relaciones interpersonales deben pasar a ser consideradas como agravantes, la habitualidad debe erradicarse como concepto asociado al castigo de la violencia.
– La carencia de servicios de atención disponibles, accesibles, eficientes y seguros. Las mujeres en peligro aún no acceden a una denuncia efectiva ni reciben suficiente atención para romper el famoso círculo de la violencia.
A qué nos lleva esto:
– Es el momento de pasar de las declaraciones a una acción más decidida en torno a las normas y a las políticas implementadas en nuestros países.
– Es necesario plasmar en recursos adecuados todo lo que se ha ganado en el nivel del discurso político.
– Las mujeres tenemos interés político en erradicar la violencia. Es preciso que también estemos en los lugares de decisión política y de decisión económica para que veamos avances que pasen de los papeles a las realidades.
Ponencia presentada en el VI Encuentro de Mujeres Líderes Iberoamericanas . Agenda Iberoamericana por la Igualdad. Madrid, 3 – 7 de octubre de 2010.
Es muy habitual que la dominación se fundamente en una suerte de inferiorización de las personas y colectivos dominados. Se trata de un mecanismo básico de la discriminación. Así, podemos ver diferentes ejemplos paraguayos: hablar sólo guaraní o hablar castellano con marcado acento guaraní pasa a ser visto como ñe’ẽ tavy (habla de tontos) y no como una legítima y equivalente diferencia idiomática, ser campesina o campesino se considera casi un sinónimo de pobreza necesaria e irreparable, se usa a la negritud como seña para un designio irremediable de esclavitud (habrá oído decir eso de “trabajar como negro”) y al ser indígena se le adosan supuestas características de carácter ineludible (de ahí eso de “ser ava” –indio/india– como metáfora de la “argelería” o de la persona antipática o de trato difícil).
El mecanismo discriminador es efectivo en tanto oculta y silencia la dominación, naturalizando la disparidad de poder y de recursos que le sirve de sustento. El problema, entonces, ya no es la diglosia sino el hablar guaraní, al que se considera idioma inferior y sin recursos suficientes para expresarse en igualdad de condiciones en comparación con el español. La cuestión deja de ser la expulsión campesina que empobrece a miles, y se termina hasta criminalizando a quienes resisten el fenómeno. Se olvida a la esclavitud como origen de tanta desgracia humana y no se lucha en contra de ella, sino que se rechaza a la negritud y se aspira a una suerte de “blanqueamiento” diferenciador y liberador. Las personas indígenas son vistas como seres incivilizados y no como integrantes de los últimos reductos de resistencia ante el avance colonizador que, pese a los alardes de soberanía, sigue impregnando la historia política, social y cultural paraguaya. La gente mestiza se mira al espejo y no se ve indígena –aunque parezca indígena, así hable guaraní como lengua materna–, se ve como descendiente de españoles o de algún otro contingente bajado de los barcos.
Y con las mujeres… qué pasa con las mujeres. Una inmensa batería de dispositivos inferiorizadores se ciernen sobre el ser mujer en Paraguay, presionando con fuerza para que nadie se salga tan fácilmente de los casilleros de la discriminación. Ni hace falta esforzarse para recordar que aún algunos hombres siguen llamando che serviha (la que me sirve) a sus compañeras, o que al niño que llora se le dice “no seas kuña’i” (no seas mujercita). Podríamos seguir con los numerosos ñe’ẽnga o dichos que ilustran el caso. Pero me quiero referir a una cuestión en específico: al uso de la sexualidad femenina como elemento para la inferiorización de las mujeres.
El tema es así: en la interpretación patriarcal de la sexualidad humana, “meter” es sinónimo de poder y “que te metan” es sinónimo de inferioridad. De las características anatómicas y del uso que se haga de los dispositivos corporales sexuales y del placer sexual, deriva entonces una especie de predestinación insalvable hacia el lugar de quien es y será objeto de dominio, por supuesta naturaleza corporal (femenina) o por orientación u opción que admita alguna semejanza con lo inferiorizado: con las mujeres. Un hombre patriarcal no debe asemejarse a las mujeres: menos en lo sexual. Menos, porque en ese aspecto íntimo de la vida y de las sensaciones la gente frecuentemente pierde sus defensas y queda expuesta en los pliegues menos visibles desde la mascarada social. Edificios enteros de apariencias suelen derrumbarse tras las paredes de las alcobas y en los recovecos húmedos de la actividad sexual.
El heteropatriarcado cuida que al hombre “no se le meta” nada y que las mujeres puedan “ser metidas” bajo condiciones que expresen el poder del macho de la especie portador de estos mandatos culturales. Por eso, Cartes considera que “sacar la novia” es un acto que debería molestar al periodista que le cuestiona el nombramiento del nietito stronista ante Naciones Unidas, como embajador. Por eso dice que “se pegaría un tiro en las bolas” si su propio hijo resultara ser homosexual. Por eso se regodea ante la idea de una mujer linda que le pueda resultar fácil, para inmediatamente después exponer que en realidad no le gustan las mujeres fáciles. Posiblemente haya sido un rápido paso desde la imagen mental de “fácil para mí” a la de “tampoco fácil para todos”. Porque con todo esto explica su sistema de ideas heteropatriarcales y se posiciona como un exponente digno de sostener con poder simbólico el poder real presidencial que una sociedad machista y patriarcal le ha otorgado. Por eso habla con ese dejo canchero y sobrador –tan conocido para quienes somos de estos lares– cuando dice sus gauchadas de mal gusto.
En una sociedad con dominación patriarcal, machista y heterosexual, las mujeres no tienen vía de escape porque su corporalidad las condena a una sinonimia con la dominación, del lado de quienes la sufren. El cuerpo y la sexualidad están en la base del juego de poderes. Las mujeres, seres cautivos, destinadas por un cuerpo que habla por boca de los dominantes. Si los cuerpos femeninos hablaran por sí mismos, dirían otras cosas: hablarían del placer de obtener, de recibir y de apropiarse “dentro de” como algo positivo y poderoso, no como lo negativo en que insiste la mirada heteropatriarcal. Y por eso en este sistema la violación de las mujeres es un grito desesperado de poder, que destruye lo que se considera debería ser dominado.
Las lesbianas, que podrían de alguna manera escapar de la lógica implícita en la sexualidad hetero, son vistas como seres carentes de una experiencia que les haga aceptar el lugar que se les tenía reservado. Y los hombres homosexuales son despreciados por haberse pasado para el lado de las dominadas. Y si no se cabe en las categorías comprensibles, peor: el ímpetu clasificador y normalizador hará algo para impedir tamaña afrenta. La actividad sexual, entonces, se convierte en un campo de juego y de poderes donde se expresan las construcciones y mandatos culturales sobre lo que dice el cuerpo y lo que indica el deseo.
Es por todo esto que ante las palabras heteropatriarcales de Horacio Cartes: “Paraguay tiene que ser esa mujer linda, tiene que ser un país fácil”, ofreciendo al país para la venta o la apropiación, ofertándolo al mejor postor, es importante tanto como señalar su carácter ofensivo hacia las mujeres y hacia el país entero, desnudar las bases ideológicas sobre las que descansa el fraseo. Es ofensivo que Horacio crea que tiene derecho de uso y oferta de un país entero, con todas sus riquezas, y es ofensivo que –según su comparación– crea que también puede apropiarse de las mujeres y usarlas. Pero no se trata de que no nos traten como putas o de que no comparen al país con las putas, sino sobre todo que expone sin sombra de cuestionamiento al aparato de dominación que permite dividir a las mujeres en putas o santas, en fáciles o difíciles, en fáciles para unos y difíciles para otros, y a las personas en seres dominados según códigos sexo-corporales o en seres que dominan por simbolismo y uso de sus cuerpos sexuados.
Sin embargo, hasta en las críticas y en los chistes circulados en torno a los dichos presidenciales puede verse la repetición del patrón de dominación subyacente. A la gente le preocupa eso de que se les meta algo con facilidad, a los hombres porque les rompe el código dominante que se les ha reservado; a las mujeres, porque las ubica en un lugar ambivalente de ser objetos de deseo y estigmatización ante la mirada masculina y social, y porque si lo hacen desde la elección esto les da un poder inadmisible ante una sociedad que las aplastaría por apropiarse del placer y del deseo.
El problema no es ser fácil o ser difícil, sino la posición de dominio incuestionado que denota quien tiene la palabra para expresar y ubicar en estas categorías a cuerpos y países que considera pueden ser apropiados e intercambiados. Personas y países libres no son fáciles ni son difíciles: sería un imposible. Simplemente, tienen la autonomía para elegir sus destinos y ponerse en marcha.
La noticia golpea y mal, como mucho de lo que sucede en el Paraguay de estos tiempos. Una joven de 18 años decapita a su bebé recién nacido. Una noticia que se agrega al tendal de sucesos con que algunos medios de comunicación se regodean para alimentar el morbo colectivo. Padre que mata a su bebé y luego intenta suicidarse, mujeres muertas en manos de sus exparejas, violador serial en Hernandarias. Pero no me referiré a todo lo que cabría decir sobre estos hechos de gravísima violencia, sino a las respuestas igualmente gravísimas y violentas que una parte de la población parece tener ante este tipo de casos.
Golpea, tanto como las propias noticias, ver cómo los espacios habilitados para los comentarios de lectoras/es se llenan de tanto odio, tanta virulencia, tanta venganza y tanta insania. Y hablamos de personas que aparentemente tienen acceso a los más altos y privilegiados beneficios de la vida social, como hoy podemos decir que son la educación y el trabajo digno en un país tan desigual como el nuestro. Sucede que el Facebook, que es la herramienta usada por algunos periódicos digitales para permitir a sus lectores opinar, coloca algunos datos de quien opina al lado del comentario, y así podemos vislumbrar algo más que el nombre y la opinión.
Vemos, por ejemplo, que entre la buena cantidad de personas que claman por la pena de muerte hay un señor que ostenta el cargo de “gerente administrativo y financiero” en una empresa de informática. Otra mujer, que trabaja en la ANDE, opina que “merece ser decapitada ella”. Hasta una chica que estudia en el extranjero, en una renombrada universidad de Buenos Aires, pide también que decapiten a la joven del suceso. La pena de muerte riñe con principios básicos de derechos humanos, aun cuando sea una práctica persistente y aceptada en muchos países. Pero quizás sea un esfuerzo vano intentar explicárselo a quienes opinan que las personas que cometieron crímenes no merecen gozar de derechos humanos. Esto es la negación misma de la idea de que todo ser humano, por el simple hecho de serlo, tiene derechos básicos e inalienables.
Hay también gente que pide tortura, con todas las letras. Un muchacho que indica estudiar en un colegio religioso, por ejemplo, pide “que se le arranque el útero sin anestesia”, mientras que otra persona que trabaja en la Cámara de Diputados pide “que se le corten las manos”. Y hasta hay cosas peores, que prefiero no reproducir. Lo claro es que los comentarios hacen gala de una crueldad inconmensurable.
Después están los que juzgan a la mujer no por el crimen cometido sino por lo que en sus enfermizas mentes consideran que es una falta moral. Así, un hombre que está o pasó por la Facultad de Ingeniería clama: “A ver salgan pues malditas feministas a defender a esta puta”, entre otras expresiones agresivas que no vale la pena transcribir. Otro, de la Universidad Católica, expone: “Pensó que matando una criatura inocente taparía lo puta que es… puerca asquerosa… con razón que le usaron y tiraron”. Gente así es la que después anda diciendo que defiende la vida, mientras cree que a algunas mujeres hay que “usarlas y tirarlas”.
Para completar, están quienes con aparente mayor benevolencia piden que se mande a la mujer a la cárcel o al manicomio. “Allí sabrá lo que es bueno”, dice una joven que evidentemente considera que estos espacios de reclusión deben ser lugares de tortura. Posiblemente piense así porque esa es la realidad… pero no se debería defender una realidad tan fea. Y también están quienes la quieren enviar al psiquiatra. Pero no para que tenga asistencia si la requiere, o para que eventualmente recupere el equilibrio extraviado, sino como una forma no tan sutil de castigo. Son expresiones de la potente estigmatización que termina de hundir a las personas con alguna dolencia psicológica.
No sé si opiniones de este tipo son mayoritarias en la ciudadanía paraguaya, o simplemente se manifiestan libre y abrumadoramente ante hechos que les dan motivación y aparente sustento. Lo cierto es que van dejando una estela opresiva en las redes sociales y espacios de opinión pública. Quizás hasta se vean alentadas por un medio bastante mentiroso donde, además de dar la noticia con pésima redacción, se publicó el nombre y la dirección completa de la joven del suceso, violando principios básicos de ética periodística.
Tal vez estas personas se consideren muy honorables al opinar de esta manera ante un caso del que no saben más antecedentes que lo expuesto en una noticia mediocre. Pero yo las leo y las veo como parte del mismo fenómeno social que produce criminales, ladrones, violadores, corruptos, torturadores y déspotas. Y de pronto también una madre asesina… Es una sociedad que permite una matanza para dar un golpe de Estado y encumbra en el poder político a quienes se aprovechan de tan trágico suceso. Es una sociedad que dentro de poco más de una semana permitirá que con grandes pompas regresen los huesos de un dictador asesino. Es una sociedad donde toca resistir a muchos golpes y es imperativo despertarse para cambiar las raíces de lo que nos aqueja.
Edvard Munch, “El grito”
Desempolvando archivos. Con las disculpas del caso, posteo un artículo que tiene más de tres años de antigüedad. Volvería sobre las mismas reflexiones si escribiera un nuevo texto, actualizando fechas y datos sobre los casos que se fueron sucediendo. Pero, más que un relato de los hechos, me interesa compartir el análisis. Así que va el replay.
El artículo fue difundido en su momento en el boletín electrónico La Micrófona, Nº 13, de abril de 2009, publicado por el Área Mujer del Centro de Documentación y Estudios (CDE).
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LECCIONES DE LA PATERNIDAD DE LUGO
A un año exacto de las elecciones generales que llevaron a Fernando Lugo a la presidencia del Paraguay, y a poco más de ocho meses de iniciado su mandato, la sonada y recientemente asumida paternidad del mandatario sacude el ya de por sí complicado panorama del gobierno. Sin tregua ni respiro, hoy mismo estalla una denuncia más, por vía de los medios: una mujer joven y pobre afirma que uno de sus hijos también ha sido engendrado por Lugo. El rápido devenir de los acontecimientos de seguro pronto develará cuál es la realidad con respecto a este nuevo caso… y hasta quizás sigan apareciendo más.
Aunque ya mucho se ha dicho en los medios nacionales e internacionales sobre el tema, y aunque el impacto aún esté por verse, es interesante por demás analizar algunas aristas relacionadas con la paternidad presidencial, que parece reunir en sí muchos elementos paradigmáticos en lo referente a la pervivencia de la cultura patriarcal y quizás algunos indicios de posibles rupturas.
La paternidad patriarcal amenazada
En el Paraguay nada hay más común que la paternidad negada, irresponsable y sin consecuencias para el hombre. Posiblemente hay múltiples marcas de nuestra historia como pueblo que abonan esta lamentable práctica masculina que deja a las mujeres como únicas responsables de las niñas y los niños que gestan y traen al mundo (por ejemplo, el mestizaje abusivo de los españoles de la conquista o el cuasi exterminio de los hombres con la guerra contra la Triple Alianza). Sin ánimos de profundizar en estas posibles razones, lo cierto es que en el Paraguay es muy frecuente que los hombres no sólo no se ocupen de su descendencia, sino que además –contradictoriamente– la consideren como un trofeo de guerra al que ni siquiera tendrán que ocuparse de sacar brillo. Ya muchos políticos y hasta mandatarios locales han hecho alarde de este pensamiento y esta práctica, y no pocos jerarcas de la aún dominante iglesia católica. Ni vale la pena buscar ejemplos: al menos en Paraguay son de sobra conocidos. Hace no tanto tiempo un cura decía en guaraní con respecto a su paternidad negada, a modo de excusa: “Oikóntema voi âga” (esto sucede nomás), resumiendo en una sola frase el sentir tradicional (ojalá que no mayoritario) con respecto este asunto.
Así que la paternidad de Lugo, ventilada en una denuncia aparentemente inesperada y asumida por la presión del escándalo, se inscribe en la más consolidada tradición patriarcal paraguaya. Lo interesante aquí es que nos deja una pequeña gran lección: hoy las mujeres tienen herramientas para impedir que así siga siendo, así se trate del presidente de la República y de un hombre que ostentaba un alto cargo en la jerarquía eclesial católica. Es una lección dada por la madre del niño ya reconocido, más allá de los insondables vericuetos que pudieran haber rodeado a la denuncia que llegó a un juzgado de la ciudad de Encarnación. No es seguramente el primer caso, ni será el último, pero las circunstancias que lo rodean lo hacen particularmente ejemplar. Si esta lección es aprendida por las mujeres, en el Paraguay tendremos un importante paso hacia el ejercicio de los derechos. Si los hombres también la aprenden, mucho mejor.
Los mecanismos de protección de derechos para la infancia y para las mujeres se fueron generando tras años de lucha de muchas organizaciones que trabajan estos temas. Pero las herramientas no siempre son conocidas y, aun cuando se conozcan, no siempre son utilizadas debido a múltiples trabas, en particular la pobreza y la desprotección jurídica. En Paraguay hasta ahora ha sido frecuente que por vía de artimañas y de encubrimientos, los poderosos se las arreglaran para negar derechos a las personas más desprotegidas. Sólo se puede cambiar esta situación por vía de un cambio de mentalidades, para lo cual es fundamental la existencia y –sobre todo– el uso de mecanismos que eviten la reproducción impune de la irresponsabilidad paterna.
El ADN al servicio de la ruptura
Hasta hace no mucho demostrar la paternidad negada era casi una utopía para las mujeres y para sus hijos e hijas. Hoy no es así gracias a la ciencia. No es la primera vez que la ciencia se pone al servicio de los derechos de las mujeres: ya la píldora anticonceptiva se mostró en los años sesenta como el mejor sustento de la posibilidad femenina de disfrutar del sexo sin el fantasma de embarazos inesperados, y quizás hasta haya sido más útil que muchos atractivos discursos sobre la libertad sexual y el derecho a gozar del propio cuerpo. Ahora, los avances genéticos se muestran del lado del derecho de las mujeres a que los hombres compartan la responsabilidad procreativa, así como del derecho de hijas e hijos a conocer su identidad y a que los progenitores se hagan responsables de su crianza.
Nunca vamos a saber qué habría hecho Lugo si la prueba del ADN no hubiese revoloteado como certera forma de revelar su parte en la procreación del niño que hoy ha asumido públicamente como hijo. Lo claro es que había tenido ya tiempo y condiciones para asumir su paternidad sin tanto escándalo previo: ya le dieron las dispensas vaticanas, ya ganó las elecciones, ya estaba a un año de asumir su mandato como gobernante… o ¿quizás soñaba con esperar a estar fuera de estas responsabilidades, a cuando ya acabara su periodo de gobierno? Lo cierto es que la privación del reconocimiento paterno a un niño no tiene razones válidas y sólo responde a una doble moral arcaica y dañina.
Pero el mensaje ha sido claro: frente a la paternidad no queda otra que asumir. Quizás cuando este mensaje esté lo suficientemente interiorizado, tendremos como fenómeno frecuente a hombres preocupados ellos mismos de la anticoncepción y de la concepción responsable. Hasta ahora, lo más común es que sean las mujeres las únicas preocupadas de estos temas, mientras los hombres siguen actuando como si su propio placer sexual no pudiera tener consecuencias reproductivas. Es la impunidad (tan común en la vida pública) repetida al infinito hasta en los actos más íntimos del individuo, hasta en la vida sexual. Pero esta impunidad puede ir cambiando y el caso que afecta al presidente podría hasta ser una oportunidad para que como sociedad nos apropiemos de nuevas formas de actuar, más coherentes con la igualdad y con los derechos.
La irresponsabilidad paterna en la picota
Otro asunto interesante que nos deja el caso “paternidad de Lugo” es que no se han escuchado voces de abierta defensa hacia la práctica de la irresponsabilidad procreativa de los hombres. Posiblemente aún mucha gente ni siquiera lo tenga muy masticado, pero es obvio que nadie puede salir a defender tan alegremente el desentendimiento masculino sobre su propia descendencia. Parece ser que ya está suficientemente instalado en Paraguay, al menos como discurso, que los hombres tienen que hacerse cargo de sus hijos e hijas, tal como las mujeres lo han hecho tradicionalmente (aunque aún no se dé igual contenido a esta responsabilidad).
Sin dudas la posición política ha pesado sobre gran parte de los discursos, tanto de los que se alzan para intentar mostrar a la paternidad de Lugo como un ejemplo tajante del fracaso del proceso de cambio de signo político en el gobierno, como de quienes han ensalzado el reconocimiento paterno final. En mi opinión, no estamos ante un hecho del que necesariamente derive el fracaso del gobierno, en particular si el suceso deja lugar a lo que siempre debió ser: un padre responsable de su hijo, más allá de las circunstancias difíciles que pudieran haber rodeado a su concepción y nacimiento. Pero tampoco hay motivos para que Lugo despierte el orgullo de nadie, dada la patente situación de fuerza que derivó en la pública asunción de paternidad del ex obispo presidente. Estamos ante un caso del que podemos aprender mucho, pero no por lo ejemplar de la actuación del protagonista central.
La paternidad ¿un asunto privado?
Un lema feminista que se ha instalado ya en la historia de nuestras luchas es el de “lo personal es político”. La frase remite a varios núcleos centrales de la reflexión feminista:
El caso Lugo da para hacer un debate respecto a todo esto. Hemos escuchado numerosas voces que claman “esto pertenece a la vida privada del presidente”. Pues bien, no es así, o al menos desde el feminismo vamos luchando desde hace años para que no siga siendo. La irresponsabilidad paterna con respecto a la descendencia obliga a las mujeres a hacerse cargo de una mayor inversión en la reproducción de la especie humana. Para muchas, esto implica renunciamientos, dependencia económica y penurias. La estereotipada ideologización de la maternidad como destino irrenunciable y como abnegación suele ser la base más sólida de esta situación, que tiene como contrapartida a la paternidad como casualidad y desentendimiento, como premio sin responsabilidad. El sostenimiento de este estado tradicional de las cosas no es un asunto meramente privado. Las feministas hemos sostenido durante mucho tiempo una lucha orientada a que estas cuestiones formen parte del debate público, y se traduzcan además en políticas que impulsen un cambio, orientado hacia la plena corresponsabilidad de mujeres y hombres sobre la procreación y la crianza. Para que esto suceda, hemos pensado en instrumentos (que en Paraguay ya existen) de obligatoriedad para los hombres, que son los que siempre han zafado del compromiso que implica la paternidad biológica y la crianza social de niñas y niños.
Tenemos además toda la lucha por el derecho de niñas y niños a la identidad. Hemos ido pasando de la idea del reconocimiento de hijos e hijas como concesión graciosa, a su concepción como un derecho de la niñez. Ello significa que la asunción de responsabilidades paternas y maternas no es una opción que tienen las personas, sino un pleno derecho de quienes a través del reconocimiento se hacen acreedores de obligaciones sociales y económicas relacionadas con la crianza. Al ser un derecho, esto no puede ser negado. La negación implica una violación de normas muy claras al respecto, situación ante la que el Estado deberá responder con penas que o disuadan o castiguen.
Así que la paternidad de Lugo, más allá de sus detalles íntimos, es un asunto público; no sólo por quién es el protagonista, sino por el contenido que rodea al caso.
Contradicciones eclesiales
El presidente Lugo ha sido por años parte de la alta jerarquía de la Iglesia Católica. La misma que oficialmente prohíbe el sexo extramatrimonial, los métodos anticonceptivos “no naturales”, el uso del condón, el aborto bajo toda circunstancia, e impone la castidad a sus consagrados/as. La libertad de culto permite que cada agrupación religiosa pregone lo que considere válido, siempre y cuando sea coherente con los derechos humanos y con las leyes, y –en un estado laico como el nuestro– si todas y todos tenemos igualmente el derecho de pensar y actuar de acuerdo con nuestras propias creencias. Sin embargo, el catolicismo institucional se esfuerza en seguir imponiendo sus creencias al conjunto de la población. De aquí la enconada lucha que desde los centros del poder eclesial se libra en contra de la definición de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos. En Paraguay, lo estamos viendo todo el tiempo: cualquier ley o política que hable de estos derechos enfrenta una guerra denodada contra su aprobación. Así que en esa batalla de definiciones y de sentidos andamos con el catolicismo.
El affaire Lugo deja mal parada a una religión que ya trae malos antecedentes de numerosas denuncias de abuso sexual e irrespeto a sus estrictas normas sexuales. Es un golpe que ha impulsado incluso a que los jerarcas católicos del Paraguay pidan perdón por los pecados. ¿Pero basta con un perdón colectivo en este caso? ¿No sería mejor que se revieran los mandatos imposibles e irrazonables relacionados con la sexualidad humana, esa fuerza tan poderosa que casi ninguna institución y norma puede contener sin fisuras?
Al final, Lugo, con sus circunstancias, es víctima de preceptos tan irracionales que sólo dejan como vía de escape a las mentiras y a la doble moral. Ha encontrado que es mejor omitir y ocultar que asumir las consecuencias reproductivas de la sexualidad. Y lo hace en una sociedad que a veces parece más preparada para seguir en la ignorancia a estas violaciones que para hacer cambios decisivos en su pensamiento y en sus normas.
El propio presidente ha sido, a la vez, un representante y un jefe de la institución cuya propia normativa no ha podido cumplir, y hasta probablemente su halo de hombre de iglesia le ayudó a llegar a su puesto actual. Resulta humanamente comprensible que un hombre no pueda cumplir con eso de la castidad; pero, es tremendamente hipócrita que la sociedad entera siga sufriendo mandatos de tinte moral que los propios representantes de la institución que los pregona no pueden cumplir. Aquí hace falta un mea culpa, no por los “pecados” de una persona o de varias, sino por el error de sostener por tanto tiempo preceptos tan inhumanos.
El poder tras la mitra
La tradición patriarcal también admite y glorifica las relaciones sentimentales y sexuales ente hombres con mayor poder comparativo con respecto a las mujeres. No en balde el “buen partido” para una mujer es un hombre más rico, más sabio, más alto y más viejo[1]. Y las trasgresiones a esta norma suelen ser caras para sus protagonistas. Pues bien, el caso Lugo no sólo parece tratarse de un ejemplo paradigmático de cómo opera el imaginario normativo, sino que además podría estarnos mostrando las formas más oscuras de su realidad: el poder de los hombres al servicio de su sexualidad, incluso hasta límites que bien podrían ser abusivos.
Por el momento no sabemos si es cierto el contenido de la supuesta denuncia de la madre del hijo reconocido por el presidente, en referencia a que la relación se inició cuando ella tenía unos 16 años. Si lo fuera, estamos ante un caso en que todo el poderío de la posición, de la edad y de toda la situación pudo haber sido usado a efectos de la seducción.
La sexualidad es una capacidad humana de la que toda persona debería disponer y gozar de manera plena. El caso Lugo nos coloca sin embargo frente a la crudeza de una realidad que suele pasar desapercibida por muy sabida y por considerarse como parte de “la normalidad”. La sexualidad masculina suele expresarse como ejercicio de poder y dominación sobre las mujeres, mientras la sexualidad femenina está limitada por el poder abusivo que frecuentemente se ejerce sobre ella. El patriarcado católico no sólo no ha estado fuera de esto, sino que además lo consolida a través de sus propias creencias y actuaciones.
Doble moral penal
Ya hay quienes han mencionado que podríamos estar ante un caso de estupro, que el Código Penal define como la conducta del “hombre que por medio de la persuasión lograra realizar el coito extramarital con una mujerde catorce a dieciséis años”. Nótese que la figura permitiría sin penalización alguna la misma conducta de una mujer mayor con un hombre menor de las edades señaladas. Es decir, estamos ante una rémora de la doble moral sexual que no sólo ha pervivido desde hace largo tiempo en nuestro Código Penal, sino que además sobrevive con el agregado burlesco de que la pena establecida para el hombre responsable de la “conducta reprochable” es de una irrisoria multa.
Obviamente estas definiciones penales no hacen más que abonar el de por sí fértil terreno de las discriminaciones de género. Lo peor de todo es que en el Paraguay dentro de poco entrarán en vigencia modificaciones recientes (aprobadas apenas en 2008) al Código Penal, donde pese a las sugerencias hechas desde organizaciones de mujeres, lo relacionado con el estupro quedó tal cual. Era una oportunidad para eliminar la irritante diferencia hecha entre la sexualidad de hombres y mujeres, así como para establecer de manera más clara y contundente el reproche social hacia el abuso sexual en contra de personas menores de edad.
Así las cosas, no queda otra que reconocer como mínimo el cinismo de ciertos legisladores, que se llenan hoy la boca al reprochar la conducta presidencial y que sólo respondieron con el silencio cuando esta risible norma penal del estupro era nada menos que definida.
En fin…
Hubiese sido mejor tener otros temas de análisis a un año del 20 de abril, y sobre todo una tónica más festiva. Pero los hechos obligan. Las lecciones de la paternidad de Lugo podrían ayudarnos como sociedad a:
– Colocar en el centro de lo político y de la gestión pública los derechos de niñas y niños y el derecho a la igualdad para las mujeres.
– Conocer y usar leyes y mecanismos que garantizan el derecho a la identidad de niñas y niños, así como el derecho a que padres y madres se hagan responsables de la crianza.
– Apoyar la erradicación de la paternidad irresponsable.
– Desnaturalizar la doble moral sexual, así como a las instituciones que la producen e institucionalizan.
– Reorientar el manejo de la sexualidad hacia un lugar de igualdad y de no discriminación para las mujeres.
– Reconocer las discriminaciones que persisten en el tratamiento penal de temas referentes a la sexualidad, y trabajar para modificarlas.
Esto da para que aprendamos de la experiencia.
[1] Ideas provenientes de largas charlas con Line Bareiro.
1. Los derechos tienen cuerpos
Los derechos humanos sólo pueden ser entendidos si se los aplica en seres con un cuerpo. Los derechos tienen cuerpos: siempre hay algún cuerpo que los ejerce. Los derechos precisan de cuerpos humanos.
La idea es que basta ser alguien humano, un ser con corporalidad humana, para tener titularidad, reconocimiento y ejercicio pleno de un conjunto de derechos que nos pertenecen a todas las personas, sin excepciones. Así, los derechos humanos se concretizan en cuerpos, en personas con cuerpos, que son quienes deben usarlos y disfrutarlos.
Sin embargo, esta comprensión de los derechos humanos no es aún la predominante en nuestra sociedad, donde más bien frecuentemente se entiende y actúa de otra manera: todavía prevalece la idea de que hay derechos que son sólo para determinados cuerpos, aquellos que se ajustan a una comprensión binaria y cerrada del sexo, de la sexualidad, del género y de la identidad sexual y genérica de las personas.
Porque los cuerpos no son anónimos y homogéneos: los cuerpos humanos son sexuados (y esta sexuación humana es compleja y diversa, frecuentemente desmarcada del dimorfismo sexual predominante). Y el sexo no sólo es biológico, pues existe un enorme edificio de asignaciones culturales que lo configuran y que le dan sentido en un marco social. Y, además, los cuerpos sexuados tienden a desarrollar identidades, según diversos aspectos que caracterizan nuestra convivencia en colectivos humanos; entre ellas, la identidad de género, referida a cómo la sociedad comprende y significa el sexo (la naturaleza sexuada de los seres humanos).
Sobre la base de estas diferencias, que son de todas las personas, se han construido numerosas exclusiones.
2. Los derechos necesitan una voz propia
La idea de los derechos humanos y su vocación de universalidad, precisan que se hable de los cuerpos, de las sexualidades y de las identidades: que se los reconozca y asuma en toda su diversidad, como parte constitutiva y enriquecedora de la naturaleza humana. Sin embargo, la sociedad paraguaya se ha acostumbrado a aceptar sólo parte de las expresiones corporales, sexuales e identitarias como válidas, como aptas para gozar de todos los derechos.
Para romper con esta exclusión, es necesario tener voz propia: no sólo ser, sino además aparecer y hablar desde lo que se es, reclamando, proponiendo y ejerciendo derechos. Ser y hablar desde cada quien, con voz propia y sin intermediarios, es un imperativo para la ampliación y el ejercicio de derechos.
En mi opinión, éste es el sentido fundamental y pionero de la presentación que hoy se hace del material elaborado por Panambi, la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros del Paraguay. Esta Guía dirigida a las personas trans para la exigibilidad del derecho a la salud y el respeto de nuestra expresión e identidad de género tiene un carácter pionero: es la voz de un sector invisibilizado para los derechos (aunque muy visibilizado como blanco predilecto de la discriminación), excluido de los servicios y colocado en los márgenes de la sociedad. Hoy tenemos aquí a una organización social que toma la voz en nombre propio y, además, propone al Estado y a toda la sociedad una real ampliación de los derechos.
3. El Estado debe abrirse a los derechos
Los derechos humanos se trabajan de cara al Estado. Es esta organización, que nos pertenece a todas las personas que somos ciudadanas en un determinado territorio, la llamada a dar concreción real a los derechos. Cuando el Estado sólo reconoce a unas personas y no a otras, o sólo brinda servicios a determinada gente, está negando a los derechos humanos.
Por ello, hay también un gran avance para los derechos humanos en el sólo hecho de que estemos aquí en el local de un ministerio[1], junto con personas a las que hemos dado mandatos y responsabilidades públicas, compartiendo la presentación que hace Panambi de este material. Representa una apertura del Estado paraguayo a los derechos humanos, a la inclusión de quienes se han visto injustamente excluidos de la idea y de la aplicación práctica de estos derechos.
Si esta apertura y este tipo de prácticas se consolidan, y sobre todo si se traducen en políticas que arraiguen en el Estado paraguayo, si se concretan en normas y en servicios, podremos decir que dimos un gran paso al frente para una sociedad inclusiva y con respeto a los derechos humanos para todas las personas. Y ésta es la manera de construir una sociedad verdaderamente democrática.
Presentación de la Guía dirigida a las personas trans para la exigibilidad del derecho a la salud y el respeto de nuestra expresión e identidad de género, elaborada por Panambi. Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros del Paraguay.
[1] La presentación fue realizada en el local del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social del Paraguay, con presencia de la ministra Esperanza Martínez.
En las últimas semanas hemos podido visualizar cómo en el Paraguay está vigente la idea de la apropiación y dominación de las personas. En sus grados extremos, esta idea llega incluso a manifestarse en la terminación de la vida de quienes se convierten en víctimas de esta forma de pensamiento autoritario.
Dos hechos, aparentemente inconexos, muestran la magnitud de esta realidad. Un líder político, Lino Oviedo, manifestó que estaba dispuesto a ofrecer “mujeres, votos, autos, camionetas, travestis, etc.”, para ganar las próximas elecciones de 2013[1]. Esto parece que más bien pasó desapercibido ante la avalancha mediática generada por el asesinato de una mujer bajo la supuesta responsabilidad de su esposo, un conocido barrabrava y dirigente de un club de fútbol. Se trata de un caso que las declaraciones de personas allegadas vinculan con celos y malos tratos consuetudinarios, donde sin embargo se llegó a afirmar que la víctima era muy bien tratada porque disponía de tarjetas de crédito y débito, chequera, auto y acceso a las mejores peluquerías.
¿Qué tienen en común estos casos? Básicamente, que hay gente que cree poder disponer de otra y actúa en consecuencia. Por una parte, se cosifica a quienes se coloca bajo esta consideración, negándoles el derecho a la autodeterminación en un plano de libertad e igualdad. Así, mujeres y travestis son para Lino Oviedo seres a los que despoja de dignidad para tratarlos como objeto de intercambio político. Convertida la política en un negocio donde voluntades y votos pueden ser comprados, hay políticos dispuestos a comerciar incluso con los cuerpos y la autonomía de las personas para lograr sus objetivos. Mientras, por otro lado, alguien que considera puede apropiarse de una mujer, cree poder comprar su voluntad con bienes, la controla e impide su autonomía, y, quizás al darse cuenta de que aun así no tiene el dominio al que aspira, la mata en una demostración final de ejercicio de poder.
La violencia política, la violencia en el ámbito futbolero y la violencia de género tienen mucho en común. Están fundamentadas en un sistema de pensamiento caracterizado por la dominación y la negación de la igualdad de las personas, donde hay quienes se atribuyen poderes abusivos sobre quienes no consideran sus iguales. La valorización del macho prepotente, tan cara a los barrabravas, el caudillismo político mesiánico y autoritario, aún tan vigente en el Paraguay, y la alta incidencia de violencia doméstica y sexual ejercida por hombres en contra de las mujeres, son aspectos de un mismo panorama. No se podrá erradicar la violencia de género sin transformar también estas otras manifestaciones de la cultura patriarcal.
[1] Última Hora, 10 de julio de 2011. Disponible en: http://www.ultimahora.com/notas/445082-Oviedo–ofrece-m-s-plata–mujeres-y–hasta-travestis
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