El Blog de Myrian

Myrian González Vera*
Centro de Documentación y Estudios (CDE)
Asunción, noviembre 2011

En febrero de 1989, el Paraguay quedaba libre del que fuera el más antiguo dictador del Cono Sur, después de casi treinta y cinco largos años. Un golpe militar había derrocado el gobierno militar, autoritario y represivo del General Alfredo Stroessner, responsable de detenciones arbitrarias, apresamientos políticos, torturas, asesinatos y desaparición de personas opositoras a su régimen. En 1992, tres años después, el descubrimiento de unos archivos policiales develaba el prolijo sistema del control que ejercía la dictadura sobre la población paraguaya. Lo sorprendente del hallazgo radicaba en que estos archivos no habían sido destruidos, después de la caída de la dictadura, pues contenían documentos escritos de puño y letra de la policía stronista que detallaban con precisión cada acto de represión. Es por ello que, apenas descubiertos, fueron rápidamente denominados Archivos del Terror . Veinte años después, continúan siendo fuente inagotable para exigir justicia, construir memorias y luchar contra el olvido.

Introducción

Cuando se habla de dictaduras militares en el Cono Sur, lo primero que viene a la mente son las desapariciones de personas en la Argentina, la muerte de Salvador Allende en Chile o el golpe militar en Brasil, pero poco o casi nada podía decirse del Paraguay, hasta el descubrimiento de los Archivos del Terror, archivos policiales que desnudan la cruel dictadura que se impuso a partir de 1954. Estos archivos, constituidos por una montaña de documentos, describen detalladamente una parte importante de la historia de la represión política en el Paraguay y confirman la existencia del “Operativo Cóndor”, tantas veces mencionado por víctimas de los distintos países del Cono Sur, como un siniestro sistema regional de trabajo planificado de las dictaduras argentina, chilena, uruguaya y paraguaya, para el intercambio de información y de prisioneros político, cuya existencia nunca había sido constatada.

Mucho más antigua que cualquiera de las dictaduras militares de América Latina, el desconocimiento que se tenía en el exterior del gobierno del General Alfredo Stroessner obedecía a que siempre mantuvo las “formas” en el plano legal : se elegía al Presidente de la República cada cinco años, en unas elecciones que cumplían con los requisitos legales básicos ( con participación de partidos políticos de oposición que ganaban algunos escaños en el Congreso Nacional) y en las cuales Stroessner triunfaba con mayoría aplastante, una y otra vez. Mientras los países vecinos, como Argentina, Chile y Uruguay, denunciaban las represiones, torturas y desapariciones, el Paraguay se jactaba de la “paz, progreso y bienestar” que gozaba la República. Debido a este aislamiento, es que el escritor en el exilio Augusto Roa Bastos, afirmaba que su país era como una isla rodeada de tierra. Esta situación se mantuvo prácticamente hasta fines de la década de los setenta, cuando ya las denuncias sobre las brutalidades del régimen pudieron traspasar las fronteras paraguayas y se empezó a recibir la solidaridad internacional, a raíz de las denuncias que empezaron a hacer en el país personas valientes que se animaron a enfrentar al régimen .

En este marco se desarrollaba la vida política y ciudadana de una fragmentada sociedad. Por un lado, con una población que aplaudía y veneraba la dictadura y al dictador; y por el otro, sectores que sufrían el ostracismo por no comulgar con la ideología del régimen militar. En medio, se dejaba ver una población silenciada –forzada o voluntariamente–, que no participaba, que no opinaba, aunque era testigo cotidiano de actos tiranos y autoritarios de quienes formaban parte del gobierno: autoridades, parlamentarios, dirigentes partidarios, funcionariado público, pero que al mismo tiempo era también conocedora de las detenciones arbitrarias y las persecuciones a líderes sociales y políticos de la oposición. Todo se sabía en el Paraguay, pero nada podía decirse, porque podría significa la cárcel, la tortura o el asesinato.

Cuando cayó la dictadura, el 2 y 3 de febrero de 1989, todo lo que se asoció a Stroessner y su régimen desapareció, casi como de un plumazo, instaurándose una especie de política de olvido, desde el plano institucional: placas recordatorias de instituciones públicas, cambio de nombre de escuelas, clubes, barrios y ciudades. Con el derrocado dictador en el exilio , quienes fueron cercanos colaboradores de Stroessner o huyeron o rápidamente pasaron a la vereda de enfrente. Los menos fueron encarcelados. Era la conversión del Paraguay sin Stroessner, de la noche a la mañana. Comenzaba la transición hacia la democracia sin memorias, sin pasado. Parecía que tres décadas y media bien podían quedar ocultas bajo velos de complicidad, de traición, de nuevos silencios. Había un pueblo cansado, agobiado, oprimido, que necesitaba fortalecerse en la esperanza de un futuro mejor. En general, se apostaba a la construcción de la democracia, haciendo borrón y cuenta nueva. Sin embargo, una parte de la población se negaba al olvido: quienes fueron víctimas de destierros, exilios, torturas o quienes fueron despojados –por asesinato o desaparición–, de sus familiares, en la larga noche de la dictadura, así como organizaciones de Derechos Humanos, continuaron, aunque tibiamente, en algunos casos, su lucha por la memoria y por la justicia.

Un Paraguay sin Stroessner era un sueño que se hacía realidad. ¿No era suficiente castigo su caída, su exilio? Parecía que sí. Hasta el 22 de diciembre de 1992, cuando se descubren los archivos del terror que permitieron conocer la historia de la represión, a partir de casi dos toneladas de documentos policiales, fotografías de actos políticos, de mujeres y hombres militantes de movimientos sociales o políticos, documentos personales y declaraciones de detenidos, torturados, asesinados y desaparecidos. Allí estaba una verdad contada por la policía del régimen, pero también había retazos de la verdad de sus víctimas.

Este artículo parte de una acotada descripción de la dictadura stronista, como marco para entender el origen y desarrollo de los Archivos del Terror; en la segunda parte se relata el descubrimiento de dichos Archivos, las disputas sobre la propiedad y preservación de los mismos y la creación de un centro de documentación y archivo, bajo la responsabilidad de la Corte Suprema de Justicia. En la última parte, se presentan los archivos como fuentes para la memoria y la justicia, partiendo de una trama compleja del valor que representan, las verdades en juego que contienen y los aportes que ofrece para la construcción de memorias colectivas que apunten a un futuro donde el Anive hagüa oiko –el Nunca Más– no formen parte del olvido.

I. Alfredo Stroessner y la instalación de una dictadura militar

Excepto un corto período de seis meses, que la historia política paraguaya denominó primavera democrática, el país no registra gobiernos civiles y democráticos hasta 1993 . Siempre fueron caudillos políticos y militares los que gobernaron el país. Esta cultura de política autoritaria, militar y caudillista abonó adecuadamente el terreno político en tiempos de alta inestabilidad, para propiciar el régimen dictatorial que Alfredo Stroessner sostuvo durante más de tres décadas, a partir del golpe militar que produjo en mayo de 1954. Pero primero veamos cómo estaba el panorama político antes de su llegada al poder.

Situación política antes del golpe de 1954

En 1947, la Asociación Nacional Republicana (ANR o Partido Colorado), volvió al poder después de cuatro décadas, al salir victoriosa en una cruenta guerra civil que duró menos de un año, desatada después de esa breve primavera democrática de 1946. Con fuerte apoyo del campesinado, fuerzas policiales y militares, se inició un proceso de coloradización del país. Los sectores derrotados fueron al exilio, “la deserción de casi el 80% del cuerpo de oficiales al lado de los rebeldes, significó que únicamente militares colorados permanecerían en los puestos de mando, y el común denominador del nuevo ejército republicano se componía de reclutas colorados […]” (Lewis, 1986: 79); se proscribieron todos los partidos de oposición, en tanto la sociedad, las fuerzas armadas y la policía quedaron bajo el poder único del partido. Así, bajo un control absoluto de las fuerzas públicas, el oficialismo colorado impuso un gobierno autoritario, aunque muy pronto se presentaron grietas al interior del partido.
Las disputas por el poder ocasionaron una grave anarquía e inestabilidad política entre 1948 y 1949; las luchas internas entre dos grupos produjeron media docena de presidentes, en menos de dos años. En 1949 asumió la presidencia Federico Cháves. Alfredo Stroessner, entonces coronel, inició su entrada al círculo de poder, participando de estas intrigas políticas, si bien aún no contaba con un liderazgo visible. Es probable, sin embargo que la guerra civil, de 1947, haya sido

“un condicionante indirecto del advenimiento del stronismo, al haber sido el punto de partida de un régimen civil de partido único, caótico, cuasi anárquico, que, entre 1947 y 1954, sometió al país a un estado de intolerancia, primitivismo y persecución política y mantuvo el estancamiento y desequilibrio de su economía agrícola atrasada y la situación de miseria y pobreza de las mayorías trabajadoras del campo y de la ciudad; agravado por el despilfarro de los recursos del Estado, por sus administradores de turno” (Yore, 1992: 62).

El 15 de febrero de 1953, fue reelegido como Presidente de la República Federico Cháves, quien apostaba a la pacificación del país en el marco de una situación política que permitiera el fortalecimiento económico y la instalación de normas institucionales democráticas (Seiferheld, 1987: 26). Sin embargo, Cháves no pudo cumplir con sus promesas electorales y la crisis política volvió a ensombrecer su gobierno. Apenas iniciado 1954, aumentaron las tensiones en el gobierno y en el Partido Colorado, sin que se cumplan los objetivos propuestos por Cháves. Fuerzas militares e intereses económicos se opusieron a la idea de democratización y conformaron un frente para derrocar al gobierno.

El golpe de Estado de 1954 y la construcción del liderazgo de Stroessner

El 4 de mayo de 1954, Alfredo Stroessner, respaldado por las Fuerzas Armadas y la Junta de Gobierno del Partido Colorado, protagonizó el golpe de Estado contra el Presidente Cháves. Esta sublevación militar contó con el apoyo de los Estados Unidos que, en el contexto de la guerra fría, buscaba aliados en estos lares del sur . Asimismo, parte importante de la población –hastiada de tanta inestabilidad política– también le brindó respaldo al militar, ya que veía en él al “héroe guerrero, titular natural del poder, además tenía fama de honesto y se esperaba de él que cortara algunos desmanes .

Stroessner mostró una gran habilidad política al no aceptar el poder de la República inmediatamente después del golpe , y lograr que el Partido Colorado convocara a elecciones presidenciales promoviendo su candidatura única. Así, el 15 de agosto de 1954, se convirtió en Presidente de la República del Paraguay e inició el plan que lo llevaría a consolidar el poder y convertirse, en poco tiempo, en el “único líder”, denominación que fue afianzando con el tiempo.

En la primera etapa de su gobierno, Stroessner se ocupó de ubicar las piezas estratégicamente. En el Partido Colorado, unificó las fuerzas bajo su liderazgo, apartando a quienes podían convertirse en eventuales enemigos que disputen su poder. Con los militares desarrolló con habilidad la reorganización del ejército, promoviendo y ascendiendo a militares a quienes podía manejar a su antojo y a otros proporcionándoles medios para enriquecerse rápidamente.

Una vez que los opositores fueron apartados, detenidos o enviados al exilio, Stroessner desarrolló planificadamente el control social, prohibiendo las actividades políticas y reprimiendo actos que se consideraban “subversivos” . La libertad de prensa fue desapareciendo hasta llegar a la autocensura de los medios de comunicación existentes. Más allá de las fronteras no era posible visualizar que se estaba sembrando una dictadura que acabaría con cualquier atisbo de rebeldía política. Hacia fines de la década de los cincuenta fueron aplacadas importantes movilizaciones sociales y crisis políticas . Con un autogolpe, que disolvió la Cámara de Representantes, en 1959, Stroessner apuntó a la consolidación del triángulo de poder gobierno-fuerzas armadas-partido colorado, anclado en una fuerte ideología nacionalista militar.

A partir de los años sesenta, el partido y las fuerzas armadas ya estaban bajo el control absoluto de Stroessner. Uno de los más tenaces opositores al régimen stronista, el monseñor Mario Melanio Medina, cura de la Iglesia Católica , afirmaba que Stroessner “tranquilizó a los militares después de tantos golpes y revoluciones internas; como militar que era, privilegió a sus camaradas con prebendas, el militar no podía ser ni mal mirado, menos criticado, hacían lo que querían…” . En cuanto a su gobierno, el dictador desarrolló una modalidad prebendaria que producía cargos públicos a diestra y siniestra, a través del planillerismo, como forma de pagar favores políticos y mantener la lealtad de sus subalternos , y donde la afiliación al partido era requisito indispensable para ejercer cargo público (incluida la docencia ). Pero en su afán personalista, Stroessner fue más allá: hasta los clubes sociales debían estar a cargo de partidarios del régimen. Ello era posible, porque todo el país estaba controlado por las oficinas partidarias, llamadas seccionales, que eran “tentáculos del poder, mandaban más que cualquiera, ni el comisario ni el juez tenían poder como las seccionales, que están en todos los pueblos. Los caudillos eran seccionaleros que dominaban al pueblo con miedo, y por supuesto, con la famosa propaganda de la paz” .

Pero no fueron sólo militares y dirigentes colorados quienes le rendían culto a Stroessner. A él le gustaba ser el caudillo, el único líder, imagen que se fortalecía en una fuerte propaganda política : una emisora estatal que emitía diariamente informaciones de las actividades presidenciales, un periódico distribuido a todo el funcionariado público , amén de las demostraciones voluntarias y espontáneas en cualquier acto público que se realizaba en escuelas, colegios, clubes, etc. En este contexto de control absoluto, la policía stronista desarrollaba un elaborado trabajo de espionaje y persecución a los “enemigos de la patria”. Así, comisarías, cárceles y cualquier oficina policial tenían un protocolo de trabajo que implicaba una minuciosa tarea de seguimiento a toda actividad sospechosa de subvertir el orden, que fue celosamente registrada en documentos escritos, muchos de los cuales, hoy, forman parte de los frondosos Archivos del Terror.

II. El descubrimiento de los Archivos del Terror: 22 de diciembre de 1992

A casi tres años de la gesta militar que trajo vientos de libertad al Paraguay, el país vivía momentos de gran repercusión política, con una nueva Constitución nacional, democrática e igualitaria; se habían ratificado importantes convenios internacionales de respeto a los Derechos Humanos y los partidos políticos de oposición se entusiasmaban con la oportunidad de presentar candidaturas presidenciales, para las primeras elecciones libres y democráticas, es decir, se estaba transitando hacia la democracia.

A diferencia de los otros países de la región, el Paraguay no precisó de leyes de amnistía ni de reconciliación nacional, pues existió de hecho una política de olvido del pasado reciente. La necesidad de borrar todo vestigio de dictadura y stronismo se manifestaba no sólo en las esferas oficiales, con la eliminación de imágenes de Stroessner, inscripciones de sus obras de gobierno o placas conmemorativas, sino también en la sociedad paraguaya. Es célebre la tarde en que grupos de personas se reunieron al pie de una gigante estatua del dictador, asentada en la cima del Cerro Lambaré y unieron sus fuerzas –literalmente hablando– hasta derribar la mole de bronce, de unas tres toneladas.

El dictador se había asilado en Brasil y su ministro del interior, en Honduras. Sólo algunos pocos colaboradores del régimen stronista estaban en la cárcel o en medio de procesos judiciales, principalmente por enriquecimiento ilícito . No obstante, pequeños, pero fuertes grupos de víctimas directas del régimen y sus familiares, así como organizaciones de Derechos Humanos, disputaban un espacio ciudadano exigiendo justicia y reparación.

Y es esta tenacidad la que llevó al descubrimiento de los Archivos del Terror, quebrando abruptamente esa política de olvido. La solicitud de hábeas data –una figura que se había incluido en la nueva Constitución– de una víctima del stronismo, Martín Almada, llevó a la búsqueda de información en el ámbito del Poder Judicial. El juez José Agustín Fernández, encargado de la causa, remitió un oficio a las oficinas policiales, recibiendo primeramente respuestas negativas respecto a la existencia de informes policiales sobre Almada, con el argumento de que podrían haber desaparecido después del golpe militar de 1989.

El descubrimiento

El descubrimiento de los Archivos del Terror causó una gran conmoción, tanto a nivel interno, como externo. Un primer impacto guardaba relación con la existencia de semejante información. Reflexionando sobre memorias y archivos de la represión, Elizabeth Jelin señala que, cuando se habla de regímenes totalitarios o dictatoriales –que actuaban en muchos casos ilegal y clandestinamente– se asume que “muchas acciones no hayan dejado registro escrito o documental. Sin embargo, se trató de regímenes con cadenas de mando, con organización burocrático-militar, con instituciones policiales y de inteligencia. La práctica de estas instituciones implica llevar registros, redactar informes, organizar prontuarios y archivos” (Da Silva Catela y Jelin, 2002: 3). Es decir, la sorpresa no radicaba en la existencia de archivos de este tipo, sino en su preservación.

¿Por qué fueron celosamente guardados? Una respuesta ligera podría indicar que tal era la omnipotencia del régimen stronista que pensaban que pronto volverían al poder. Pero quizá valga la pena hilar otras tramas, preguntándonos ¿cómo fue posible descubrir estos archivos policiales?

Una de las versiones difundidas –aunque rápidamente desmentida por el juez Fernández– es que el descubrimiento fue producto de peleas internas en el Partido Colorado, ocurridas en épocas preelectorales. Luis M. Argaña, uno de los precandidatos colorados, había sido Presidente de la Corte Suprema de Justicia, en tiempos de Stroessner y se suponía que la aparición de los archivos podría involucrarlo a él en el sistema represivo, lo cual ocasionaría quiebres y retiro de apoyo a su candidatura. Sin embargo, ha sido oficializada la versión de que los archivos policiales fueron descubiertos mediante la información que un policía proporcionó al diputado Francisco José De Vargas, integrante de la Comisión Bicameral de Investigación de Ilícitos (CBII) y que éste, a su vez, informó al Juez José Agustín Fernández y a Martín Almada .

El 22 de diciembre de 1992, una comitiva judicial, liderada por Fernández, llegó al Departamento de Producción de Policía de la Capital, ubicada en la ciudad de Lambaré, cercana a la capital. Acompañado del diputado De Vargas, de Martín Almada y de periodistas de la Red Privada de Comunicación , el juez impuso su autoridad ante los funcionarios policiales que –aduciendo ausencia del director responsable– se negaban a abrir el local, ordenándoles que rompieran los candados de las puertas del depósito que guardaba los archivos: lo que aparecería a la vista de todas las personas allí presentes, marcaría un hecho histórico. Cuentan, quienes estuvieron allí, que vivieron momentos de extrema tensión, tristeza, llantos y esperanzas. Cada papel, cada documento estaba pintado con los colores de sangre de tantos presos políticos, mujeres y hombres, víctimas de un estado terrorista.

Para el resguardo de tan valioso archivo, se formó una cadena humana en el traslado hacia la capital. Familiares y víctimas de la dictadura no podían creer que retazos de su vida podían haber estado prolijamente escritos por sus verdugos, en grandes libros rojos que contenían incontables declaraciones de presos políticos; en fichas de registro de entrada y salida de detenidos; fotos; cartas personales; documentos de identidad; y libros diversos, producto de allanamientos arbitrarios. Refiriéndose a archivos de la represión, Ludmila Catela dice que:
“son un caso paradigmático en el mundo de los archivos. Primero, porque afectan a buena parte de las sociedades donde fueron recuperados: al Estado y a sus agentes (presidentes dictatoriales, integrantes de las fuerzas de seguridad, jueces, médicos forenses, carceleros, etc.); a las víctimas (militantes políticos, sindicales, barriales, y todo aquel que entraba dentro de la amplia definición de ‘enemigo’ para el Estado y sus agentes); a los familiares y amigos de éstos; a las organizaciones de derechos humanos; a las comunidades como un todo (que ve reflejada acciones y prácticas de sus ciudadanos ante la represión: delación, solidaridad, miedo, etc.).” (Da Silva Catela, 2002: 210).

Todo eso y más, representan los archivos de la represión paraguaya. Y era por eso que esa cadena humana los protegió, a lo largo de los diez kilómetros que separaban el Departamento de Producción de Policía de la Capital, del edificio del Poder Judicial ubicado en Asunción, donde quedaron alojados, bajo un estricto control policial-judicial y responsabilidad de los jueces Fernández y Benítez Riera .

El resguardo y preservación de los archivos

El operativo de rescate de los archivos policiales había sido un éxito. Quedaba ahora una tarea también difícil, pero imprescindible: preservar la documentación hallada, resguardarla de cualquier intento de desaparición (robo, incendios). Los jueces Fernández y Benítez Riera fueron los responsables del resguardo. Ambos decidieron llevar la documentación a la oficina de Fernández, hasta tanto se decidía qué hacer con ellos. Una primera medida fue la de restringir el acceso de la prensa al lugar, por temor a la violación del derecho a la intimidad de las personas que fueron víctimas de violencia.

Pronto se consiguió apoyo para preservar adecuadamente el acervo documental. Ante la precariedad de recursos del Estado, a esa altura del año, dos organizaciones no gubernamentales de reconocida trayectoria, ofrecieron sus servicios para realizar una primera clasificación e inventario de la documentación hallada. Así, con la firma de un convenio entre el Centro de Documentación y Estudios (CDE), el Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia (CIPAE) y la Corte Suprema de Justicia, se inició el trabajo, que contó con funcionarios de la Fiscalía y voluntarios y duró tres meses.

En marzo de 1993, concluyó la primera clasificación e inventario de los archivos y la Corte Suprema de Justicia decidió instalar el Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos (CDyA) y ponerlo a disposición del público, para la consulta y búsqueda de información solicitada para diversos usos: procesos judiciales, hábeas datas, investigaciones, etc. A partir de este primer trabajo, y ya con ayuda de nuevos recursos y apoyos nacionales e internacionales, el CDyA continuó con el trabajo de clasificación, ya más rigurosa y registrando cada documento en bases de datos informatizadas y se inició el proceso de microfilmación de los documentos.

Estas medidas de preservación no estuvieron exentas de conflicto entre las autoridades judiciales y los grupos de víctimas y de familiares. Había una desconfianza mutua, respecto al resguardo de la documentación allí guardaba . La demanda de preservación de los archivos se hizo creciente, desde el mismo momento de su hallazgo, e incluso organizaciones de Derechos Humanos de otros países de la región se sumaron a los pedidos de resguardo, tal como consta en un documento enviado al Fiscal General del Estado, por organizaciones argentinas, como las Abuelas de Plaza de Mayo y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, entre otras .

Las disputas sobre la propiedad de los archivos

¿A quién/es pertenecen los archivos policiales? ¿Son de las víctimas o del Estado? La primera disputa sobre la propiedad, surge en las organizaciones de víctimas que solicitaron, a la Corte Suprema de Justicia, el traslado de los archivos a la bóveda del Palacio de Justicia (González, 2002: 99). Pero el Juez encargado, José Agustín Fernández, se opuso, argumentando que esto no era posible, ya que eran documentos encontrados en el marco de un proceso judicial, referido al hábeas data, solicitado por Martín Almada, y que, por tanto, formaban parte de pruebas judiciales que estaban bajo su cargo.

En realidad, el pedido de las víctimas obedecía al interés de ser ellas mismas los custodios de los archivos, aunque presentan otros argumentos (como la falta de confianza hacia las instituciones del Estado que estaban a cargo de la tarea de clasificación), es otro el motivo que aflora detrás de estos reclamos y es : la disputa por la propiedad de esos archivos: ¿por qué el Estado, si es el principal responsable de la represión, debería ser el encargado de preservar tan importante documentación? ¿quiénes son los dueños legítimos? ¿quiénes tienen “más” derechos sobre ellos? Esta reflexión se desprende de algunas declaraciones hechas días después del hallazgo, cuando estos grupos de personas se presentaron ante el juez Fernández, a reclamar –o exigir– participación en el trabajo de clasificación de los documentos.

“Aquí está nuestro dolor y nuestras lágrimas, esos papeles son nuestros, por eso somos los mayormente interesados en que esto esté custodiado […] ”.

“Venimos con el deseo de colaborar, tenemos a nuestra disposición gente experta, pero más que gente experta, hay gente que vivió el drama y que, con mucho celo, va a ayudar en el objetivo que usted también está embarcado […]” .

Estas acciones ciudadanas nos remiten al rol de los emprendedores de la memoria, denominación acuñada por Jelin (2002: 28), para referirse a personas o grupos comprometidos en emprender o generar proyectos de memoria “que puede implicar jerarquías sociales, mecanismos de control y de división del trabajo, bajo el mando de estos emprendedores”. Es justamente esta idea de control y mando la que subyacía bajo los reclamos de organizaciones como la Adavi, la Comisión Permanente de Defensa de los Derechos Humanos y el Movimiento Amplio de Participación Nacional (MAPN), que conformaron un equipo denominado “Guardia Civil”, para estar presentes durante el trabajo de clasificación e inventario. Sin embargo, pronto dejaron de participar de la labor, ya que surgieron conflictos con el juez Fernández. La Guardia Civil denunció que se robaban documentos de la oficina del juez, en tanto éste señaló que el motivo de la pelea fue que la Guardia Civil se quiso “extralimitar” en sus funciones:

“Al principio ellos estaban, venían porque yo les autoricé. Pero eso es algo extrajudicial, y lo hice porque muchos decían que fueron presos políticos y que habían sufrido los rigores del régimen anterior. Pero no supieron mantener una línea de armonía, de diálogo, salieron a denunciar, desconfiando de la labor de la Fiscalía” .

El conflicto continuó por un tiempo, ya que ni la Adavi, ni las otras organizaciones de víctimas estuvieron conformes cuando la Corte Suprema de Justicia dictó la acordada, por la cual aceptaba el apoyo de instituciones de la sociedad civil, en la tarea de clasificar e inventariar todo los documentos. “Habíamos pedido que dicha institución nos mantuviera informados, a través de un reporte semanal, del avance de las tareas de clasificación. Sin embargo, no hemos recibido hasta hoy ninguna nota”, agregaba la dirigente de la Adavi un mes después de iniciado el trabajo de clasificación, refiriéndose a una de las entidades involucradas.

Con la creación del CDyA, bajo la dirección de los jueces Fernández y Luis Benítez Riera y de la documentalista encargada, Rosa Palau , la disputa por la propiedad de los archivos se fue diluyendo, por lo menos en el ámbito de las organizaciones de Derechos Humanos. Sin embargo, no ha sido así en otros ámbitos, ya que cada cierto tiempo, instituciones públicas manifiestan que los Archivos del Terror ya no deberían estar bajo la tutela del Poder Judicial, pues se deberían convertir en archivos públicos y alojarse en otras direcciones públicas.

III. Los Archivos como fuentes para la Memoria y la Justicia

El valor de los archivos

¿Qué valor entrañan los Archivos del Terror del Paraguay? ¿Cuánto de verdad se aloja en ellos? ¿Es la memoria o es la historia de la represión stronista? ¿O son fuentes para la construcción de memorias colectivas? Es posible que guarde un poco de todo eso: de verdades, de historia, de memorias, de fuentes para la memoria. Sobre lo que no hay dudas es que tiene un valor incalculable para procesos políticos, judiciales y sociales, que se fueron dando a partir de su descubrimiento. Pero mejor vayamos por partes.

No ha sido el primer archivo de la represión hallado en la región , pero sí el de mayor envergadura, especialmente porque no sólo aporta documentación para develar la historia oculta de la represión paraguaya, sino porque contiene relevantes pruebas documentales referidas a la Operación Cóndor, que han servido en juicios a militares, a nivel internacional, como es el caso de Augusto Pinochet.

A nivel nacional, ofrece elementos que podrían servir para escribir la historia de la represión política de Alfredo Stroessner, ya reconocida oficialmente por el Estado paraguayo, a partir de la existencia del informe Anive hagüa oiko o Nunca Más. No obstante, para mayor precisión, deberíamos decir que los archivos remiten a la historia del trabajo de represión, desplegado por una de las instituciones represoras más temidas del régimen: el Departamento de Investigaciones de la Policía de la Capital ; pues del accionar represivo de las Fuerzas Armadas no se han encontrado documentos referidos al trabajo de represiónque implementaron durante la dictadura , excepto en el caso –muy concreto– del Operativo Cóndor. Pero recuérdese que éste fue un sistema de nivel regional.

En cuanto a pruebas de juicio, si bien contiene innumerable información que ha servido para abrir –o continuar– y cerrar procesos judiciales, son pocas las condenas que se han conseguido hasta ahora (alrededor de diez), pero algunas de ellas han sido contundentes, sobre todo dos casos: el del asesinato de Mario Shaerer Prono y la desaparición de los hermanos Benjamín y Carlos Ramírez Villalba. En el primer caso, con condena del Estado paraguayo; y en el segundo, con sentencia internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

¿Qué verdades están en juego en los archivos?

Aunque se parta inicialmente de una idea de verdad contenida en los archivos, hay que tener sumo cuidado para no caer en frases hechas, cerradas y unívocas. . Ciertamente, el primer impacto que produjo su descubrimiento es que allí estaba alojada “la” verdad de un gobierno autoritario, represivo y terrorista. Podemos partir de aquí, para ir descomponiendo esta idea de verdad.

En primer lugar, lo que se encontró en un depósito policial fueron dos toneladas de papeles que pertenecían a dos organismos represores: el Departamento de Investigaciones de la Policía de la Capital y la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos, más conocido como la “Técnica” . También se encontraron documentos de la era pre-stronista, lo que indican varios archivos. El nombre Archivos del Terror le asignó la gente al momento de su descubrimiento. En su sentido más tradicional, archivo “es el espacio que resguarda la producción, organización y conservación de objetos (en la mayoría de los casos papeles manuscritos o impresos), que dejan constancias, documentan e ilustran las acciones de individuos, familias, organizaciones y dependencias del Estado” (Da Silva Catela, 2002: 198). En ese sentido, estos Archivos del Terror se convierten en tales, recién en 1993, con la creación del CDyA, ya con una denominación más aséptica.

En segundo lugar, si bien una parte importante de estos archivos ofrecen elementos para construir verdades sobre detenciones policiales, persecución política e incluso sobre asesinatos y desapariciones , muchas de las cuales se han constituido en pruebas judiciales, los archivos también brindan “verdades” oficiales, como las declaraciones que fueron tomadas a personas encarceladas, bajo condiciones degradantes, que “ofrecen” informaciones recabadas después de apremiantes castigos y sesiones de tortura; es decir, declaraciones forzadas, manipuladas, tergiversadas o simplemente fabricadas a gusto de los represores, que las personas estaban obligadas a firmar, según lo han testimoniado muchas víctimas.

Contiene también libros, papeles y documentos privados (certificados de nacimiento, fotos, cédulas de identidad, pasaportes, etc.), que se incautaron en allanamientos, apresamientos y detenciones arbitrarias; también se encontraron libros y manuales de capacitación policial (para la represión). En fin, documentación diversa, la mayoría producida para dar cuenta de la labor desplegada por la policía represiva a las autoridades de turno. Una parte importante de estos archivos policiales constituyen los partes diarios, con información detallada de cuanto había ocurrido en cada guardia, que finalizaban, indefectiblemente, con la frase “Es mi informe”, que era:

“[…] la venia sumisa y reverencial que el subordinado rendía al superior absoluto, antes de su firma, al pie de cada documento […] A través de este mecanismo escalonado e interactivo entre los estamentos del Estado sobre el eje de la policía política, los subordinados remitían a la cúpula del poder la constancia del cumplimiento de la orden y recibían de ella su aprobación, su inspiración, sus correcciones, en suma: La Orden Superior inexorable […] .

Estos informes también fueron redactados con verdades, medias verdades y mentiras, dependiendo del oficial de guardia.

El otro sentido de verdad que tienen estos archivos es la confirmación de que todo cuanto se decía, se sabía, y se vivía “había sidoera cierto”. En dictadura, los testimonios de las víctimas no tenían valor para las autoridades y muchas veces tampoco para la sociedad. Una de las víctimas más emblemáticas de la dictadura, Guillermina Kannonikoff –esposa de Mario Shaerer, asesinado en 1976, por la policía stronista– señala, como muchas otras víctimas, que

“con estos documentos, nosotros comprobamos que no por simples opositores denunciábamos el que habíamos sido torturados (sino que ocurrió así). Había mucha gente que no nos creía, porque decía que era un invento nuestro. Pero ahora creo que el invento se ha vuelto realidad” .

Los museos para (de) la memoria

El último punto a tratar en este artículoes la creación de tres museos de la memoria en la capital paraguaya, en los últimos años. Me ha costado elegir entre museos para la memoria o museos de la memoria y decidí dejar abierta esta indefinición, porque creo que ambas formas tienen validez y sentido, según desde dónde se los analice y quién/es lo hagan.

Otra aclaración: dos semanas atrás, en este apartado hubiera mencionado sólo dos museos: el Museo de las Memorias: Dictadura y Derechos Humanos y el Museo de la Justicia – CDyA. El primero fue gestado por grupos de Derechos Humanos, asociaciones de víctimas del régimen y otros emprendedores de memoria. El segundo, se creó en 2007 por la Corte Suprema de Justicia, en el marco de un proyecto denominado Conmemoria, que ampliaba el Centro de Documentación, que contiene los archivos del terror, a un

“Centro-Museo que recuerde, a todos los paraguayos y paraguayas, una época de sufrimiento y lucha, al que pueden acceder, no sólo víctimas o familiares de los torturados, muertos o desaparecidos, sino también a los jóvenes, para que conozcan la parte oscura de nuestra historia, que nunca debió existir” .

Pero en los últimos días de abril de 2011, mientras este artículo se estaba cerrando, me enteré de que el Departamento de Investigaciones de la Policía de la Capital, de donde provienen los archivos del terror, pasaría a convertirse en un Museo, a partir de una iniciativa del Ministerio del Interior y de la Comisión para la Instalación e Implementación de la Red de Sitios Históricos y de Conciencia del Paraguay.

Así, días después, el 26 de abril de 2011, se inauguraba, en el centro de la ciudad de Asunción, el Museo Histórico y de Conciencia, en el local que fue

“oficina y cuartel central del tenebroso, entonces Jefe de Investigaciones, Pastor Coronel, quien tenía a su cargo una legión de guardias y torturadores que comenzaban a atormentar a los presos políticos, desde la entrada del Sol y hasta el amanecer” .

Años atrás, víctimas de la dictadura y familiares de desaparecidos, ya procedieron a marcar este “territorio de la memoria”, colocando una placa recordatoria, en tanto daban la lucha por lograr que el edificio sea transformado en un museo . La tenacidad de estos emprendedores, sumado a una política de la memoria, promovida desde hace un tiempo por el Estado, permitió conquistar “un lugar que ya está cargado de historia, de memorias, de significados públicos y de sentimientos privados” (Jelin y Langland, 2003: 5). Ello lleva a comprender por qué iniciativas para crear/establecer espacios físicos nuevos, que sirvan para instalar la memoria del pasado reciente, no siempre tienen éxito . Un centro de detención, en sí mismo es un lugar de memoria, porque constituye un lugar cargado de significados que responden a las vivencias de quienes estuvieron allí alojados y porque es “la forma extrema donde subsiste una conciencia conmemorativa, en una historia que la convoca […]” .

En el Museo Histórico y de la Conciencia, “los visitantes podrán observar calabozos, salas de tortura, pequeños pasadizos en forma de laberintos, escaleras de diverso porte, celdas grandes y pequeñas […] . En un corto, pero impactante paseo, en el Museo de las Memorias se observan también algunos elementos de tortura que pertenecieron a la “Técnica”, y que hoy forman parte del acervo museístico. En tanto, el Museo de la Justicia es un espacio creado por el Estado para ubicar en un lugar preferencial del Poder Judicial a los Archivos del Terror .

Los tres Museos son propiedad del Estado y existen porque hubo voluntad estatal para instalarlos, pero ello puede cambiar con el advenimiento de nuevos gobiernos y nuevas políticas de memoria (o de olvido). Es por ello fundamental que, quienes adherimos a la vigencia plena de los Derechos Humanos, continuemos transmitiendo la memoria colectiva de un pasado de represión y autoritarismo en el Paraguay. Esta última reflexión lleva a preguntarnos, qué tipo de luchas políticas, por la memoria, han surgido en el Paraguay (o no), cómo son y cómo han sido resueltas, que serán planteadas a modo de conclusión, en el último apartado.

Reflexiones finales: La memoria colectiva, los cambios del presente y la mirada hacia el futuro

Parto de las últimas preguntas, referidas a las tensiones y luchas políticas por la memoria de la dictadura stronista en Paraguay, para desarrollarlas como reflexiones finales, casi provisorias o en construcción.

En primer lugar, creo que las luchas políticas por la memoria, en el Paraguay guardan ciertas diferencias con los otros países de la región, pues si bien están presentes, tienen distintos énfasis, pero sin mucha beligerancia, por llamar de algún modo a una actitud ciudadana que pareciera poco interesada en “imponer” determinadas miradas hacia el pasado reciente. Ello no significa, bajo ningún modo, la inexistencia de tensiones entre memorias o grupos que se confrontan, a partir de lecturas distintas del pasado.

Ya se dijo que en los primeros años de transición existió una fuerte intención de instalar una política de re-construcción nacional, sin tocar el pasado. Es posible que los Archivos del Terror hayan impedido (o no), esta apuesta al olvido, pues fueron surgiendo leyes de indemnización y reparación; la comisión de Verdad y Justicia; la instalación de museos de la memoria; se escribieron libros e investigaciones; etc. Es claro que esos resultados no surgieron de la nada, los emprendedores de la memoria han sido pieza clave en ellos. La falta de beligerancia, a mi modo de ver, se nota cuando no están confrontadas las memorias de una manera más firme y más visible, pero surgen en coyunturas límites, como la crisis político–militar, de 1996, cuando se puso en peligro la democratización del país, la gran lucha ciudadana conocida como el Marzo Paraguayo, en 1999 , o incluso, con la explosión de alegría nacional cuando, en 2008, cayó el Partido Colorado, después de más de 60 años de poder en el gobierno.

Otro punto tiene que ver con el stronismo o entre quienes tienen una memoria “positiva” de la dictadura, que prefieren instalar dicha memoria en otros espacios no institucionales, como el festejo ininterrumpido del cumpleaños de Alfredo Stroessner, cada 3 de noviembre (González, 2002: 149 – 194), o en la proliferación de expresiones visuales de comunicación callejera, a través de las cuales sientan su postura afirmando el período stronista fue el mejor.

Existe, asimismo, confrontación entre quienes sienten que deberían tener mayor valoración o mayor legitimidad en algún emprendimiento por haber sido víctima “directa” del régimen. Esto se vio, por ejemplo, cuando se debía elegir a los integrantes de la Comisión de Verdad y Justicia, donde muchas personas con alta formación para realizar un trabajo sumamente técnico, fueron descalificadas por no ser víctimas .

Algo parecido se ha visto en el caso de las indemnizaciones , cuando se cuestiona, por ejemplo, que un dirigente político o social con cierto nivel económico, solicite indemnización por haber sido víctima del stronismo. ¿Es más víctima aquella que no tiene dinero o bienes propios? ¿Tiene entonces que el Estado indemnizar sólo a quienes presenten un certificado de pobreza? En estos casos ¿importa el dinero o el reconocimiento estatal, de que una persona ha sido víctima del terrorismo de Estado?

Pero más allá de estas disputas… Anive Hagüa oiko

Creo que el mejor colofón para este artículo es contar que el informe de la Comisión de Verdad y Justicia Anive Hagüa oiko (Para que nunca más ocurra), se presentó el 28 de agosto de 2008, cuando la Presidencia de la República ya no estaba ocupada por un colorado. Fernando Lugo –que había sido candidato de una alianza que derrotó al Partido Colorado–le dio al acto una inmensa emoción ciudadana, sobre todo cuando pidió “Perdón… perdón en nombre del Estado paraguayo” . Posteriormente, el abucheo ininterrumplido al Presidente de la Corte Suprema de Justicia (un colorado), impidió que éste pudiera dar su discurso, como representante de uno de los poderes del estado, y se constituyó en uno de estos hechos coyunturales en que se dispara una memoria de la dictadura represiva donde el clamor ciudadano es de “Dictadura nunca más”,

A partir del Informe Anive Hagüa oiko se abre otra etapa para la memoria de la dictadura stronista, pues junto a los lugares de memoria, los museos y los espacios públicos, serán puentes para la transmisión de una memoria colectiva de un pueblo que luchó contra el régimen militar de Alfredo Stroessner.

* Artículo publicado en “Archivos y memoria de la represión en América Latina (1973 – 1990)” por LOM Ediciones y la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristinas (FASIC), Santiago de Chile, en 2016.

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