Espinas y algo más

por Clyde Soto  //   Hoy se cumplen cinco años de la masacre de Marina Kue, Curuguaty. Recuerdo que en horas de la mañana llegaban hasta Asunción las confusas noticias acerca del episodio, que ya la prensa narraba como un enfrentamiento iniciado por los campesinos que ocupaban las tierras del empresario y líder colorado Blas N. Riquelme. Campos Morombí  era como se identificaba a estas tierras, el nombre de la empresa del mencionado político, ya fallecido. Hasta el día siguiente no supimos cuántos muertos de verdad hubo, puesto que dos cuerpos fueron encontrados por campesinos que entraron a los campos a buscar a sus familiares y vecinos, desafiando el ambiente represivo que se vivía. En medio de dudas, se fue alzando la cifra de 17 muertos: 6 policías y 11 campesinos. Y también se alzó una pregunta-letanía: ¿qué pasó en Curuguaty?

De a poco fuimos sabiendo más: que las tierras se llamaban Marina Kue y estaban en disputa entre el Estado paraguayo y la empresa Campos Morombí, que eran tierras que debían haber sido destinadas a la reforma agraria, que los campesinos no eran una “asociación criminal” sino que incluso tenían una comisión reconocida por el Indert, que había una orden de allanamiento y no de desalojo, que hubo parlamentarios que presionaron para que esta orden fuera emitida, que eran más de 300 policías y apenas 60 campesinos, que hubo armas de grueso calibre que luego no aparecieron, que había evidencias de ejecuciones de campesinos, que se había imputado a mansalva a los presentes en el asentamiento, que hubo casos de tortura, que hubo pruebas desaparecidas… y mucho más. El libreto oficial se desmoronaba sobre sus falacias, pero nada de esto importó para que las consecuencias políticas del caso Curuguaty se hicieran realidad: el golpe parlamentario destituyente de un gobierno disfuncional a los poderes fácticos que operan en Paraguay, la criminalización y sanción jurídica de quienes resultan molestos para esos poderes y el retorno al poder político del Partido Colorado, con un intermedio vergonzoso y de facto del Partido Liberal.

A cinco años, se ven consolidadas las consecuencias de Curuguaty en Paraguay. Fueron condenados por vía de un juicio infame 11 campesinas y campesinos. Guardan injusta reclusión con penas carcelarias desaforadas (30 a 18 años) cuatro de ellos, la muerte de los campesinos nunca fue objeto de investigación, el fiscal que llevó adelante el proceso obtuvo de premio el viceministerio del Interior y ahora aspira nada menos que a Fiscal General. Quienes se aliaron para destituir a un gobierno democrático hoy son perseguidos por el mismo aparataje político-judicial al que ayudaron en su retorno al poder, porque así funcionan los procesos autoritarios: quienes no resultan de utilidad o de servicio al poder, y más quienes molestan, son radiados o eliminados. Con mayor publicidad y respaldo que en su momento los campesinos de Curuguaty, hoy cuatro militantes liberales solicitaron y obtuvieron refugio en Uruguay. Otro guarda una prisión preventiva desproporcionada. Los desalojos y la criminalización del campesinado pobre y de los pueblos indígenas prosiguen, pero cada vez más descarados, más impunes. Yva Poty, Guahory, Itakyry… suman nombres de los perseguidos y crece la injusticia. Hoy mismo, como “regalo de conmemoración”, la fiscalía allanó el local de la más emblemática organización de mujeres campesinas e indígenas del Paraguay, Conamuri, por un proceso en contra de la escuela agroecológica IALA Guaraní. No tenemos aún mayor información al respecto, pero lamentablemente prima la desconfianza y casi la certeza de que se trata de una persecución más, de motivaciones políticas, que ratifica la criminalización del campesinado. Es el patrón sistemático de actuaciones del aparato policial y judicial: cancerberos de un régimen autoritario y no defensores de la institucionalidad jurídica y democrática de una república.

La institucionalidad estatal se volvió algo así como un maleable material al que se puede moldear según la conveniencia de los poderosos: cuando una regla no conviene para el interés coyuntural o de fondo, se la modifica sin que importe mayormente la validez formal, ni mucho menos legitimidad de las actuaciones. No es extraño, puesto que el golpe parlamentario funcionó de esa manera, sin que importaran ni las formas ni el sentido de las normas. Y han entrado en este juego ya prácticamente todos los actores del sistema político.

Curuguaty produjo una re-normalización de la injusticia en Paraguay, solo posible porque la hemos admitido como parte ineludible de nuestra existencia como país, como estado-nación fallido instalado a fuego sobre el exterminio indígena, sobre el desplazamiento campesino, sobre la pérdida o entrega de recursos naturales colectivos, sobre la consolidación de una dominación basada en la posesión de tierras y bienes, la explotación de los seres humanos y de la naturaleza, y también del crimen, la corrupción y los negocios ilegales. Curuguaty fue una recaptura de tierras campesinas, pero también una reapropiación de territorio-estado.

Y Curuguaty derivó en un terrible estallido de las alternativas y de una visión colectiva de futuro que represente alguna forma de esperanza. Es aquí donde tenemos el mayor desafío, sobre todo si se quiere reconstituir un futuro democrático, con igualdad y justicia social. Levantar de nuevo al país, desde las ruinas que deja la injusticia.

Foto: Clyde Soto

por Clyde Soto // Enmienda sí, enmienda no: es la letanía de fondo de un Paraguay sacudido por la violencia y la incertidumbre política. Lo ocurrido desde el 28 de marzo de 2017, cuando el Senado se fractura por una modificación de reglamento a fin de aprobar a las apuradas una enmienda constitucional que introduce la reelección presidencial (cuestión vedada desde la Constitución de 1992), nos retrotrae a un punto muerto en las posibilidades de avance democrático y hasta de convivencia pacífica. Y esto es nefasto en cuanto a la ampliación de derechos para todas las personas. La imagen de la quema del Congreso podría funcionar como prueba contundente y “de público conocimiento” de que las cosas no funcionan bien en la República del Paraguay, pero intentaré explicar el sentido de lo que afirmo.

Aclaro de entrada que no me referiré a la reelección, figura a la que si bien tengo tirria por haber sufrido la interminable reelección sin límites del dictador Stroessner desde que tengo memoria hasta 1989, admito como factible en democracia. Y en cuanto a la enmienda, no pretendo abordar el cúmulo de debates acerca de lo legal / ilegal, constitucional / inconstitucional de lo que ha sucedido, pero tengo un par de posiciones: que al haberse rechazado la propuesta en agosto de 2016 era obligatorio esperar un año antes de volver a presentarla, y que era innecesaria esa fractura tan seria del Senado para aprobar el tal proyecto de enmienda. Bastaba con que los sectores pro-enmienda esperaran unos días y votaran en el pleno de la Cámara de Senadores. Al menos, posiblemente se habría evitado los brotes violentos posteriores a esa acción y se hubiese preservado (en algo y pese a su evidente crisis de legitimidad) a uno de los poderes claves de la República.

El sentido de estas líneas es reflexionar sobre las implicancias de este proceso para un amplio conjunto de luchas que desde hace tiempo buscan transformar la faz del Paraguay en un sentido igualitario y de derechos.

Nuevo punto muerto

El punto muerto en cuanto a las posibilidades democráticas tiene que ver con varias razones, ninguna de ellas nueva, pero todas magnificadas con los últimos sucesos. La primera, que vivimos bajo la amenaza del terrorismo de Estado. El 31 de marzo tuvimos un muestrario completo: la vil ejecución del joven Rodrigo Quintana en medio de un asalto policial violento e ilegal a la sede de un partido, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), las lesiones graves infligidas por policías a ciudadanas y ciudadanos (entre ellos un diputado) y la “cacería” policial desatada en las calles de Asunción, que dejó numerosas personas heridas, detenidas y torturadas. Este modo de operar no es nuevo. Se repitió desde el final de la dictadura, con puntos álgidos en el Marzo Paraguayo de 1999 y en la masacre de Marina Kue en 2012. Todas las veces hubo objetivos políticos detrás de la violencia estatal. Y, además, siempre fue usado el aparato fiscal y judicial para sostener las posiciones políticas y las injusticias, con chivos expiatorios a quienes acusar, con falsos testimonios para embarrar la posibilidad de conocer la verdad y también con sentencias infames, como las del caso Curuguaty.

Por si la dictadura no hubiera bastado, el caso Curuguaty –con sus 17 muertos, su circo jurídico y sus condenas injustas– debería haber sido suficiente para advertir que si admitimos el terrorismo de Estado en uno o en cualquier caso, el monstruo seguirá tragando vidas y derechos humanos según convenga al poder de turno, afectando incluso a quienes alguna vez callaron por oportunistas. Pero eso no ha pasado y nos toca vivir tiempos de expansión de la violencia y la impunidad. ¿Hasta dónde llegará esto? ¿Ya podemos llamarlo dictadura o hay que esperar más? ¿Cuánto debe consolidarse o generalizarse el terror como modo de actuación estatal para que podamos llamarlo terrorismo de Estado? ¿Cuánto más veremos repetirse este tipo de ataques por parte de agentes estatales para que no lo admitamos ni como presente ni como futuro?

Sobra decir que un sistema de convivencia y de gobierno democrático es incompatible con el terrorismo de Estado. El Paraguay no culminará su interminable transición democrática si sigue admitiendo esto. Podríamos suponer que ya no hay transición, pues esta implicaría un “camino hacia”, mientras lo que vemos es estancamiento y hasta una regresión hacia el autoritarismo del que alguna vez soñamos que podríamos salir.

Foto: Juan Carlos Meza

La segunda razón en cuanto al punto muerto en términos de democracia es el nuevo estallido de las opciones políticas que podrían haber configurado un campo de opciones ante el autoritarismo. Tampoco esto es nuevo. La primera experiencia de alternancia política pos-dictadura se dio con Fernando Lugo y una alianza amplia de oposición en 2008, pero cayó ante el golpe parlamentario asestado por parte de los iniciales aliados (PLRA y Partido Democrático Progresista – PDP) junto con el Partido Colorado, el Partido Patria Querida (PPQ) y el Partido Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (UNACE). Paraguay no pasó su prueba de alternancia por la ambición y mezquindad de los golpistas de entonces, que cerraron filas ideológicas y de clase frente a lo que consideraron era un gobierno de intolerable izquierda –cuestión más que discutible, por cierto–, y por las limitaciones de un gobierno que no terminaba de definir su propio proyecto político. Algunos de aquellos golpistas hoy lamentan los desmanes del gobierno que ayudaron a colocar al frente del Paraguay y se embanderan con la democracia que lastimaron tan gravemente. Esto de la enmienda fractura en muchos sentidos al espectro político, tanto a colorados como a liberales y a la siempre fragmentada izquierda, pero en las filas coloradas está arraigada la costumbre de dejar de lado los rencores ante la posibilidad de poder. Lo cierto es que nos vamos quedando sin opciones hoy visibles sobre cómo des-enquistar al viejo y nefasto poder colorado, que encima es cada vez más francamente stronista.

Salir de la dictadura y transitar hacia la democracia implica –entre muchos otros aspectos– que se consolide la posibilidad de alternancia pacífica, respetando la voluntad mayoritaria al elegir gobierno. Es decir, que se normalice eso de que nadie, ni ningún sector, es dueño eterno y per se del poder político ni del aparato estatal. Todo eso estalló con el golpe de 2012, que fue la preparación del retorno autoritario que hoy tenemos (que excede la figura de Cartes, pues representa un sentido y modo de hacer políticas y gobierno) y que hace explícita su voluntad de haber venido para intentar quedarse. Hay quienes dicen que precisamente por eso se precisa enmendar la Constitución, para que Lugo tenga la posibilidad de pelear y ganar las elecciones de 2018 frente a Cartes y a otros proyectos igualmente burgueses y oligárquicos. Sin embargo, la coyuntural alianza pro-enmienda que esto implica, justamente con quien amenaza con eternizarse en el poder usando las armas del terror y la manipulación normativa (por ejemplo, la ley de Defensa en 2013 y ahora los vaivenes constitucionales), podría terminar por volverse en contra de la credibilidad de este proyecto. Suena además difícil dicha proyectada victoria cuando el historial de resultados electorales indica que se precisan alianzas amplias de oposición para ganar al Partido Colorado, más aún cuando ya recuperó el caudal que había perdido con su escisión del oviedista partido UNACE.

Todo esto muestra el fracaso de un modelo restringido de democracia, aplicado apenas a las cáscaras o formas institucionales, que hoy desnuda sus reales limitaciones en términos de proyecto que beneficie a las mayorías. Podría ser considerado una oportunidad para dar más relevancia a los contenidos y a los resultados del sistema; sin embargo, si ante dicho fracaso lo que triunfa es el autoritarismo más retrógrado… ¿quiénes terminan ganando y, sobre todo, qué ganan?

Una tercera razón del estadio de punto muerto es que se está profundizando la fragmentación y el antagonismo de los proyectos políticos que se ubican en los campos de la izquierda y el llamado progresismo (término por demás ambiguo, pero que alguna cosa representa). Claro que el debate de contenidos y propuestas se da por supuesto en la vida política, pero el maniqueísmo y la tónica actual de las acusaciones mutuas hacen previsible una extrema dificultad de acordar cualquier proyecto futuro en un marco de unidad amplia de estos sectores. Con la fundación del Frente Guasu (FG) en 2010 se había dado un paso en este sentido, si bien quedaban importantes agrupaciones por fuera. Sin embargo, las primeras elecciones pos-golpe (las de 2013) dividieron al frente. Lejos de avizorarse cualquier recomposición en este campo, se consolida dicha división en el actual contexto. Esto condena a la izquierda paraguaya a ser marginal o a aliarse con los partidos tradicionales para obtener cuotas de poder o decisiones políticas. De hecho, el gobierno de Asunción fue ganado en 2015 por Avanza País (sector escindido del FG) con los liberales. Y ahora el FG intenta obtener esto de la reelección en alianza con sectores colorados y liberales.

Más allá de que las rupturas y reconfiguraciones sean también normales en política, esta fragmentación es negativa en el siguiente sentido: muestra la incapacidad de construir un proyecto alternativo consistente frente al bipartidismo tradicional del Paraguay, con sus dos partidos de masas instrumentados por los sectores ricos, poderosos y oligárquicos del país. Finalmente, por riñas irreconciliables y por objetivos puntuales, todos acaban perdonando o siendo parte de golpes, traiciones, violaciones constitucionales, callando ante violaciones de derechos humanos y apareciendo en alianzas (coyunturales o no), abrazos y fotos con quienes antes fueron enemigos o “verdugos”. Y quienes no lo hacen, enfrentan una mayor marginalidad y también aislamiento en el debate y el devenir político. Desde este futuro incierto, es inevitable la sensación de que una vez más se debe reconstruir el campo de los proyectos políticos con vocación y posibilidad de poder y a la vez coherentes, que puedan cambiarle el rumbo político tradicional al Paraguay desde las premisas de la igualdad, del respeto a las leyes y a los derechos. Ojalá mi apreciación sea un error: con gusto vería que este episodio de la enmienda y la reelección apenas sea el preámbulo de un futuro cercano donde las grandes mayorías se vean realmente beneficiadas por un gobierno comprometido con la igualdad y la justicia social.

Y, finalmente, una cuestión que amenaza a la convivencia democrática en el Paraguay es que se vive un tiempo donde el temor ante posibles enfrentamientos violentos entre sectores políticos es una realidad. Las marchas y contramarchas convocadas y desconvocadas evidencian esto. Los discursos agresivos y de tinte totalitario también. La historia del país, plagada de guerras civiles antes de la “paz” dictatorial y asesina de Stroessner, tiene heridas que no terminan de sanar. La violencia política tiene mechas esparcidas, hay quienes amenazan con encenderlas y en este país aún puede arder mucho más que el Congreso. También espero que este sea un temor completamente infundado.

Un futuro incierto para los derechos

El fantasma autoritario que sobrevuela el Paraguay coloca a todas las luchas por la ampliación de derechos ante un panorama de incertidumbre. La democracia implica no solo un marco de leyes y votos respetados, sino además un modo de convivencia donde las personas tienen derechos y posibilidades de ejercerlos y de vivir dignamente en un marco de igualdad. Esto no está por debajo de los temas electorales y legales. Por poner un ejemplo dramático, si la mayoría aprueba por votos que se admita la tortura, esto no sería democrático, por más que pueda representar la voluntad popular. Las leyes importan: violarlas no es un asunto menor, más aún cuando se trata de la misma Constitución, donde se ubica el contrato más relevante que nos constituye como Estado. Los derechos humanos importan de igual manera y, como su consecución es progresiva, en un marco democrático la ciudadanía tiene la posibilidad de debatir qué derechos se reconocen, se aceptan y se incluyen en las leyes, cómo se los pone en práctica por vía de políticas y cómo se los hace realidad en la convivencia social. En democracia es factible pelear por los derechos. Bajo regímenes autoritarios, la adquisición y el respeto de los derechos son potestades discrecionales de quienes gobiernan. En democracia, en cambio, es necesario prever los mecanismos de participación, de representación y de decisión para que la voluntad y los derechos de las personas sean respetados.

Cuando la dictadura terminó en Paraguay, en 1989, pese a los vaivenes del tiempo transicional y la persistencia de mentalidades y de actores autoritarios, empezó un periodo donde fue posible la eclosión de actores sociales, de organizaciones, de establecimiento de demandas y de logros para diversos sectores que han sufrido de mil maneras discriminaciones y postergación. La vigencia de libertades públicas, antes conculcadas, permitió que pudiéramos presentar propuestas, discutirlas, argumentarlas, manifestarnos, en ocasiones avanzar y en otras seguir peleando para llegar a objetivos. Como ejemplo, las mujeres organizadas logramos cambiar casi todas las leyes discriminatorias, aunque faltan algunas centrales, como eliminar la penalización del aborto (expresión de alto dominio patriarcal sobre el cuerpo y la vida de las mujeres) y obtener la equiparación total del trabajo doméstico remunerado (cuya desigualdad es de clase y a la vez representa la subvaloración del trabajo que habitualmente han realizado mujeres). No voy a enumerar los logros, pero son importantes para todas. Es bien diferente vivir en un país donde una mujer casada no tiene derecho a administrar ni su propio salario que vivir en uno donde este derecho ya no está en cuestión.

En dictadura, luchar por los derechos era un imposible o un desafío muy grande, en especial si con ello se molestaba al poder, por el riesgo de sufrir cárcel, tortura, deportación, asesinato o desaparición. El tiempo de transición ha tenido sus límites, pese a los cambios relevantes, y cuestiones centrales que configuran lo más duro de la desigualdad –como el derecho a la tierra– recibieron el rigor de los resabios autoritarios y la defensa corporativa de los beneficiados por la concentración de recursos y poder político. Es así como llegamos a Curuguaty en 2012, síntesis del despojo y las discriminaciones históricas del Paraguay. El quiebre de Curuguaty y su posterior golpe parlamentario fue como un grito y zarpazo de quienes se niegan a perder privilegios ante el reconocimiento de derechos y bienes para las mayorías. Esto que pasa en Paraguay ahora, si consolida el proceso de retorno autoritario, pone en riesgo mucho de lo que trabajosamente hemos avanzado, y nos toca a todos los sectores.

El retorno es de quienes concentran tierras, negocios y poder político, y va acompañado de un ascenso de los fundamentalismos, que tienen su perfecto caldo de cultivo donde el autoritarismo tiene más espacio. Nótese, por ejemplo, que el proyecto de enmienda constitucional aprobado en la cuestionada sesión de los 25 senadores/as, elimina la prohibición constitucional de que ministros de cualquier religión puedan ser candidatos a la presidencia de la República. Ergo, podremos tener ya no solo a un ex cura (como Lugo) de presidente, sino incluso a un cura en ejercicio, por citar una posibilidad. Se levantaría del sillón presidencial para pasar al púlpito. Lamentable es que incluso quienes dicen estar hacia la izquierda admitan una medida de tanto retroceso. Hasta 1992, el país tenía una religión oficial, la católica. Desde la Constitución de 1992  no tenemos religión oficial, es decir, el Paraguay es un Estado laico, lo que es una garantía para que cada ciudadana/o pueda profesar libremente sus creencias religiosas (o no tener ninguna), sin que el poder político pueda obligar o reprimir según la creencia de quien esté de turno. Si vamos a poder ser gobernados por ministros religiosos, perderemos gravemente en materia de este derecho humano y de otros muchos que son correlativos.

A los sectores sociales que luchamos por derechos no nos conviene el autoritarismo (en realidad a nadie, salvo a quienes lo ejercen), pues podríamos perder mucho de lo que hemos ganado, y además podría ser imposible aspirar a más. Tampoco nos conviene un Congreso fracturado, inexistente o apenas títere del Ejecutivo, ni uno dominado por retrógrados que ven a los derechos como amenazas. Ni una justicia desde donde cuando “molestamos” simplemente nos anulan con un proceso penal a medida del poder político.

Entonces, aquí está en juego la democracia, no solo por lo que pasa con la Constitución o por quiénes pelearán en 2018: está en juego una construcción de largo plazo y un futuro de largo aliento. No se deberían minimizar los riesgos de pérdida, como si fueran irrelevantes por tratarse de una democracia burguesa. Y ya que es burguesa, hagámosla para todas y todos, para el pueblo, para las grandes mayorías paraguayas. Lo que no estaría bien sería que nos quedemos sin democracia frente a un patético retorno autoritario.

Foto: Juan Carlos Meza.

• Agradezco a Rocco Carbone y a Lilian Soto por la lectura, correcciones y sugerencias a este texto, y a Juan Carlos Meza por las fotos de su autoría. Es magnífico contar con ellxs.

Por Clyde Soto  //  Llega a su final el juicio al caso Curuguaty. El tribunal dará su sentencia el lunes 11 de julio de 2016 a las 13:00. Se trata de un proceso penal histórico, por la relevancia del caso tratado –la masacre de Marina Kue, origen del golpe parlamentario de 2012–, por la posibilidad de absolución o de injusta condena a 11 campesinas y campesinos procesados, y porque el Paraguay se juega demasiado, tanto como su futuro. Es que el futuro, por definición inasible y por naturaleza incierto, puede cobrar cierta nitidez solo en términos de proyecto: lo que queremos para nuestras vidas y para las de las generaciones futuras.

El caso Curuguaty representa una encrucijada, desde donde podemos imaginar al Paraguay prisionero de poderes tenebrosos e impunes, capaces no solo de asesinar sin ser por ello castigados, sino además de endilgar el crimen a otros, a quienes más a mano se encuentran debido a la desprotección causada por los efectos de una larga expoliación: hoy los 11 campesinos, como ayer fueron otros (durante la dictadura, en el Marzo Paraguayo, entre muchos casos) y como mañana podrá ser cualquiera. O también puede representar un momento paradigmático de cambio, gracias a una resistencia de potencia inaudita y pese a la gran disparidad de fuerzas: pues se trata de enfrentar a quienes tienen para sí a todo el aparato y a los poderes del Estado. En este juicio se juega la consolidación de la impunidad como sistema o se abre el camino para seguir  avanzando hacia un país con real democracia y con justicia.

El resultado del juicio nos enfrenta a una posibilidad aterradora: la victoria de lo irracional y absurdo sobre lo coherente y sensato. Y es que estamos ante una farsa que si no fuera por sus consecuencias tan trágicas, podría movernos a la risa: los sinsentidos y contradicciones expuestos por la Fiscalía han sido tantos que hasta parece mentira que este proceso haya sucedido tal como lo escuchamos y leímos. En su alegato final, la Fiscalía se atrevió a cuestionar que los campesinos usaran la frase “Vencer o morir” en sus movilizaciones. Imaginen tamaña afrenta: en un país superviviente de una guerra genocida, precisamente por la convicción de su irreductible derecho a ser, se animan a cuestionar que sus ciudadanos, herederos de quienes no se rindieron, usen en sus luchas sociales esa frase con la que hemos crecido y nos logramos sentir parte de un colectivo con una historia digna, pese a la tragedia.

Increíble es que pidan 40 años (¡sí, 40!) de cárcel para Rubén Villalba, alegando que él tenía un gran liderazgo en el grupo (¿ser líder una culpa?) y que supuestamente es peligroso según un informe psicológico que jamás apareció, cuando no existe una sola prueba contundente ni testimonio firme y creíble de que haya siquiera disparado un arma el día de la masacre. Que quieran privar de libertad por 25 años a Luis Olmedo porque según la fiscalía él y Rubén mataron a Erven Lovera, cuando el forense dijo que los tiros provenían de lejos, siendo que ambos acusados estaban en el espacio más cercano al sitio donde cayó el comisario. Que les hayan cambiado la acusación de “tentativa de homicidio doloso” a “homicidio doloso” consumado. ¡Sin pruebas! Que pidan 20 años de prisión para Arnaldo Quintana y Néstor Castro, ¿por qué?: porque estaban ahí. Pero nadie ha podido decir y probar que hayan sido causantes de alguna de las muertes de los seis policías fallecidos. No solo eso: han hecho un embrollo patético con los calibres y tipos de armas y, además, los proyectiles que entregaron a Rachid el día de la masacre (lo vimos porque fue filmado en el momento) nunca aparecieron. Ni las filmaciones del helicóptero. Las autopsias fueron superficiales, ni siquiera extrajeron todas las balas de los cuerpos, ni hicieron autopsias a los cuerpos de todos los campesinos asesinados. No investigaron cómo fue que murieron los campesinos y quiénes los mataron, pese a que hay testimonios impactantes de ejecuciones: algunos campesinos heridos llamaron a sus familiares y luego aparecieron muertos, con balazos en la cabeza. Agregaron pruebas que la defensa no había podido revisar. Entre sus supuestas pruebas hay una lista de elementos cotidianos (quepis, botellas de refresco) que nunca explicaron por qué eran importantes para demostrar algo. En fin, un desastre de parcialidad manifiesta y de mentira evidente.

Por si fuera poco, la Fiscalía pidió ocho años de prisión para Lucía Agüero, Fani Olmedo y Dolores López, las tres mujeres ahora procesadas por “haber generado un ambiente de confianza” para que los policías entren confiados en que nada sucedería. ¿Cómo es que lo hicieron?: simplemente porque eran mujeres y estaban en ese momento con sus hijos en el lugar de la masacre. Sí: ¡por ser mujeres y estar ahí! No se puede creer. Y para completar el cuadro, los fiscales solicitaron cinco años de cárcel para Felipe Benítez Balmori, Adalberto Castro, Alcides Ramírez y Juan Carlos Tillería, también por haber estado en el lugar, lo que dicen demuestra que alguna responsabilidad tuvieron y eran partícipes del tal complot, porque recuérdese que desde un inicio la Fiscalía dijo (y repitieron los medios) que en Marina Kue los campesinos emboscaron a los policías desarmados para luego matarlos. 60 campesinos con escopetas viejas (varias inservibles, la mayoría nunca disparadas) ante 300 policías, estos últimos sí fuertemente armados, como se pudo ver en fotos y testimonios… pero eso nadie investigó. A los poderes tenebrosos les conviene una condena, porque les ayuda a poner un punto final forzado al caso, e incluso obliga a la ciudadanía a enfocarse en la defensa de los campesinos, porque de esa manera se evaporan cada vez más las posibilidades de saber quiénes fueron culpables.

Si una Fiscalía imparcial o una comisión independiente hubieran indagado, habríamos sabido no solo quiénes iniciaron y ejecutaron la masacre, sino además al servicio de quiénes y ante qué órdenes actuaron. Por las consecuencias políticas de lo ocurrido y por el itinerario de las tierras de Marina Kue, sabemos qué sectores y quiénes se beneficiaron. También conocemos quiénes formaron parte de la cadena de acontecimientos que derivaron en la orden de allanamiento, puntapié inicial de los sucesos. Pero aquí falta conocer los nombres de los autores morales de los hechos de Marina Kue y los de los operadores reales, y se precisa no solo saber, sino además procesar y juzgar a este conjunto de personas, para que no vuelvan a repetir impunemente este tipo de operaciones políticas sangrientas.

Mientras esperamos la sentencia, varios hechos confirman por qué la pretensión de estas irracionales “sentencias ejemplificadoras”, como afirmó la Fiscalía en sus alegatos: porque quieren impunidad para seguir actuando de la misma manera. Quieren impedir que el campesinado siga en la lucha por la tierra y quieren vía libre para que la policía use la violencia en los desalojos y para usar el castigo penal como disuasorio. Es lo que está pasando en Remansito (Villa Hayes), en Pastoreo (Caaguazú), en Primero de Marzo (Yvyra Rovana), entre otros muchos lugares en el Paraguay. La amenaza de “otro Curuguaty” sobrevuela el país cada vez que la ciudadanía –y en especial el campesinado– se moviliza por sus derechos.

Todavía falta conocer la sentencia, que podría encaminarse hacia la justicia si fuera de absolución (podría ser, aún estamos a tiempo), pese a que ya son cuatro años de calvario judicial y de injustificada privación de libertad de las personas acusadas. Pero incluso antes de la sentencia ya ganamos algo, de manera real aunque aún insuficiente para generar justicia: que se sepa, porque lo sabe todo el mundo –en Paraguay y afuera–, que en Curuguaty pasó la injusticia, que no sucedió lo que querían creyéramos que ocurrió, que las campesinas y los campesinos son inocentes. El discurso prefabricado fue desmontado por la defensa jurídica, por los campesinos, por militantes de organizaciones, por activistas, por quienes escriben, por quienes difunden buscando verdad. Ya no pueden sostener sus mentiras con un mínimo de credibilidad. Nadie (salvo stronistas anhelantes de autoritarismo y “opinadores” contratados) confía en la parodia de proceso penal que montaron. Logramos todo esto con la palabra, pacífica, y con la sostenida e incansable movilización ciudadana. Y si conseguimos esto, también podremos alcanzar justicia.

por Clyde Soto // Entre el 15 y el 19 de junio de 2016, el Paraguay lució sus verdaderas caras. Como pocas veces, en una sola semana el país exhibió varias de sus facetas frecuentemente escondidas bajo las máscaras de un “como si” se tratara de un país democrático.

Una de estas máscaras es la de la institucionalidad estatal, desvirtuada mediante usos discrecionales, corruptos e ilegales. El 15 de junio, la Fiscalía finalizó su alegato final en contra de los 11 campesinas y campesinos procesados por la masacre de Marina Kue, ocurrida hacía exactamente cuatro años (2012), solicitando penas de prisión de hasta 40 años, en un ademán exagerado de burla hacia la justicia. El caso Curuguaty expone la ficción que esconde la supuesta institucionalidad estatal democrática de tres poderes equilibrados e independientes que gobiernan al país apegados a la ley, la exhibe como apenas una mascarada para preservar los privilegios de la clase dominante. De este caso se sirvieron operadores de las tinieblas para devolver el Poder Ejecutivo a los beneficiarios de la dominación, usando a las fuerzas públicas –que ya no respondían al entonces aún gobierno de Fernando Lugo– para la vil masacre. El Poder Legislativo fue utilizado para instigar a la orden de allanamiento y luego para ejecutar el golpe parlamentario. El Poder Judicial desató el proceso penal que, acusando a los campesinos de ser responsables de la masacre, con un libreto prefabricado, hoy amenaza concluir dejando instalados los más nefastos precedentes para cualquier país que se precie de democrático: sin debido proceso, sin investigación real, sin argumentos, sin pruebas, el sistema de justicia paraguayo se encamina hacia la condena de personas que son inocentes en tanto no se demuestre la culpa, por conveniencia de los poderosos que se beneficiaron de la masacre. El caso Curuguaty nos muestra a los tres poderes estatales coaligados, cual asociación criminal, para concretar y concluir un plan macabro de apropiación del poder e injusticia.

Otra máscara es la de la legalidad, que en realidad oculta a un país gravemente afectado por los negocios ilícitos, desde hace mucho tiempo: demasiado. La guerra narco desatada en Pedro Juan Caballero (capital departamental del Amambay), con la espectacularidad de un atentado con ametralladora antiaérea y la seguidilla de balaceras en las calles, entre el 15 y el 19 de junio, apenas debería servirnos para recordar que ya bajo la dictadura de Stroessner y en los años setenta del siglo XX, con la participación de capitostes del régimen, el Paraguay caía de lleno bajo las garras del crimen organizado para el lucrativo negocio del narcotráfico. Es decir, esto no es nuevo para nadie, o no debería serlo apenas con hacer un simple ejercicio de memoria, un repaso por varios de los crímenes más sonados del historial local (ejemplo: Ramón Rosa Rodríguez) o una mirada a personajes encumbrados por varios de los gobiernos pos-dictatoriales del Paraguay: desde el primero hasta el último aún vigente. ¿Acaso alguien pensaba que se podía dar tanto poder a las mafias y tener un país donde podamos convivir en paz?

Y otra máscara más: la de los derechos humanos. El Paraguay es un país que hasta se jacta de pertenecer al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pero actúa según patrones consolidados de terrorismo de Estado; es decir, del uso sistemático de medios ilegales y violentos para controlar y reprimir a la población, infundiendo miedo y terror. Esto tampoco es nuevo: es lo que viene haciendo la Fuerza de Tareas Conjuntas (FTC) en el norte del país, bajo la excusa del combate al terrorismo, y lo que muestra la actuación de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) con el pretexto de perseguir al narcotráfico. Estas instituciones son apenas una fachada para las actuaciones terroristas del propio Estado. Lo hemos podido constatar el sábado 18 de junio, cuando agentes de la Senad en camionetas sin chapa persiguieron y acribillaron a toda una familia, matando a una niña de apenas tres años en el regazo de su propia abuela y dejando malherido a un joven de 30 años. Podría calificarse al dramático suceso como un error si el operativo hubiese estado apegado a la ley y si no fuera una repetición de otras muchas actuaciones gravísimas e impunes, con ejecución de ciudadanos. Hay datos sobre todos estos casos, para quien quiera investigar apenas con una simple búsqueda en Internet. Lo cierto es que un Estado que organiza escuadrones paramilitares (pues la Senad no es una fuerza pública constitucional, por lo que no debería tener agentes armados que operan directamente para capturar supuestos  criminales) y que permite que sus fuerzas armadas y policiales actúen discrecionalmente y sin un estricto apego a los límites que les establece la ley, es un Estado terrorista, que usa la ilegalidad, el miedo y el terror para controlar a sus ciudadanos.

Si entendemos como país democrático a aquel que, además de gobernarse bajo la voluntad libremente expresada de la mayoría, lo hace bajo reglas institucionales claras, igualitarias y respetadas por la ciudadanía, y orienta su quehacer y sus políticas hacia el bienestar individual y colectivo de quienes habitan su territorio, el Paraguay actual niega a la democracia. Se trata de un país que, por el contrario de las premisas democráticas, incumple su propia normativa por actuación de sus autoridades, tolera la ilegalidad y actúa bajo patrones que sistemáticamente violan los derechos humanos de la población.

La ciudadanía democrática debe despojar al Paraguay de sus máscaras, para mirar de frente a sus caras reales y para construir un país democrático de verdad.

Publicado en E’a el 22 de junio de 2016.

por Clyde Soto // El juicio por el caso Curuguaty ingresa a su etapa final y el sistema de justicia paraguayo enfrenta una encrucijada de fuego: todavía puede intentar revertir los gravísimos vicios que han dañado al proceso judicial o puede ratificar la sentencia previa que ha estado sobrevolando al caso desde la misma masacre de Marina Kue, ocurrida el 15 de junio de 2012. Esta sentencia posiblemente ha sido dictada incluso antes del suceso, por quienes lo planificaron y, además, previeron y prepararon sus consecuencias políticas: un golpe destituyente –presentado bajo la forma de un juicio político pleno de irregularidades– para un gobierno democráticamente instituido.

La sentencia previa fue declarada y vociferada desde el día cero por actores policiales, fiscales, políticos y periodísticos: que los campesinos asentados en Marina Kue (que reclamaban esas tierras fiscales para la reforma agraria) emboscaron a la policía durante la operación de allanamiento, e iniciaron la balacera que concluyó en masacre. Dicha versión inverosímil y prefabricada de los hechos fue sistemáticamente desmentida por numerosos testimonios e investigaciones independientes, y claramente fue destruida durante el juicio, por las contradicciones entre testigos y por la falta de elementos de prueba que pudieran sustentarla. Por el contrario, lo que se está viendo ahora de manera nítida, es que posiblemente una parte de los comandos policiales (de las Fuerzas de Operaciones de la Policía Especializada – FOPE) tuvo un activo rol en el inicio y desarrollo de la masacre^[1]. Esto, que debería ser suficiente para absolver y liberar a los campesinos e iniciar una nueva investigación, no fue hasta ahora contemplado porque a los actores fiscales, judiciales y estatales no les ha importado que de verdad se sepa qué pasó en Curuguaty.

Lo que suceda como conclusión del juicio no devolverá la vida a los once campesinos y seis policías muertos en la masacre, ni tendrá por sí solo el efecto de resarcir a los campesinos que han soportado el injusto proceso y una privación de libertad que ya dura cuatro años.  Sin embargo, en cualquier caso será un hito para el futuro del país: la señal que marcaría vía libre para futuras acciones similares signadas por la impunidad, o un avance de gran magnitud en la posibilidad de exigir justicia ante el abuso del poder estatal en Paraguay.

La masacre de Marina Kue, la posterior imputación al azar de más de 60 campesinas y campesinos sin tierras por haber supuestamente tenido responsabilidad sobre los crímenes –eran apenas integrantes de la comisión de sin tierras y aspirantes a beneficiarios en la distribución de las tierras fiscales, objeto de una larga disputa con el Estado por acción de la empresa privada Campos Morombí, y algunos ni siquiera estaban presentes–, la acusación de 14 de los imputados y el actual juicio a 11 de ellos, constituyen un compendio paradigmático sobre cómo ha operado históricamente y sigue actuando el proceso de apropiación del territorio campesino e indígena del Paraguay, mediante la expulsión y el progresivo exterminio de sus habitantes^[2].

Las tierras ancestrales indígenas y las pobladas de manera tradicional por campesinos, han sido ocupadas y explotadas por empresas privadas nacionales, extranjeras y trasnacionales, por vía de procedimientos gestionados, ratificados o al menos tolerados por el Estado paraguayo: la venta de tierras fiscales, como ocurrió luego de la Guerra Guazú, incluyendo a sus habitantes y poblados, quienes pasaron a ser menos ciudadanos libres que población sujeta a regímenes análogos a la esclavitud (como los mensú de los grandes emporios yerbateros); o la apropiación de lo que hoy llamamos “tierras malhabidas” por parte de personajes beneficiados por la larga dictadura stronista. La explotación, la pobreza obligada, el cambio en los modos de producción a favor de la agricultura extensiva y mecanizada, la invasión de agrotóxicos, e incluso la violencia por parte de los terratenientes y del Estado, han ido expulsando a la población indígena y campesina, para configurar progresivamente un Paraguay menos rural, más urbano, donde una proporción relevante del antiguo campesinado se convirtió en habitante de los cinturones de pobreza (por ejemplo, los bañados de Asunción), cuando no en integrante del conjunto de emigrantes obligados por la ausencia de oportunidades en el propio país.

Los campesinos hoy procesados por el caso Curuguaty son parte de quienes han sufrido este despojo progresivo, portadores de una cultura y una lengua discriminadas. Son protagonistas de la última resistencia a un Estado poscolonial, configurado sobre la base del exterminio de los habitantes nativos y de sus herederos más directos: un Estado que además prosigue su existencia como organización funcional a intereses particulares, más que como proyecto colectivo de coexistencia en un territorio bajo premisas netamente democráticas. Y el sistema de justicia que tiene sometido a este grupo de campesinos al injusto proceso penal próximo a concluir, representa de manera cabal al Estado constituido sobre una dominación de larga data, de cuyos efectos no puede librarse, cuyos ejecutores son los funcionarios policiales, fiscales y judiciales, y cuyos beneficiarios son los grandes capitales que se mueven detrás de la explotación de las tierras y de la corrupción estatal.

El proceso judicial al caso Curuguaty desnuda el modus operandi de la gavilla de operadores que se precisa para sostener el rumbo histórico que ha seguido el Paraguay, hoy disfrazado de “nuevo rumbo”. Aquí todo el mundo sabe que en Marina Kue no ocurrió lo que dice la fiscalía. Se conocen las irregularidades del proceso. Se sabe además cómo han tomado parte de diversas maneras personas con cargos (desde los más elevados hasta los menores, con nombres y apellidos concretos) de los tres poderes del Estado (legislativo, ejecutivo y judicial). Los testimonios del juicio han mostrado las mentiras y contradicciones en la versión sostenida por la fiscalía. Pero, pese a saberse todo esto, también se enfrenta al cinismo de un sistema que sigue firme en su farsa, como si realmente estuviera juzgando para encontrar la verdad y para hacer justicia.

La encrucijada de Curuguaty tiene solo un camino coherente con la justicia: el de la absolución de los acusados, su inmediata liberación y un nuevo proceso, esta vez para investigar y juzgar a quienes han cometido los crímenes y fabricado el engaño, impidiéndoles la impunidad. Y la ciudadanía democrática del Paraguay seguirá trabajando arduamente para que esto alguna vez sea la realidad.

Notas:

^[1] Al respecto, ver la exposición realizada por Darío Aguayo, uno de los abogados defensores de los campesinos, en el artículo “Confusión y terror sembrado por agentes de la FOPE”, publicado por E’a el 9 de junio de 2016. Disponible en: http://ea.com.py/v2/blogs/confusion-y-terror-sembrado-por-agentes-de-la-fope/. Última consulta: 9 de junio de 2016.

^[2] Ver Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), Informe Chokokue 1989-2013. El plan sistemático de ejecuciones en la lucha por el territorio campesino, Asunción, Codehupy, 2014. Disponible en: http://www.serpajpy.org.py/wp-content/uploads/2014/08/Informe-Chokokue-1989-2013-versi%C3%B3n-web.pdf. Última consulta: 9 de junio de 2016.

Publicado en E’a el 10 de junio de 2016.

Campaña del Colectivo Absolución Ya

Conmemoración convocada por la Articulación por Curuguaty (AxC)

Campaña Somos Observadores de Curuguaty

por Clyde Soto // El “criadazgo” no es una figura legalmente admitida en el Paraguay. Si alguien quiere criar a un niño o niña de quien no tenga la patria potestad debe pedir su adopción, guarda o tutela. Todas estas figuras (diferentes entre sí) tienen procedimientos establecidos, dan responsabilidades a las personas adultas que libremente se obligan a través de ellas, deben tener seguimiento del Estado y dan plenos derechos a niñas y niños, sin discriminaciones y sin ninguna obligación de trabajar en beneficio de quienes se comprometen a criarlos, cuidarlos y protegerlos.

Además, está admitido el trabajo doméstico remunerado recién a partir de los 18 años o la mayoría de edad (en la nueva Ley de Trabajo Doméstico aprobada en 2015). Es decir, tampoco pagando se puede tener a niñas, niños y adolescentes haciendo trabajos domésticos en hogares de terceros. ¿Por qué? Pues porque está demostrado que esta actividad coloca en grave desprotección a quienes aún no pueden defenderse suficientemente, debido a que se realiza entre las “altas murallas” de los hogares, donde eventualmente pueden suceder abusos, violencia y hasta muerte, tal como lo acaba de demostrar el triste caso de Carolina, la adolescente de 14 años aparentemente asesinada a golpes por un hombre en cuya casa vivía y trabajaba, con el increíble, retrógrado y machista argumento de que “la encontró besándose con un albañil”.

Sin embargo, en Paraguay el criadazgo es una figura tradicional basada en la desigualdad social, en la injusticia y en la explotación: muchas personas aún llevan a niñas y niños pobres o desprotegidos a sus casas para obligarlos a realizar tareas domésticas, supuestamente a cambio de alimentación, salud y estudios. Es decir, para recibir lo que es derecho de toda persona niña (lo que les corresponde y no se les debe negar ni arrebatar), pagándolo con trabajo forzado, en una situación análoga a la esclavitud. Sabido es que ni siquiera en todos los casos reciben los supuestos beneficios comprometidos. Además, son víctimas de serias discriminaciones, pues nunca reciben el mismo trato ni los mismos cuidados que los demás niños y niñas de los hogares donde viven.

La crianza y el cuidado son compromisos nobles. El criadazgo los desvirtúa, dado que se sustenta en una relación de abuso: aprovechando las necesidades básicas ajenas, hay quienes “solucionan” sus propias necesidades en cuanto a trabajo doméstico. Quien desee criar o cuidar puede hacerlo, pero garantizando todos los derechos a niñas y niños: nunca para ocultar una relación de explotación. Así que no es cierto eso de que “gracias al criadazgo muchas personas salieron adelante”. Más bien sería pese al criadazgo: a pesar de haber padecido una práctica injusta pero tradicionalmente admitida, que el Paraguay aún no ha sabido, podido o querido erradicar.

Por Clyde Soto y Rocco Carbone // El 21 de diciembre el recientemente electo presidente de Argentina, Mauricio Macri, participó por primera vez en la Cumbre del Mercosur en Asunción del Paraguay, donde se reunieron ocho jefes de Estado de la región. Al Presidente argentino lo vimos sentado a la derecha de Cartes. En una arenga leída no sin inseguridades –y que en muchos pasajes nos recordó las dificultades de Cartes con el teleprompter en Nueva York– enfatizó los pasajes relativos a Venezuela y a cuestiones relativas a los derechos humanos. Habló de la pronta liberación de los presos políticos en Venezuela, un país en el que habría persecuciones políticas por razones ideológicas que redundaron en privación ilegítima de la libertad para pensar distinto. E invitó a los Estados del Mercosur a trabajar para consolidar “una verdadera cultura democrática en la región”. Cómo estar en desacuerdo con estos universales: a menos que se conozcan las inconsistencias entre apelaciones y realidades.

Quien se ocupó de ponerle nombres a las cosas fue la canciller venezolana Delcy Rodríguez. Recordó que el presidente Macri se refería a Leopoldo López, cuya señora esposa –Lilian Tintori– celebró la victoria de Cambiemos en la Argentina, hace poco, en el comando de campaña de Macri. Y pocas horas después, vimos a esa embajadora por los derechos humanos (menos colectivos que personales) sacarse una foto en Paraguay con el expresidente paraguayo golpista: Federico Franco. Ambos salieron sonrientes y haciendo dos L con los dedos, como para indicar ¿Leopoldo libre, quizás?

El presidente Macri habla de derechos humanos en un país donde hace apenas tres años fueron usurpadas las reglas de la democracia y de los derechos humanos, porque así convino a una parte importante de actores estatales, partidarios y ciudadanos. Hechos de los que la primera magistratura del Presidente Cartes es subsidiaria y cómplice, vía su partido: el Partido Colorado. Esa usurpación se basó en la muerte de 17 personas en la masacre de Marina Kue, en la injusticia que reina hoy sobre los campesinos de Curuguaty, sobrevivientes y víctimas de esa masacre, presos e injustamente procesados, y sobre las políticas públicas impopulares de Cartes, resistidas por una huelga general de dos días y alto acatamiento.

A partir de 2012 en Paraguay se ha puesto en marcha una ofensiva en contra de la democratización y una reacción para obturar toda posible ampliación de derechos. Ofensiva que en realidad es el retorno hacia rumbos ya transitados de la mano de un autoritarismo de larga data. Paraguay, entonces, “avanza” hacia políticas neoliberales –que hoy son post-neo-liberales– ordenadas alrededor de un poco luminoso personaje de la política paraguaya, señalado no solo por actos de gobierno presentes, sino también por supuestos vínculos con negocios ilícitos subyacentes a su imagen de empresario exitoso. Entonces, hablar en Paraguay de derechos humanos, de narcotráfico y de cláusula democrática, es cuando menos pernicioso si se habla desde el desconocimiento o el silencio cómplice ante las realidades locales.

Es pernicioso, además, porque pareciera que en la última larga década no hubiera pasado nada en la región en materia de ampliación de derechos, y concretamente en derechos humanos y memoria, verdad y justicia. Y porque precisamente en Argentina es donde ha habido importantes avances al respecto. Es perjudicial hablar de derechos humanos, sentado a la derecha de Cartes y señalando solo a los vecinos más lejanos, cuando el presidente paraguayo intentó nombrar al nieto homónimo de Alfredo Stroessner como embajador del país ante la ONU. Tuvo que bajar la designación por las críticas recibidas desde el propio país y desde todo el mundo. El mismo Macri, hace pocos días, como repitiendo historias, tuvo que declinar el nombramiento de Carlos Manfroni como funcionario del Ministerio de Seguridad por sus posiciones antiderechos y anti rock en tiempos de la dictadura, criticadas duramente por Charly García. Son silencios que van construyendo impunidades mayúsculas.

Cabe recordarlo con énfasis: ninguna restauración conservadora o ningún modelo liberal-conservador cierra sin abrir la posibilidad de reprimir la protesta social. Cartes asumió el 15 de agosto de 2013. El 19 del mismo mes presentó un proyecto que modificaba la ley de defensa, dándose como presidente facultades inconstitucionales para decidir sobre el uso de las fuerzas militares en operaciones de seguridad interna. Una semana después de haber asumido, el nuevo presidente paraguayo tenía aprobada esta ley. En cuanto a la Argentina, no hacen dos semanas que asumió el presidente Macri y en las manifestaciones que hubo desde entonces pudimos apreciar que volvieron a aparecer los carros hidrantes y la policía; por ahora al margen, pero a metros de los manifestantes. Se trata de una forma de amedrentar sencilla y eficaz, por las memorias cicatriciales que portan esos ademanes. Y como garante está la ministra Patricia Bullrich, quien entre sus galones cuenta con vínculos estrechos con varias centrales de inteligencia estadounidenses. La ministra se reunió con los ministros de seguridad de todo el país y, por unanimidad, avalaron la emergencia de seguridad a nivel nacional. Para luchar en contra del “narcotráfico y delitos complejos”, pero abarcando también áreas que tienen que ver con “lo social, lo educativo y la Justicia”. En definitiva, “matices” autoritarios propios del liberalismo del siglo XX.

Para defender auténticamente los derechos humanos y apelar a una verdadera cultura democrática en la región, el Presidente argentino debería haber empezado por pedir la pronta liberación en Paraguay de los presos políticos de Curuguaty. Los dobles discursos, como el doble estándar, nunca faltan.

Artículo publicado el 23 de diciembre de 2015 en Página 12 con el título de “El doble discurso con los derechos humanos” y en E’a el 24 diciembre de 2015.

Por Clyde Soto y Rocco Carbone

No hay final feliz cuando campea la injusticia y cuando el Derecho es violencia. Es lo que está pasando con el caso Curuguaty después tres años y casi seis meses de la masacre de Marina Kue, la que dio el cruento toque de diana para el golpe parlamentario disfrazado de juicio político que en junio de 2012 derrumbó a un gobierno electo democráticamente en Paraguay. Y es que se van sucediendo los intentos de poner punto final al grave conflicto desatado, pero las cicatrices no pueden cerrar debido a que cada movimiento reactualiza la herida y revuelca de dolor a un pueblo que sigue resistiendo como puede ante tamaña arbitrariedad.

Desde que aconteció la masacre ha habido varios intentos, estériles por cierto, de cerrar el caso: por la fuerza, el único lenguaje que es capaz de articular la injusticia. Uno de ellos fue, desde el inicio, la identificación arbitraria de supuestos culpables –campesinas y campesinos que ocupaban las tierras– a quienes se atribuyó la masacre, de acuerdo con un libreto preparado de antemano que incluía la sentencia previa a los acusados. Privados de libertad desde hace tres años –vaya oprobio de cualquier civilización–, 11 campesinos hoy están en un juicio oral y público iniciado hace ya más de cuatro meses, que se traba por fallas procesales, por las protestas de la defensa y por el cambio reiterado de abogados. Esos 11 campesinos resisten ante un poder mortífero y desaparecedor –el Poder de (in)Justicia– para que el caso no se cierre con una condena anticipada, aun cuando la reacción del sistema es implacable: el tribunal que juzga el caso ahora sancionó económicamente (con unos 7.000.000 de guaraníes, aproximadamente 1.300 dólares estadounidenses) a uno de los abogados de la defensa por haber hecho uso del recurso de recusación. En un sistema democrático recusamos toda vez que no estamos de acuerdo con las cosas sin esperar que siga una que otra censura o persecución. De esta manera se intenta humillar a la defensa, bloquearla en su trabajo y obligarla a aceptar las irregularidades. Es decir: el tribunal, garante supuesto de la Justicia, pretende que el juicio se haga sin defensa. O, lo que es peor, con una defensa pintada al óleo, de cartón, mero escenario: impedida de actuar sobre las cosas.

Otro intento fue el supuesto establecimiento de un asentamiento campesino para las víctimas de Marina Kue en un sitio distante al lugar de la masacre, al cual trasladaron no a las víctimas sino a otro grupo de campesinos de la zona: “un campesino es siempre igual a otro” desde el discurso de un poder ciego frente a los derechos de los más pobres, de los sectores discriminados, de minorías étnicas o de poblaciones marginalizadas. El día en que esto sucedió el titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), anunció un “final feliz”, inmediatamente desmentido por los sobrevivientes y víctimas de Marina Kue, quienes desde julio de 2015 habían reocupado esas tierras, exigiendo que se les reconozca el asentamiento y se les otorgue la titularidad. La jugada –más que evidente– consistía en hacernos creer a la ciudadanía que ya todo estaba solucionado. Con un final feliz: falso. InJusticia y mentirosa.

Ahora: el tema de la –otra vez supuesta– donación por ley de las tierras de Marina Kue al Estado paraguayo con la finalidad de establecer en ella una reserva natural, incluso con nombre establecido: Yvera (agua brillante). La ley fue impulsada por la empresa privada Campos Morombi S.A. del grupo Riquelme, en disputa desde hace largo tiempo con el Estado por esas mismas tierras. Precisamente esa disputa –sin resolución judicial debido a la demora y desidia de la Corte Suprema de Justicia– dio origen al caso Marina Kue (pueblo mba’e). La incursión policial fue urgida desde la propia Cámara de Diputados del país, por vía de una nota firmada por el diputado Óscar Tuma. Vaya casualidad: el mismo que redactó el vergonzoso libelo acusatorio contra Fernando Lugo en el juicio político, y hoy además el proyectista de la absurda pretensión de donación de Marina Kue. La impunidad no tiene fin. El Congreso paraguayo sancionó la ley, que está ya solo en espera de su promulgación por el Poder Ejecutivo. Es una coalición de los poderes estatales en contra de los derechos. O sea: si un Poder falla –el Judicial– o es incapaz de dar respuestas en función del Derecho, reinterpretándolo como instrumento de tortura, intervienen otros. Y ahora el Ejecutivo tiene opciones: una humanista, liberadora, emancipadora, respetuosa del derecho a la vida, que aplaudiríamos con ganas desde la ciudadanía; o una mortífera, desaparecedora, torturadora, formulada siguiendo los mismos vectores ideológicos del otro Poder.

El tema es simple: Campos Morombí no puede donar unas tierras que no son suyas. Se dona lo propio, por más que parezca una verdad de perogrullo. Hasta la propia Directora de Registros Públicos dijo que la Ley es inaplicable porque las tierras no están tituladas a nombre de Campos Morombi y no podrán ser inscriptas aunque se promulgue la norma. Lo mismo dijo el titular del Indert, Justo Cárdenas, quien reconoce que las tierras son estatales, traspasadas en 1967 al Estado por la empresa latifundista La Industrial Paraguaya S.A., a cambio de impuestos adeudados. El Estado no las inscribió a tiempo, lo que permitió que se inicie el infierno de Marina Kue.

Sin embargo, el presidente Horacio Cartes, en su mejor estilo atropellado, sin precauciones, anunció que promulgaría el proyecto de ley. Su argumento: de esa manera se acabaría el problema. Luego de esa declaración los medios anunciaron que ya había promulgado el proyecto de ley, para después desmentirse la noticia, dándose el nuevo anuncio de que ni promulgaría ni vetaría la ley, dejándola correr hacia la sanción automática. La ley sancionada por el Congreso del Paraguay es ilegal: es obligación de Cartes vetarla y además pelear la titularidad estatal de Marina Kue, pues por inoperancia se permitió que esas tierras fueran apropiadas por la empresa que ahora pretende donarlas.

¿Y por qué ese interés en la “donación”? Pues porque de ese modo se liberan de la investigación y eventual acusación sobre usurpación. Es decir: la ley legitima la usurpación y sanciona la impunidad. Y los campesinos: pagan.

Usted, señor presidente, tiene una opción: cuidar el derecho de los más débiles –los campesinos. Puede, si solo quisiese, formular una opción humanista, que privilegie la vida por sobre la muerte. Y nos sorprendería en el uso de nuestras conjeturas sobre su manera de conducir Paraguay: uno de los países más desiguales de América Latina.

El infierno de Marina Kue solo podrá finalizar cuando el Estado paraguayo reconozca y repare las violaciones de derechos a las campesinas y campesinos hoy procesados, anulando desde ya el juicio absurdo, cuando recupere Marina Kue y destine esas tierras a la reforma agraria, que es lo que debió haber sucedido de no estar el Paraguay bajo el arbitrio de la injusticia.

Clyde Soto
Observadora de Curuguaty

 

La mentira Morombí se tiñe de verde para ocultar el rojo de la sangre derramada en Marina Kue.

La empresa privada Campos Morombí está haciendo circular un video engañoso mediante el que criminaliza a los campesinos sin tierra. Bajo el ropaje del conservacionismo ambiental, expone la alarmante deforestación que sufre el Paraguay para luego responsabilizar de la misma a los sin tierra. A continuación, la transcripción textual de una parte del audio del video:

“Esta deforestación es llevada a cabo por un grupo de personas que bajo el título de ‘campesinos sin tierra’ se dedican a la tala indiscriminada para el rollo-tráfico, a la quema de bosques vírgenes para producción de carbón y al desmonte para el cultivo de hierbas prohibidas. Nada ni nadie los detiene y en su destrucción criminal violan todo tipo de leyes. No valoran ni respetan la naturaleza, no les importa su propio futuro ni el de sus familias, ni mucho menos el de nuestro medio ambiente. En manos de estos criminales la destrucción de bosques no se detendrá y la Reserva Natural Morombí podría llegar en muy poco tiempo a desaparecer para siempre bajo cenizas de carbón y drogas”¹.

Mientras propagan estas mentiras, se intenta acallar lo siguiente:

1. Campos Morombí es la empresa privada que tiene una larga disputa con el Estado paraguayo por las tierras conocidas como Marina Kue, de unas 2.000 hectáreas. En el marco de esa disputa, propició el allanamiento que dio lugar a la llamada Masacre de Curuguaty, en junio de 2012, y al posterior golpe parlamentario².

2. En la masacre fueron asesinados 11 campesinos y 6 policías. Varios campesinos y campesinas soportan hasta hoy una persecución penal injusta, basada en un libreto prefabricado que los presenta como atacantes y en una sentencia previa, instalada como versión oficial desde el momento de la masacre³. El juicio oral para 12 de ellos se está realizando, aunque fue reiteradamente suspendido por las irregularidades del sistema judicial.

3. Los campesinos ocupaban las tierras de Marina Kue en demanda de su devolución para fines de la reforma agraria, como fue determinado antes de la apropiación privada.

4. Campos Morombí dividió sus tierras, de aproximadamente 30.000 hectáreas, en un establecimiento agroganadero y en la Reserva Natural Morombí, como consta en la página web de la empresa:

“La propiedad conocida como ‘Campos Morombí’ está conformada por la Estancia Golondrina, donde se realizan actividades agrícolas y ganaderas, y por la Reserva Natural Morombí, destinada a la conservación de la naturaleza”.

“La Reserva Natural Morombí es una iniciativa privada de la empresa Campos Morombí S.A.C.A., empresa del Grupo Riquelme. Como parte de su estrategia de uso sostenible y conservación de los recursos naturales, y de su responsabilidad social empresarial, la empresa gestionó la declaración oficial como área silvestre protegida de una amplia extensión de bosques de su propiedad”⁴.

5. Es conocida la estrategia de declarar parte de los latifundios como reservas naturales, a fin de eludir la ley y el control estatal y social, y como forma de apropiación del territorio campesino e indígena⁵.

6. La deforestación del Paraguay está causada principalmente por la actividad agrícola extensiva, intensiva y expansiva, principalmente la soja. Esto, a su vez, genera la expulsión del campesinado pobre, por mecanismos de apropiación de la tierra, a veces revestidos de legalidad, por las fumigaciones con agrotóxicos, por falta de apoyo estatal a los pequeños agricultores, e incluso por la violencia ejercida por parte de los latifundistas y por los responsables de cultivos y tráficos ilícitos.

7. Desconociendo el litigio aún vigente sobre Marina Kue, actualmente la empresa Campos Morombí propicia una ley por la cual pretende “donar” al Estado paraguayo la propiedad de esas tierras (Finca Nº 30), con la finalidad de que sea parte de la reserva natural. Si el Estado paraguayo aceptara esto, estaría reconociendo la supuesta propiedad privada de esas tierras, y eliminando la posibilidad de pedir cuentas a los responsables de la usurpación y de la masacre. Esta empresa no puede donar lo que no le pertenece. Es un intento de punto final al litigio. La ley ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y aún tiene pendiente su tratamiento en la Cámara de Senadores. Sólo una decidida oposición ciudadana podrá frenar esto⁶.

En síntesis, estamos ante el escenario final de la impunidad en torno al caso Marina Kue: apropiación de las tierras, expulsión campesina, masacre y criminalización del campesinado. Y ante un proyecto político que sostiene estas mentiras.

El videíto de la empresa privada Campos Morombí es la propaganda montada para que el plan macabro obtenga apoyo ciudadano. La mentira Morombí se tiñe de verde para ocultar el rojo de la sangre derramada en Marina Kue.

Notas:

¹ Video Reserva Natural Morombí

² Una revisión rápida sobre la situación de las tierras mencionadas puede verse en el video del Servicio Paz y Justicia (Serpaj) Paraguay: La historia de las tierras de Marina Cue en 6 minutos

³ Al respecto ver los informes de la Plataforma de Estudio e Investigación de Conflictos Campesinos (PEICC), Informe Masacre de Curuguaty, Asunción: PEICC, 2012, y de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), Informe de derechos humanos sobre el caso Marina Kue, Asunción, Codehupy, 2012. Ver también Rocco Carbone y Clyde Soto (ed.), Curuguaty: pueblo mba’e, Asunción, Arandurã, 2014.

⁴ Página web de la Reserva Natural Morombí.

⁵ Ver al respecto la investigación de Mirta Barreto, La lucha por la tierra frente a las corporaciones y el mercado, Asunción, Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL) y Centro de Servicios y Estudios Rurales (CSER), 2013.

⁶ El proyecto de ley actualmente está en estudio de comisiones en la Cámara de Senadores. Ver el texto del proyecto y su estado de tramitación en el Sistema de Información Legislativa (Silpy), Proyecto de ley propiciado por Campos Morombí.

Clyde Soto

Soy egresada de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), de la Facultad de Filosofía. Egresé en 1988, cuando los estertores finales de la dictadura stronista, la que creímos se iba en 1989, aunque pronto nos dimos cuenta de que tenía muchos vástagos ocupando todos los espacios institucionales del Paraguay, bien alimentados y fuertes, que además seguirían dando retoños hasta ahora, en 2015, 26 años después.

En mis tiempos estudiantiles, la UNA libraba una permanente batalla en contra del copamiento stronista: estaban los esbirros del régimen, empotrados en todos los espacios directivos universitarios y en varios de los centros estudiantiles, y estábamos quienes hacíamos oposición antidictatorial, en algunas facultades con la directiva de los centros, mientras que en otras la peleábamos. En Filosofía UNA los stronistas perdieron el centro de estudiantes recién luego de iniciado el proceso de transición, ese que nunca sabemos si en realidad se acabó, porque siempre estamos bajo la amenaza dictatorial de tan larga data.

Todavía recuerdo haber estado en mi primera asamblea universitaria, en el primer curso, en 1984, presenciando una dura batalla entre dos sectores de la misma raigambre colorada (stronistas vs. tradicionalistas), donde llegaron a apagar las luces del recinto de Filosofía UNA y a meter una moto rugiente a la asamblea por la famosa rampa del local universitario. Yo, espantada. Luego formamos nuestro movimiento estudiantil independiente, desmarcado del stronismo y de otros colorados y partidos, con el Frente Autónomo de Filosofía (FAF), desde donde nos unimos a la lucha antidictatorial con compañeras/os de otras facultades. Perdimos varias elecciones, hasta que en el 88 las ganamos, pero con represiones que afectaron a varios estudiantes, porque el stronismo tenía en Filosofía UNA uno de sus bastiones y no estaba dispuesto a perderlo. También recuerdo al equipo administrativo de la facultad, dominado por stronistas, que nos pyragüereaban todo el tiempo. Y recuerdo a profesores que jugaban del mismo lado en esa corruptela generalizada. Pero, sobre todo, recuerdo con el más gran aprecio a otros, que desafiaban a la mediocridad y nos apoyaban en esa desigual lucha estudiantil en contra de la barbarie autoritaria.

Durante el ya largo tiempo pasado desde mi egreso universitario, he seguido siempre con atención las luchas estudiantiles, las tomas de los recintos, tanto en la UNA como en la Universidad Católica, los amedrentamientos y las represiones, los procesamientos a estudiantes. Siempre igual. Siempre esas luchas ahogadas con los mismos mecanismos. Nunca se fueron los stronistas que asfixiaron a este país en su mediocre autoritarismo y en su corruptela. No solo no se fueron de la UNA, dejaron sus herederos en todas partes.

Herederos que fueron usando todas las armas dictatoriales para aferrarse a sus espacios, para seguir controlando el poder político hasta ahora: desde las estafas electorales, pasando por el control militar, por las represiones policiales, por el uso del sistema judicial para perseguir a oponentes, hasta las masacres, como sucedió en el Marzo Paraguayo de 1999 y en Marina Kue en 2012, e incluso un golpe de Estado, disfrazado ya de institucionalidad democrática. Son herederos que no solo están en el partido que sostuvo a la dictadura, el Colorado, sino que además habitan en otros espacios, hasta entre quienes se consideran opositores e incluso entre quienes brevemente desafiaron al dominio colorado, porque en realidad el stronismo es sinónimo de un autoritarismo que está en las mentalidades y en las prácticas sociales y políticas. Un autoritarismo que convirtió en golpistas hasta a algunos de los más pintados luchadores antidictatoriales: que vimos reflotar más allá de los colores.

Por todo esto es que me pone tan contenta la expresión del dirigente estudiantil Sandino Flecha cuando dijo que estamos ante una gran batalla en contra del modelo stronista en la UNA. Se trata de no admitirle la corrupción a Froilán Peralta –el Rector de quien se pide renuncia o destitución, por nombramientos corruptos hechos públicos por los medios– y, además, de cambiar un modelo agotado que está fundiendo al país, que viene de hace mucho y que sigue lamentablemente floreciente, de múltiples formas. Florece porque seguimos permitiéndolo al no confrontarlo de manera radical; se actualiza en los votos de quienes prefieren seguir apostando a sus colores partidarios pese al daño que desde estos partidos se hace al país, en las réplicas autoritarias que dominan el quehacer político, en el silencio ante las injusticias, en la corruptela infinita de cada día, en las negociaciones complacientes con los corruptos.

Así que una vez más, tengo esperanzas, y de nuevo quiero que persista hasta que caiga el modelo del viejo autoritarismo que asfixia al Paraguay. Sin concesiones, sin disculpas, sin reciclajes indignos, sin treguas. ¡Vamos el estudiantado!