Espinas y algo más

por Clyde Soto // El “criadazgo” no es una figura legalmente admitida en el Paraguay. Si alguien quiere criar a un niño o niña de quien no tenga la patria potestad debe pedir su adopción, guarda o tutela. Todas estas figuras (diferentes entre sí) tienen procedimientos establecidos, dan responsabilidades a las personas adultas que libremente se obligan a través de ellas, deben tener seguimiento del Estado y dan plenos derechos a niñas y niños, sin discriminaciones y sin ninguna obligación de trabajar en beneficio de quienes se comprometen a criarlos, cuidarlos y protegerlos.

Además, está admitido el trabajo doméstico remunerado recién a partir de los 18 años o la mayoría de edad (en la nueva Ley de Trabajo Doméstico aprobada en 2015). Es decir, tampoco pagando se puede tener a niñas, niños y adolescentes haciendo trabajos domésticos en hogares de terceros. ¿Por qué? Pues porque está demostrado que esta actividad coloca en grave desprotección a quienes aún no pueden defenderse suficientemente, debido a que se realiza entre las “altas murallas” de los hogares, donde eventualmente pueden suceder abusos, violencia y hasta muerte, tal como lo acaba de demostrar el triste caso de Carolina, la adolescente de 14 años aparentemente asesinada a golpes por un hombre en cuya casa vivía y trabajaba, con el increíble, retrógrado y machista argumento de que “la encontró besándose con un albañil”.

Sin embargo, en Paraguay el criadazgo es una figura tradicional basada en la desigualdad social, en la injusticia y en la explotación: muchas personas aún llevan a niñas y niños pobres o desprotegidos a sus casas para obligarlos a realizar tareas domésticas, supuestamente a cambio de alimentación, salud y estudios. Es decir, para recibir lo que es derecho de toda persona niña (lo que les corresponde y no se les debe negar ni arrebatar), pagándolo con trabajo forzado, en una situación análoga a la esclavitud. Sabido es que ni siquiera en todos los casos reciben los supuestos beneficios comprometidos. Además, son víctimas de serias discriminaciones, pues nunca reciben el mismo trato ni los mismos cuidados que los demás niños y niñas de los hogares donde viven.

La crianza y el cuidado son compromisos nobles. El criadazgo los desvirtúa, dado que se sustenta en una relación de abuso: aprovechando las necesidades básicas ajenas, hay quienes “solucionan” sus propias necesidades en cuanto a trabajo doméstico. Quien desee criar o cuidar puede hacerlo, pero garantizando todos los derechos a niñas y niños: nunca para ocultar una relación de explotación. Así que no es cierto eso de que “gracias al criadazgo muchas personas salieron adelante”. Más bien sería pese al criadazgo: a pesar de haber padecido una práctica injusta pero tradicionalmente admitida, que el Paraguay aún no ha sabido, podido o querido erradicar.

Por Clyde Soto y Rocco Carbone // El 21 de diciembre el recientemente electo presidente de Argentina, Mauricio Macri, participó por primera vez en la Cumbre del Mercosur en Asunción del Paraguay, donde se reunieron ocho jefes de Estado de la región. Al Presidente argentino lo vimos sentado a la derecha de Cartes. En una arenga leída no sin inseguridades –y que en muchos pasajes nos recordó las dificultades de Cartes con el teleprompter en Nueva York– enfatizó los pasajes relativos a Venezuela y a cuestiones relativas a los derechos humanos. Habló de la pronta liberación de los presos políticos en Venezuela, un país en el que habría persecuciones políticas por razones ideológicas que redundaron en privación ilegítima de la libertad para pensar distinto. E invitó a los Estados del Mercosur a trabajar para consolidar “una verdadera cultura democrática en la región”. Cómo estar en desacuerdo con estos universales: a menos que se conozcan las inconsistencias entre apelaciones y realidades.

Quien se ocupó de ponerle nombres a las cosas fue la canciller venezolana Delcy Rodríguez. Recordó que el presidente Macri se refería a Leopoldo López, cuya señora esposa –Lilian Tintori– celebró la victoria de Cambiemos en la Argentina, hace poco, en el comando de campaña de Macri. Y pocas horas después, vimos a esa embajadora por los derechos humanos (menos colectivos que personales) sacarse una foto en Paraguay con el expresidente paraguayo golpista: Federico Franco. Ambos salieron sonrientes y haciendo dos L con los dedos, como para indicar ¿Leopoldo libre, quizás?

El presidente Macri habla de derechos humanos en un país donde hace apenas tres años fueron usurpadas las reglas de la democracia y de los derechos humanos, porque así convino a una parte importante de actores estatales, partidarios y ciudadanos. Hechos de los que la primera magistratura del Presidente Cartes es subsidiaria y cómplice, vía su partido: el Partido Colorado. Esa usurpación se basó en la muerte de 17 personas en la masacre de Marina Kue, en la injusticia que reina hoy sobre los campesinos de Curuguaty, sobrevivientes y víctimas de esa masacre, presos e injustamente procesados, y sobre las políticas públicas impopulares de Cartes, resistidas por una huelga general de dos días y alto acatamiento.

A partir de 2012 en Paraguay se ha puesto en marcha una ofensiva en contra de la democratización y una reacción para obturar toda posible ampliación de derechos. Ofensiva que en realidad es el retorno hacia rumbos ya transitados de la mano de un autoritarismo de larga data. Paraguay, entonces, “avanza” hacia políticas neoliberales –que hoy son post-neo-liberales– ordenadas alrededor de un poco luminoso personaje de la política paraguaya, señalado no solo por actos de gobierno presentes, sino también por supuestos vínculos con negocios ilícitos subyacentes a su imagen de empresario exitoso. Entonces, hablar en Paraguay de derechos humanos, de narcotráfico y de cláusula democrática, es cuando menos pernicioso si se habla desde el desconocimiento o el silencio cómplice ante las realidades locales.

Es pernicioso, además, porque pareciera que en la última larga década no hubiera pasado nada en la región en materia de ampliación de derechos, y concretamente en derechos humanos y memoria, verdad y justicia. Y porque precisamente en Argentina es donde ha habido importantes avances al respecto. Es perjudicial hablar de derechos humanos, sentado a la derecha de Cartes y señalando solo a los vecinos más lejanos, cuando el presidente paraguayo intentó nombrar al nieto homónimo de Alfredo Stroessner como embajador del país ante la ONU. Tuvo que bajar la designación por las críticas recibidas desde el propio país y desde todo el mundo. El mismo Macri, hace pocos días, como repitiendo historias, tuvo que declinar el nombramiento de Carlos Manfroni como funcionario del Ministerio de Seguridad por sus posiciones antiderechos y anti rock en tiempos de la dictadura, criticadas duramente por Charly García. Son silencios que van construyendo impunidades mayúsculas.

Cabe recordarlo con énfasis: ninguna restauración conservadora o ningún modelo liberal-conservador cierra sin abrir la posibilidad de reprimir la protesta social. Cartes asumió el 15 de agosto de 2013. El 19 del mismo mes presentó un proyecto que modificaba la ley de defensa, dándose como presidente facultades inconstitucionales para decidir sobre el uso de las fuerzas militares en operaciones de seguridad interna. Una semana después de haber asumido, el nuevo presidente paraguayo tenía aprobada esta ley. En cuanto a la Argentina, no hacen dos semanas que asumió el presidente Macri y en las manifestaciones que hubo desde entonces pudimos apreciar que volvieron a aparecer los carros hidrantes y la policía; por ahora al margen, pero a metros de los manifestantes. Se trata de una forma de amedrentar sencilla y eficaz, por las memorias cicatriciales que portan esos ademanes. Y como garante está la ministra Patricia Bullrich, quien entre sus galones cuenta con vínculos estrechos con varias centrales de inteligencia estadounidenses. La ministra se reunió con los ministros de seguridad de todo el país y, por unanimidad, avalaron la emergencia de seguridad a nivel nacional. Para luchar en contra del “narcotráfico y delitos complejos”, pero abarcando también áreas que tienen que ver con “lo social, lo educativo y la Justicia”. En definitiva, “matices” autoritarios propios del liberalismo del siglo XX.

Para defender auténticamente los derechos humanos y apelar a una verdadera cultura democrática en la región, el Presidente argentino debería haber empezado por pedir la pronta liberación en Paraguay de los presos políticos de Curuguaty. Los dobles discursos, como el doble estándar, nunca faltan.

Artículo publicado el 23 de diciembre de 2015 en Página 12 con el título de “El doble discurso con los derechos humanos” y en E’a el 24 diciembre de 2015.

Por Clyde Soto y Rocco Carbone

No hay final feliz cuando campea la injusticia y cuando el Derecho es violencia. Es lo que está pasando con el caso Curuguaty después tres años y casi seis meses de la masacre de Marina Kue, la que dio el cruento toque de diana para el golpe parlamentario disfrazado de juicio político que en junio de 2012 derrumbó a un gobierno electo democráticamente en Paraguay. Y es que se van sucediendo los intentos de poner punto final al grave conflicto desatado, pero las cicatrices no pueden cerrar debido a que cada movimiento reactualiza la herida y revuelca de dolor a un pueblo que sigue resistiendo como puede ante tamaña arbitrariedad.

Desde que aconteció la masacre ha habido varios intentos, estériles por cierto, de cerrar el caso: por la fuerza, el único lenguaje que es capaz de articular la injusticia. Uno de ellos fue, desde el inicio, la identificación arbitraria de supuestos culpables –campesinas y campesinos que ocupaban las tierras– a quienes se atribuyó la masacre, de acuerdo con un libreto preparado de antemano que incluía la sentencia previa a los acusados. Privados de libertad desde hace tres años –vaya oprobio de cualquier civilización–, 11 campesinos hoy están en un juicio oral y público iniciado hace ya más de cuatro meses, que se traba por fallas procesales, por las protestas de la defensa y por el cambio reiterado de abogados. Esos 11 campesinos resisten ante un poder mortífero y desaparecedor –el Poder de (in)Justicia– para que el caso no se cierre con una condena anticipada, aun cuando la reacción del sistema es implacable: el tribunal que juzga el caso ahora sancionó económicamente (con unos 7.000.000 de guaraníes, aproximadamente 1.300 dólares estadounidenses) a uno de los abogados de la defensa por haber hecho uso del recurso de recusación. En un sistema democrático recusamos toda vez que no estamos de acuerdo con las cosas sin esperar que siga una que otra censura o persecución. De esta manera se intenta humillar a la defensa, bloquearla en su trabajo y obligarla a aceptar las irregularidades. Es decir: el tribunal, garante supuesto de la Justicia, pretende que el juicio se haga sin defensa. O, lo que es peor, con una defensa pintada al óleo, de cartón, mero escenario: impedida de actuar sobre las cosas.

Otro intento fue el supuesto establecimiento de un asentamiento campesino para las víctimas de Marina Kue en un sitio distante al lugar de la masacre, al cual trasladaron no a las víctimas sino a otro grupo de campesinos de la zona: “un campesino es siempre igual a otro” desde el discurso de un poder ciego frente a los derechos de los más pobres, de los sectores discriminados, de minorías étnicas o de poblaciones marginalizadas. El día en que esto sucedió el titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), anunció un “final feliz”, inmediatamente desmentido por los sobrevivientes y víctimas de Marina Kue, quienes desde julio de 2015 habían reocupado esas tierras, exigiendo que se les reconozca el asentamiento y se les otorgue la titularidad. La jugada –más que evidente– consistía en hacernos creer a la ciudadanía que ya todo estaba solucionado. Con un final feliz: falso. InJusticia y mentirosa.

Ahora: el tema de la –otra vez supuesta– donación por ley de las tierras de Marina Kue al Estado paraguayo con la finalidad de establecer en ella una reserva natural, incluso con nombre establecido: Yvera (agua brillante). La ley fue impulsada por la empresa privada Campos Morombi S.A. del grupo Riquelme, en disputa desde hace largo tiempo con el Estado por esas mismas tierras. Precisamente esa disputa –sin resolución judicial debido a la demora y desidia de la Corte Suprema de Justicia– dio origen al caso Marina Kue (pueblo mba’e). La incursión policial fue urgida desde la propia Cámara de Diputados del país, por vía de una nota firmada por el diputado Óscar Tuma. Vaya casualidad: el mismo que redactó el vergonzoso libelo acusatorio contra Fernando Lugo en el juicio político, y hoy además el proyectista de la absurda pretensión de donación de Marina Kue. La impunidad no tiene fin. El Congreso paraguayo sancionó la ley, que está ya solo en espera de su promulgación por el Poder Ejecutivo. Es una coalición de los poderes estatales en contra de los derechos. O sea: si un Poder falla –el Judicial– o es incapaz de dar respuestas en función del Derecho, reinterpretándolo como instrumento de tortura, intervienen otros. Y ahora el Ejecutivo tiene opciones: una humanista, liberadora, emancipadora, respetuosa del derecho a la vida, que aplaudiríamos con ganas desde la ciudadanía; o una mortífera, desaparecedora, torturadora, formulada siguiendo los mismos vectores ideológicos del otro Poder.

El tema es simple: Campos Morombí no puede donar unas tierras que no son suyas. Se dona lo propio, por más que parezca una verdad de perogrullo. Hasta la propia Directora de Registros Públicos dijo que la Ley es inaplicable porque las tierras no están tituladas a nombre de Campos Morombi y no podrán ser inscriptas aunque se promulgue la norma. Lo mismo dijo el titular del Indert, Justo Cárdenas, quien reconoce que las tierras son estatales, traspasadas en 1967 al Estado por la empresa latifundista La Industrial Paraguaya S.A., a cambio de impuestos adeudados. El Estado no las inscribió a tiempo, lo que permitió que se inicie el infierno de Marina Kue.

Sin embargo, el presidente Horacio Cartes, en su mejor estilo atropellado, sin precauciones, anunció que promulgaría el proyecto de ley. Su argumento: de esa manera se acabaría el problema. Luego de esa declaración los medios anunciaron que ya había promulgado el proyecto de ley, para después desmentirse la noticia, dándose el nuevo anuncio de que ni promulgaría ni vetaría la ley, dejándola correr hacia la sanción automática. La ley sancionada por el Congreso del Paraguay es ilegal: es obligación de Cartes vetarla y además pelear la titularidad estatal de Marina Kue, pues por inoperancia se permitió que esas tierras fueran apropiadas por la empresa que ahora pretende donarlas.

¿Y por qué ese interés en la “donación”? Pues porque de ese modo se liberan de la investigación y eventual acusación sobre usurpación. Es decir: la ley legitima la usurpación y sanciona la impunidad. Y los campesinos: pagan.

Usted, señor presidente, tiene una opción: cuidar el derecho de los más débiles –los campesinos. Puede, si solo quisiese, formular una opción humanista, que privilegie la vida por sobre la muerte. Y nos sorprendería en el uso de nuestras conjeturas sobre su manera de conducir Paraguay: uno de los países más desiguales de América Latina.

El infierno de Marina Kue solo podrá finalizar cuando el Estado paraguayo reconozca y repare las violaciones de derechos a las campesinas y campesinos hoy procesados, anulando desde ya el juicio absurdo, cuando recupere Marina Kue y destine esas tierras a la reforma agraria, que es lo que debió haber sucedido de no estar el Paraguay bajo el arbitrio de la injusticia.

Clyde Soto
Observadora de Curuguaty

 

La mentira Morombí se tiñe de verde para ocultar el rojo de la sangre derramada en Marina Kue.

La empresa privada Campos Morombí está haciendo circular un video engañoso mediante el que criminaliza a los campesinos sin tierra. Bajo el ropaje del conservacionismo ambiental, expone la alarmante deforestación que sufre el Paraguay para luego responsabilizar de la misma a los sin tierra. A continuación, la transcripción textual de una parte del audio del video:

“Esta deforestación es llevada a cabo por un grupo de personas que bajo el título de ‘campesinos sin tierra’ se dedican a la tala indiscriminada para el rollo-tráfico, a la quema de bosques vírgenes para producción de carbón y al desmonte para el cultivo de hierbas prohibidas. Nada ni nadie los detiene y en su destrucción criminal violan todo tipo de leyes. No valoran ni respetan la naturaleza, no les importa su propio futuro ni el de sus familias, ni mucho menos el de nuestro medio ambiente. En manos de estos criminales la destrucción de bosques no se detendrá y la Reserva Natural Morombí podría llegar en muy poco tiempo a desaparecer para siempre bajo cenizas de carbón y drogas”¹.

Mientras propagan estas mentiras, se intenta acallar lo siguiente:

1. Campos Morombí es la empresa privada que tiene una larga disputa con el Estado paraguayo por las tierras conocidas como Marina Kue, de unas 2.000 hectáreas. En el marco de esa disputa, propició el allanamiento que dio lugar a la llamada Masacre de Curuguaty, en junio de 2012, y al posterior golpe parlamentario².

2. En la masacre fueron asesinados 11 campesinos y 6 policías. Varios campesinos y campesinas soportan hasta hoy una persecución penal injusta, basada en un libreto prefabricado que los presenta como atacantes y en una sentencia previa, instalada como versión oficial desde el momento de la masacre³. El juicio oral para 12 de ellos se está realizando, aunque fue reiteradamente suspendido por las irregularidades del sistema judicial.

3. Los campesinos ocupaban las tierras de Marina Kue en demanda de su devolución para fines de la reforma agraria, como fue determinado antes de la apropiación privada.

4. Campos Morombí dividió sus tierras, de aproximadamente 30.000 hectáreas, en un establecimiento agroganadero y en la Reserva Natural Morombí, como consta en la página web de la empresa:

“La propiedad conocida como ‘Campos Morombí’ está conformada por la Estancia Golondrina, donde se realizan actividades agrícolas y ganaderas, y por la Reserva Natural Morombí, destinada a la conservación de la naturaleza”.

“La Reserva Natural Morombí es una iniciativa privada de la empresa Campos Morombí S.A.C.A., empresa del Grupo Riquelme. Como parte de su estrategia de uso sostenible y conservación de los recursos naturales, y de su responsabilidad social empresarial, la empresa gestionó la declaración oficial como área silvestre protegida de una amplia extensión de bosques de su propiedad”⁴.

5. Es conocida la estrategia de declarar parte de los latifundios como reservas naturales, a fin de eludir la ley y el control estatal y social, y como forma de apropiación del territorio campesino e indígena⁵.

6. La deforestación del Paraguay está causada principalmente por la actividad agrícola extensiva, intensiva y expansiva, principalmente la soja. Esto, a su vez, genera la expulsión del campesinado pobre, por mecanismos de apropiación de la tierra, a veces revestidos de legalidad, por las fumigaciones con agrotóxicos, por falta de apoyo estatal a los pequeños agricultores, e incluso por la violencia ejercida por parte de los latifundistas y por los responsables de cultivos y tráficos ilícitos.

7. Desconociendo el litigio aún vigente sobre Marina Kue, actualmente la empresa Campos Morombí propicia una ley por la cual pretende “donar” al Estado paraguayo la propiedad de esas tierras (Finca Nº 30), con la finalidad de que sea parte de la reserva natural. Si el Estado paraguayo aceptara esto, estaría reconociendo la supuesta propiedad privada de esas tierras, y eliminando la posibilidad de pedir cuentas a los responsables de la usurpación y de la masacre. Esta empresa no puede donar lo que no le pertenece. Es un intento de punto final al litigio. La ley ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y aún tiene pendiente su tratamiento en la Cámara de Senadores. Sólo una decidida oposición ciudadana podrá frenar esto⁶.

En síntesis, estamos ante el escenario final de la impunidad en torno al caso Marina Kue: apropiación de las tierras, expulsión campesina, masacre y criminalización del campesinado. Y ante un proyecto político que sostiene estas mentiras.

El videíto de la empresa privada Campos Morombí es la propaganda montada para que el plan macabro obtenga apoyo ciudadano. La mentira Morombí se tiñe de verde para ocultar el rojo de la sangre derramada en Marina Kue.

Notas:

¹ Video Reserva Natural Morombí

² Una revisión rápida sobre la situación de las tierras mencionadas puede verse en el video del Servicio Paz y Justicia (Serpaj) Paraguay: La historia de las tierras de Marina Cue en 6 minutos

³ Al respecto ver los informes de la Plataforma de Estudio e Investigación de Conflictos Campesinos (PEICC), Informe Masacre de Curuguaty, Asunción: PEICC, 2012, y de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), Informe de derechos humanos sobre el caso Marina Kue, Asunción, Codehupy, 2012. Ver también Rocco Carbone y Clyde Soto (ed.), Curuguaty: pueblo mba’e, Asunción, Arandurã, 2014.

⁴ Página web de la Reserva Natural Morombí.

⁵ Ver al respecto la investigación de Mirta Barreto, La lucha por la tierra frente a las corporaciones y el mercado, Asunción, Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL) y Centro de Servicios y Estudios Rurales (CSER), 2013.

⁶ El proyecto de ley actualmente está en estudio de comisiones en la Cámara de Senadores. Ver el texto del proyecto y su estado de tramitación en el Sistema de Información Legislativa (Silpy), Proyecto de ley propiciado por Campos Morombí.

Clyde Soto

Soy egresada de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), de la Facultad de Filosofía. Egresé en 1988, cuando los estertores finales de la dictadura stronista, la que creímos se iba en 1989, aunque pronto nos dimos cuenta de que tenía muchos vástagos ocupando todos los espacios institucionales del Paraguay, bien alimentados y fuertes, que además seguirían dando retoños hasta ahora, en 2015, 26 años después.

En mis tiempos estudiantiles, la UNA libraba una permanente batalla en contra del copamiento stronista: estaban los esbirros del régimen, empotrados en todos los espacios directivos universitarios y en varios de los centros estudiantiles, y estábamos quienes hacíamos oposición antidictatorial, en algunas facultades con la directiva de los centros, mientras que en otras la peleábamos. En Filosofía UNA los stronistas perdieron el centro de estudiantes recién luego de iniciado el proceso de transición, ese que nunca sabemos si en realidad se acabó, porque siempre estamos bajo la amenaza dictatorial de tan larga data.

Todavía recuerdo haber estado en mi primera asamblea universitaria, en el primer curso, en 1984, presenciando una dura batalla entre dos sectores de la misma raigambre colorada (stronistas vs. tradicionalistas), donde llegaron a apagar las luces del recinto de Filosofía UNA y a meter una moto rugiente a la asamblea por la famosa rampa del local universitario. Yo, espantada. Luego formamos nuestro movimiento estudiantil independiente, desmarcado del stronismo y de otros colorados y partidos, con el Frente Autónomo de Filosofía (FAF), desde donde nos unimos a la lucha antidictatorial con compañeras/os de otras facultades. Perdimos varias elecciones, hasta que en el 88 las ganamos, pero con represiones que afectaron a varios estudiantes, porque el stronismo tenía en Filosofía UNA uno de sus bastiones y no estaba dispuesto a perderlo. También recuerdo al equipo administrativo de la facultad, dominado por stronistas, que nos pyragüereaban todo el tiempo. Y recuerdo a profesores que jugaban del mismo lado en esa corruptela generalizada. Pero, sobre todo, recuerdo con el más gran aprecio a otros, que desafiaban a la mediocridad y nos apoyaban en esa desigual lucha estudiantil en contra de la barbarie autoritaria.

Durante el ya largo tiempo pasado desde mi egreso universitario, he seguido siempre con atención las luchas estudiantiles, las tomas de los recintos, tanto en la UNA como en la Universidad Católica, los amedrentamientos y las represiones, los procesamientos a estudiantes. Siempre igual. Siempre esas luchas ahogadas con los mismos mecanismos. Nunca se fueron los stronistas que asfixiaron a este país en su mediocre autoritarismo y en su corruptela. No solo no se fueron de la UNA, dejaron sus herederos en todas partes.

Herederos que fueron usando todas las armas dictatoriales para aferrarse a sus espacios, para seguir controlando el poder político hasta ahora: desde las estafas electorales, pasando por el control militar, por las represiones policiales, por el uso del sistema judicial para perseguir a oponentes, hasta las masacres, como sucedió en el Marzo Paraguayo de 1999 y en Marina Kue en 2012, e incluso un golpe de Estado, disfrazado ya de institucionalidad democrática. Son herederos que no solo están en el partido que sostuvo a la dictadura, el Colorado, sino que además habitan en otros espacios, hasta entre quienes se consideran opositores e incluso entre quienes brevemente desafiaron al dominio colorado, porque en realidad el stronismo es sinónimo de un autoritarismo que está en las mentalidades y en las prácticas sociales y políticas. Un autoritarismo que convirtió en golpistas hasta a algunos de los más pintados luchadores antidictatoriales: que vimos reflotar más allá de los colores.

Por todo esto es que me pone tan contenta la expresión del dirigente estudiantil Sandino Flecha cuando dijo que estamos ante una gran batalla en contra del modelo stronista en la UNA. Se trata de no admitirle la corrupción a Froilán Peralta –el Rector de quien se pide renuncia o destitución, por nombramientos corruptos hechos públicos por los medios– y, además, de cambiar un modelo agotado que está fundiendo al país, que viene de hace mucho y que sigue lamentablemente floreciente, de múltiples formas. Florece porque seguimos permitiéndolo al no confrontarlo de manera radical; se actualiza en los votos de quienes prefieren seguir apostando a sus colores partidarios pese al daño que desde estos partidos se hace al país, en las réplicas autoritarias que dominan el quehacer político, en el silencio ante las injusticias, en la corruptela infinita de cada día, en las negociaciones complacientes con los corruptos.

Así que una vez más, tengo esperanzas, y de nuevo quiero que persista hasta que caiga el modelo del viejo autoritarismo que asfixia al Paraguay. Sin concesiones, sin disculpas, sin reciclajes indignos, sin treguas. ¡Vamos el estudiantado!

por Clyde Soto y Rocco Carbone

Hace falta observar detenidamente el proceso judicial al caso Curuguaty para entender lo que está pasando. El caso Curuguaty condensa la historia política del Paraguay, su coloniaje, su modelo económico dependiente y concentrador de las riquezas, su política corrupta, su matriz autoritaria. Es un caso que habla con detalles sobre el principal problema del país, el de las tierras concentradas y malhabidas, a costa de la expulsión del campesinado dedicado a la agricultura a escala humana (no la sojera y agroexportadora). Y su proceso judicial, el que está siendo desarrollado, dice todo sobre cómo funciona el sistema de (in)justicia en Paraguay.

Primero: dice sobre el uso del sistema penal de manera perversa, para perseguir a quienes molestan, sin que importen en absoluto culpabilidades o inocencias. El proceso al caso Curuguaty fue armado porque así convenía a quienes idearon la masacre de Marina Kue y su desenlace político. Necesitaban culpables, y los campesinos y campesinas presentes en el lugar de la masacre (o apenas con nombres borrosos en una lista anotada a lápiz en un cuaderno que se cayó al agua y se perdió, por lo que ya ni siquiera existe como supuesta prueba) eran las víctimas propicias. Esto que pasa con ellos, es un patrón de actuación estatal en Paraguay que funciona siempre de la misma manera: a quien molesta –o si conviene a alguien con poder– se le manda a proceso penal para taparle la boca. Y el sistema de (in)justicia no hace nada para evitarlo. No hace nada porque es cómplice y operador; porque ideológica/sicológicamente responde a una articulación social en la que el campesinado está situado fuera de los márgenes ciudadanos: si te despojo o te niego tu ciudadanía o tu humanidad, puedo hacerte lo que quiero; sobre todo si soy el poder. Lo mismo pasa con el mundo indígena: basta ver el degrado del Instituto Paraguayo del Indígena para entender esto que señalamos. Entonces: la matriz del sistema judicial paraguayo es un sistema de injusticia, pues la justicia vale sólo para algunos. Ahí está una marca nítida del autoritarismo de “antaño”. En Paraguay el poder del Estado aún no se ha democratizado. No hay políticas públicas centradas en los derechos sino en los privilegios. El Estado –sobre todo, pero no solamente, cuando es operado por gobiernos colorados– no es una máquina para servir sino una máquina para matar: real o simbólicamente.

Segundo: este proceso muestra cómo el sistema judicial está preso de un conjunto de actores que van cambiando de roles para asegurar la impunidad y la injusticia, en vinculación con intereses políticos. Y aquí recordemos a Jalil Rachid, fiscal de la causa, hijo de uno de los máximos dirigentes del Partido Colorado y con cercanía a otro líder del mismo partido, Blas N. Riquelme, ya fallecido, dueño de la empresa Campos Morombí –la que usurpa y pretende quedarse con las tierras de Marina Kue, donde ocurrió la masacre que da origen al caso Curuguaty–. Nunca se aceptó su recusación como responsable de investigar la masacre de Marina Kue. Y también recordemos a José Dolores Benítez, el primer juez de garantías que debía decidir si mandaba o no a juicio a lxs campesinxs, quien fue apartado de la causa debido a que ya antes tomó parte en el proceso que permitió la usurpación de Marina Kue. Es decir, fue uno de los que tejió el ropaje legal para que Campos Morombí se apropie indebidamente de las tierras donde ocurrió la masacre. Para terminar su obra, entró luego al ruedo como juez de garantías, y fue suplantado por Janine Ríos, jueza que simplemente se dedicó a concluir el trabajo iniciado por (José) Dolores: en octubre de 2013 envió la causa en contra de los campesinos a juicio oral y público.

Como piezas de ajedrez, entran al campo de juego diferentes actores con cargos judiciales que aseguran la injusticia. El tribunal que juzga el caso Curuguaty está constituido por Ramón Trinidad Zelaya, Samuel Silvero y Benito Ramón González. Vaya casualidad: dos de ellos, junto con Arminda Alfonso, quien es suplente para el juicio actual, integraron el tribunal que en 2014 condenó a Rubén Villalba a siete años de prisión, en otro proceso injusto y arbitrario, cuyo objetivo fue dejar a Villalba en Tacumbú, como sigue hasta ahora mientras se le juzga por el caso Curuguaty. Cuatro de sus compañeros obtuvieron arresto domiciliario luego de una huelga de hambre de dos meses, pero a Rubén lo llevaron de vuelta a Tacumbú y le resucitaron una causa dormida, llevada de manera exprés por los jueces mencionados. En fin: lo exprés en Paraguay para ciertos acontecimientos es una constante: golpe exprés, causa exprés. Pero: Curuguaty no exprés.

Hay más: una de las juezas que constituyó el tribunal de apelación que denegó la primera recusación al tribunal de Curuguaty (interpuesta por el abogado Víctor Azuaga) fue Silvia Cuevas Ovelar, también recusada –recusación también denegada– por haber sido parte de la orden de arrasamiento de la comunidad indígena Y’apo, en mayo de 2014, para favorecer a otra empresa privada (Laguna S.A.) que se apropió del territorio ancestral del pueblo Ava Guaraní. ¿No es por lo menos sospechoso que jueguen los mismos actores en el despojo de las tierras y en la criminalización y expulsión de campesinos e indígenas de sus tierras? Es sospechoso: sí. Y por eso hay un patrón. Subjetividades que funcionan sistemáticamente frente a escenarios parecidos y que tienen libretos confeccionados que en realidad son manuales de operaciones.

Y más: una nueva recusación al tribunal, esta vez del abogado Pablo Aguayo, fue rechazada con velocidad exprés, apenas en horas, por un tribunal de apelación constituido en tiempo récord e integrado por Carlos Domínguez, Guillermo Zillich y María Belén Agüero. Pues bien, el juez Guillermo Zillich ya había actuado en la causa al caso Curuguaty desde el mismo 15 de junio de 2012, día de la matanza, como agente fiscal coadyuvante de la entonces fiscala Ninfa Aguilar. Ésta fue responsable de la orden de allanamiento que dio origen a la masacre de Marina Kue y, además, la primera fiscala encargada de la investigación, luego apartada de la causa y remplazada por Jalil Rachid. Zillich, obviamente, niega que el haber sido antes acusador le inhabilite hoy como juez (ver hoy: http://www.ultimahora.com/zillich-alega-que-no-tiene-causales-inhibicion-n928264.html).

Es un vaivén: aparecen las mismas piezas, pero no siempre las reconocemos, porque cambian de posición. Se borran como peones y al rato vuelven como alfiles. Pero siempre apuntan a lo mismo: a favor de quienes usurpan tierras y en contra de las personas pobres sometidas de manera arbitraria a procesos penales. Apuntan hacia la injusticia. Lo que decíamos antes: ideológica/sicológicamente responden a una articulación social en la que el campesinado está situado fuera de los márgenes ciudadanos.

Tercero: el proceso al caso Curuguaty muestra al sistema de (in)justicia como una herramienta de dominación cultural y política, heredera del coloniaje del que es fruto el Paraguay. Por eso el juicio es en castellano, por eso no se cumple la ley de procedimientos penales asignando un intérprete. Por eso el juez Ramón Trinidad Zelaya, presidente del Tribunal, minimizó el problema que representa para campesinos paraguayos ser juzgados en castellano y pretendió que continúe el juicio por no considerar grave la falta procesal. Por eso dos de los medios de comunicación empresariales (ABC y Última Hora) calificaron de simple “chicana” la solicitud de que se cumpla la disposición del propio juez –a solicitud de la defensa– sobre la inclusión de intérpretes en el juicio. Que el juicio se realice en guaraní es un derecho fundamental básico: expresa el derecho a entender de qué se te acusa y a defenderte de esas acusaciones. De todos modos, aunque el juicio se realizara el guaraní no garantizaría de por sí otra cosa, totalmente central: que el Derecho, dentro de sí mismo, tiene cifrada una posición de clase e ideológica de esos mismos sectores –o sus herederos por asimilación y aculturación– que vienen perjudicando al campesinado paraguayo, desde antes de la propia constitución del Paraguay como país independiente. Que son los mismos sectores que se atribuyen el derecho a decodificar el Derecho –porque finalmente lo escribieron–, que es interpretarlo.

El proceso judicial al caso Curuguaty se suspende reiteradamente –siete veces hasta la fecha– porque hay gente –campesina, ciudadana– que resiste ante la emboscada de la injusticia: que no se resigna a ser condenada desde la lógica de la arbitrariedad.

por Clyde Soto – Rocco Carbone
Militantes. Resistentes.

Curuguaty, en Paraguay, es la tierra del curuguá –una fruta de sabor penetrante–, pero en la historia política reciente de América Latina es el territorio donde en 2012 ocurrió una masacre de campesinos y policías, que dio pie al golpe de Estado a un gobierno progresista que había roto una larga hegemonía autoritaria. Desde entonces, hay 13 personas, todas campesinas, imputadas de manera harto arbitraria, a la espera de un juicio que reúne todas las condiciones básicas de la injusticia, que desde hace tres años guardan arresto: este es el escenario y el primer pantallazo.

El sábado 27 de junio pasado, justo un mes antes de que se inicie el juicio al caso Curuguaty –suspendido por tercera vez, por obra de un sistema que sabe administrar injusticia– un grupo de campesinas y campesinos de la zona ingresó nuevamente a Marina Kue, al lugar donde sucedió la masacre del 15 de junio de 2012. Reocuparon las tierras. Esas tierras cuya disputa está en el origen de la masacre y en el foco de la crisis que desembocó en el golpe parlamentario.

Élida Benítez de Castro es la vocera de la reocupación. Es madre de Adolfo (muerto en la masacre) y de Néstor y Adalberto, ambos privados de libertad desde hace tres años y dos de quienes enfrentarán juicio oral y público desde el 27 de julio, bajo la acusación de haber tenido responsabilidad en la muerte de los policías. “Entramos para exigir las tierras por las que tanto han luchado nuestros hijos hasta costarles la vida; por eso estamos aquí y permaneceremos hasta que nos hagan caso”, dijo Élida a la prensa el día de la ocupación. Su esposo, Adolfo Castro –una figura indeclinable de esta lucha: enjuto, empedernido, de ademanes adustos, duro– , tiene una prohibición judicial de cruzar la ruta y acercarse siquiera a Marina Kue desde que en 2014, junto con otros campesinos, realizó una ocupación simbólica de una parcela de esas tierras. Entonces, plantaron maíz, porotos, frutas: elementos de lucha peligrosos. Estas dos personas son todo un símbolo de lo que significa ocupar, reocupar y preocuparse por las tierras de Marina Kue. Símbolos de quiénes las ocupan, por qué las ocupan y por eso mismo por qué se les persigue, procesa y mata por ocupar.

Paraguay es un país expropiado de sí mismo: un Estado-nación surgido –hace poco más de 200 años– de un proyecto colonial de largo alcance, donde los pueblos indígenas y el campesinado representan el último orejón de un sistema de vida que ha sido progresivamente destruido: por el exterminio, por la absorción cultural, por la expulsión y desplazamiento, por las tierras malhabidas, por la soja, por los brasiguayos. El campesinado pobre del Paraguay –el que aun resiste– habita tierras donde, en general, no se cuenta con las legalidades formales exigidas por el Estado: sin títulos, sucesivamente pertenecientes al Estado, a empresas extranjeras, a corruptos que se las apropiaron durante la dictadura de Stroessner, a la milicia, a una reforma agraria farsada por poderosos, como es el caso de Marina Kue. El campesinado es un colectivo resistente: heredero de un modo de vivir y producir disfuncional con respecto al capitalismo depredador, que en varias latitudes de América Latina se verifica bajo forma de soja. Colectivo portador, además, de una resistencia (que es victoria) cultural y simbólica: hablan guaraní, la lengua nativa que no pudo ser destruida y que aún sigue hablando a las mayorías paraguayas.

El campesinado paraguayo que lucha por la tierra ocupa parcelas porque es la única manera de lograr que el Estado responda: a veces tienen éxito y se inicia un proceso de reconocimiento y legalización de los asentamientos. Otras veces (las más) no lo tienen. El poder de los terratenientes amparados por el Estado es mayor, y entonces les persiguen, apresan, imputan, procesan o matan. Siempre: se los despoja de su peso ontológico. Son campesinas y campesinos despojados de la tierra, que es lo mismo que decir: sin ser. Por eso ocurrió la masacre de Marina Kue. Porque esos poderes querían recuperar el Estado para sí, para seguir actuando en el sentido de la apropiación y de la impunidad.

De esto deriva la sentencia: ocupar y reocupar las tierras para el campesinado es habitar de manera persistente un territorio indeclinable: El de la dignidad.

Unite a la campaña “Somos Observadores de Curuguaty”: http://www.somosobservadores.org/

Imagen de la campaña “Somos Observadores de Curuguaty”

Foto: http://www.pj.gov.py

“Si fuera necesario para proteger de un peligro serio la vida”. Así dice el Código Penal cuando se refiere al único supuesto despenalizado de interrupción del embarazo en Paraguay. ¿Qué significa esto? ¿Que la mujer debe estar ya en proceso de riesgo inminente, de casi empezar a morirse, antes de que se ponga a su disposición la posibilidad de un aborto? Considero que no, que la ley habilita a impedir que la mujer llegue a verse en ese serio peligro: que su vida sea protegida de ese riesgo. Cada quien debería poder asumir hasta qué punto desea acercarse al peligro de perder la vida. La ciencia médica tiene la obligación de proporcionar información sólida que permita valorar el riesgo e impedirlo. El Estado paraguayo debe obrar para que ninguna mujer (y menos aún una niña) se vea obligada a arriesgar su vida por proseguir con un embarazo.

Clyde Soto // Entre 2006 y 2009 hubo en Paraguay 2.074 nacidos vivos de niñas de entre 10 y 14 años. Un promedio de 519 casos por año, que se reparten entre todos los departamentos del país. No hay un solo departamento que tenga la cifra 0 en cuanto a niñas madres en el lapso considerado. Los datos son del Subsistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV), de la Dirección de Bioestadística del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

No solo hay embarazos y nacimientos, también están los abortos. En el mismo lapso de cuatro años (2006-2009), ha habido 211 egresos hospitalarios por aborto de niñas de 10 a 14 años; es decir, un promedio anual de 53 casos. Se trata tan solo de los casos atendidos en instituciones dependientes del MSPBS. No hay información sobre la totalidad de casos ocurridos, pues muchos de los abortos no llegan nunca a ser atendidos en un establecimiento de salud público o privado.

Paraguay: cuando hablamos del embarazo de una niña en esta franja de estas edades, estamos hablando de abuso sexual. La respuesta social no debería ser la sorpresa, pues significaría que estamos cerrando los ojos ante un hecho más que frecuente, no por ello menos doloroso. Lo que debería sorprendernos es cuánta capacidad de negación de la realidad tenemos, y cuánta indiferencia hacia la violación de los derechos humanos de las niñas y de las mujeres.

Lo que debería espantarnos es cuántas niñas viven estas situaciones en silencio y bajo amenaza de sus vidas.

Fuente: investigación realizada por Clyde Soto y Mirta Moragas, Aborto, sistema penal y derechos humanos de las mujeres, Asunción: Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), 2013. Disponible online.

Clyde Soto y Rocco Carbone // En Paraguay hemos asistido en las últimas semanas a una sucesión de hechos de discriminación, acompañados incluso de violencia, que han ocupado la atención pública, algunos de ellos con gran repercusión mediática. El dueño de un conocido restaurante asunceno maltrata y expulsa a un trabajador que reclamaba derechos, burlándose de la “pretensión” de hacerlos valer. Apenas días después la dueña de un negocio insulta e intenta echar de la vereda –espacio público– a una joven estudiante, mientras un hombre la ataca violentamente. Algunas personas repudian el hecho utilizando expresiones xenófobas. Un diputado, enojado con los requerimientos de una periodista, la hostiga y pide se le impida trabajar en el recinto parlamentario. Un guardia del Palacio de Justicia empuja violentamente a otra periodista, embarazada. La Cámara de Diputados aprueba y queda sancionada una ley donde sigue la discriminación salarial a las trabajadoras domésticas, mientras parte de la opinión pública justifica la explotación del sector, con argumentos poco menos que esclavistas. La imagen: un país endurecido de prepotencia, discriminación y violencia. El sentido general que surge de todo esto es que en Paraguay, al menos para un importante sector de la población, discriminar es un derecho.

Junto con estos hechos actuales, se debe recordar que el Senado de la República del Paraguay, poco antes de que finalizara 2014, votó en contra del proyecto de Ley contra Toda Forma de Discriminación, que podría haber reglamentado el artículo 46 de la Constitución nacional. El proyecto, generado a partir de una amplia consulta ciudadana por la Red contra Toda Forma de Discriminación, había sido presentado por los senadores Carlos Filizzola del Partido País Solidario (PPS) y Miguel Abdón Saguier del Partido Liberal Radical Auténtico (PRLA) en 2007, y pretendía arbitrar los mecanismos de protección de las personas frente a cualquier acto discriminatorio. El texto afirmaba que por discriminación había que entender a “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se establezca por motivos de raza, color, linaje, origen nacional, origen étnico, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, incluida la afiliación a un partido o movimiento político, origen social, posición económica, edad, sexo, orientación sexual, identidad de género, estado civil, nacimiento, filiación, estado de salud, discapacidad, aspecto físico o cualquier otra condición social, que tenga por propósito o resultado menoscabar, impedir o anular el reconocimiento, disfrute o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos, libertades y garantías reconocidos a todas las personas en la Constitución, en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por la República del Paraguay o en la legislación nacional, así como en cualquier otra esfera de la vida pública”. El resultado del escrutinio fueron 21 votos en contra de la Ley y 17 a favor (se votó el 13/11/14). La propaganda contraria a esta iniciativa instaló la versión de que se trataba de una ley peligrosa por ser “la antesala para el matrimonio gay, la legalización del aborto y la marginación de las instituciones religiosas muy arraigadas en el país”, como dijo entonces el impávido el senador oficialista José Manuel Bóveda, del Partido Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (PUNACE).

Todo esto tuvo un antecedente en la Cámara Alta del Congreso, con motivo de la Resolución “Derechos humanos, orientación sexual e identidad y expresión de género” que fue aprobada por la 44 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), realizada en Asunción entre el 3 y el 5 de junio de 2014. El Senado paraguayo discutió previamente el tema y emitió una declaración donde instaba al Poder Ejecutivo a “asumir posturas que garanticen plenamente el derecho a la vida desde la concepción y la promoción de la familia en los términos establecidos por la Constitución Nacional”. El Paraguay, efectivamente, incluyó un pie de página aclaratorio con su postura sobre el texto de la Resolución de la OEA. Para la antología de la discriminación quedó la tónica del debate parlamentario, en especial lo expresado por dos oradores: Carlos Núñez (del Partido Colorado), quien sostuvo que “Dios no creó hombre con hombre para la procreación. Me van a disculpar pero cuando veo un hombre travesti vestido de mujer –que no sabemos dónde mete eso que sabemos– le grito lacre de la sociedad” [sic]. Y el impávido Bóveda: “Yo no discrimino porque respeto las decisiones particulares. Si decido besar a un varón soy responsable yo, pero no pido una ley que me respalde para besar al hombre ese con aliento a jaguareté. No queramos cambiar la naturaleza tan hermosa”.

¿Qué quiere decir todo esto? Que estamos frente un orden político y social propenso a la discriminación, que quiere decir separar o diferenciar una cosa de otra cosa y otorgar un trato de inferioridad a la “cosa” separada, que puede ser una persona o una colectividad, apartada por motivos raciales, religiosos, sexuales, de clase, ideológicos… Y para activar el dispositivo “discriminación” se puede recurrir a los instrumentos tradicionales del poder político –ejército, policía, leyes, poder judicial, burocracia (en el mejor de los casos)– o a prácticas de violencia físicas o verbales, como las que describíamos al principio de este artículo.

Lo que tienen en común los episodios señalados –a nivel social e institucional– es un tremendo déficit de ciudadanía, entendida como la inclusión en un colectivo, con todos los derechos previstos para quienes forman parte del mismo. En el punto básico de la humanidad, estos derechos son los llamados derechos humanos, que corresponden a cada ser humano por el hecho de serlo. En un país, en este caso el Paraguay, ser ciudadano implica conocer, apropiarse y ejercer los derechos previstos para quienes conviven en el territorio nacional, decidir y poder ser electo para ejercer cargos –con las delimitaciones establecidas por edad o según nacionalidad–, respetar y hacer valer estos derechos, y pasar de la visión limitada del interés particular (los que llamamos privilegios) a ser parte de la construcción de un proyecto común, colectivo, compartido. Son estas ideas las refutadas por actitudes individuales o corporativas que niegan derechos: el senador que desprecia y se refiere de manera humillante a las travestis, el empresario que se enriquece con los duros que escatima a los trabajadores, las personas que están dispuestas a solucionar sus propias vidas domésticas a costa de la explotación, quien se considera con derecho a insultar y golpear a una transeúnte, quien impide el trabajo periodístico.

Es ahí donde la búsqueda de justicia para cada uno de estos casos adquiere un sentido altamente ciudadano. Y es por eso que en medio de tanta barbarie, tenemos que atender y expandir el aire fresco que trae Panambí, organización de personas trans que acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar en audiencia pública los 54 asesinatos impunes de sus compañeras, ocurridos desde el inicio de la transición política paraguaya en 1989 hasta ahora. Por todo esto es que debemos apoyar al trabajador que no se contenta con menos de lo que le corresponde por derecho. Y a la joven estudiante que denuncia la agresión callejera y busca justicia. Y a las trabajadoras domésticas organizadas que no se conforman con la desigualdad y anuncian que continuarán con su lucha.

Además del aire fresco, para que haya viento sur y obliterar privilegios, y para que discriminar no sea un derecho de nadie –inflexiones que muestran un pueblo fragmentado, atomizado, desesperanzado– se necesita articular en Paraguay un proyecto democrático radical, con una izquierda –anticapitalista, socialista, feminista, altermundista, ecologista, marxista, popular– capaz de marcar el horizonte del futuro.

Foto: Campaña de Amnistía Internacional a favor de una ley antidiscriminación.