Ita Elías // La lucha por la igualdad. El líder gay de los años setenta Harvey Milk, conocido hoy por muchos de nosotros gracias a una película reciente sobre su militancia en San Francisco (USA), cuestionaba el argumento del derecho a la privacidad para mantener en secreto la opción sexual diferente, y decía que si se quería conseguir poder político real había que salir del clóset y reclamar justicia y derechos civiles. “No conseguiremos nuestros derechos quedándonos callados en nuestros armarios (…). Saldremos del armario para luchar contra las mentiras, los mitos, las distorsiones” (1).
En nuestro país, la lucha ciudadana por la igualdad de oportunidades para todas las personas, independiente de sexo, edad, estado civil, religión, etnia, orientación sexual, etc. ha comenzado ya incluso en épocas de la dictadura de Stroessner, como es el caso de las feministas, que en plena cacería de brujas decidieron “salir del armario” para pedir igualdad ante la ley. Con el correr de los años y de los gobiernos colorados post golpe, diferentes colectivos y organizaciones se han ido consolidando, trayendo su mensaje cuestionador y democrático. El Estado por su parte ha ido incorporando institucionalmente estas demandas, y hoy hay un esfuerzo importante por crear mecanismos estatales de inclusión.
En este contexto la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), organismo estatal con rango ministerial y cuyo titular es Camilo Soares, político perteneciente al Partido Movimiento al Socialismo (PMAS), anunció el 24 de junio en un acto público la contratación temporal de una persona homosexual y de una persona transexual para integrar el funcionariado de la SEN. En el acto estuvieron presentes funcionarios de esa Secretaría, de otras dependencias estatales, gente de prensa e invitados.
Soares informó que la contratación fue una decisión política, de manera a dar un paso adelante hacia el debate sobre la discriminación sexual en el ámbito público, y que esperaba que el hecho sirva de ejemplo para otras instituciones estatales. Según el diario ABC, Soares manifestó “estar seguro que en el Estado existe un montón de gente que vive en la clandestinidad y con terror su orientación sexual para no ser rechazada por una sociedad históricamente confundida sobre este tema…”(2). Pidió a los otros funcionarios de la SEN ser tolerantes con las nuevas personas contratadas.
La organización Somosgay lo acompañó en el acto y a través de Somosgay.com, su página web informativa, manifestó que con esta decisión se pretende avanzar en el camino hacia la igualdad de las personas y plantear la necesidad de mejorar el acceso al empleo de personas que han sido históricamente discriminadas por su orientación sexual o identidad de género. Esta organización habla de una justicia compensatoria, que trataría de compensar las desventajas, y de una justicia distributiva, que implicaría reajustar el desequilibrio social(3).
Sin embargo, la forma de encarar esta medida de acción positiva fue criticada por otras organizaciones civiles y estatales que están en la misma lucha. La Secretaría de la Función Pública (SFP), así como la mayoría de las Organizaciones LGBTI (4) (organizaciones de defensa de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgéneros e intersexuales) lanzaron comunicados que marcan una diferencia con la acción del ministro.
Sumándose a la causa de la igualdad, pero alejándose de lo que ellas consideran más que nada un show, las organizaciones LGBTI que firmaron el comunicado mencionado, reclaman al Estado mecanismos y políticas públicas reales de inclusión en la función pública de estas personas gays, lesbianas y trans, y que salde la deuda de discriminación existente e implemente acciones tendientes a acabar con la discriminación hacia aquellas que ya integran el Estado (5).
Desde la vereda estatal, la SFP sostuvo que partir de la nueva administración se ha buscado “garantizar la igualdad de oportunidades para que las personas competentes accedan al empleo público propiciando la transparencia a través de los concursos públicos de oposición y teniendo como principio lo consagrado en el artículo 46 De la Igualdad de las personas en concordancia con el artículo 88 De la No Discriminación de la CN”. También señala que los procesos de inclusión son necesarios e importantes en el proceso de transformación que estamos viviendo (6).
El mecanismo de selección
Uno de los temas más cuestionados, y que no tiene que ver precisamente con la opción sexual e identidad de género de las personas seleccionadas para los cargos, fue la contratación sin concurso. Según Soares no se hizo por concurso público porque la SEN tiene posibilidad de hacer contrataciones directas amparada por la Ley de Emergencia (7).
Sin embargo, las organizaciones LGBTI manifestaron su rechazo a cualquier manejo clientelar por parte del Estado y su respeto hacia los mecanismos establecidos para las contrataciones. “La poca claridad de las contrataciones públicas significaron por años la exclusión de personas LGBTI de este espacio” (8).
La SFP en su comunicado sostiene que dado que el acceso a la función pública debe darse por vía de los concursos públicos para garantizar que el trato a todas las personas sea igualitario y sin ningún tipo de discriminación directa o indirecta por motivos de edad, discapacidad, apariencia, género, y que son estos concursos públicos los que deben contener los mecanismos efectivos para la inclusión al empleo público de personas pertenecientes a colectivos históricamente discriminados. La SFP puntualiza que los procesos de inclusión no deben obviar el cumplimiento de las normativas, con las posibles excepciones emanadas por leyes temporales como las Declaraciones de Emergencia (9).
Idoneidad de las personas contratadas
Otro aspecto cuestionado fue la idoneidad de las personas contratadas para desempeñar el trabajo. Desde posiciones institucionalistas hasta comentarios en tono burlón, hicieron referencia al punto capacitación. El ministro de la Secretaría de Información y Comunicación para el Desarrollo (SICOM), Augusto Dos Santos, defendió la contratación argumentando que “son dos personas que confiesan que no están capacitadas y que tienen que capacitarse. Ojalá pudiéramos tener la misma sinceridad de todo el funcionariado público” (10).
Pero, ya con un criterio más profesional, la SFP resaltó la importancia de considerar la capacitación en los procesos de inclusión, al decir que estos procesos no pueden estar exentos de la determinación de perfiles y competencias adecuados para los requerimientos institucionales.
En el campo de los comentarios despectivos, el diputado del UNACE José López Chávez manifestó que no estaba en contra de la orientación sexual de los funcionarios contratados pero sí de la falta de idoneidad “Uno es peluquero y el otro panchero” (11). Julio Colmán, político colorado dijo que lo que debía hacer Soares era un concurso y no contratar a alguien sólo porque es homosexual o travesti. “Acá no primó el currículum, sino el curri-culo” (12).
El acto en sí
El hecho de que en el acto se dio a conocer explícitamente aspectos de la vida íntima sexual de las personas contratadas fue objeto de reproches posteriores. La diputada del Partido Democrático Progresista Desirée Masi criticó la exposición de las personas y dijo que Camilo había hecho un show mediático (13).
Las organizaciones LGBTI también repudiaron la acción mediática y el show al que fueron expuestas las personas contratadas, y la SFP dijo al respecto que la exposición pública de personas sujetas a los procesos de inclusión no es necesaria y “puede incluso producir efectos contrarios a los buscados e incluso poner en riesgo el derecho al desarrollo de la personalidad y a la intimidad garantizados en la Constitución Nacional, así como el trabajo que vienen desarrollando varias instituciones a favor de la inclusión” (14).
Las preguntas al final
No hay mucho que discutir sobre la importancia de la capacidad y capacitación de los funcionarios y funcionarias del ámbito público, así como que el concurso es la vía más transparente para las contrataciones. Si no se dan esas condiciones, la contratación puede resultar un fracaso, lo que conspiraría contra cualquier proyecto estatal de democratizar el acceso al empleo público.
Pero, sin embargo, quedaría pendiente una mayor discusión sobre cómo debe manejar el Estado el mensaje que quiere dar a la sociedad sobre la igualdad de oportunidades y su adhesión a la lucha contra todo tipo de discriminación. En ese sentido ¿debe ser explícita la orientación sexual diferente en la contratación de personas en el ámbito público, como lo sería, por ejemplo, el hecho de contratar a miembros de comunidades indígenas, o a adultos/as mayores, como parte de un proyecto de democratización laboral? ¿Ayuda eso a romper los prejuicios o provoca más hostilidad? ¿Sirve como elemento generador de debate y crea conciencia democrática, o refuerza posiciones conservadoras? Son preguntas que quedan flotando en el ambiente.
1 Harvey Milk,(n.d) Wikipedia.
2 Inédita contratación de gay y transexual (2009, 25 de junio).
3 Gobieno paraguayo incorpora a un gay y una transgénero a la función pública con el apoyo de SOMOSGAY. (2009, 24 de junio). Somosgay.
4 Firman el comunicado Aireana, Grupo por los Derechos de las Lesbianas; GAGLT, Grupo de Acción Gay Lésbico y Transgénero; Panambí; Paragay.
5 Ver en Comunicados a la Opinión Pública (2009, 1 junio) Informativo Mujer Digital (IMD).
6 Ibíd.
7 ABC Digital, (2009, 25 de junio). Op. cit.
8 IMD, (2009, 1 junio) Op. cit.
9 Ibíd.
10 Ejecutivo defiende los contratos gays. (2009, 26 de junioA). Ultima Hora, p. 10.
11 Se llama “panchero” a la persona que vende salchichas con pan (panchos). Diputados critican a Camilo por designar a gente sin capacitación. (2009, 26 de junioB). Ultima Hora, p. 10.
12 “Siempre entre al baño de damas”. (2009, 25 de junio). Crónica, p. 2.
13 Ultima Hora (2009, 26 de junioA). Op. Cit.
14 IMD,(2009, 1 junio) Op. cit.
Gladys Torres // Fundación Dr. Rivarola Queirolo (F.U.N.D.A.R). Eran expresiones de Liz Torres y de mensajes que llegaban después de las 20 hs. cuando se conoció el fallo de la Corte Suprema: Dos a uno: quedó confirmada la sentencia.No sólo los afectados directos; sino todos y todas quienes acompañamos este proceso desde el 1 A – 04 somos testigos de los maltratos que han sufrido en las diferentes instancias; el relato leído el sábado 1 en el Acto Central del aniversario del Ycuá, da cuenta de ello.
Sólo por esa situación los responsables de tanta humillación deberían ser condenados.
Están quienes quedaron fuera de toda imputación, como los dos intendentes y la benevolencia con el arquitecto responsable de la obra.
Las muertes que por tristeza e impotencia siguieron a los 400 muertos no están en ninguna causa judicial; también deberían pagar los culpables por esas muertes.
Por eso, tal como sucedió el día de la tragedia, las puertas, de la Justicia en este caso, las cerraron los poderosos y la gente con su lucha rompió paredes para hacer un boquete; el boquete de la esperanza y de la vida.
El boquete significa 12; 10; 5 y 2 años respectivamente (1).
Lo fundamental es que cada segundo de estos años de pena, fue conseguido por la lucha incansable y digna de tantas y tantos mujeres y hombres de diferentes edades y diferentes condiciones; muchos directamente afectados, otros muchos también, apoyando codo a codo.
Por eso el festejo. Primero en el mismo Palacio de Justicia donde los familiares apostados desde hace quince días rompieron en llanto y junto a los periodistas presentes en el lugar se confundían en un abrazo de felicidad ante la noticia.
Luego sin dudar; la convocatoria fue en el Ycuá Bolaños I; el supermercado que aún funciona; arriba del cual se encuentra la fastuosa residencia (según lo cuenta el mismo dueño en un documental) de Juan Pío Paiva. Allí se mezclaban la bronca; la alegría y la emoción; los abrazos, los infinitos abrazos que acompañaron estos cinco años se multiplicaban; el llanto contenido de estos últimos días, los gritos; los cantos y los tambores que siempre están presentes. Al grito de “Paiva a Tacumbú” hacía su entrada un oficial de justicia para entregar la orden de arresto que por supuesto nadie recibió en la casa y fue pegada en la puerta de entrada, custodiada por policías.
Velas, cruces y carteles de depositaron en el lugar. Llegó la noticia de que la detención no era inmediata; hay que esperar tres días ¿? y luego se producirá el arresto. No había más nada que hacer ahí; “este lugar ya no nos pertenece, vayamos al Ycuá V: el Memorial, nuestra casa” dijo Liz. Y allí todo fue una fiesta.
Paí Toto, nuestro querido cura DJ; su música; el karaoke; la guitara; el canto; las risas; el llanto; más abrazos; el baile… y lo que era increíble: la cerveza a escondidas ¿De quién? ¿Por qué no podría festejarse con toda libertad este triunfo que les pertenece? Que nos pertenece si me permiten.
Dos y media de la mañana; hubo que insistirle mucho a Toto para que pusiera Campamento Cerro Corá, la música de cierre. De todos modos siguió; sin micrófonos; sin equipo; a capela; mientras se iban apilando las sillas y guardando los muebles. Fue hermoso ver y escuchar al Dr. Palacios cantar con énfasis y muy fuerte en guaraní; como reafirmando lo que decía ante micrófonos y amigos: “esta noche por primera vez siento que voy a dormir en paz, de la misma forma que podrán descansar por fin en paz mis tres hijas”
No hubo otro remedio que cerrar; al día siguiente había que estar en pie; porque aunque parezca un chiste de mal gusto; quedan tres días en los que hay que seguir vigilantes.
Muchos son los sentimientos que vivimos desde nuestra Fundación; pero fundamentalmente el orgullo inmenso de ser parte de esta lucha.
Por cada uno de los 400 muertos; por los sobrevivientes; por los niños y niñas; por todos los familiares y amigos; por Trinidad; por cada uno de los barrios aledaños; por todos los barrios y Departamentos; porque todos somos afectados.
Por un país mejor, que ya se avizora.
¡Celebremos el boquete que el pueblo le abrió a la Justicia!
1 Juan Pío Paiva dueño del supermercado fue condenado a 12 años de prisión, su hijo Víctor Daniel Paiva con cargo de responsabilidad en el supermercado a 10 años, Areco guardia de seguridad del supermercado a 5 años y Casaccia accionista del supermercado a 2 años y seis meses. (nota de editora)
Recordando a la compañera feminista Carolina Roa y a su hijita Mara Soledad, que murieron en el Ycuá Bolaños el 1 de agosto de 2004, y a todas las personas que han sufrido esta tragedia.
Ycuá Bolaños, 1 de agosto de 2004, Trinidad, 400 muertos, víctimas y sobrevivientes sin números precisos… el horror más impensado. Eso no se olvida.
El Paraguay espera expectante la llegada de la fecha de conmemoración de la tragedia, cinco años de un largo via crucis cuya llegada podría ser, una vez más, el punto muerto de la injusticia. Quizás no baste tanto espanto para cambiar los hilos que cual marionetas nos conducen a este lugar de desazón, frustración y furia. Tal vez sea necesario repensar y repensarnos en todo, desde el dolor pero sobrevolándolo, para mirar desde más arriba nuestros propios procesos como sociedad.
No sé qué pasará mañana, cuando ya sepamos qué pasa con la Corte y su esperada palabra. No sé qué dirá la Corte, pero quizás hemos llegado a un punto en que ya sabemos que nada de lo que diga o de lo que calle será suficiente. Y es que la justicia se le escapó hace rato al sistema de administración judicial en el Paraguay. Me imagino a la justicia como un punto donde no sólo importa lo que diga un juez o un trío de jueces, ni una corte entera… Es un punto donde quizás debamos colocar en sus debidos lugares al castigo, a la memoria, a la reparación, a la prevención, a leyes y normas más justas, a procesos justos, a preguntas y repreguntas sobre todo lo que una sociedad debe buscar y hacer para repararse luego de una tamaña tragedia. No hemos podido trabajar e integrar todos estos elementos para dar cuerpo tangible a un proceso de justicia real; es una deuda que tenemos todas y todos con nuestra sociedad como conjunto. Debemos encontrar los hilos que trenzan en una misma madeja a ya demasiados casos de impunidad judicial, política y social (1).
Y es aquí donde ya no sólo podemos esperar a lo que dirá la Corte mañana, y se nos presenta el imperativo de prepararnos sobre todo para lo que no podrá abordar, diga lo que diga, y para preguntarnos desde los diversos espacios acerca de todo lo que podríamos hacer y aún no hemos hecho. Cinco años nunca será el fin… diga lo que diga la Corte. Es un hito más en este ya largo camino, alentado por la memoria de las víctimas y por la lucha incansable de quienes han sobrevivido.
1 Y aquí no puedo menos que recordar al caso del Marzo Paraguayo, así como a tantas víctimas de la dictadura que no han encontrado justicia.
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