La letra invitada

Por Mirta Moragas //  Gabriela es una mujer que denunció por acoso sexual a un juez que llevaba el caso del juicio de relacionamiento de su hijo. Hay fotos del magistrado en ropa interior y conversaciones donde él le preguntaba cómo quería que termine su caso. Estamos hablando de un caso de acoso sexual y prevaricato. El juez sindicado es hijo de un reconocido jurista e integrante de un “linaje” vinculado al sistema jurídico paraguayo.

Sobre la denuncia, el padre hizo muy infelices consideraciones, en un despliegue de lo que nunca tuvo el tan acertado término de patriarcado: aludió a la profesión de la denunciante -modelo- para, por un lado, justificar el accionar de su hijo y de paso, intentar mermar la credibilidad de la denunciante.

Lucía es una mujer víctima de violencia, que luego de denunciar a su marido ante el juzgado de paz, recibió la notificación del juzgado para que se lo entregue. Luego de la entrega, se produjo un forcejeo en el cual él perdió la vida. Ella estuvo más de 3 años y 6 meses privada de libertad porque la justicia a la que ella recurrió, no actuó con la debida diligencia que este tipo de casos requiere.

Tenemos a dos mujeres que han sido víctimas de violencia. Tenemos, por un lado, a una mujer que ha sido sometida a un proceso penal porque el proceso de protección no funcionó para ella, porque seguro alguien en el juzgado de paz pensó que su caso era “otro vyrorei“.

Por otro lado, tenemos a una mujer que fue acosada sexualmente por un operador de justicia que utilizó el privilegio y poder que le da el cargo, para intentar obtener “favores sexuales”. Los casos de acoso sexual no son aislados en el poder judicial. Sólo que esta vez sí pudimos ver la cuestión -textualmente- al desnudo.

La justicia en Paraguay no solo es arbitraria y clasista. También coloca a las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad por una razón o por otra, porque prefiere que las mujer mueran a a manos de sus parejas antes que se defiendan o porque pueden ser violentadas por los mismos operadores y operadoras, en sus búsquedas de justicia.

Gabriela y Lucía nos muestran lo más ruin del sistema de justicia paraguayo. Un sistema al que aún, luego de 25 años de la caída de la dictadura, no ha llegado la democracia.

Mirta Moragas // El caso de Lucía Sandoval, una mujer víctima de violencia que está acusada de haber matado a su marido, ha tomado estado público gracias al esfuerzo de organizaciones feministas y de derechos humanos, que vieron en el caso de Lucía, lo que le pasa a muchas mujeres que denuncian violencia en contra de sus parejas. La denuncia las coloca en una situación de mayor vulnerabilidad por la falta de debida diligencia del Estado en este tipo de casos.

En estos días se dieron a conocer los alegatos finales de todas las partes. La querella argumentaba que Lucía “mató a su marido influenciada por la menopausia, que produce obsesiones en las mujeres”. La fiscalía insistió en que el móvil fueron “los celos”. Ambas partes se contradijeron y cambiaron de versión sobre el lugar desde donde se efectuó el disparo. En un programa de televisión, la abogada de la querella insistió en que hubo dos disparos pero fue incapaz de señalar el informe que acreditaba sus palabras. La misma llegó a afirmar que la prueba de parafina dio negativo en Lucía, porque ella “se lavó las manos”. Me quedé pensando en las muchas personas que no habían tenido la inteligencia de lavarse las manos, si, había sido, era tan fácil eliminar esa prueba.

En todo momento, la fiscalía negó los antecedentes de violencia. Lucía declaró que ella había entregado los celulares donde constaban los mensajes de amenaza que recibió de su marido. Aparentemente, esos celulares nunca fueron peritados ni los mensajes transcriptos y analizados. De comprobarse esto, los antecedentes deben ser elevados al Juzgado de Enjuciamiento de Magistados, ya que esta omisión es gravísima en una investigación, que raya la violación del principio de objetividad, por el cual la fiscalía está obligada a buscar pruebas de cargo y descargo, es decir, a favor y en contra, en la etapa investigativa.

La fiscalía, ante la impotencia de ver cómo la opinión pública iba entendiendo claramente lo que ella trató de negar en todo momento, hizo algo bastante inusual; convocó a una conferencia de prensa para volver a explicar los fundamentos de su acusación. Y de paso, para decir que las organizaciones que piden justicia y libertad para Lucía están “coaccionando al tribunal”. Parece que le molesta de sobre manera que la sociedad pida lo que debería pedir siempre: una justicia transparente, que rinda cuentas a la sociedad, que explique y argumente sus fundamentos. Tal vez la fiscala pensó,  (como piensan muchos operadores/as de justicia), que con echarle la culpa a Lucía, bastaba. Que con decir que ella mató “por celos”, sin molestarse en buscar elementos probatorios que sustenten sus afirmaciones, bastaba. Total, ella contaba con una cultura machista que iba a legitimarla, no le hacía falta contar con pruebas.

Al mismo tiempo, impresiona su despliegue de ignorancia al decir que argumentar en el juicio con instrumentos de derechos humanos firmados y ratificados por Paraguay, que además tiene rango cuasi- constitucional, era otra manera de “coaccionar al tribunal”.

Da mucho miedo la justicia en Paraguay. Da mucho miedo que la vida y la libertad de las mujeres esté en manos de personas que justifican la violencia contra ellas, que prefieren que ellas mueran aguantando la violencia antes que denuncien y traten de defenderse.

De la sentencia del miércoles depende la vida y la libertad de muchas mujeres. Del mensaje que el miércoles dé  el tribunal de sentencia, depende que las mujeres puedan tener mínimas razones para confiar en la justicia.

Pero con eso no basta. Se debe revisar profunda y seriamente la actuación del juzgado de paz que le entregó a ella la denuncia para que la entregue a su marido, ya que esta es una práctica habitual en este tipo de casos. Hay que revisar la actuación de la fiscala, que desde el inicio ha demostrado una profunda misoginia. El Estado y la sociedad debemos aprender de este caso y avanzar hacia un país donde el hogar deje de ser uno de los lugares más inseguros para las mujeres.